Pequeños grandes detalles, por Gonzalo Vial

Pequeños grandes detalles, por Gonzalo Vial.

La sartén le dijo a la olla. El ministro del Interior declaró que “se necesitaba una actitud «más proactiva» de los fiscales (del Ministerio Público) para investigar los delitos en el contexto del conflicto mapuche” (El Mercurio, 7 de agosto). Me perdonará el ministro —persona seria y bien intencionada—, pero esas palabras recuerdan irresistiblemente uno de los más conocidos «qué le dijo» de mi infancia: “¿Qué le dijo la sartén a la olla? Quítate, no me tiznes”.

Pues el factor clave de la delincuencia usurpadora de grupos mapuches ha sido una política continuada e invariable del actual gobierno, cuyo responsable es, justamente, el ministro del Interior. A saber, la política de comprar a través de CONADI los predios objeto de seguidillas de esos delitos, para REGALARLOS a los delincuentes (ver esta columna, la semana pasada).

Así sucedió con la Hacienda Lleu-Lleu y con el predio Alaska de la Forestal Mininco. Así estaba sucediendo respecto de los predios del agricultor Urban (en el epicentro de los últimos atentados y choque indígenas con los carabineros zonales), pero la CONADI y Urban no “llegaron a precio” (!), y recomenzaron los asaltos para ablandar al propietario... para que viera la luz. Y así se sigue pretendiendo que también vea la luz el agricultor Luchsinger que —¡hombre más porfiado!— ni siquiera acepta conversar con la pistola al pecho.

De tal modo, objetivamente, la CONADI es funcional a los delitos en cuya persecución el ministro —responsable político del Gobierno— no considera suficientemente «proactivas» a las fiscalías de la zona...

“Quítate, no me tiznes”.

¿Y por casa, cómo andamos? Gran alboroto en Argentina porque el Papa calificó como “escándalo” la pobreza de ese país. La cifra «oficial» de aquélla es 15,3% de la población, pero el propio ex presidente Kirchner confiesa que la realidad “debe andar” (!) en el 20, 22 o 23%. Es sabido que las estadísticas argentinas, sobre todo en materias políticamente sensibles, no son muy confiables.

Nosotros nos sentimos superiores, pero (si de pobreza se habla)... ¿lo somos?

El último porcentaje conocido corresponde a la encuesta CASEN 2006, que dio 13,7% de pobreza, indigencia incluida. Sin embargo, la cifra tiene un «pero» grandote. A saber, que la «canasta» de productos cuyo costo determina el límite de la indigencia (y, el doble del mismo monto, el límite de la pobreza), se estableció en 1988... el último año de Pinochet. Y no se ha puesto al día NUNCA, no obstante disponer el Estado de las encuestas para hacerlo. Es el último «enclave autoritario» del «tirano», pero durante veinte años la «democracia» no se ha decidido a actualizarlo.

Un economista de prestigio —profesor de Harvard y de la Universidad Católica— se tomó el trabajo de hacerlo utilizando los mismos datos que el Estado posee, pero no aplica (El Mercurio, 14 de octubre de 2007). ¿La pobreza chilena de 2006 —antes, pues, de la actual crisis— según ese cálculo? 29%, indigencia incluida.

Silencio de las autoridades.

El Papa, ciertamente, no ha manifestado nada sobre Chile. No era necesario. Hace VEINTITRES AÑOS su ilustre antecesor nos dijo a los chilenos específicamente, y entre ellos a los católicos, más específicamente todavía: “Los pobres no pueden esperar”. Pero siguen esperando. Son muy pacientes.

El problema no está ahí. El niño de diez años que circula por el SENAME (Servicio Nacional de Menores) y los tribunales se evade de éstos y de aquél apenas puede y comete innumerables delitos, incluso manejar un automóvil robado, ha sido la noticia cúlmine de los últimos días. Se habla de reorganizar el SENAME, de reestructurarlo, de profesionalizarlo... ¡aun, de dividirlo en dos!; de darle más y mejor personal y mayores fondos; de nuevos cambios (la enésima vez) en la justicia del rubro, y de combinarse con los organismos filantrópicos del sector privado que persiguen los mismos fines...

Todas o algunas de las propuestas (especialmente la última) pueden ser útiles, pero que no se espere de ellas salida al problema de la niñez desamparada que cae en la corrupción —droga, alcohol, abuso sexual— y en el delito. Ese problema tiene, fundamentalmente, otra causa, que ni el mejor SENAME concebible puede resolver: el aniquilamiento de la familia popular.

Oscurece el tema —y dificulta abordarlo— la tontería «oficial» que repiten ciertos sociólogos, sicólogos y políticos, y círculos y funcionarios del neo-progresismo. A saber, que en Chile hay “varios tipos de familia”, y que la “opción” por cualquiera de ellos es libre y propia de la sacrosanta “diversidad” que el Estado debe respetar, sin privilegio para ninguno.

La verdad es que existe una sola familia, en crisis y retroceso, que es la legal: los padres unidos por el matrimonio civil, y su prole nacida dentro de éste. Las demás «parejas» sexuales resultan, atendidas sus infinitas variables, imposibles de definir y de regular; su naturaleza misma las hace inestables y cambiantes; no engendran responsabilidades recíprocas —o de hecho es imposible exigir que se cumplan— ni ofrecen a los niños a los cuales «cuidan» seguridades de crianza, educación, formación humana ni estabilidad sicológica. Semejantes características se dan en todos los sectores sociales y naturalmente admiten excepciones, pero entre los pobres (sin culpa de ellos, es claro) éstas son pocas y aterradora la extensión del mal.

El niño que ha sido centro de la noticia pertenece a una de estas seudofamilias del neo-progresismo: madre sola, padre ausente al cual su hijo ha visto pocas veces en la vida, ocho hermanos de cuatro progenitores distintos, los mayores de aquéllos mezclados en diversos tipos de delitos (La Tercera, 4 de agosto). Los neo- progresistas se felicitan porque madre y padre ejercieron una «opción de familia» dentro de la «diversidad», uniéndose y desuniéndose por su mero arbitrio, pero... ¿quién cuidó los derechos del niño que nacería y efectivamente nació de tan libertario emparejamiento? ¿Cuál ha sido SU opción? ¿Cuándo la tuvo? ¿Cuándo eligió?

