El paso del tiempo
Gonzalo Vial
NO LES DIJE? Expulsado ya el indeseable Bush de la Casa Blanca, ¿cuáles son las perspectivas de que regresen al hogar “nuestros muchachos”, los soldados norteamericanos, que sirven fuera del país?
IRAK.
El Presidente Obama dice que “UN GRAN NÚMERO” de los uniformados estadounidenses que sirven en ese país, “PODRÍA regresar a su país en el plazo de UN AÑO” (El Mercurio, 2 de febrero).
Nada muy inmediato, ni muy preciso ni muy terminante, se apreciará. Pero lo dice Obama, que está en su período de gracia para afirmar vaguedades que no comprometan.
Sin embargo, más curiosa es la razón del cauteloso optimismo que muestra Obama. A saber, “el éxito de las elecciones provinciales desarrolladas en Irak este sábado”, 31 de enero (El Mercurio citado).
Pero, veíamos en la columna anterior, de dichas elecciones tan importantes los simples lectores no sabíamos nada por los diarios, salvo los muy busquillas, y provistos de una lupa potente para la letra chica.
Pues sí, en Irak hay hace ya años un gobierno legal y democrático, elegido en comicios nacionales que certificaron a su momento las Naciones Unidas, y regido por una Constitución igualmente democrática y democráticamente dictada.
Lo que antecede, hecho posible gracias a la intervención militar de los EE.UU.
Fue ese gobierno el que convocó a las referidas elecciones locales de 31 de enero. Se desarrollaron con entera normalidad en todo Irak. Registraron sólo dos hechos de violencia, atentados de los “resistentes” (nombre respetuoso que la prensa occidental adjudica a los terroristas).Triunfó la lista del Premier Nuri al Maliki —el aliado de los EE.UU.—, excepto en una provincia.
Ahora podemos decir y saber todo esto, que causa el optimismo de Obama, porque se ha ido el execrable Bush.
AFGANISTAN. El mismo nefasto personaje tenía aquí desplegados 36.000 hombres. Obama innovará enérgica y creativamente al respecto, elevando la cifra a 66.000 (El Mercurio, 5 de febrero).
Es probable que sean los mismos que salgan de Irak, para ahorrar transporte.
¿Qué haremos ahora, que no está Bush para tener la culpa de todo?
“LA BRECHA"
El promedio de los estudiantes municipales que rindieron la PSU 2008 contestó correctamente el 5% de las preguntas de matemáticas. El promedio de los estudiantes de colegios pagados, el 50%.
En la escala tradicional de notas (1 a 7), lo anterior significa que los primeros obtuvieron un 0,35 (!) y los segundos un 3,5.
Todos “rajados”.Y lo más pintoresco es que los establecimientos de pago están muy orgullosos de su “éxito”.
Estas cifras monstruosas sirven para interminables discusiones sobre la “brecha”... la “brecha” entre colegios que no enseñan nada y colegios que apenas enseñan. Sin que nadie diga una palabra de que unos y otros rinden la PSU sobre los programas oficiales y forzosos del Estado (los CMO, “contenidos mínimos obligatorios”), que ningún establecimiento puede razonablemente abarcar por su extensión desmedida y atochamiento de materias inútiles o superfluas.
DETENIDOS/DESAPARECIDOS.
La distinguida abogada de derechos humanos que comentaba mis apreciaciones sobre la materia ha escrito a este diario una nueva carta al respecto.
Su objeto principal es reivindicar lo obrado y acordado por la Mesa de Diálogo (1999/2000), de la cual ambos fuimos parte. Dice que “provocó un impacto enorme no sólo en nuestro país, sino …a nivel mundial”. Agrega que por aquel acuerdo las FF.AA. reconocieron “que las víctimas eran tales y qué suerte habían corrido”.
“Después de esto (concluye) vino la decisión de nombrar los jueces especiales, se reabrieron muchísimas causas, y se han esclarecido un número importante de casos y, además, se han dictado sentencias condenatorias para los hechores de muchos de estos crímenes”.
Sí, pero el “impacto enorme”, el reconocimiento de las Fuerzas Armadas, los jueces especiales, los casos esclarecidos, sus sentencias condenatorias, etcétera…¿qué han significado, concretamente, en cuanto a ubicar restos de detenidos/desaparecidos? Nada o casi nada. Todas las medidas específicas que algunos propusimos en la Mesa fueron desechadas por uno u otro de los sectores en pugna que se buscaba, precisamente, concordar. Así:
—Establecer, como ya recomendara la Comisión Rettig una década atrás, el “delito de no informar” el paradero de los restos. Rechazado por las Fuerzas Armadas.
—Cualquier tipo de beneficio penal para quienes revelaran datos útiles en orden a ubicar esos restos. Rechazado por las asociaciones y los abogados de las víctimas.
—Recompensa para las personas no involucradas que proporcionaran los mismos datos. Rechazado por quienes estimaron que la propuesta —“audaz... (pero) probablemente eficiente”, señala mi contradictora— “sobrepasaba los límites de la ética”. Nadie explicó por qué los sobrepasaba.
De tal manera, se llegó al acuerdo de cierre de la Mesa, perfectamente inocuo y, por ende, —como era fatal sucediera—perfectamente inútil para encontrar aquellos restos: QUE LAS FUERZAS ARMADAS INVESTIGARAN EL PARADERO EN EL PLAZO DE SEIS MESES.
Cumplido ese plazo sin, obviamente, ningún resultado concreto —pero generando, sí, nuevas y amargas controversias—, se intensificó la acción judicial, que resultaría igualmente inútil PARA EL OBJETO ESPECIFICODEL “DIALOGO”.
Jamás he reprochado que las asociaciones de familiares y sus asesores legales eligieran el camino de la justicia “pura y dura”. Estaban en su derecho al hacerlo. Lo que he dicho y reitero es que este camino no ha llevado ni siquiera a aminorar el problema de que los restos no aparezcan.
Así, los chilenos de cualquier signo político —excluidos los directamente afectados, por supuesto, así como minoritarios grupos y personas —hemos ido perdiendo el interés por esa llaga siempre abierta en la conciencia nacional. “¡Pasó hace tanto tiempo! ¿Hasta cuándo hablamos de lo mismo?”. La vergüenza sin eco de la “identificación” del Patio 29 confirma nuestra creciente insensibilidad tocante al tema.
Sólo queda, como siempre, la interpretación y eco y uso político de la trágica ausencia de los despojos últimos de centenares de chilenos. Quizás por eso, un “falso detenido desaparecido” que se desenmascara —entre más de mil verdaderos— es “un duro golpe a la fe pública y a la Asociación de Familiares” (El Mercurio, 6 de febrero). Quizás por eso, también, que una diputada entregue al Gobierno, para investigar, otros casos posibles de falsificación que no resultan verdaderos... ¿a qué conduce? A que el concertacionismo la destituya de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, y las asociaciones de familiares se querellen criminalmente contra ella. Mientras tanto, ¿quién busca verdaderamente los restos? ¿Los jueces?
No hay comentarios:
Publicar un comentario