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viernes, 19 de diciembre de 2008

Dos temas candentes

Algunas sinrazones de la justicia

Guillermo Pattillo-Tomás Duval (*)

Si bien es imposible entender que quienes desaparecieron tras los acontecimientos de 1973 se encuentren todavía secuestrados, es menos comprensible aún que lo sea una persona cuya defunción es un hecho cierto. No obstante, un tribunal de Valparaíso lo ha entendido de manera diferente y ha sometido a proceso a altos oficiales de la Armada por el delito de secuestro calificado.

El Poder Judicial, uno de los pilares sobre los cuales se sostiene el Estado de Derecho, no ha estado alejado del debate público en las últimas décadas. Cuando los atropellos se multiplicaban durante la Unidad Popular, la Corte Suprema representó al Ejecutivo el quebrantamiento del Estado de Derecho al no permitir el cumplimiento de sus fallos.

 

Sectores radicalizados acusaron a dicha corte de actuar políticamente. Más adelante, en el régimen militar, se le calificó de obsecuente ante las nuevas autoridades, por no emplear todos sus recursos para investigar las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

 

Transcurridas casi dos décadas desde que el país regresara a la normalidad democrática y con nuestras instituciones dando muestras de madurez, creemos necesario cuidar lo ganado y esforzarnos por que nuestro Poder Judicial sea garantía de imparcialidad, efectividad y eficiencia. Ello, cuando ciertas resoluciones adoptadas a propósito de casos de DD.HH. abren nuevamente las compuertas al debate público. La aplicación, después de 35 años, de la figura del secuestro calificado se presta para que un sector no menor dude de su imparcialidad: la aplicación de la ley no puede hacerse contra el sentido común. Han sido varios los esfuerzos de todos los sectores por cerrar heridas del pasado. A ellos se han sumado iniciativas como la Ley 19.123, que promovió la reparación del daño moral sufrido por víctimas de violaciones a los DD.HH. No contribuyen a dichos esfuerzos fallos que, aplicándola de manera equivocada, la han considerado compatible con nuevas indemnizaciones por daño moral demandadas al Estado judicialmente. A lo anterior se suman sentencias que declaran imprescriptible la acción civil de indemnización de perjuicios por daño moral en causas de DD.HH., asilándose en una dudosa aplicación del derecho internacional, pues nada dice éste al respecto. De generalizarse este criterio por parte de la Corte Suprema, no es difícil imaginar las consecuencias en cuanto a nuevas demandas y efectos en la convivencia nacional, la seguridad jurídica y el presupuesto fiscal.

 

 

(*) Miembros de la Comisión de Defensa Instituto Libertad


Pensar en rehabilitación

Catalina Droppelmann (*)

 

Llama la atención cómo se ha instalado en la agenda de instituciones vinculadas al trabajo con infractores el tema de la rehabilitación, que se define como un conjunto de intervenciones que se realizan tanto dentro como fuera de la cárcel y que permiten recuperar aquellas condiciones del condenado y de su medio que contribuyen al comportamiento delictual, para lograr que éste se reincorpore a la sociedad.

Chile ha estado muy lejos de una real política de rehabilitación y reinserción. Gendarmería destina sólo 2,4% de su presupuesto para estos fines. Cada año egresan cerca de 17 mil personas de las cárceles, para las cuales existen 350 cupos en programas de reinserción. Dentro de la cárcel, la oferta programática de rehabilitación es escasa y la sobrepoblación, que supera el 50%, contribuye a la violencia y afecta cualquier proceso resocializador.

Es preocupante que, siendo Chile el segundo país sudamericano –el primero es Surinam– con mayor número de reclusos por cantidad de habitantes, no cuente con estrategias efectivas para evitar que la población que sale del sistema reingrese al poco tiempo. Se hace prioritaria una mejora en el área, para lo cual se debe tener en cuenta experiencias exitosas de otros países.