Así hemos llegado a que los dos tercios de los niños que nacen en Chile no provengan de matrimonio de los padres, y a que —de esos dos tercios— un 20%, aproximadamente, no cuente siquiera con el reconocimiento de ambos progenitores.

De todo lo anterior, obviamente, no es el único responsable el Estado. Pero en veinte años ha roto por completo su antigua línea civilizadora de proteger y estimular el matrimonio legal, la «libreta».

Línea que era tan «laica» como católica... posiblemente MAS «laica» que católica. Orgullo del radicalismo, que hoy la olvida y contradice. Las normas concertacionistas sobre filiación, divorcio, esterilización, impuestos, subsidios habitacionales, etc., han ido minando por su base a la familia legal, colocándola aun EN DESVENTAJA respecto a las otras «opciones» de emparejamiento. Lo he explicado muchas veces aquí mismo, no creo necesario repetirlo. Pero el 2 de agosto un senador declara a El Mercurio algo nuevo que, de confirmarse, sería a no dudar la cereza de la torta: que los jardines infantiles de la JUNJI preferencian a los hijos nacidos fuera de matrimonio, sobre los que provienen de éste...

No extrañarse, entonces, del «Cisarro», el «Loquín», el «Cejas» y demás niños-prodigio de la delincuencia chilena; de la violencia pavorosa que suele revestir aquélla; del altísimo costo y pobre resultado de los esfuerzos para recuperar a esos niños; de los fracasos y costos cada vez mayores en este proceso, de un SENAME desbordado e impotente... Son el fruto venenoso y fatal de las «opciones» y «diversidades» que han ido ahogando progresivamente a la familia chilena y al matrimonio legal.

¿De qué se quejan? Un crítico y columnista de El Mercurio, profesor universitario durante un cuarto de siglo, se lamenta de la reglamentación asfixiante que las entidades de enseñanza superior han ido imponiendo a sus maestros (8 de agosto). Se ven éstos —dice— “arrinconados... a practicar la docencia de una única manera, vigilados para que desarrollemos nuestra actividad en el único formato aceptable”. Son esclavos del “plan”, donde “cada asignatura... cada clase... obedece a un programa detallado anticipadamente, que el profesor debe ejercer sin apartarse, idealmente, ni un milímetro: objetivos (generales y específicos), contenidos, evaluación, el célebre Syllabus (que indica, sesión por sesión, las lecturas) y la bibliografía, integran el armazón de esta planificación, que... es vivida como impostura”. Reclaman ser liberados de ella, de los “dogmatismos ideológicos”; dar cabida al “yo”, a “la subjetividad o experiencia personal del docente”; poder seguir en la enseñanza un “curso azaroso”, el cambio de rumbo que un hallazgo imprevisto justifique; no cerrar la puerta a “divagar”.

Agreguemos que estos “planes” minuciosos, estos asfixiantes corsés del espíritu, son habitualmente confeccionados por «expertos» grises; petrificados en el «último grito» de sus respectivas disciplinas... un último grito de hace veinte años; adoradores y copistas a la pata de gurúes intelectuales, generalmente extranjeros; temerosos de la originalidad y de la innovación y de los caminos no trillados. Es inimaginable una mente superior dedicada a confeccionar “planes” semejantes.

Mas no dice el columnista por qué las universidades se han tornado esclavas de la mediocridad planificadora. La respuesta: necesitan «acreditarse» conforme a la ley de 2006. Y lo necesitan, exclusivamente, para sacarle dinero al Estado, sea directamente, sea mediante los sistemas de financiamiento de los alumnos. No hay «acreditación», no hay dinero de Papá Fisco. Es el plato de lentejas que ha pagado la primogenitura intelectual de las universidades.

Pero la «acreditación», como fue legalmente impuesta ese año... obligatoria, estatal, burocrática, cerrada a todo aire fresco (particularmente de instituciones extranjeras), feudo de los mismos que deben «acreditarse» (hoy por mí, mañana por ti), es —no puede sino ser— el reino de la mediocridad planificadora. El reino del «modo único», rutinario, anticuado de enseñar una carrera o disciplina. El ataúd de nuestra enseñanza superior.

Al quejarse de que les corten las alas metiéndolos en ese ataúd, los profesores universitarios tienen razón. Y, al mismo tiempo, no la tienen. ¿Qué hicieron en su momento para frenar o modificar la «acreditación»? ¿Qué están haciendo para librarse de ella?

Dos comentarios espectaculares.....

Se cambia para seguir igual,

por Margarita María Errázuriz.

En este período previo a las elecciones son más notorias algunas de las razones por las que no nos convencen las prácticas de los partidos políticos. Tenemos más presente la ausencia de nuevos liderazgos, la permanente reelección de los políticos de siempre, la falta de ideas. A mi modo de ver, estos hechos tienen en común el sistema de designación de los candidatos, un procedimiento que se rige por criterios no escritos pero que todos damos por conocidos. No sé cuán cierto es, pero nadie duda de que la designación de los candidatos es un juego con cartas marcadas. El as lo tiene quien ya ha sido electo alguna vez.

Para tener una idea de cuánto pesa en las nominaciones de candidatos el hecho de ir a la reelección basta analizar las plantillas con los candidatos de las dos coaliciones. En el caso de la Concertación, en 14 distritos de los sesenta que hay en el país se presentan sólo personas que hoy no tienen asiento en la Cámara, que de ser electos serían parte de las caras nuevas que llegarían al Congreso. En la Alianza, en 16 distritos se repite la misma situación. Si se cotejan ambas listas, hay 4 distritos donde sólo van candidatos nuevos y 35 en los cuales los dos diputados que hoy representan a dichos distritos van nuevamente a la reelección. Vale decir, en el próximo período en más de la mitad de los distritos se espera que no haya ningún tipo de renovación. En el próximo Parlamento las caras y las ideas nuevas serán pocas; lo probable es que el clima y el aporte a la discusión no sean distintos del que conocemos.

Como si el eco de estas quejas hubiese llegado a destino, en estos días se ha vuelto a discutir un proyecto de ley que limita la reelección de los parlamentarios. Aunque ello demuestra que podría haber interés por modificar el actual orden de cosas, la propuesta en cuestión no ofrece una real renovación del Congreso ni en el corto ni en el mediano plazo.

