Sobre colusión, “carteles” y delación compensada
Alejandro Ferreiro.
Se necesitan dos para bailar tango. Y al menos dos para coludirse. Dado que aún no se conocen los carteles compuestos por un sólo actor, parece claro que alguien miente en el oscuro caso de las farmacias. Desde luego, quien confiesa haberse coludido con otros, revela un ilícito colectivo que abarca a todos los concertados. El reconocimiento de haber participado en una colusión es, a la vez, confesión y denuncia. Y como la confesión conlleva costos de imagen y procesales importantes (desde luego releva la necesidad de probar, lo que siempre ha sido la principal traba para desbaratar y sancionar carteles), sorprendería mucho que no fuera veraz en aquello que supone denuncia de conductas de terceros. Los aludidos intentarán probar lo contrario, pero si el cartel existió y Fasa se decide a colaborar aportando pruebas, será posible generar convicción de culpabilidad en los tribunales que deban fallar la materia.
La denuncia de Fasa sorprende por muchas razones. Entre otras, porque no se realiza bajo la protección de la figura de la delación compensada, que permite acordar rebajas sustanciales —y en algunos países la amnistía total— por ofrecer las pruebas sin las cuales la sanción del cartel no habría sido posible. Fasa no sabe si le rebajarán la pena, pero se arriesgó a confesar en la expectativa de que el tribunal respaldará el acuerdo o “conciliación” alcanzada con el fiscal nacional económico. Así debiera ocurrir, supongo, puesto que, de lo contrario, se acabaría todo incentivo para que a futuro otros prefieran denunciar carteles a perseverar en ellos. Por eso, la sorprendente denuncia de Fasa se produce a pesar de la legislación vigente, y no gracias a ella.
En 1993 Estados Unidos estableció un programa de amnistía o de delación compensada para favorecer la denuncia de carteles. La Unión Europea lo hizo en 1996. Siguiendo la tendencia, Brasil, Canadá, Noruega, Suiza, Japón, Corea del Sur y México reformaron sus legislaciones en este sentido en lo que va corrido de esta década. Todos los países de la OCDE, salvo Turquía, cuentan con sistemas de delación compensada.
¿Y en Chile? En junio de 2006, el gobierno de la Presidenta Bachelet presentó el proyecto de ley que, fortaleciendo en varios aspectos nuestra institucionalidad defensora de la libre competencia, incluye una regulación moderna y eficaz de la delación compensada. En diciembre de 2007 el proyecto pasó de la Cámara al Senado. Desde entonces no ha tenido mayores avances. Varios legisladores —en especial de la UDI— han manifestado reparos a la utilización de la delación compensada para combatir carteles, señalando que sólo debería aplicarse a “delitos graves” como el narcotráfico o lavado de dinero.
Pero la experiencia internacional es abrumadora y en buena parte del mundo los carteles están sufriendo golpes formidables e inéditos gracias a los incentivos para denunciar que permiten obtener la prueba condenatoria dura y concluyente, siempre tan esquiva en estos casos. En esta década las multas en Europa casi cuadruplican lo observado en la anterior. En 2007 las autoridades del viejo continente aplicaron la mayor multa histórica (992 millones de euros) al cartel formado por los fabricantes de ascensores Thyssen, Kone, Otis y Schindler. Ya supimos lo ocurrido en Estados Unidos con la colusión del transporte de carga aéreo.
¿Y en Chile? Pese a los esfuerzos de la Fiscalía, las condenas son excepcionales. Sólo en el llamado “caso del plasma” la Corte Suprema confirmó —aunque rebajando las multas— las sanciones aplicadas por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDLC). En general, y más en la Corte Suprema que en el TDLC, la exigencia de pruebas condenatorias que eliminen toda duda razonable de culpabilidad impide condenas en base a indicios o presunciones. El exigente estándar probatorio exigido por la Corte Suprema refuerza la necesidad de la reforma legal que permita a la Fiscalía ofrecer el tipo de pruebas concluyentes que sólo un ex integrante de cartel puede aportar.
Si de verdad queremos sacar conclusiones útiles acerca del “caso farmacias”, debemos canalizar el descontento generado hacia la adopción de medidas eficaces para combatir los carteles. No hay excusas ni argumentos válidos para dilatar más la aprobación de la delación compensada. A estas alturas, su ausencia en la legislación chilena resulta inexplicable para quien aspira a ingresar a la OCDE y debilita innecesariamente la defensa de la libre competencia. Los únicos que pueden temer con esa medida son los carteles vigentes, puesto que, de existir amnistía o delación compensada, cualquiera de los que hoy participan en la colusión puede ser el delator de mañana. Garantizo que de aprobarse esa norma muchos carteles que hoy existen se disolverían automáticamente.
