El escándalo de las farmacias,
por Gonzalo Vial
El caso de las empresas farmacéuticas que se habrían coludido para fijar los precios de los medicamentos mezcla y confunde temas distintos:
Acusaciones y defensas
El reconocimiento de la colusión por parte de una de las tres acusadas, FASA, vindica la tarea acometida por la Fiscalía Nacional Económica contra ellas y hace verosímil el cargo formulado.
Naturalmente, este reconocimiento es una «delación compensada»: la confesante, según los documentos que conocemos, ha logrado de la Fiscalía: a) que se le aplique una multa inferior a la que normalmente le hubiese correspondido, y b) un grado, que no está claro, de impunidad penal. Además, insiste la confesante en que la colusión se estructuró al nivel medio de sus ejecutivos, sin aprobarla ni conocerla los elementos superiores de la empresa. Circunstancia que no es imposible, pero sí improbable .Y que no exoneraría de culpa, por grave descuido, a la dirección más alta de la firma.
Han surgido reparos éticos y de conveniencia pública a la «delación compensada». Dignos de consideración y regulación, estos reparos no quitan valor al reconocimiento —ningún inocente aceptará se le rebaje el castigo por algo que no ha hecho— ni su utilidad social para derribar el tinglado de abuso contra el consumidor
Las otras empresas acusadas niegan enérgicamente la colusión que se les imputa, tanto entre sí como con la confesante que la reconoce. Una de ellas ha tachado de “infamia” que se la quiera involucrar.
A primera vista, es una defensa bastante inverosímil. La colusión exige coludidos, y ¿por qué la habría de confesar uno de ellos si no fuese efectiva? Pero el asunto no es tan sencillo. Pues FASA no dice haber hablado directamente con sus otros «socios», sino a través de ejecutivos de laboratorios (El Mercurio, 25 de marzo). Se da entonces la paradoja de que sólo a quien confiesa la colusión se le puede dar ésta por acreditada; a los restantes acusados deberá probárseles que incurrieron en ella.
Y aquí opera la presunción de inocencia, fundamental, y más todavía en un caso que —quizás inevitablemente— se está juzgando con despliegue de pasión mediática y callejera.
Lo digo porque los noticieros de TV del fin de semana subrayaron la «fiscalización» farmacéutica desatada en el centro de la capital, a cargo de una lucida caravana funcionaria, que encabezaba el seremi de Salud metropolitano. Iba este caballero, para mayor relieve del operativo, enfundado en un esplendoroso delantal blanco de médico, completamente inútil —por cierto— para la tarea que cumplía. Fue (con muchos curiosos y muchas cámaras) repartiendo multas y clausuras a destajo, por infracciones variadas... ninguna, me pareció, de una importancia que exigiera tan augusta presencia.
Pero la fiscalización se dirigía exclusivamente contra locales de las tres empresas acusadas de coludirse.
Esto no es correcto. El Gobierno presiona a sociedades con las cuales tiene un juicio administrativo preciso, el de colusión, ante el Tribunal de la Libre Competencia, pero invocando motivos —las infracciones sancionadas por el seremi di bianco vestito— absolutamente ajenos a ese juicio. ¿Despachará mañana al Servicio de Impuestos Internos contra las litigantes? Además, atiza el fuego de la agitación «popular» alrededor de las farmacias y de sus dependientes... que, por supuesto, nada tienen que ver con la colusión.
El Estado no necesita estos pasos de farándula. ¿Fiscalizaciones? Todas las necesarias o convenientes, pero generales, no sesgadas hacia las farmacias que litigan por otras razones con las autoridades que las fiscalizan.
Explotación política
Lo peor del episodio ha sido pretender aprovechar políticamente lo sucedido, porque el candidato presidencial de la Alianza poseía, a través de dos sociedades suyas, un 0,7% de FASA, sociedad anónima abierta que se transa en Bolsa.
Es obvio que, utilizando porcentaje tan reducido, aquel candidato no ha podido tener directores, ni intervenir en el manejo de la sociedad, ni conocer éste. Algo que entienden hasta los niños. Pero el 0,7% ha sido presentado como un crimen sin perdón, que descalificaba a aquel candidato de modo irremisible. Y así:
-El primero en levantar el escándalo, con grandes titulares, ha sido el diario La Nación, cuya mayoría absoluta de acciones pertenece al fisco. Por este motivo, cualquier gobierno de turno se ha sentido siempre moralmente autorizado —sin ningún motivo— para usarlo de modo abierto como instrumento de propaganda política. Y ahora, además, configurando una indiscutible intervención electoral: tocar a rebato contra el candidato opositor a La Moneda y, peor todavía, invocar para ello un argumento deleznable.
Como cualquier bien fiscal, La Nación pertenece al conjunto de los chilenos, y utilizarlo de este modo ofende a un alto porcentaje de ese conjunto.
-Desgraciadamente, igual camino tomó el precandidato mayoritario a La Moneda que levanta la Concertación.
Un ex presidente, e hijo de ex presidente, no puede caer en estas trampas fáciles. Ni menos enarbolando argumentos como el que usó: que poseer su rival 0,7% de FASA demostraba la verdad de una afirmación anterior del postulante concertacionista: que existiría incompatibilidad entre ser político y ser hombre de negocios. Esto es cuando menos sostenible, pero no lo demuestra para nada el caso de FASA. No hay conexión lógica entre premisa y conclusión en el argumento contra el candidato de la Alianza.
Adicionalmente, hay algo de injusticia, de asimetría, en que las inversiones del aliancista sean todas conocidas y públicas, y las de su adversario no. Este, hace años, para dedicarse exclusivamente a la política, tomó la resolución loable de entregar el manejo de sus haberes —ni colosales ni míseros— a terceros de confianza. Pero nadie sabe su monto actual ni en qué inversiones están colocados, ni por ende cómo podrían ellas afectar a las decisiones político-administrativas del precandidato concertacionista si llegara a La Moneda.
La «peligrosidad» del postulante de la Alianza por sus negocios todos los chilenos la podemos juzgar. La del precandidato concertacionista, no... no sabemos de qué negocios o inversiones se trata.
-Finalmente, otros personeros concertacionistas, comprendida (creo) la Presidenta, sin criticar directamente aquel 0,7%, insisten en que el caso FASA demuestra que no se deben confundir política y negocios. Es una forma de atacar al postulante sin decirlo, «sin querer queriendo», pero también exhibiendo inconsistencia. Porque en FASA y sus «alrededores» no ha habido dueños, ni interesados, ni gestiones ni «comisiones» de carácter político. ¿Cuál sería, entonces, la confusión?
Es preciso elevar el nivel de la lucha por La Moneda, o terminará con espacios fijos en los programas de chismes de la TV.