El proyecto de ley en discusión empezaría a regir en 2010 y permite la reelección por tres períodos a los diputados y por dos a los senadores. Dicho proyecto señala que para los parlamentarios en ejercicio al momento de publicarse esta ley, su primer período comenzaría en la siguiente elección de diputados y senadores. Ello quiere decir que, de aprobarse esta iniciativa, viviremos largos dieciséis años más bajo el mismo sistema de designación de diputados. Para senadores, el plazo es aún más largo, veinte años. Las cifras que hemos visto en los periódicos estos días sobre senadores y diputados que no podrían repostularse son fantasía.

No hay duda de que los legisladores no tienen mucho interés por cambiar esta situación. Sus disposiciones parecen un subterfugio difícil de defender. La ciudadanía, las personas normales y corrientes, piensa que la esperanza o la paciencia tiene límites.

En favor de los legisladores se podría pensar que una plantilla donde la mayoría de los candidatos va por primera vez, podría asustar. Es posible que en ese caso todos sintiéramos el temor que producen los cambios drásticos. Este proceso puede ser paulatino e iniciarse ya, si se buscan soluciones con creatividad.

Puede haber muchas formas para iniciar ahora una renovación del Congreso. Por ejemplo —pensando en que lo que más interesa es la calidad del aporte de los parlamentarios—, podrían repostularse nuevamente aquellos que sean bien evaluados en aspectos tales como indicaciones presentadas y aprobadas, y la defensa o el rechazo a proyectos con fundamentos sólidos y sin descalificaciones personales. Aun así, debería haber un tope para la reelección. Entiendo que habría que esforzarse un poco para precisar los criterios de evaluación y para luego aplicarlos. Pero si algo así se lograra, imagino otra calidad en la participación y en el debate en el Parlamento.

Necesitamos más creatividad y buena voluntad para contar con nuevos líderes en la política. Hay que esperar contra toda desesperanza. A lo mejor, la discusión en el Congreso resulta más fructífera de lo que se piensa.

Tropezando dos veces con la misma piedra,

por José Ramón Valente.

La crisis económica de los años 30 fue brutal, caídas de la producción superiores al 25% y tasas de desempleo por encima del 20%. Como consecuencia de la magnitud y duración de esta crisis, bautizada como la gran depresión, se produjeron innumerables cambios en las estructuras económicas y políticas en diversos países del mundo. En particular en Latinoamérica, después de un período de inestabilidad política que dio origen a más de una treintena de cambios de gobierno en el lapso de menos de tres años, los nuevos líderes de la región concordaron tácitamente en una nueva estrategia de desarrollo económico.

La idea de que la gran depresión era una especie de pandemia económica que se había originado en la bolsa de Nueva York y expandido injustamente hacia nuestra región, aleonó a los políticos latinoamericanos a proponer una ruta independiente hacia el desarrollo. La idea central fue que nunca más los países latinoamericanos debieran verse perjudicados por las burradas económicas de los países del norte. Para ello sería necesaria una fuerte intervención del Estado en la economía creando sus propias industrias y protegiendo de la competencia externa a los productores nacionales y entregándoles financiamiento a tasas preferenciales para que pudieran producir la mayor cantidad y diversidad los bienes que de otra manera tendrían que ser importados. También sería necesario expropiar las empresas de capitales extranjeros para no depender de las decisiones de inversión de dichas empresas para desarrollar sectores estratégicos como las telecomunicaciones. Estas decisiones dieron origen a los autos Torino en Argentina y a los televisores IRT en Chile. También nacieron instituciones como Corfo y monopolios como la CTC.

Por algunos años la estrategia pareció dar buenos resultados, se crearon efectivamente nuevas empresas y el Estado creció y se transformó en una gigantesca fuente de nuevos empleos. Así, las penurias causadas por la gran depresión parecían destinadas a desaparecer mientras los políticos se congratulaban por haber encontrado una vía latinoamericana al desarrollo.

Sin embargo, a los pocos años empezó a quedar claro que lo que se había vendido como un nuevo paradigma de desarrollo económico no lo era. El modelo de sustitución de importaciones con una industrialización inducida y dirigida y un estado empresario y megalómano sólo había funcionado por un tiempo gracias al financiamiento que le significó el repudio de la deuda externa, la expropiación de compañías extranjeras y sobre todo la inflación. La inflación fue en realidad la verdadera revolución económica del período posdepresión. Esta les permitió a los gobiernos cobrar impuestos sin necesidad de pasar una ley, reducir el poder adquisitivo de la gente y al mismo tiempo crearles una falsa ilusión de riqueza y expropiar legalmente a los ahorrantes personas.

En 1969, 40 años después del estallido de la burbuja bursátil en Nueva York, Estados Unidos maravilla al mundo poniendo un hombre en la Luna. Mientras tanto en Chile, los más afortunados tenían que conformarse con una Motochi (moto made in Chile), una Citroneta o una juguera marca Yaliban. El ingreso per cápita de un estadounidense promedio era cercano a dos veces el de un chileno medio antes de la depresión del 30, cuarenta años después, el experimento de los arrogantes gobernantes latinoamericanos que creyeron ser más inteligentes que el resto del mundo había arrojado como resultado que el ingreso per cápita de un estadounidense medio era cuatro veces superior al de un chileno medio. Las desigualdades sociales seguían siendo igualmente marcadas y casi la mitad de la población vivía bajo la línea de la pobreza.

Hoy, a raíz de la crisis financiera internacional, hay quienes parecerían querer reeditar los mismos errores que sumieron a Chile y Latinoamérica en un letargo de casi 50 años después de la crisis de los años 30. No dejó de llamar mi atención que en la presentación hecha por Eduardo Frei en el CEP la semana pasada se pudieran reconocer nítidamente algunas de estas viejas ideas. Frei habló en su introducción de la necesidad de hacer cambios profundos al modelo económico que venimos implementando en Chile en los últimos 30 años como consecuencia de la crisis. Con ello me recordó la vía latinoamericana al desarrollo. También habló de crear clusters, vocablo moderno que se utiliza para referirse a las políticas industriales dirigidas por el Estado. Habló sin tapujos de más regulación y más Estado. Incluso advirtió que la mayor intervención del Estado era tan obvia y necesaria que de ser Presidente, no iba a pedir permiso sino perdón para aumentarla en la economía. Hasta se refirió a la necesidad de mirar hacia los mercados internos de los países como forma de reactivación a raíz de la caída del comercio internacional.

