Consolidemos la Alta Dirección Pública
Pablo Longueira Montes, Senador de la República
Pablo Longueira Montes, Senador de la República
Hace cinco años, la imagen de Chile y de nuestras instituciones se debilitaba cada vez más por el complejo escenario de escándalos de corrupción que enfrentaba el país, lo que afectaba el buen posicionamiento que habíamos logrado por años.
En ese período aún era presidente de la UDI y estaba convencido -y lo sigo estando- de que había que traspasar las fronteras ideológicas, generando a través de una reforma un acuerdo país que fuera un ejemplo de democracia en Chile. Se trataba de lograr que Gobierno y oposición -mediante un trabajo conjunto- pudieran concordar y legislar sobre una serie de materias, contribuyendo a poner fin a este tipo de prácticas en la administración del Estado. Y aquello se logró el 16 de enero de 2003, cuando asumí, en representación de la UDI, el compromiso de sellar un acuerdo de modernización del Estado con el Gobierno, presidido en ese entonces por Ricardo Lagos.
Como consecuencia de este acuerdo nacional surge el sistema de Alta Dirección Pública, logrando desde la oposición una tabla de respaldo no al Presidente del momento, sino que a Chile. Este sistema permitiría devolver esa confianza y credibilidad -bastante debilitadas- a la ciudadanía, ofreciéndole la alternativa de contar con servicios públicos de calidad. Para ello se impulsó un mecanismo de selección que privilegiara el mérito para designar cargos directivos en la administración central del Estado, dejando atrás el cuoteo y "amiguismo" político.
En el contexto de este nuevo sistema, el Gobierno cedía la opción de elegir por "dedocracia" un total de 790 cargos de jefatura en 100 servicios públicos, y se adoptaba un mecanismo de selección sobre la base del mérito. Hubiésemos preferido que todos los cargos de la administración pública fuesen concursados, pero comprendimos que avanzar hacia un Estado más moderno, convocar nuevas caras e introducir competencia en la selección también significaba ser demasiado ambiciosos en una primera etapa.
Hace unos días, los cuatro miembros del Consejo de Alta Dirección Pública, ratificados por el Senado, realizaron una declaración conjunta en la que entregaron un balance de los logros alcanzados. Algunos no son muy alentadores, pues los avances -tras cuatro años de funcionamiento- son bastante exiguos frente a los obstáculos y desafíos que aún están pendientes.
Según conclusiones del Consejo, lo positivo es que en 2007 se nombró a un total de 120 altos directivos públicos, lo que representa un incremento del 35% respecto del año anterior; ese mismo año se publicaron 15 convocatorias a concursos mensuales versus tres en 2004. Sin embargo, el total de cargos con nombramiento ha llegado tan sólo a 252, de 790 de jefatura, y la existencia de otros 202 en proceso no es suficiente, pues significa que se ha concursado únicamente al 31% de los cargos.
Por otra parte, el informe menciona que el 14% de los profesionales seleccionados proviene del sector privado -bastante pocos-, lo que indica que todavía existe una falta de confianza y de compromiso real por el sistema. En concreto, las remuneraciones son muy bajas, los procesos de selección muy largos y el riesgo de que los mejores profesionales encuentren trabajo en otro lugar es bastante alto. Con ello, lo único que conseguimos es desincentivar el espíritu que dio origen a esta modernización, que precisamente buscaba integrar a las personas más idóneas en el sector público para legitimar y consolidar el sistema.
El 2003 fue un año de avances para Chile. Sin embargo, en la actualidad el Gobierno debe dar señales más concretas y efectivas para respaldar el sistema y lograr una mayor consolidación de éste. Debemos fortalecerlo de manera de evitar su utilización para otros fines no esperados en esta reforma, como ocurrió en el caso de Chiledeportes, donde los concursos de 2º nivel fueron un mero expediente político.
Este proceso de modernización es quizás el más revolucionario que hemos vivido en el último tiempo -de excepción en Latinoamérica- e incluso permite acercarnos hacia un estándar internacional. No obstante, quedan muchos aspectos que se deben perfeccionar. Desde enero de 2007 se encuentra en trámite el proyecto de ley presentado por el Gobierno en el marco de la Agenda de Probidad, Transparencia, Calidad Política y Modernización del Estado. Avancemos en esta materia y seamos ambiciosos.
No desaprovechemos el significativo paso que dimos como país, profesionalizando a los altos directivos para hacer más eficiente y mejorar la calidad de todo el aparato público del Estado. No olvidemos que los más beneficiados con esto son los ciudadanos y el país.
NOTA DE LA REDACCIÓN
Creemos que este artículo del Senador Longueira va en el camino correcto, es necesario quitar la discrecionalidad a los nombramientos públicos, pero, junto con esto consideramos imprescindible realizar las modificaciones legales que tiendan a que aquellos que “juegan” con los dineros del pueblo, los mal invierten o simplemente se los roban, tengan sanciones ejemplarizadoras.
