Por una mejor educaciónRaúl Torrealba (*)
La libertad de decisión, finalmente, ha estado condicionada por cada una de las realidades socioeconómicas existentes en un nestro país. Aun así, lo verdaderamente importante e ideal es que cada cual pueda encontrar libremente el proyecto educativo que mejor lo interprete y que, en lo posible, coincida y colabore con la insoslayable misión de la familia en la educación de sus hijos. Nuestra Constitución fija un rumbo en ese sentido.
En efecto, junto con reconocer el rol familiar, dispone la obligación que pesa sobre el Estado de asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, lo que implica, entre otras garantías, el derecho a la educación. Pues bien, hoy nadie discute que nuestro país requiere de manera urgente una educación de calidad otorgada por el Estado. Sin embargo, las diferencias se encuentran en el cómo lograrlo. Lamentablemente, la Concertación no ha podido evitar ideologizar este tema so pena de poner en riego, incluso, numerosos proyectos exitosos.
Sin perjuicio de que es necesario seguir fomentando la educación privada y particular subvencionada, pienso que el gran desafío debe ser mejorar la oferta educativa estatal y gratuita, dígase municipalizada. Esto es, que esta última no sea necesariamente a la que sólo deben acceder aquellos que no han podido, por diversas consideraciones, elegir libremente el colegio a que aspiraban realmente para sus hijos, como ocurre hoy, salvo pequeñas excepciones.
El sueño, por una parte, es que en el futuro muchos padres opten voluntariamente por una educación pública, pues ésa sería una de las señales lógicas de que la calidad habría comenzado a funcionar, y por otra, garantizar a aquellos que no están en condiciones de elegir un colegio para sus hijos que la educación y cobertura ofrecidas por el Estado les permitirán igualdad de oportunidades en su desarrollo futuro.
Lograr aquello implica, esencialmente, volcar la mirada al profesorado. Invertir en capital humano, a fin de que sobresalgan y se destaque a aquellos profesores con real vocación y capacidad. En definitiva, crear los incentivos económicos que premien a los capaces y terminen con la actual inamovilidad y un sistema de evaluación absolutamente permisivo y mediocre. En materias educativas, evitar excesivas regulaciones, dar espacios a la creatividad y a la innovación de acuerdo con las realidades y necesidades de cada zona de nuestro país.
Son muchos millones los que Chile ha invertido en educación en los últimos años, con magros resultados. Sin desatender ni desmejorar las otras alternativas de educación, concuerdo con que es hora de ofrecer a los padres de los sectores más desposeídos del país una alternativa que les permita también tener una respuesta digna a la pregunta ¿cuál es el mejor colegio para mi hijo?
(*) Raúl Torrealba, el ex guatón, es el actual Alcalde de Vitacura.
Libre competencia y derechos constitucionalesJosé Ramón Valente
Alan Greenspan, en su famoso artículo sobre “Antitrust”, sostuvo que la legislación sobre libre competencia se asemeja a “Alicia en el país de las Maravillas”, en el sentido de que, analizado desde esa disciplina, resulta altamente impredecible el resultado de cualquier actividad económica. Precios bajos pueden ser sancionados por precios predatorios, precios similares pueden ser sancionados por colusión y precios altos por rentas monopólicas. Suma y sigue, un mercado en equilibrio puede estarlo por ser altamente competitivo (equilibrio de Nash) o como resultado de una colusión, y en esto los economistas pueden especular al infinito sobre las razones detrás del equilibrio.
Muestra de esta esquizofrenia económico/jurídica es que en Chile cuando hay diferencias de precios, el Sernac las denuncia como escandalosas, pero cuando los precios son similares la Fiscalía Nacional Económica las persigue por colusivas. ¿Cómo se entiende que dos organismos del Estado denuncian por conductas que uno fomenta y el otro persigue, o viceversa?
En este orden de ideas, derechos constitucionales básicos y cuyo respeto ha tomado generaciones se ven amagados en aras de la libre competencia. La igualdad ante la ley: lo que una empresa con una participación de mercado importante no puede hacer si lo puede hacer una chica; el derecho de propiedad: accionistas se ven impedidos de vender sus acciones libremente si es a un competidor o una empresa complementaria, o ven cercenado su derecho a voto en el caso de una fusión si ello contribuye a fusionarse con un competidor; la libertad de realizar actividades económicas, etc.
El caso D&S/Falabella, con independencia de la opinión que cada uno tenga, significó en la práctica una pérdida de valor de las acciones, y con ello una pérdida para los accionistas a favor de la libre competencia futura que se estima superior a 1.000 millones de dólares. La Constitución y la Ley Orgánica de Expropiaciones se fundaron sobre la idea de que el sacrificio del bienestar individual para satisfacer el bienestar común es ilegitimo sin previa indemnización, de manera que el bien común lo financie la comunidad en general y no el sacrificio individual. Este concepto, sin embargo, parece no tener aplicación tampoco en materias de libre competencia.
Para aquellos que creemos que los mercados son órdenes espontáneos que se desarrollan en forma impredecible a través de un forma democrática de participación, en que miles de millones de personas toman libremente decisiones todos los días y a toda hora, la idea de que el Estado pueda predecir ese futuro y tomar decisiones regulatorias que afectan ese proceso libre y espontáneo de evolución y desarrollo nos parece francamente preocupante.
Como sociedad, debemos asumir los riesgos de extremar la defensa de la libre competencia, porque los remedios pueden ser mucho peores que la enfermedad.
En este contexto se encuentra en nuestro Congreso Nacional un proyecto de ley que apunta exactamente en la dirección incorrecta de lo que se necesita. Lo que se debe modificar en la actual legislación de libre competencia es el sistema de consulta, creando un procedimiento de interacción más expedito entre el tribunal y el consultante y abriendo la consulta a cuestiones más simples pero no menos importantes, como sistemas de precios, distribución y similares que a veces son meros proyectos dentro de las empresas que no pueden tener el grado de exposición y publicidad que hoy tiene el procedimiento de consulta. Lo que no debemos hacer es seguir la ruta de encarecer multas ya enormes (App US$ 15.000.000.) o facultar al Estado para que ahora, amén de amagar garantías económicas amague las personales, grabando conversaciones, interviniendo teléfonos o entrometiéndose en la correspondencia de e-mails de las empresas, como se contiene en el proyecto de ley del Ejecutivo.
(Ambos comentarios han sido tomados de Diario La Segunda)
