¿Nos están protegiendo bien?
Juan Andrés Fontaine
Ha sido un acierto político del actual gobierno hacer de la protección social su idea fuerza. Tras su último mensaje presidencial, la Presidenta Bachelet es poco menos que proclamada la madre del Estado Protector en Chile. Las encuestas de popularidad revelan que ese proyecto es muy bien valorado por la ciudadanía y la candidatura presidencial oficialista se apura en prometer todavía más protección social. Pero más allá de las buenas intenciones, la gente querrá ver resultados.
Las preguntas son entonces qué tan buena protección social nos está ofreciendo el Gobierno y cómo hacerlo mejor.
De partida, llama la atención que la protección brindada no nos defienda de la delincuencia. La protección de la vida y la propiedad es la función más elemental del Estado. Aunque las estadísticas oficiales muestran un leve avance (metodológicamente discutible, por lo demás) todavía un 35% de la población declara haber sido víctima reciente de algún delito y un 62% manifiesta vivir atemorizada. Tienen razón: Chile muestra uno de los más altos índices mundiales en materia de robos y exhibe una muy baja eficacia en sus sistemas de captura y castigo de delincuentes.
Ayer el INE ha informado que los cesantes en Chile ya suman 716 mil, casi 10% de la fuerza de trabajo. La desocupación se eleva sobre el 11% en tres regiones y es de 10% en el Gran Santiago. A los desempleados el llamado Estado Protector les ha negado una legislación laboral flexible, la que habría evitado despidos o asegurado una rápida reubicación en otro trabajo. El problema no es sólo consecuencia de la gran recesión internacional: durante toda la década el desempleo ha promediado un inaceptable 9% de la fuerza de trabajo. La cesantía es más alta entre las mujeres y los jóvenes, pese a que se estima que las malas regulaciones mantienen marginados del mercado laboral a alrededor de un millón de ellos. Nuestro Estado Protector no está desempeñando bien la primordial función de crear oportunidades de trabajo. Ante esa falla capital, el seguro de cesantía es un oportuno paliativo, pero que está muy lejos de ser una solución de fondo.
Los discursos oficiales hacen aspaviento de la magnitud de los programas sociales del gobierno. Es cierto que hay iniciativas valiosas y que los bonos familiares repartidos en marzo último y prometidos para agosto próximo son muy bienvenidos en momentos de aflicción económica. Pero la calidad de muchos servicios públicos es sencillamente deplorable. Tan insatisfactoria es nuestra educación pública que basta una leve mejoría en una de las cuatro mediciones de la prueba SIMCE, para que millonario equipo comunicacional del gobierno arme fiesta. Las deficiencias de la salud pública se constatan a diario en los consultorios y hospitales. El Estado debería concentrar su ayuda en los más pobres, pero cuenta para ello con demasiados programas distintos —cerca de 200— y de burocracia demasiado frondosa. Cuando han sido sometidos a evaluaciones técnicas, muchos de ellos han revelado ser de dudosa efectividad social, aunque, seguro, son de gran utilidad para pagar favores políticos. Su focalización hacia los más pobres es insuficiente. Su aptitud para ayudar a los afectados por la recesión es limitada, porque la recientemente introducida ficha de protección social no toma debidamente en cuenta una caída temporal en los ingresos. Su aporte en facilitar la empleabilidad de los beneficiados es prácticamente nulo. El buque insignia de nuestro Estado Protector —Chile Solidario— cuenta con un ejército de funcionarios, repartidos a lo largo de Chile para conectar a las familias más pobres a los distintos beneficios sociales y entregarles dinero. Aunque ha tenido algún resultado en facilitar el acceso de los pobres a ciertos beneficios, al decir de un reciente informe de la OCDE, “Chile Solidario hasta ahora no ha sido muy efectivo en reducir la pobreza”.
El actual gobierno no ha estado falto de recursos para dar buena protección social. La inédita bonanza del cobre le permitió no sólo acumular abundantes ahorros en el exterior y paliar las ineficiencias y pérdidas de Codelco, Enap y Transantiago, sino además expandir enormemente el presupuesto fiscal. Durante el cuatrienio presidencial el gasto público va haber crecido a un ritmo promedio anual de 9% en términos reales, un incremento acumulado equivalente 10.000 millones de dólares a lo largo del período. Durante el presente año, y bajo la lógica de una política fiscal contracíclica, el presupuesto aumentaría un 11% real, pero ya en el primer trimestre la expansión ha sido del 22% real respecto de un año atrás.
El torrente de desembolsos fiscales ha cubierto muchas de las fallas de diseño y gestión de nuestros programas sociales. Ha permitido al gobierno ampliar los beneficios y subsidios, anunciar incrementos adicionales para los años venideros, alimentar expectativas de más y más protección social. Fue lo que hizo la Presidenta en su discurso del 21 de mayo último. Pero la mala noticia es que la bonanza mundial ha concluido; que aunque la economía mundial empiece pronto a repuntar, no volverá a su dinamismo anterior; que ya no podemos seguir contando con los sucesivos aumentos en el precio del cobre de largo plazo para financiar tanto gasto adicional.
Mirando hacia delante, hay algo positivo en la amplia popularidad que hoy detenta el gobierno. El mundo político ha podido apreciar que el ahorro fiscal rinde más tarde buenos dividendos políticos. Pero hay también algo inquietante: se ha desatado una dinámica de gasto fiscal que, terminada la bonanza del cobre, ya no será posible de sostener. La protección social no podrá descansar en programas de presupuesto cada vez más generosos sino que dependerá de nuestra capacidad de crear mejores condiciones para el crecimiento económico y el empleo, así como de aplicar políticas sociales muy bien focalizadas y gestionadas con la eficiencia que conocemos en la empresa privada.
Sebastián Piñera, candidato presidencial de la Coalición Por el Cambio, hablando esta semana en el Centro de Estudios Públicos, propuso construir una sociedad que brinde seguridades, pero también oportunidades. Utilizó la metáfora del acróbata, que requiere de una red de protección segura, precisamente porque aspira a alcanzar el trapecio muy alto. Crear una sociedad de oportunidades significa establecer estímulos y remover obstáculos para la creatividad, el emprendimiento, la inversión y el trabajo. Hay que diseñar la red social con cuidado para evitar que entrabe esos estímulos y termine atrapando a sus beneficiarios en la pobreza. Una sociedad de oportunidades da lugar a una economía en crecimiento acelerado. Y sólo si Chile reanuda la carrera del desarrollo será posible satisfacer las crecientes expectativas de protección social verdadera y duradera.
