La DC y el golpe militar

Por Gonzalo Vial             

 Con el tiempo, los civiles estamos tendiendo —quizás para mantener o recuperar la tranquilidad de conciencia, justificada o injustificada— a considerar lo sucedido el 11 de septiembre de 1973, como un mero «accidente» en el devenir democrático, un «cuartelazo» de los uniformados, que nadie quería sino ellos, y que impidió a los políticos consensuar una salida pacífica y positiva, quizás casi al alcance de la mano... cuando intervinieron los militares, sólo porque se les ocurrió. 

Recrear así el pasado es simpático y consolador, pero presenta el peligro de que nos creamos el cuento, olvidemos lo VERDADERAMENTE sucedido, y en alguna forma tengamos que repetirlo. Con la probabilidad de que, entonces, no estén las Fuerzas Armadas para sacarnos del pantano. ¡Han dicho tantas veces: «¡Nunca más!» desde entonces! 

El tema ha aflorado al discutirse por la prensa el papel que jugaron la Democracia Cristiana y sus líderes de la época, en el golpe militar, y específicamente en el célebre acuerdo de la Cámara, el 23 de agosto de 1973, que imputó a Allende, con mucho detalle, “hechos y circunstancias” que entrañaban un “grave quebrantamiento del orden constitucional y legal.

En sus Nºs 2 y 3 —DOCE de las DIECISEIS líneas del acuerdo—, éste decía que los cuatro ministros castrenses del momento —atendida “la naturaleza de las instituciones de las cuales son altos miembros y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlas al ministerio”— debieran “poner inmediato término” a las “situaciones de hecho” constitutivas de ese quebrantamiento. De lo contrario, incurrirían en “abierta contradicción” con la Carta Fundamental, comprometiendo “gravemente” el carácter y prestigio de aquellas instituciones...

La DC como tal copatrocinó este acuerdo, y sus jefaturas políticas lo aceptaron y sus diputados lo votaron sin ninguna oposición interna QUE SE HICIERA PUBLICA. Sin los sufragios de los parlamentarios democratacristianos, la Cámara no habría acordado nada. 

Ahora bien, la perentoria exigencia de la mayoría de la Cámara a los ministros uniformados —el inmediato término de las inconstitucionalidades e ilegalidades— era insensata si dirigida a simples ministros, meros secretarios del Presidente de la República en áreas específicas de gobierno, de su exclusiva confianza y ejecutores de su voluntad. En cambio, era de perfecta lógica si se les solicitaba respaldar el “inmediato término” de las inconstitucionalidades e ilegalidades CON LA FUERZA ARMADA DE SUS INSTITUCIONES (de tres de las cuales eran comandantes en Jefe). 

Es decir, el golpe... «civilizado» (cubierto púdicamente por alguna hoja de parra jurídica) o brutal, sangriento o indoloro... pero golpe de todos modos.

¿Lo anticipó la Democracia Cristiana? Veamos los antecedentes revelados últimamente: 

a) El presidente del partido —y después primer Presidente de la República concertacionista— no «redactó» el acuerdo, pero lo «revisó». Es exactamente lo mismo: fue aprobado por la máxima autoridad partidaria, antes de votarse. 

b) El mismo personaje, al hacerle notar alguien las implicancias golpistas del texto que la colectividad votaría, dispuso que, en la PARTE SECRETA de la sesión del 23 de de agosto, un diputado DC, SIN ADVERTIR “QUE LO HACÍA POR ENCARGO DEL PRESIDENTE DE SU PARTIDO”, aclarara que éste no propiciaba un golpe (El Mercurio, 29 de noviembre). Veremos de inmediato que semejante «aclaración secreta», DESCONOCIDA HASTA HOY, Y CUYO TEXTO PRECISO AUN SE IGNORA, NO TUVO, NO PUDO TENER, la menor importancia práctica. 

Existen hechos de previo conocimiento, ya completamente indiscutibles, también importantes para terminar de apreciar este asunto y en general la posición de la DC respecto del golpe. Son los siguientes:

1. Ningún partido ni parlamentario, ni líder opositor, nacional (derechista) ni democratacristiano, jugó ningún papel de ninguna especie en decidir, planificar ni ejecutar la acción uniformada del 11 de septiembre de 1973. Ni siquiera supieron de ella, sino los rumores que podían escucharse coetáneamente en cualquier café del centro.

Lo mismo vale para los dirigentes de Patria y Libertad, comprometidos con el «tanquetazo» del 29 de junio, pero no con el 11 de septiembre, cuyos ocultos organizadores ignoraban que ocurriría el primero y lo desaprobaron vivamente.