Puede ser que yo esté viendo fantasmas donde no los hay. Es posible que mi interpretación del críptico discurso de Eduardo Frei en el CEP sea un tanto paranoica. Pero ciertamente sería interesante escuchar de él y de sus asesores desmentir enfáticamente que su modelo de desarrollo para Chile tenga algún viso de semejanza con los aplicados entre 1940 y 1970.

Salieron mal los economistas, por Agustín Squella.

Salieron mal los economistas, por Agustín Squella.

Publicado también por este diario,(El Mercurio) el comentario de The Economist acerca de qué salió mal con la economía acierta en un punto: no es razonable pasar del endiosamiento de la economía que prevalecía antes de la crisis a la satanización de que algunos querrían hacerla ahora objeto. Como tampoco habría que pasar de prestar excesiva atención a lo que hasta ayer decían los economistas a no prestarles hoy ninguna. En esto, como en tantas cosas, no deberíamos dejarnos llevar por la funesta ley del péndulo, aunque en el caso presente ayuda poco la escasa autocrítica que respecto de sí mismos y de su ciega confianza en el espontáneo funcionamiento de los mercados muestran economistas que, con descomedida arrogancia, sólo fueron capaces de ironizar ante aquellos de sus colegas que vieron venir la crisis, y que, como Joseph Stiglitz, por ejemplo, denunciaban el beneplácito que el gobierno de Bush mostraba con la temeraria codicia de un sector financiero mal regulado y hasta incógnito para quienes tenían la responsabilidad de fiscalizarlo. Escasa autocrítica, e incluso censurable y mal calibrado oportunismo, como el de algunos economistas locales de oposición a los que sólo faltó sobarse las manos al pronosticar para 2009 todo lo contrario de lo que realmente ocurrió: que los chilenos culparían al gobierno de los efectos de la crisis y retirarían su apoyo a la Presidenta Bachelet.

Es un hecho que la mayor parte de los economistas no fueron capaces de prever la crisis y que luego la diagnosticaron mal una y otra vez. Pero quienes no supieron prever ni diagnosticar podrían ahora ponerse de acuerdo en los remedios —cosa que ciertamente no ocurre—, todo lo cual hace dudar de si un saber que no es capaz de prever, de diagnosticar ni de proveer soluciones —como sería el caso de la economía— puede continuar siendo enseñado como si se tratara de una ciencia.

Sin embargo, no es hora de pasar cuentas ni de inferir conclusiones precipitadas, aunque sí de pedir a los economistas de corte neoliberal una mayor cuota de humildad y autocrítica que la que han mostrado hasta ahora. Humildad, señalo, y también autocrítica (¿acaso una ciencia no funciona sobre tales presupuestos?), aunque no para humillarse, sino para sincerar los límites del saber que cultivan y los intereses, sean éstos materiales (los economistas, además de las salas de clases, están muchas veces en los negocios) o ideológicos (los economistas no son nunca neutrales), que condicionan sus planteamientos o la falta de éstos. Humildad, asimismo, para dejar de invadir con su lenguaje y categorías de análisis otros ámbitos de la vida —como la política, la educación, la seguridad, la familia—, algo que se ha visto facilitado por quienes, sin ser economistas, se han dejado seducir por análisis económicos tan empobrecedores, o simplemente pueriles, como que las elecciones que se hacen en democracia constituyen el mercado del voto, o que la única finalidad de la educación es conseguir buenos puestos de trabajo, o que la sanción es el costo que para el delincuente tiene el delito, de manera que para disminuir la delincuencia sólo hay que aumentar las penas, o que el adulterio masculino —como escribió nada menos que un Premio Nobel de Economía— disminuye cuando los hombres se dan cuenta de que mantener dos mujeres resulta más caro que hacerlo con una sola.

Si la reputación de los economistas ha quedado por los suelos, donde estaba ya la de los políticos, lo que se precisa ahora es que se levanten, apoyándose unos en otros, y que se pregunten si acaso los agentes económicos no deberían competir de una manera menos primitiva y egoísta de como lo hacen quienes viven sólo para maximizar, cualquiera sea el precio que paguen los demás, su propio y exclusivo beneficio.

(Tomado de Diario El Mercurio)

Por China pasa la recuperación, por Rafael Aldunate.

( Una mirada a la economía)
Por China pasa la recuperación,

por Rafael Aldunate.

Las más claras esperanzas y fundamentos del resurgimiento económico mundial descansan cada vez en forma más determinante en China. Recientemente se confirmó su nuevo despegue, cuando las cifras de crecimiento del segundo trimestre, arrojaron un auspicioso y vigoroso 16% en términos anualizados… y el mundo reaccionó inmediatamente en forma sinérgica, valorizándose a nuevos umbrales las bolsas (China + 87%) y las materias primas (cobre US$ 2,7; 85% sobre su mínimo en menos de 1 año).

Ciertamente se divulgaron otros indicadores y proyecciones positivas, como que para EE.UU., después de caer un alarmante “menos” 6,5% el primer trimestre, se vaticina un esperanzador ritmo de crecimiento… de 1,5% para el segundo semestre del 2009. Estos indicadores sí representan un nítido punto de inflexión.

Las 2 potencias –denominadas G-2– reúnen la cuarta parte de la población y más de “un tercio” del PIB mundial. China representa la expansión y EE.UU. la consolidación de los mercados mundiales. La crisis financiera ha destruido más de US$ 13 trillones (expresados en unidades norteamericanas) de riqueza de los hogares norteamericanos, superando en 3 veces los paquetes financieros aportados por el Estado, y con una negativa perspectiva para el desempleo, que se mantendría sobre 10%… bien avanzado el 2010. Adiós recuperación del consumo norteamericano que representa el 17% del PIB mundial…

Por lo tanto, muy poco se puede esperar de una mayor y genuina demanda privada y se entiende que los aportes fiscales son “combustión” de corto plazo no mayormente creadores de espacios de competitividad y exacerban los desequilibrios macro. De la propia China, se calcula que 75% de su crecimiento 2009 ha nacido del sector público –paquete de estímulos por US$ 585 mil millones–, que por su propio apremio subvaluó la calidad de estas asignaciones e inversiones, rescatando lo realizado en infraestructura en un país que construye sus cimientos básicos y que explicaría el alza en las importaciones de cobre.