En primer lugar, es necesario diferenciar lo que es efectivo a la hora de disminuir reincidencia de lo que no lo es. Por ejemplo, la nivelación educacional por sí sola no es suficiente si no se acompaña de un programa de capacitación que incorpore competencias laborales. En segundo lugar, el proceso de reinserción es un continuo que comienza en el recinto penal, pero que debe concretarse en la comunidad. Para esto se requiere de redes sociales, oportunidades y servicios que sean capaces de acoger al sujeto que sale de la cárcel, y el fortalecimiento de una real oferta laboral. En tercer lugar, los cupos laborales no son la única respuesta. Es necesario abordar factores, tanto individuales como sociales, que desencadenan la conducta delictual. La experiencia comparada ha avanzado significativamente en esta área, enfocando su oferta programática en los factores de riesgo y las necesidades específicas de esta población, con logros de disminución de reincidencia de hasta 30%.

Es necesario incorporar el concepto de que el sistema de justicia criminal no sólo debe castigar el daño causado, sino también evitar su repetición. Es importante considerar la real magnitud de la rehabilitación, que se define como la capacidad de restituir, restablecer o reivindicar a quien ha sido condenado por un delito.

 (*)Psicólogo Fundación Paz Ciudadana.

miércoles, 29 de octubre de 2008

Monumento a Jaime Guzmán

Monumento a Jaime Guzmán
Gonzalo Vial

A propósito de la próxima inauguración del monumento a Jaime Guzmán, se ha discutido si la Presidenta, invitada al acto, debe o no asistir.

No puede estimarse su eventual concurrencia como indicativa de afinidad política con Guzmán. Este apoyó enérgicamente el movimiento y régimen de las Fuerzas Armadas, y su itinerario, al paso que —los mismos años— de la Presidenta sólo se sabe, y sin mucho detalle, haber tenido un vínculo con un integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Es sabido que el FPMR fue el brazo militar que organizó el Partido Comunista, cuando el año 1980 acordó ejercer la violencia de todo orden contra el gobierno de Pinochet. A tal objeto, el PC infiltró y «camufló» en Chile —siguiendo un proceso largo, y meticulosamente planificado— a militantes que habían recibido un completo adiestramiento cubano y de otros orígenes, para cumplir acciones de guerrilla, terrorismo indiscriminado o selectivo, sabotaje, etc. Los comunistas aprovecharon la crisis de 1982, para «desencadenar» al FPMR, que cumplió una larga e inútil serie de atentados de sangre, cuya culminación fue el fallido magnicidio de Pinochet, con sus cinco escoltas como víctimas fatales e inocentes.

Después, la «praxis» aconsejó al Partido paralizar estas acciones. Un sector puso reparos a la orden, y el FPMR se dividió. Una facción —conocida como Autónoma— continuaría operando, en desafío al PC. Y esta facción o «descolgados» de la misma, asesinaron a Jaime Guzmán. Quien no alcanzó, pues, a conocer la posterior vida política, normal, socialista, de la Presidenta...

No se sentirá cómoda, luego, inaugurando el memorial de Guzmán, si lo hace..., ni quienes la han invitado, admiradores del senador asesinado, se sentirán cómodos con ella.

Pero los monumentos a servidores públicos no son erigidos para comodidad de nadie, ni tampoco para exaltar a quien representan, salvo en un punto: la consagración total y desinteresada al servicio público, sin miras de otro orden... sólo por amor a la patria. Aquí, únicamente aquí, reside la causa del homenaje colectivo que representa cualquier monumento. Y es por ello que debe autorizarlo una ley. Es el caso de Jaime Guzmán. No buscó cargos, ni honores, ni menos provecho económico en su acción pública, sólo el bien del país, tal como lo entendía. Estoy seguro de que fue parlamentario sin importarle nada el puesto mismo; que lo miró como un instrumento de esa acción, ni más, ni menos. Fue pobre, austero, sencillo de trato, cortés con el adversario, siempre dispuesto a oír argumentos.

