“¡Aquí apesta a demonios!” ,
por Gonzalo Vial
Defecto nacional es que casi nadie —especialmente si es persona «de peso»— manifieste una tajante opinión crítica sobre ningún tema. Si por casualidad alguien de influencia pronuncia una censura, se apresura a rodearla de circunloquios, palabras de buena crianza, y reconocimiento de discutibles o inexistentes méritos secundarios en el disparate central. V.gr., su «buena intención», «perfectibilidad», «sentido correcto», ser un «primer paso», etc.
Dos parejas de chilenos (recuerdo) toman el ascensor de un edificio sevillano. Hiede, simplemente, como el cadáver de Lázaro y quizás por qué motivo. Nuestros connacionales van comentando discretamente el “olorcillo”. En el tercer piso, entra un español y —antes de que se cierre la puerta— vocifera:
“¡Aquí apesta a demonios!”.
Los chilenos quedan aterrados.
Esta costumbre nuestra, hablar en sordina, hace que establezcamos y afirmemos instituciones que todos sabemos ser inútiles, cuando no perjudiciales. Al amparo del silencio general —un silencio cómplice e indebido— funcionan años y años, sin prestar ningún servicio, con pérdida de tiempo y dinero (dinero del Estado, por supuesto), y aun crean el convencimiento, porque nadie reclama, de que cubren alguna necesidad. Cuando lo cierto es que se trata, exclusivamente, de un montón de burócratas haciendo circular papeles insustanciales.
Ejemplo claro vemos estos días, al conocerse y suscitar diversos comentarios los resultados de la «evaluación» que, desde 2003, hace el ministerio de los profesores municipales. La ahora difundida y «opinada» corresponde a 2008.
Funcionarios ministeriales y entendidos discuten interminablemente si hay mejoría o no respecto de los años anteriores (“cautela”, aconsejan los “expertos”); si “el sistema está maduro, tanto por la cobertura como por los resultados”, según opina la ministra; si requiere cambios en las ponderaciones; si el maestro “bien evaluado” aumenta o no el puntaje Simce de sus alumnos, etc., etc. (“El Mercurio”, 25 y 26 de marzo).
Nadie insinúa siquiera que la «evaluación», tal cual la dispone la ley y se aplica, es perfecta y totalmente inútil: a) para los fines que llevaron a crearla, y b) para cualquier otro. “¡Aquí apesta a demonios!”.
¿PARA QUE SE ESTABLECIO LA EVALUACION?
El Estatuto Docente, de 1991, otorgó a los profesores municipales una inamovilidad absoluta, paralizando cualquier posibilidad de progreso en los respectivos establecimientos. Sin sumario previo (siempre reclamable, además, ante la Contraloría), ningún maestro municipal podía se removido... ni aun trasladado de funciones en el plantel. Esto se aplicaba a:
Aquellos que presentaran fallas personales: inasistencias o atrasos reiterados y sin justificación, alcoholismo, impropiedades sexuales, violencias internas, imposibilidad grave de entenderse con sus colegas y/o con el curso, falta de autoridad sobre éste, o de la indispensable comunicación profesor/alumnos, etc.
II. Aquellos insuficientemente preparados en los contenidos a enseñar, o en su pedagogía.
Respecto de los puntos señalados por el Nº I, la «evaluación» simplemente no los considera, ni busca informarse sobre ellos. Rige como consecuencia el primitivo Estatuto Docente, que cabe resumir con el ejemplo que muchas veces he dado: si un profesor le da a su director una bofetada pública, éste no lo puede echar: sólo instruirle sumario. Ni aun puede suspenderlo: ello es privativo del fiscal que lleve dicho sumario.
En cuanto a los puntos del Nº II, que son (en parte) los específicos de la «evaluación», ésta se halla estructurada de modo que tampoco sirva para ningún fin útil. Porque:
No considera los CONOCIMIENTOS DE ASIGNATURA DEL «EVALUADO», sólo sus destrezas para enseñar. Si ignora absolutamente lo que tiene que enseñar, la «evaluación» no lo sabe ni puede saberlo. Y, por ende, no le importa.
En seis años de aplicación, sólo ha conducido a despedir por mal desempeño SESENTA profesores, un 1,33 POR MIL de los aproximadamente 45.000 «evaluados» (“El Mercurio”, 25 de marzo). Si tan ínfima proporción fuese la REAL de maestros deficientes, la «evaluación» sería superflua.
El despido exige TRES AÑOS de sucesivas malas «evaluaciones». Ningún director ni establecimiento puede esperar tanto tiempo para reemplazar a un maestro ineficaz, sin comprometer la calidad de la educación impartida.
La «evaluación» no considera para nada, ni como dato, el éxito del maestro... lo que aprenden sus alumnos. No interesa.