Está claro que existe un vínculo de virtual dependencia comercial y financiera entre estos G-2, que irradia y afecta a toda la escena geopolítica global. China necesita vender a los consumidores norteamericanos para garantizar su imprescindible expansión económica de cara a su vulnerable sistema político. Y EE.UU. depende de que sus gap financieros continúen financiados por China —hoy suman más de US$ 800 mil millones los bonos adquiridos por el gigante asiático, para estabilizar el imprescindible pero debilitado dólar, agravado por el stock de deuda pública norteamericana que el próximo año alcanzaría al 100% del PIB.

China representa por sí misma “tres quintas partes” del delta de crecimiento mundial, del resto de los denominados BRIC, sólo India la acompaña con un crecimiento positivo.

A Chile, parte determinante de su mayor actividad y financiamiento público se lo ha dado definitivamente el precio del cobre, es decir, China (aportando US$ 3.200 millones al Fisco este año). Factores no controlables por nuestro país, por cuanto Codelco, de representar 82% de la producción total en los 80, hoy sólo significa el 28%. En definitiva, durante el actual Gobierno ha existido una drástica caída de la productividad, con un pobre promedio de 0,5% frente al 3% de décadas anteriores. Gracias, China, por evitar un crecimiento aún menor al negativo 1,5 pronosticado.

Los dos problemas mapuches, por Gonzalo Vial.

Los dos problemas mapuches,

por Gonzalo Vial.

Hay dos «problemas mapuches»: el puntual y aparente, que vivimos estos días, y el profundo y verdadero, que permanece intocado y sin resolver.

1. El problema de hoy, el que acapara los titulares de la prensa y la televisión, se debe a la actitud suicida de los gobiernos últimos: premiar a aquellas comunidades indígenas que ejercen violencia contra los predios a cuya posesión aspiran y contra sus actuales dueños.

El premio ha consistido, uniformemente, en adquirir el Estado esos predios, vía la Conadi, y hacer obsequio gratuito de ellos a las comunidades violentistas.

Durante los años recientes, esta política se ha aplicado en la Araucanía a numerosos casos. Dos ejemplos:

1.1. La Hacienda Lleu Lleu. Corrida una década de constantes ataques incendiarios —más de cincuenta en total—, con destrucción de maquinarias y edificios, el inmueble termina vendido a la Conadi, que lo traspasa de inmediato a presumibles «palos blancos», indígenas parientes de los perseguidos judicialmente por la agresiones referidas. Todos se relacionan con la CAM (Coordinadora Arauco Malleco), el buque-madre de la agitación mapuche.

Este «final feliz» no ha bastado para pacificar la zona de Lleu Lleu, pues subsisten otras propiedades, cercanas a la hacienda y al lago de igual nombre —inmuebles más pequeños, de veraneo—, que los mismos indígenas codician. Sus dueños, hasta el año que corre, han sido también víctimas del fuego, perdiendo las viviendas respectivas. Es el método para «convencerlos» de que asimismo vendan a la Conadi... y ésta pueda regalarlos a los incendiarios.

1.2. El Fundo Alaska, de la Forestal Mininco. Tras incontables atentados, ocupaciones, robos de madera, etc., la propietaria lo traspasó a la Conadi, la cual hizo obsequio instantáneo de él a la Comunidad Indígena Temucuicui, de la cual provenían los hechores... y que se relaciona también con los disturbios de hoy.

Ahora bien, no se necesitaba ser brujo para prever que tan satisfactorios resultados de la violencia la estimularían a extenderse e intensificarse.

Era la consecuencia inevitable de la política de la Conadi, y lo que vemos en estos días constituye su clímax, su culminación, y se dirige contra los pocos propietarios que rehúsan «llegar a acuerdo» con la Conadi... vale decir, en el hecho, ceder ante quienes los agreden. Son los Luchsinger, los Urban, que defienden obstinada y desesperadamente lo suyo.

2. Pero no ha sido la recién explicada la única consecuencia torcida de la política de Conadi. En efecto:

2.1. Utilizando un resquicio legal —la facultad que le dio una ley, la Nº19.682, de hacer «aportes» sin contrapartida (es decir, sin objetivo específico) a las comunidades indígenas—, dicha institución ha beneficiado con ellos a las que NO ejercen la violencia: 7 mil millones de pesos en un año.

Vale decir, regalos de tierra por cometer delitos, regalos de dinero por no cometerlos. Una simetría perfecta.

2.2. Algunas forestales han buscado la paz con los indígenas, por un camino original: regalar predios a sus líderes (¡cómo corre la generosidad en la Araucanía!). Uno de éstos, con toda clase de vínculos internacionales, incluso en las Naciones Unidas, recibió de una de esas empresas, gratuitamente, un predio con 34.6 hectáreas de pinos, avaluadas en 50 millones de pesos.

2.3. Por otra parte —caso del fundo El Notro, adquirido por Conadi en 640 millones de pesos a un particular y traspasado a comunidades indígenas— los beneficiarios de la entidad estatal suelen entregar su explotación a terceros, a veces (el caso referido) a los mismos ex dueños. Arrendar sería ilegal, dice Conadi, pero misteriosamente celebrar una «mediería» —forma de arrendamiento— no... Contra siete vicios, siete virtudes.

3. Como decíamos al comienzo, el problema mapuche más aparente y específico, el provocado por la política de Conadi, ha hecho crisis estos días de la manera que se podía fácilmente prever. Redoblamiento de la violencia indígena, enfocada hacia los agricultores de la Araucanía que rehúsan abandonar la defensa de sus predios (Luchsinger, Urban)... Nuevos y continuados ataques contra ellos y los inmuebles que les pertenecen, y contra buses, maquinarias forestales, etc... Enfrentamientos con Carabineros... Uso de armas de fuego por la parte indígena.