Persiguió el bien de Chile. ¿Se equivocó alguna vez, o muchas veces? Ninguna figura chilena que haya sido honrada por un monumento se encuentra libre de esta duda y discusión, salvo quizás la de Arturo Prat. Más aún, ninguna de esas figuras ha dejado de cometer algún error grave, cuando menos, en su vida pública. Por eso el monumento exige ley. No en vano Andrés Bello la definió como “declaración de la voluntad soberana”. Es la sociedad entera la que, a través de la ley, declara la consagración superior de una persona al servicio público y por ello autoriza se erija su monumento.

La eventual asistencia de la Presidenta simbolizará la decisión soberana respecto a Jaime Guzmán.Y su eventual ausencia no erosionará esa decisión, ya tomada por ley; significando sólo que un segundo supremo mandatario en nuestra Historia, no considera serlo de todos los chilenos. Pues rechaza rendir el homenaje que la mayoría de éstos, del modo más solemne posible —dictar una ley—, ha decidido tributar no a las ideas ni actuaciones políticas de Guzmán, sino a su patriotismo superior.

El olvido de las consideraciones que preceden, lleva a justificar con malos argumentos la posible ausencia presidencial. Ejemplos:

1. Jaime Guzmán, complaciente ante la violación de los derechos humanos

Es conocido e indiscutido, que siempre la rechazó. Que en numerosos casos particulares intervino, incluso ante el Presidente Pinochet, para ponerle fin, o para denunciarla y pedir se la castigara si ya era irreparable. Que así salvó la vida y obtuvo la libertad de muchos. Que fue el peor enemigo, al interior del régimen militar, de la DINA y su jefe, e influencia fundamental para que éste fuera destituido y aquélla remplazada por la CNI. La cual, bajo el mando del General Odlanier Mena —archienemigo del ex director de la DINA— normalizó notoriamente el sistema de seguridad, hasta el asesinato del Coronel Roger Vergara, obra del MIR, en 1980. Que este crimen motivó la salida de Mena por «blando», marcando simultáneamente un nuevo descontrol y desmanes de la represión, y la pérdida progresiva del influjo de Guzmán sobre Pinochet. Pérdida que se hizo casi total cuando Sergio Fernández abandonó el Ministerio del Interior en Abril de 1982.

Guzmán opinaba que la lucha por los derechos humanos, en un gobierno autoritario, debía plantearse desde su interior y sin publicidad.¿Se equivocaba? ¿Era preferible la ruptura abierta con el régimen? ¿Hubiera ella mejorado la situación criticada? En materia de derechos humanos... ¿fue peor simpatizar y colaborar con Pinochet,que simpatizar y colaborar con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez? Sin embargo, los dirigentes o responsables superiores de éste ya fallecidos, como Gladys Marín o Volodia Teitelboim, en vida y a su muerte recibieron homenajes y reconocimientos públicos y privados sin que nadie pareciera molestarse.

Esto confirma lo ya dicho. En un Chile tan dividido ideológica y políticamente como el nuestro, lo único que puede concitar el homenaje unánime, o muy mayoritario, es la consagración al servicio del país, signo de patriotismo. Consagración cuyo reconocimiento social a través de un monumento, para garantía de seriedad, debe ser autorizado por la ley.

Si las voces discordantes sobre la ACTUACIÓN de cada figura naconal objeto de monumento, pudieran paralizar éste, casi no habría estatuas en Santiago. Ninguna, desde luego, en la Plaza Constitución. ¿Cuántos opinan, con argumentos tan buenos o tan malos como cualquiera, que Portales, Jorge Alessandri, Frei o Allende fueron muy dañinos para el país? Pero a ninguno se le niega su dedicación a éste y a servirlo... su patriotismo.