Por cierto, y mientras no se apruebe la ley, sería mejor que las iras del público, los medios y los políticos sean algo más indulgente respecto de Fasa. Mal que mal, sin su confesión, la posibilidad de hacer justicia en este caso sería menor. Pero más importante aún, es siempre preferible contar con arrepentimientos eficaces, aunque tardíos, que con carteles solapados e invulnerables
Debatir para avanzar
Margarita María Errázuriz
En año de elecciones es oportuno reflexionar sobre los debates públicos o informales entre candidatos, o sobre distintas causas. Hoy se realizará uno interno en la Concertación, se hace lobby para concertar otro sobre seguridad ciudadana y se discute sobre la forma que deberían tener los correspondientes a las presidenciales. El tema ya está en el tapete y la ocasión hay que aprovecharla.
Estos debates son una oportunidad privilegiada para acercar la ciudadanía a la política; constituyen un gran desafío para cambiar una tendencia creciente a desapegarse de ella. Al programarlos, hasta ahora no se ha tenido en consideración que, al escucharlos, el público no sólo hace juicios sobre los candidatos o los líderes de opinión en cuestión: sus intervenciones sirven también para evaluar al sistema político en su conjunto. El rol de los debates debiera ser el de abrir espacios para pensar en proyectos país, para motivarnos con un futuro promisorio, nuestro, construido en común.
Nada de esto se ve venir en el horizonte. Se tiende a discutir sobre temas puntuales, eligiendo cuidadosamente aquellos que le pondrán palitos al contrincante. Las argumentaciones se caracterizan por evadir las respuestas, ser simplistas, repetir lugares comunes, y por la agresión y la descalificación. No estamos en condiciones de seguir por esa senda, aunque ésta parece ser un mal nacional.
Necesitamos que los espacios de discusión se usen para reflexionar y construir juntos, apunten a los verdaderos problemas, se enfoquen a lo importante y nos abran a visiones de país que no somos capaces de visualizar. La sociedad civil también tiene que aportar a esta tarea y no debe dejar pasar las ocasiones que tiene para asumir esta responsabilidad. El debate en torno al reciente plebiscito en Vitacura es un buen ejemplo de su incapacidad para plantearse los verdaderos problemas. Pudo ser una ocasión única para reflexionar sobre el bien común, tema en el que bien vale detenerse.
Esa convocatoria permitía una reflexión necesaria y valiosa sobre cómo se aplica el concepto de bien común a la decisión de construir en altura y cómo se establece un equilibrio entre el bien común de los residentes de la comuna con el de muchos hipotéticos y futuros propietarios y arrendatarios que, expulsados de su lugar de origen o por gusto, podrían querer optar por vivir en esa comuna. En otras palabras, la discusión podría haberse centrado en cómo se concilia un legítimo bien común particular (de la comuna, en este caso) con el bien común general. Sólo dos personas plantearon que éste era el foco del problema: el alcalde y la ministra de la Vivienda, sin que ello prendiera en los votantes. Ambos lo hicieron sin usar la palabra bien común.
En cambio, oí muchas descalificaciones y un lema de campaña agresivo, que no se condice con todo el avance que se aprecia en la comuna. Creo que se puede reconocer lo valioso y disentir sin ofender con lo que se estima negativo. No me cabe la menor duda de que la comunidad debe valorar iniciativas pioneras, como Vitanet, Vitamayor, Vitaplaza, Vitavecino, Vitaexpress, entre tantas otras.
El debate sobre el bien común y cómo se aplicaría en este caso habría sido enriquecedor y formador de conciencia ciudadana. Es más, creo que debiera proseguir; no se ha zanjado con los resultados del plebiscito, éste sólo lo ha puesto de manifiesto. Hay aspectos de desarrollo urbano que es necesario enfrentar. Al menos a nivel de Región Metropolitana debiera seguirse analizando este tema.
A mi modo de ver, éste es el momento indicado para que los políticos y la ciudadanía utilicen los debates para pensar entre todos en el destino de nuestro país; en esa tarea que como sociedad no sabemos abordar y que, por lo mismo, no somos capaces de compartir. En un tema en que no hay una voz convincente, necesitamos escucharnos, abrirnos, no imponernos verdades que no son tales. Los debates pueden ayudar en este camino. Ya es hora de que cambiemos nuestra forma de debatir y que ésta nos permita avanzar.