Ante esto, la posición del Gobierno parece haber experimentado un cambio de ciento ochenta grados. Ya no habla, como anteriormente, de casos «puntuales», de «delitos comunes» que «no alteran la tranquilidad de la Araucanía», sujetos sólo a persecución por parte de la justicia y a prevención policial. Se habla de Ley de Seguridad Interior e incluso, muy en sordina, de terrorismo y de la legislación que lo castiga...

Nada de lo que precede ha tenido resultado antes... ¿por qué habría de tenerlo ahora?

Se anuncia, igualmente, que no habrá tierra de Conadi para las comunidades violentistas.

Por desgracia, ellas no lo creen... pues la autoridad lo ha afirmado ya otras veces, Y NO LO HA CUMPLIDO. Que ahora reitere la amenaza levantando la voz, no resulta convincente

Pero (pienso) la medida podría ser eficaz dándole una forma distinta, siempre que su observancia no quedara abandonada a la discrecionalidad y buena fe del burócrata, sino que fuere obligatoria por disponerlo así un decreto o, mejor todavía, una ley.

Esta norma prohibiría a Conadi comprar tierras que hubiesen sido objeto de usurpaciones; incendio o destrucción de bosques, sementeras, maquinarias o edificios; atentados personales contra los dueños u otras manifestaciones de violencia colectiva. La prohibición duraría un número largo de años —cinco, diez—, contados desde el último hecho ilegítimo de los nombrados.

Creo que mientras no exista una regla así, todo lo demás será solamente lo que ha sido hasta hoy: «marketing» político, calmar las aguas con palabras, «chutear» el tema hacia adelante. ¿Cabrá persistir en esto indefinidamente?

Pareciera que no.

4. No hay espacio, esta vez, para desarrollar el AUTENTICO problema mapuche, muy distinto del que causa la presente alarma pública y que no es sino una manifestación, un aviso del verdadero.

Pero podemos, cuando menos, enumerar sus puntos principales:

4.1. La República tiene una «deuda histórica» con los mapuches, aunque sólo reconocerlo moleste a muchos. Esa deuda deriva de que, en la segunda mitad del Siglo XIX, usando la fuerza, los sometimos políticamente y los «integramos» a nuestro sistema económico y social. Con ello perdieron —en esos mismos ámbitos— la autonomía y el modo de vida tradicional que la Corona Española les reconociera y respetara desde el Siglo XVIII. Autonomía y modo de vida que habían permitido a la etnia una razonable tranquilidad y prosperidad dentro de su cultura.

A cambio de la «integración forzada», les prometimos beneficios que no les hemos dado. Hasta el punto que los mapuches son hoy los chilenos más pobres y más ignorantes, y los que adolecen de los peores servicios públicos, en la Araucanía y fuera de ella.

4.2. La tierra NO es el problema sino para un cuarto, a lo más un tercio, de los actuales mapuches. El resto, la inmensa mayoría, YA EMIGRO —principalmente a las grandes ciudades— y los fuegos artificiales de Conadi con los predios que adquiere, NO LO BENEFICIAN EN NADA. Lo que Conadi destina al mapuche urbano es ínfimo.

4.3. La entrega de tierras a los mapuches rurales tampoco los sacará de la miseria, porque:a) el aumento de su número a través del tiempo hace prácticamente imposible que lleguen, siquiera, a la cantidad de hectáreas por cabeza que tenían CUANDO LOS «REDUJIMOS» EN EL SIGLO XIX, y que era EL TRIPLE de la actual; b) además, los predios que poseen, y los que se les han añadido, son pobres, erosionados, y muchos de aptitud únicamente forestal; c) carecen los indígenas de preparación técnica para un trabajo agrícola tan difícil, y nadie los está capacitando al efecto; d) tampoco nadie se preocupa de discurrir cómo (si es posible) compatibilizar el avance agrícola con la propiedad colectiva de la tierra.

¿Solución? Los «huincas» no la sabemos, ni siquiera la sospechamos, porque no la hemos estudiado seriamente, a fondo, sin prejuicios, pies forzados ni ideologías. Mas, mediando nuestra ayuda y comprensión, tendrán que emerger de la propia etnia, de su cultura, grandes dotes y cualidades, empuje, paciencia y «resiliencia», de modo que Chile pueda efectivamente pagar al pueblo mapuche la «deuda histórica» que tiene con él. Hay al respecto atisbos y derroteros... pero ésa sería ya una tercera columna.

Tres comentarios imperdibles.....

Confundiendo medios y fines,

por Alejandro Ferreiro.

En 1513, Maquiavelo publicaba su controvertido manual para gobernantes: “El Príncipe”. Una frase de ese texto, pese a no ser el mejor reflejo de su contenido, se considera la primera defensa explícita del “todo vale” en política y del desprecio ético por los medios y las formas. Medio milenio después, nadie se atreve a afirmar en el debate público que “el fin justifica los medios”. Gran avance, por cierto, aunque en ocasiones se observan conductas —especialmente durante campañas agresivas— en que algunos parecen emular al viejo Nicolás. De cualquier modo, la relación entre medios y fines sigue siendo un tema central de la política y fuente de no pocas confusiones que dificultan debates y acuerdos.

Los fines de la acción política los resuelven los electores. Ellos eligen entre las diversas opciones programáticas que, en síntesis, se construyen sobre proporciones diversas de libertad e igualdad. En democracia, y pese a sus imperfecciones, los ciudadanos eligen los fines y, por lo mismo, tienen el derecho a esperar que ellos se concreten mediante los mejores instrumentos disponibles.

Los medios, por su parte, son múltiples, cada vez más complejos y, en muchos casos, sometidos a exámenes de efectividad por las mejores universidades y expertos del mundo. En las políticas públicas, como en cualquier otra ciencia, los avances del conocimiento y de la evidencia empírica son notables, aunque quizás menos conocidos.

Las mejores prácticas del buen gobierno —esas que se estudian, aplican y difunden en la OECD, y que por sí solas justifican nuestro ingreso a dicha organización— están, en su mayoría documentadas y probadas, disponibles para su adopción o adaptación por quienes tengan el mandato político de gobernar.

