por Luís Larraín.
Sebastián Piñera ha anunciado la creación de un fideicomiso para administrar su patrimonio de modo de evitar conflictos de interés entre su condición de empresario y su decisión de postular a la Presidencia de la República. El mecanismo, diseñado por la oficina de abogados Barros y Errázuriz, se compone de un mandato de administración discrecional de cartera de inversiones sin información al mandante, que se aplica a inversiones en sociedades anónimas abiertas en que no existe un pacto de accionistas y se entrega a Bice Inversiones, Celfin, Larraín-Vial y Moneda; y de un mandato de análisis y propuestas de alternativas de venta y custodia de inversiones entregado a Celfin y aplicable a la Clínica Las Condes y Lan Chile, empresa esta última en que se deberá vender obligatoriamente la participación antes del 10 de marzo del año 2010, si Piñera es elegido Presidente de la República.
Los criterios con que deben operar las administradoras, estipulados en los contratos, cumplen con los requisitos que se pide a un fideicomiso de esta naturaleza e incluyen, por ejemplo, la prohibición de adquirir acciones de empresas concesionarias u operadoras de servicios públicos con precios regulados por el Estado o la prohibición de adquirir más del 2,49% de una empresa determinada para asegurar que el mandante nunca alcanzará el 10% de la propiedad de una sociedad abierta. Quedan afuera de los mandatos Blanco y Negro y Chilevisión, aunque en el caso de esta última Piñera renuncia al directorio y encargó la redacción de un estatuto permanente para garantizar el pluralismo e independencia de su línea editorial y programática.
La verdad es que estamos ante un trabajo profesional de primera línea, que como suele suceder en este tipo de contratos, no deja nada al azar, se pone en todas las situaciones y las resuelve con eficacia, cumpliendo a cabalidad el objetivo de regular los conflictos de interés. Esa debiera ser, por lo demás, la opinión de cualquier persona familiarizada con contratos y negocios.
Pero la reacción del Gobierno y la Concertación, lejos de reconocer la buena calidad de este trabajo, ha sido la de criticar al voleo, sin ninguna línea clara. Hasta el momento no han sido capaces de levantar siquiera un argumento que se sostenga. Si hemos de ser sinceros, debiéramos decir que las críticas realizadas han oscilado entre la vulgaridad y la banalidad. La incapacidad de la coalición gobernante para tratar el tema con un mínimo de seriedad nos da una medida de la cota que puede alcanzar hoy día la Concertación. Veamos: mientras el presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, ha dicho que “más que una noticia bomba es un guatapique que no alcanza a petardo”, haciendo gala de su fineza para la crítica política y su proverbial conocimiento de los temas económicos, el presidente de la Democracia Cristiana no ha querido ser menos, calificando el fideicomiso de “tuerto y ratón”. La Moneda, a través de la vocera Carolina Tohá y la propia Presidenta Bachelet, ha intentado confusamente transmitir que es muy tarde para esta decisión. ¿Muy tarde? ¿A ocho meses de la elección y sin que el Gobierno haya hecho intentos serios por legislar, ministra? Son ocho meses en que usted debe gobernar, Presidenta; no es tan poco lo que falta para la elección.
Pero la batería de ataques no se detiene aquí; los pesos pesados también han salido a la palestra. Ricardo Lagos habrá engolado la voz para decir que “el país tiene una idea clara sobre esto. Los fideicomisos son algo muy serio en los países, no para tomarlo así como aquí”. ¿Qué tan serios don Ricardo? ¿Cómo el Transantiago? Andrés Velasco, por su parte, también con voz muy solemne y más cuidadoso en su crítica (él sí debe haber leído alguna vez un par de contratos como éstos), en sus declaraciones ha dejado ver que lo que ha hecho Piñera no basta y que tendría que estar regulado por una ley. De acuerdo, ministro, siempre que los proyectos de ley que dependen de su cartera avancen en el Congreso, como de hecho sucede cuando usted está interesado.
Lo cierto es que Sebastián Piñera ha resuelto con solidez y eficiencia, como suele hacerlo cuando se empeña en ello, el conflicto de interés que planteaba su condición de empresario de alto patrimonio que quiere dedicar ahora sus talentos a servir al país; el Gobierno y la Concertación le disparan con balas de fogueo, porque de verdad no tienen argumento alguno que esgrimir. ¿Y qué dice el candidato de los Océanos Azules? Bueno, él ha dicho simplemente: “Aquí una cosa son los negocios y otra cosa es la política, y ese tema de fondo no está resuelto”.