En ese período aún era presidente de la UDI y estaba convencido -y lo sigo estando- de que había que traspasar las fronteras ideológicas, generando a través de una reforma un acuerdo país que fuera un ejemplo de democracia en Chile. Se trataba de lograr que Gobierno y oposición -mediante un trabajo conjunto- pudieran concordar y legislar sobre una serie de materias, contribuyendo a poner fin a este tipo de prácticas en la administración del Estado. Y aquello se logró el 16 de enero de 2003, cuando asumí, en representación de la UDI, el compromiso de sellar un acuerdo de modernización del Estado con el Gobierno, presidido en ese entonces por Ricardo Lagos.
Como consecuencia de este acuerdo nacional surge el sistema de Alta Dirección Pública, logrando desde la oposición una tabla de respaldo no al Presidente del momento, sino que a Chile. Este sistema permitiría devolver esa confianza y credibilidad -bastante debilitadas- a la ciudadanía, ofreciéndole la alternativa de contar con servicios públicos de calidad. Para ello se impulsó un mecanismo de selección que privilegiara el mérito para designar cargos directivos en la administración central del Estado, dejando atrás el cuoteo y "amiguismo" político.
En el contexto de este nuevo sistema, el Gobierno cedía la opción de elegir por "dedocracia" un total de 790 cargos de jefatura en 100 servicios públicos, y se adoptaba un mecanismo de selección sobre la base del mérito. Hubiésemos preferido que todos los cargos de la administración pública fuesen concursados, pero comprendimos que avanzar hacia un Estado más moderno, convocar nuevas caras e introducir competencia en la selección también significaba ser demasiado ambiciosos en una primera etapa.
Hace unos días, los cuatro miembros del Consejo de Alta Dirección Pública, ratificados por el Senado, realizaron una declaración conjunta en la que entregaron un balance de los logros alcanzados. Algunos no son muy alentadores, pues los avances -tras cuatro años de funcionamiento- son bastante exiguos frente a los obstáculos y desafíos que aún están pendientes.
Según conclusiones del Consejo, lo positivo es que en 2007 se nombró a un total de 120 altos directivos públicos, lo que representa un incremento del 35% respecto del año anterior; ese mismo año se publicaron 15 convocatorias a concursos mensuales versus tres en 2004. Sin embargo, el total de cargos con nombramiento ha llegado tan sólo a 252, de 790 de jefatura, y la existencia de otros 202 en proceso no es suficiente, pues significa que se ha concursado únicamente al 31% de los cargos.
Por otra parte, el informe menciona que el 14% de los profesionales seleccionados proviene del sector privado -bastante pocos-, lo que indica que todavía existe una falta de confianza y de compromiso real por el sistema. En concreto, las remuneraciones son muy bajas, los procesos de selección muy largos y el riesgo de que los mejores profesionales encuentren trabajo en otro lugar es bastante alto. Con ello, lo único que conseguimos es desincentivar el espíritu que dio origen a esta modernización, que precisamente buscaba integrar a las personas más idóneas en el sector público para legitimar y consolidar el sistema.
El 2003 fue un año de avances para Chile. Sin embargo, en la actualidad el Gobierno debe dar señales más concretas y efectivas para respaldar el sistema y lograr una mayor consolidación de éste. Debemos fortalecerlo de manera de evitar su utilización para otros fines no esperados en esta reforma, como ocurrió en el caso de Chiledeportes, donde los concursos de 2º nivel fueron un mero expediente político.
Este proceso de modernización es quizás el más revolucionario que hemos vivido en el último tiempo -de excepción en Latinoamérica- e incluso permite acercarnos hacia un estándar internacional. No obstante, quedan muchos aspectos que se deben perfeccionar. Desde enero de 2007 se encuentra en trámite el proyecto de ley presentado por el Gobierno en el marco de la Agenda de Probidad, Transparencia, Calidad Política y Modernización del Estado. Avancemos en esta materia y seamos ambiciosos.
No desaprovechemos el significativo paso que dimos como país, profesionalizando a los altos directivos para hacer más eficiente y mejorar la calidad de todo el aparato público del Estado. No olvidemos que los más beneficiados con esto son los ciudadanos y el país.
NOTA DE LA REDACCIÓN
Creemos que este artículo del Senador Longueira va en el camino correcto, es necesario quitar la discrecionalidad a los nombramientos públicos, pero, junto con esto consideramos imprescindible realizar las modificaciones legales que tiendan a que aquellos que “juegan” con los dineros del pueblo, los mal invierten o simplemente se los roban, tengan sanciones ejemplarizadoras.