Cierto es que gobernar es, muchas veces, más un arte que una técnica, y que no siempre es razonable la importación de soluciones cuando los contextos difieren. Pero más cierto es que la ética política exige la mayor eficacia en la acción. No bastan las intenciones estériles. No sirve ofrecer “fines” si no se gestionan los medios con excelencia. Ni el tiempo, ni los recursos, ni la paciencia de las personas son infinitos. La eficacia en la acción es la dimensión más exigente de la ética política. Y, por ende, toda gestión por debajo de la mejor posible es una forma de corrupción. Hay demagogia cuando sólo se pone la vista en las promesas, pero se desprecia el análisis serio de cómo transitar hacia su concreción. Y hay obcecación, intransigencia e ideologismos cuando en el debate algunos se enamoran más de los medios que de la búsqueda desapasionada, abierta y rigurosa de la mejor manera de alcanzar los objetivos.

Es cierto, el fin ya no justifica los medios, pero sí debe subordinarlos, y exigirles excelencia en diseño y ejecución. De otra manera, los fines seguirán esperando. Más de lo debido, más de lo que muchos pueden esperar.

Y para no perderse entre medios y fines, lo mejor es partir por no confundirlos. Un buen ejemplo actual de aparente confusión entre medios y fines es el relativo a las indemnizaciones por años de servicio. Ellas son, desde luego, un medio para cubrir los ingresos perdidos por el trabajador despedido. Pero existen otros. Y probadamente mejores para cumplir ese fin. Sí, se puede lograr el “milagro” de mejorar la protección efectiva a los trabajadores y evitar la pesada carga que para los empleadores significa pagar indemnizaciones precisamente en tiempos de vacas flacas. Se puede, pues, avanzar paralelamente en crecimiento y equidad, en protección a los trabajadores y dinamismo del mercado del trabajo, si optamos por combinaciones más eficientes de seguro de desempleo, ahorro en cuentas individuales y aportes mensuales de los empleadores. Así lo demuestran múltiples estudios de quienes han analizado el tema con el rigor que cabe exigir a los “medios” en las políticas públicas.

¿Y qué impide mejorar el sistema? La confusión entre medios y fines que manifiestan algunos, desde el mundo político y sindical, al definir a las indemnizaciones por años de servicio como una conquista intransable de los trabajadores (frase, por cierto, cuyo simbolismo épico es más propio de fines que de medios). Claro, fue una conquista para los trabajadores en tiempos en que el país no tenía, ni podía quizás financiar, un sistema de seguro de cesantía suficiente. Era una conquista en tiempos en que no teníamos experiencia con la cuenta de indemnización a todo evento que beneficia hoy a las trabajadoras de casa particular. Pero hoy, superadas por la evidencia de las distorsiones que genera en el mercado laboral y por la existencia de opciones claramente mejores, han dejado de ser un medio idóneo para el fin que las justificó décadas atrás.

Pero allí están: inmunes a las críticas y al debate, blindadas ante la evidencia de sus imperfecciones y obsolescencia. Muy malo es que el fin justifique los medios. Pero nada bueno ocurre cuando los medios se sacralizan y confunden con los fines.

Más impuestos quieren,

por Juan Andrés Fontaine.

La única manera segura de financiar la protección social y las inversiones públicas que ofrecen las candidaturas presidenciales es con un crecimiento vigoroso de la actividad económica y el consiguiente aumento de los ingresos fiscales. Pero como el crecimiento acelerado exige trabajo arduo y muy bien hecho, subir los impuestos puede parecer atractivo. La candidatura de la Concertación aboga por más y más Estado, y sabe que, tarde o temprano, ello significaría más y más impuestos. En su variante díscola, representada por la postulación del diputado socialista Enríquez-Ominami, aunque plantea ciertos cambios tributarios interesantes, a fin de cuentas también favorece una mayor tributación. ¿Tiene en verdad Chile espacio para elevar la carga tributaria sin dañar su capacidad de crecimiento?

Es frecuente justificar tal pretensión aduciendo que la recaudación tributaria en Chile, equivalente a más de 18% del PIB el 2008, según la Dirección de Presupuestos, es comparativamente baja y representa la mitad de la observada, en promedio, entre los países más avanzados, pertenecientes a la OCDE. Esta comparación es incorrecta. En primer lugar, porque es menester excluir de esta última a las imposiciones para la seguridad social, que en nuestro caso no constituyen un impuesto. Esto implica deducir en nueve puntos porcentuales la tasa comparable de la OCDE, a 27% del PIB. En segundo lugar, porque esos países son considerablemente más ricos que Chile. Muchos de ellos, cuando exhibían nuestro nivel de desarrollo, tenían tasas tributarias similares o inferiores a la nuestra. Es el caso de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, España, Italia, Grecia y Portugal. Ellos optaron luego por satisfacer la creciente demanda por bienes públicos ampliando la burocracia estatal y los impuestos. Nosotros, y con buenas razones, hemos preferido la provisión privada —pero financiada con imposiciones obligatorias— de la previsión y, parcialmente, la salud. Otros ejemplos de bienes públicos que no se financian con impuestos son la infraestructura concesionada y los programas educacionales o culturales solventados con donaciones privadas y el correspondiente crédito tributario. Nótese que ambos provienen de acertadas leyes aprobadas durante los gobiernos de la Concertación, que convendría extender a otros rubros.

A diferencia de lo que muchos sostienen, en Chile los impuestos que soportan las empresas no son bajos: equivalen a 4,5% del PIB, más elevados que el 3,9% del promedio de la OCDE. Es cierto que la tasa de 17% de primera categoría es comparativamente baja —aunque superior al 12,5% que ha ayudado a Irlanda a ponerse a la cabeza de Europa—, pero su aplicación acá es más amplia y uniforme que en otros países.

La gran diferencia entre la carga tributaria observada en Chile respecto de los países desarrollados no está en las empresas, sino en las personas naturales. En efecto, éstos recaudan nada menos que ocho puntos adicionales sobre el PIB: seis puntos por mayores impuestos a la renta y dos por bienes de consumo, IVA incluido. Ello es posible en tales países, sin recurrir a tasas tributarias exorbitantes, sólo porque cuentan con una distribución de la renta más pareja y extraen mucho más recaudación de los sectores de ingresos medios. Mucho aclararía el debate político que quienes nos proponen emular la trayectoria de creciente gasto público y elevados impuestos de, por ejemplo, los países europeos, nos contaran toda la historia: allá es la clase media la que soporta una carga tributaria mucho más pesada que la nuestra.

