Triunfo de la clase política.
Hernán Felipe Errázuriz
Así titula Peter Oborne su best seller sobre los profesionales de la política en Inglaterra, que aprovechan del Estado, establecen sus propias reglas y remuneraciones, que cambian y transgreden a su gusto, y obtienen tratos preferenciales de las empresas y servicios públicos. Van desnaturalizando las instituciones para favorecerse ellos y a parientes, amigos y partidarios. El antiguo establishment británico, la suma de los distintos mecanismos que conforman instituciones, altos funcionarios, obispos, almirantes y generales y otros referentes, ha ido perdiendo relevancia y aumentando su dependencia de la clase política. El autor señala que la nueva élite es peor que la anterior: ha reemplazado el espíritu público por la concupiscencia, rapacidad y la codicia en el uso del aparato estatal. Sostiene que el parlamento madre de otros congresos y asambleas repartidos por el mundo, ha borrado las fronteras entre el servicio público y el interés privado de los legisladores.
En Chile hay excesos similares a los denunciados por Oborne. Incluso, un subsecretario sostuvo que la meritocracia es un mito y que deben prevalecer las designaciones políticas en la administración pública. Los así designados suelen postergar la tramitación de proyectos de directo beneficio a las personas necesitadas. En plena crisis, acometen con interés sólo proyectos que favorecen a los partidos. Una y otra vez, se revelan pagos de empresas e instituciones públicas a titulares de la función pública, a operadores de parlamentarios y a corporaciones y fundaciones sin fin de lucro vinculadas a partidos o personeros oficialistas. Son casos mayores que el de la acusación de aquel senador a dos carabineros sancionados por supuesto maltrato al cursarle una infracción por exceso de velocidad, y que la comisión de ética del Senado censuró. Las comisiones de ética de partidos oficialistas no han sido tan claras. Los abusos mayúsculos parecen persistir.
Surge la pregunta de si esta clase política es o será capaz de contener y sancionar los excesos que la desprestigian. Si persisten en protegerse, no queda más camino que la alternancia en el poder, consagrar un límite a las reelecciones, dar más transparencia a los órganos públicos y fortalecer las barreras institucionales. Ardua tarea, porque todas estas medidas preventivas y de saneamiento dependen, finalmente, de la voluntad de los mismos políticos que deben legislarlas y respetarlas.
Hernán Felipe Errázuriz
Así titula Peter Oborne su best seller sobre los profesionales de la política en Inglaterra, que aprovechan del Estado, establecen sus propias reglas y remuneraciones, que cambian y transgreden a su gusto, y obtienen tratos preferenciales de las empresas y servicios públicos. Van desnaturalizando las instituciones para favorecerse ellos y a parientes, amigos y partidarios. El antiguo establishment británico, la suma de los distintos mecanismos que conforman instituciones, altos funcionarios, obispos, almirantes y generales y otros referentes, ha ido perdiendo relevancia y aumentando su dependencia de la clase política. El autor señala que la nueva élite es peor que la anterior: ha reemplazado el espíritu público por la concupiscencia, rapacidad y la codicia en el uso del aparato estatal. Sostiene que el parlamento madre de otros congresos y asambleas repartidos por el mundo, ha borrado las fronteras entre el servicio público y el interés privado de los legisladores.
En Chile hay excesos similares a los denunciados por Oborne. Incluso, un subsecretario sostuvo que la meritocracia es un mito y que deben prevalecer las designaciones políticas en la administración pública. Los así designados suelen postergar la tramitación de proyectos de directo beneficio a las personas necesitadas. En plena crisis, acometen con interés sólo proyectos que favorecen a los partidos. Una y otra vez, se revelan pagos de empresas e instituciones públicas a titulares de la función pública, a operadores de parlamentarios y a corporaciones y fundaciones sin fin de lucro vinculadas a partidos o personeros oficialistas. Son casos mayores que el de la acusación de aquel senador a dos carabineros sancionados por supuesto maltrato al cursarle una infracción por exceso de velocidad, y que la comisión de ética del Senado censuró. Las comisiones de ética de partidos oficialistas no han sido tan claras. Los abusos mayúsculos parecen persistir.
Surge la pregunta de si esta clase política es o será capaz de contener y sancionar los excesos que la desprestigian. Si persisten en protegerse, no queda más camino que la alternancia en el poder, consagrar un límite a las reelecciones, dar más transparencia a los órganos públicos y fortalecer las barreras institucionales. Ardua tarea, porque todas estas medidas preventivas y de saneamiento dependen, finalmente, de la voluntad de los mismos políticos que deben legislarlas y respetarlas.
