Un monopolio que goza de buena salud. ¡De demasiada! ,
por Alejandro Ferreiro.
El año 2009 cerró con un récord de emisiones de bonos de empresas por casi US$7 mil millones. La cifra se explica por el interés de las empresas de aprovechar la suspensión del pago del impuesto de timbres que se extendió hasta fines del 2009 y que les habría significado un “ahorro” de impuestos cercano a los US$ 84 millones. A partir de enero de 2010, la tasa sube a 0,6%, para volver definitivamente al 1,2% a partir de julio de este año. Similar fenómeno ha ocurrido con los créditos bancarios a empresas y personas: una demanda masiva se concentró en los últimos días del 2009, buscando evitar el pago del impuesto que resucitó días después. Pocos pueden dudar del efecto reactivador de la eliminación el impuesto de timbres: si hasta el propio gobierno incluyó su suspensión temporal en el paquete de estímulo anti crisis aprobado a principios del año pasado.
La incidencia del impuesto de timbres y estampillas en la conducta de los deudores es clara y justifica el debate acerca de los costos y beneficios de un impuesto que, si bien recauda cantidades importantes al fisco, supone un gravamen a la circulación del crédito que afecta al consumo y la inversión. Bien nos haría contar con cifras y estudios rigurosos que permitan, desde la perspectiva del bienestar social, comparar la recaudación fiscal de ese impuesto, cercana a los US$ 1.000 millones, con los efectos que su aplicación —casi como un sutil freno de mano— tiene sobre la actividad económica. Es posible, incluso, que buena parte de lo que el Estado deja de recaudar por ese impuesto se pudiera compensar con aumentos en el rendimiento de otros impuestos sensibles al crecimiento que se favorece al eliminar el impuesto al crédito.
Pero si de analizar costos discutibles sobre la actividad económica se trata, es inevitable volver la mirada sobre un gravamen que se gana todos los premios a lo inexplicable y anacrónico. Me refiero a las tasas que cobran los conservadores de bienes raíces. Toda transferencia de inmuebles así como la constitución de gravámenes o garantías sobre ellos debe pagar un arancel definido por el Ministerio de Justicia, previo informe de la Corte Suprema. A diferencia de los demás monopolios que operan en nuestra economía —y los conservadores lo son dentro de su ámbito territorial— esas tarifas no se calculan buscando simular los precios que podrían obtenerse en situaciones de competencia. El notable aumento de productividad que las tecnologías de información ofrecen a los conservadores para el manejo de los registros, así como el impresionante incremento de las operaciones afectas al trámite de registro, no se ha traducido en una disminución equivalente de los aranceles que pagan los usuarios.
Tampoco nuestro sistema contempla la licitación del cargo de conservador a quienes, habiendo previamente cumplido con los requisitos de idoneidad profesional requeridos, ofrezcan cobrar los aranceles más bajos a los usuarios. A cambio, se mantiene un sistema de designación muy poco competitivo y discrecional en manos del Poder Judicial que no considera incentivos para brindar un servicio eficiente y a bajo costo para los usuarios.
Es dudoso que los conservadores deban ser privados. De hecho, el Registro Civil cumple similar función respecto de los vehículos motorizados a costos mínimos. Es mucho más discutible, aún, que se deba contar con monopolios territoriales, en tiempos en que la ley podría forzar la interconexión de bases de datos, de modo que la función registral podría brindarse en un sistema competitivo. Pero es del todo inaceptable que, si tácitamente se opta por perpetuar un sistema de monopolios privados de muy dudosa justificación técnica, se haga tan poco por defender a los usuarios. En Chile, cuando por razones de eficiencia validamos monopolios legales (administradores de concesiones de obra pública, o del seguro de cesantía) o monopolios naturales (servicios sanitarios, distribución y transmisión eléctrica) el sistema vela por la protección de los consumidores licitando la gestión del monopolio legal a quien ofrezca el menor precio, o fijando tarifas que simulan aquellas que cobraría una empresa eficiente en competencia por brindar el servicio. Nada de esto se aplica a los conservadores. Y ni siquiera el proyecto de ley en trámite que busca regular la actividad de notarios y conservadores considera la adjudicación del cargo mediante licitación a quien ofrezca el menor costo.
Nuestro orden público económico rechaza los monopolios. Casos recientes han vuelto a demostrar el rechazo social a los carteles: que no son otra cosa que comportamientos monopólicos de quienes simulan una competencia inexistente. Nuestra institucionalidad antimonopolios se ha fortalecido notablemente en los últimos años. Sin embargo, el monopolio que constituyen los conservadores de bienes raíces ha resistido casi milagrosamente bajo un régimen de adjudicación y tarifas que no estimula eficiencias ni protege a los usuarios. ¿Qué explica su condición de institucionalidad intocable?, ¿por qué deben soportar todos los chilenos costos tan superiores a los que podrían obtenerse bajo una regulación diferente?
Al menos el impuesto de timbres y estampillas va a beneficio fiscal y ayuda a financiar el gasto social. No puede decirse lo mismo de los ingresos que enriquecen a quienes han tenido la fortuna de ser designados conservadores.