Últimamente, la idea de una tasa plana de impuestos a la renta, o “flat tax”, ha encontrado adeptos en variados sectores. Pero la verdad es que en Chile prácticamente ella ya existe y a tasa cero: de acuerdo al SII, más del 80% de los contribuyentes pagó cero impuesto a la renta en el año tributario 2007. En cambio, un mero 0,6% —unas 60.000 personas— cayeron en los tres tramos superiores de la tabla, cuyas tasas marginales van desde 32 a 40%. Como estímulo a la iniciativa personal, sería positivo moderar y aplanar dicha escala, pero, admitamos, los números involucrados restan prioridad al tema.

En cambio, hay que alertar que las propuestas de “flat tax” suelen traer consigo un alza del impuesto a la renta de las empresas, para igualarse al tramo superior aplicable a las personas. En mi opinión, tal reforma sería un error. Nuestra estructura de impuestos grava con un 17% a las utilidades retenidas o reinvertidas, mientras que hace a las utilidades distribuidas sumarse a los restantes ingresos del accionista y tributar según las (elevadas) tasas de impuestos personales, previo descuento de lo pagado a nivel de la empresa.

Este diseño tributario ha servido enormemente para estimular el ahorro empresarial (que así se salva de la doble tributación que sufren los ahorros personales), para favorecer el financiamiento de las empresas vía capital propio en lugar de endeudamiento (y esa fortaleza patrimonial vaya que nos ha ayudado a sortear recesiones como la actual) y para impulsar la inversión, especialmente entre las empresas medianas y pequeñas, con acceso más limitado al crédito. Nótese que, como el 17% cobrado a las empresas es un mero anticipo a lo que eventualmente pagará el accionista, sus incrementos (o reducciones) no alteran sustancialmente los ingresos estructurales del fisco y no permiten solventar gastos públicos permanentes.

Se arguye que el alza e igualación de tasas tributarias de personas y empresas lograría mayor equidad horizontal. Nada impide establecer un incentivo tributario semejante, aplicable a todos los contribuyentes de los impuestos personales. Se argumenta también que la igualación de tasas terminaría con cierta elusión de impuestos amparada por la estructura actual. El SII cuenta con todas las atribuciones para fiscalizar y castigar los abusos que puedan efectuar los inescrupulosos. Y, desde luego, si éstas fuesen insuficientes, habrían de ser reforzadas. Pero la argucia más común, que es hacer pasar consumos propios por gasto de alguna sociedad personal de inversión, afecta directamente la base imponible y en modo alguno se contrarrestaría elevando la tasa aplicable a las rentas de las empresas.

Entre 1984 y 1990, la tasa del impuesto sobre las utilidades retenidas bajó desde 40% a cero y favoreció el notable incremento en el ahorro privado, desde 15% a 20% del PIB. Luego, dicha tasa fue elevada paulatinamente hasta el 17% actual, lo cual puede haber contribuido al reciente debilitamiento del ahorro privado, hasta tan sólo 13,5% el año pasado. Si en verdad queremos reanudar la carrera al desarrollo necesitaremos elevar la inversión y las exportaciones, lo cual no será posible sin un importante incremento en el ahorro, capaz de sostener bajos los costos de capital y alto el valor real del dólar. Elevar la tributación sobre las utilidades reinvertidas es una idea contraproducente.

EE.UU. y China diseñan el siglo XXI

por Karin Ebensperger.

Se inició un diálogo entre China y Estados Unidos que va a tener consecuencias políticas gravitantes, porque ambas potencias parecen tener voluntad y decisión de diseñar el mundo según sus intereses.

En la reunión sobre los principales asuntos económicos y estratégicos en Washington, el Presidente Barack Obama expresó: "Las relaciones entre China y EE.UU. determinarán el siglo XXI".

Es muy interesante que dos núcleos de poder tan enormes y distintos en su esencia estén en una actitud de cooperación. Aún está muy cercana la época en que el mundo era bipolar, en una confrontación titánica entre la ex Unión Soviética y EE.UU. Por eso es loable que los presidentes Barack Obama y Hu Jintao decidan crear un foro permanente, para tratar asuntos como la proliferación nuclear, el terrorismo, el cambio climático o la crisis financiera. Hemos mencionado muchas veces en estas columnas que los problemas que enfrenta hoy la humanidad son de tal magnitud, que requieren una colaboración razonable de quienes ostentan el poder y los recursos principales.

Lo destacable es la actitud política, la conciencia manifiesta de tratar de buscar esa cooperación. Porque en la práctica existe una feroz competencia por los mercados y por lograr una hegemonía militar. EE.UU. quiere influencia en Asia, China aumenta la suya en África y Latinoamérica, y ambos tienen regímenes tan distintos como pueden ser una longeva democracia y un partido totalitario, aunque este último se haya abierto a la economía de mercado. En rigor, Washington y Beijing se analizan mutuamente con suspicacia, principalmente porque la falta de garantías y derechos personales en China son muy criticados en EE.UU., lo que es percibido por la dirigencia de Beijing como una injerencia en sus asuntos internos. Las recientes y trágicas protestas étnicas en la provincia de Xinjiang son un ejemplo de la complejidad china.

La economía es tema fundamental. Beijing es el principal financista de la deuda norteamericana a través de la compra de bonos, y EE.UU. pretende un mejor acceso al mercado chino a medida que aumenta el consumo en ese país. Se necesitan mutuamente. También requieren lazos de entendimiento en el campo militar, para evitar tensiones entre dos potencias que reúnen gran parte del arsenal mundial, y para hacer frente a las redes terroristas.

Así como el viaje del Presidente Nixon a China en 1972 y su reunión con Mao Zedong fue un momento decisivo en la historia de la Guerra Fría del siglo XX, hoy la voluntad de entendimiento entre Washington y Beijing es mirada también con gran alivio. La peor noticia sería el inicio de una segunda Guerra Fría, aunque sólo fuera en el ámbito comercial. La voluntad de cooperación entre esos dos gigantes -si prospera- será clave para la estabilidad política y económica mundial.