La calificación del evaluado depende de cuatro factores, a saber:
Un 10%, vale la «autoevaluación»... la que el profesor hace de sí mismo. Sin comentario.
II.5.2. Otro 10% vale el informe que entregan el director y jefe de la Unidad Técnico Pedagógica del establecimiento. DE TODOS LOS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO, SON LOS UNICOS QUE REALMENTE SABEN COMO SE COMPORTA PEDAGOGICAMENTE EL «EVALUADO». Pero su informe y la autocalificación del maestro que se trata de calificar... valen lo mismo. Sin comentario, de nuevo.
La opinión de sus colegas (comunidad docente del plantel), la de los padres y la del municipio, no forman parte, ni siquiera a título informativo, de la «evaluación».
II.5.3Un 20% depende de UNA entrevista con otro profesor, “par” del evaluado. ¿Qué opinión podrá formarse el “par” en espacio tan breve de tiempo? ¿Quién, y con qué pautas y requisitos de calidad objetivos, elige a los “pares”?
Un 60% vale el «portafolio», que tiene dos partes: primera, la planificación de una clase por el «evaluado», y segunda, la filmación de otra clase suya. La primera parte LA HACE EL «EVALUADO» EN SU CASA, SIN NINGUN CONTROL. La segunda parte no recae sobre una clase corriente, normal, del profesor a sus alumnos, sino sobre una preparada especialmente para el portafolio. ¿Serán parecidas ésta y aquélla? Los esfuerzos en orden a «mejorar» la segunda han sido objeto de informaciones de prensa. Suelen ser patéticos. Una maestra pintó de nuevo y decoró, a su costo, la descascarada sala de clases donde la filmarían...
¿Qué sentido común tiene todo esto, qué acredita? ¡Y mascarada tal vale el 60% de la nota de evaluación!
Pues bien, semejante proceso, inútil gasto de tiempo y dinero, se cumple y luego publica y discute con la mayor seriedad, año tras año. El rey pasea desnudo, y nadie lo dice. Sería descortés.
Las fallas fatales de este procedimiento para dar un certificado o sello de calidad a la enseñanza superior fueron en su momento advertidas por muchos, sin que los poderes públicos hiciesen caso. Y la UNANIMIDAD DEL CONGRESO lo hizo ley el año 2006, ratificando además acreditaciones anteriores otorgadas por el ministerio.
Ahora los círculos académicos se hallan contestes en que el sistema NO FUNCIONA. Es un secreto a voces. Pero nadie lo dice.
A lo más, la ex funcionaria de Educación que creó el monstruo completo y lo piloteó sus siete primeros años, confiesa que no se sabe si la acreditación “efectivamente genera una mejor calidad... Existe el riesgo de que... se vuelva un simple trámite”. ¿Solución? Por supuesto, OTRO PAPEL: “UN INSTRUMENTO QUE MIDA EL IMPACTO DE LA ACREDITACION”. Ya está en marcha el proyecto para elaborarlo, Alfa III, con muchos millones de gasto... (“El Mercurio”, 30 de marzo). Hay que “acreditar a los acreditadores”.
¿Será broma?
No repetiré los casos flagrantes aparecidos anteriormente en la presente columna. Pero hay uno nuevo, mejor dicho, un segundo caso del mismo plantel. Este, fiscal, con «sello de calidad» en docencia de pregrado por cinco años, despidió no mucho tiempo después A TODO SU DEPARTAMENTO DE EDUCACION, DE CAPITAN A PAJE, ALEGANDO INEFICIENCIA. ¿Y el «sello», de qué servía, qué significaba?¿Qué falsa seguridad dio a los alumnos de pedagogía y a sus padres?
Ahora, ese establecimiento, acreditado también por «gestión», sufre un segundo traspié. Celebró un contrato con el Registro Civil para proporcionarle un “sistema integral de informática”. Precio: 200 millones de pesos (2006). Lo prorrogó al año siguiente... otros 200 millones. Hoy ex funcionarios de la universidad, de los más altos rangos, se hallan formalizados por fraude al fisco en este asunto. Los servicios del plantel y sus «informes» habrían consistido en “COPIAR y PEGAR un trabajo realizado con anterioridad por funcionarios del propio Registro Civil” (“El Mercurio”, 25 de marzo).
No imputo responsabilidades personales —el proceso penal recién comienza—, pero el gravísimo desorden, irresponsabilidad y descontrol (cuando menos) implícitos, ¿son compatibles con el «sello de calidad» en «gestión»?
Pero silencio, mesura, no hagamos olitas, no agitemos el bote. Protegerse. “Hoy por mí, mañana por ti”.
“¡Aquí apesta a demonios!”