Esto confirma y subraya la inanidad de la «aclaración» secreta de la DC. Ella no pudo llegar por ninguna vía a esos organizadores, quienes sólo tuvieron a la vista el acuerdo literal del 23 de agosto, y debieron ratificarse con él en sus propósitos

2. Serían las cúpulas castrenses, en cada rama, o parte de ellas, las que impulsaran el golpe. Hasta el punto que, de los comandantes en Jefe, sólo uno estaba totalmente decidido a darlo antes del 9 de septiembre. El General Director de Carabineros no se halló nunca de acuerdo ni intervino. La resolución definitiva de Ejército y FACH fue tomada ese 9 de septiembre, en la tarde, en la casa del general Pinochet, firmando éste y Leigh el “papelito” que enviara Merino desde el puerto, comprometiéndolos. Con anterioridad, el golpe, aunque planificado —pues su planeamiento era el mismo de la contrainsurgencia— simplemente no tenía existencia concreta.

3. El golpe militar fue, pues, INSTITUCIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN. Y su causa primera y básica: impedir la guerra civil que fatalmente se produciría, dada la polarización política, si ésta entraba a los cuarteles. Como fatalmente entraría en muy poco tiempo más. 

La guerra civil representaba para los institutos armados el sumum de sus males posibles: dividirse; muertos y heridos en las filas; perecer la disciplina, la jerarquía y la verticalidad del mando; quedar de antemano indefensos ante cualquier ataque vecinal, en particular de un Perú revanchista y armado hasta los dientes (cuya agresión, sabemos hoy, pudo comenzar ese mismo 11), etc. 

Prats se lo había advertido sin tapujos a Allende: “(Si actúan los generales pro golpe), no se producirá hacia abajo el quiebre de la verticalidad del mando, PORQUE HASTA LOS OFICIALES MAS CONSTITUCIONALISTAS ENTIENDEN QUE LA DIVISION DE LAS FUERZAS ARMADAS ES LA GUERRA CIVIL” (Memorias).

Pues bien, los contendores de esta guerra civil en ciernes (que no eran uniformados), los que bordeaban el choque fratricida... ¿exhibían alguna disposición a evitarlo, a buscar un consenso aunque fuese transitorio que impidiera las 500.000 víctimas que Prats calculaba? Ninguna. No se propuso nunca una solución pacífica y común... ésa misma que ahora muchos dicen haber sido viable y hasta fácil. Cabe sostener que una de las partes (cualquiera) acertara al ser tan intransigente, al exigir la “rendición incondicional” del enemigo. Pero eso —de ser efectivo— significaba que no habría acuerdo sino guerra civil, precisamente lo que las Fuerzas Armadas no estaban dispuestas a permitir. 

A la verdad, los civiles de ambos bandos habíamos llegado a aceptar la eventualidad de la guerra civil, tan irrenunciables eran, para cada cual, los valores que declaraban en juego y defendían. 

Inconscientemente, aun los que propiciaban la transacción de hecho no creían en ella. Así, el general Prats, con su «tregua», y el cardenal Silva con su «diálogo». Pues ambos, representantes de instituciones tan profunda y antiguamente vinculadas a Chile, MARGINABAN de sus respectivas gestiones a la Derecha, que venía de obtener el 21% de los votos populares (parlamentarias de marzo del ’73). 

Excluirlos implicaba que lo buscado era no un consenso general de los chilenos, sino el arma para sojuzgar a una parte de ellos. 

En este enfrentamiento final, antes de la guerra civil... ¿qué papel representó la Democracia Cristiana?

Obedecía, como nunca en la historia del partido, a su líder natural, el ex presidente Frei Montalva, cuyo alter ego encabezaba la colectividad... el mismo personaje que después, muerto ya el jefe venerado, sería el caudillo de la Concertación y su primer Presidente.

No fue la DC un elemento morigerante en la tumultuosa lucha entre los dos bandos que se encaminaban a la guerra civil. Pues Frei odiaba políticamente a Allende (testigo, Gabriel Valdés), y le había dicho estar convencido de que su gobierno sería muy malo, sintiéndose por ello Frei y la Democracia Cristiana en el deber de que durase lo menos posible. Después, en su carta a Mariano Rumor, sostendría que “la responsabilidad íntegra (del «quiebre» de la democracia chilena)... —y lo decimos sin eufemismo alguno— corresponde al régimen de la Unidad Popular”.

Fracasado el diálogo, el alter ego de Frei y futuro Jefe del Estado, diría: “Restablecer(lo)...es imposible, mientras el gobierno (de Allende) no restablezca la normalidad constitucional que ha quebrantado”. 

Y otro DC, importantísimo hasta hoy en la Concertación: “(Las Fuerzas Armadas) son las grandes reservas morales de nuestro país, y pueden ser ellas quienes en un momento dado estén llamadas a solucionar las cosas aquí. En esto no hay que tener tapujos, y lo demás es ser hipócritas”. 

Y otro, senador: “Los políticos ya hemos actuado. Ahora corresponde hacerlo a los militares”. 

Es posible, y probable, que la solución militar soñada por la DC fuera muy distinta de la que en definitiva prosperó. ¿Un Allende bajo control de las Fuerzas Armadas, mediante ministros «empoderados» (como dicen ahora) y mandos medios inamovibles, de su confianza?¿Un paso castrense por el poder breve y normalizador de la democracia ya existente? De cualquier modo, era abrir la puerta un poquito, y es difícil abrir las puertas un poquito.