2. Guzmán,ideólogo de la dictadura.

Esto, simplemente, no tiene asidero. Si hay algo indiscutible respecto de Jaime Guzmán, es su autoría fundamental —con Jorge Alessandri y Sergio Fernández— de la Constitución de 1980.

Ahora bien, esta carta fue tan poco dictatorial de espíritu, que ella misma diseñó y obtuvo se aprobara el mecanismo y cronograma para que el pueblo pudiera, en votación libre, desplazar pacíficamente a la «dictadura» y entregar el poder a sus enemigos. COMO EFECTIVAMENTE SUCEDIO EN 1988/1989, del modo y en las fechas que la Carta había contemplado, y cuyo UNICO resguardo era la palabra del «dictador» y de las Fuerzas Armadas.

Así, Guzmán no fue el ideólogo de la dictadura, de aceptar que ésta existió, sino el ideólogo de cómo salir de ella.

3. Guzmán, enemigo de la democracia.

Fue, es cierto partidario de una «democracia protegida», que suavizara los efectos del sufragio universal. De allí los mecanismos introducidos en la Carta de 1980, que el concertacionismo ha llamado «enclaves autoritarios» y que fueron progresivamente suprimidos desde 1989.

Su utilidad o nocividad son, de nuevo, discutibles. Pero no autorizan para llamar a nadie, por el solo hecho de sostenerlos, “antidemocrático”. Pues de hecho subsisten, en alguna medida, hasta hoy, y/o han sido defendidos por demócratas indisputados. Así:

-Algún tipo de senadores «designados» figuraba en los proyectos de reforma constitucional de los Presidentes Arturo y Jorge Alesssandri y Eduardo Frei.

-Es completamente antidemocrático, en rigor, que el remplazante de un parlamentario fallecido sea remplazado por quien designe su partido, como acaba de suceder.

-Es completamente antidemocrático que el poder municipal se concentre «dictatorialmente» en el alcalde, y que los concejales, elegidos también por el pueblo, sean sólo de decoración.

-El sistema binominal, reconocido exponente de «enclave autoritario», es objeto de unánime censura, de los labios hacia afuera... pero nadie quiere, ni propone remplazarlo. ¡Ni un sólo proyecto al respecto en los veinte años post militares! La verdad es que la clase política se siente perfectamente a gusto con el binominal. Y quizás tenga razón. La democracia no es una receta de ingredientes fijos, ni menos todavía «propiedad» de alguien que la administre, y coloque a su arbitrio la etiqueta de «demócrata».

Jaime Guzmán fue un símbolo de renovación y contradicción en la política chilena. Es positivo y alentador que siga siéndolo, tantos años después de su muerte.

P.D.:Ayer, en La Segunda, la Gerenta de Comunicaciones de TVN se refiere a una columna mía sobre este medio de comunicación, haciéndole los dos reparos que siguen:

-Que mi análisis “se centre sólo en un canal de televisión y no en la industria”.

Coincido, y lo he dicho a menudo, en que toda nuestra televisión pública es chatarra, no únicamente TVN, y que para financiarse no puede sino serlo, o no le resulta fácil equilibrar las cifras sin serlo. Pero un canal del Estado, de todos los chilenos, no puede seguir ese camino...¿para qué necesita el país MAS televisión/chatarra, habiendo ya tanta, y tantas necesidades sociales, urgentes, sin satisfacer? Si se necesita TV del Estado, distinta de la simplemente comercial, y con esta limitante no se financia, el Estado debe subsidiarla. Si no puede subsidiarla, que la venda. Hoy, no se notaría.

-Que TVN transmite el 48% de la programación cultural del sistema. No me parece tener el mismo concepto de «cultura» que TVN, como expliqué en esa columna, pero quizás me equivoque. Sin embargo, repito que la columna criticada tuvo origen en que el propio Canal, en un aviso muy destacado de su horario diurno, me llamó a presenciar un programa nocturno sobre un hijo que había violado a su madre. Se me dirá que una golondrina no hace verano... pero esa golondrina, sí

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