Despilfarro
Adolfo Ibáñez
Adolfo Ibáñez
El despilfarro de Chile ha sido la característica en el tiempo de la Concertación. Ya hemos olvidado el caso de Intel, que desistió de instalarse por las trabas que encontró. No hace mucho que se ahuyentó a Alumysa por exceso de tramitación, con el agravante de que hoy el Gobierno respalda la construcción de hidroeléctricas en Aisén, apremiado por el resultado de sus malas políticas energéticas. Más preocupante es el caso reciente de la Papelera, que ha decidido trasladar sus nuevas inversiones al Perú. En un ámbito más abarcador y representativo, nada se piensa frente a las ridículas estipulaciones para definir a un microempresario y sus dificultades para transformarse en pequeño según las normas vigentes.
No es sólo en el plano económico. Las crecientes regulaciones en diversos ámbitos han ido disminuyendo el espacio para la creatividad de los chilenos. Al mismo tiempo, se incrementan las declaraciones sobre la necesidad de la innovación. De este modo, se ha ido imponiendo un estilo que identifica gobernar con discursear bonito acerca de temas de moda.
La corrupción es también disuasiva en todos los aspectos de la vida. Es mucho más gravosa para los pequeños emprendedores, porque no tienen caja y los enfrenta a un laberinto sin salida.
Todos estos aspectos han ido erosionando al país lentamente. El resultado es que la parálisis de las expectativas lleva al inmovilismo. Y éste desata las presiones grupales, porque, al no generarse nuevos espacios, los más audaces intentan dividirse la torta que no crece. Mientras haya plata, los políticos nos adormecerán mermando el ahorro nacional y desatando la inflación. Cuando el precio de los "commodities" se desplome, nada quedará de esta bonanza aparente.
El despilfarro no es sólo material, sino principalmente del alma. Ha desaparecido el espíritu audaz, innovador y que arriesga. Los temas que se discuten se reiteran y se eternizan. Nada parece cambiar en el país, salvo la creciente frustración de las personas que ya no buscan sino el empleo público o el de las megaempresas privadas.
Se ha perdido el tiempo en discusiones estériles o, peor aún, que sólo afirman ideologías egocéntricas y superadas. Las malas políticas exponen al país a las fluctuaciones internacionales, para bien o para mal. Al contrario, las buenas lo fortalecen y permiten aprovechar las oportunidades que nos ofrece el mundo. Pronto se llorará sobre la leche derramada, porque el tiempo despilfarrado no se recupera.
La caja de PandoraCristina Bitar
En la esencia del deber del gobernante está el conducir a la sociedad hacia un estado de bienestar material y de libertad, que permita a cada persona desarrollarse de la mejor forma posible de acuerdo con sus capacidades y deseos. Por ello, el buen gobierno debe ser prudente y justo a la hora de administrar el poder que tiene, lo que implica la capacidad de resolver los conflictos pensando en el bien común; vale decir, en aquello que conviene a la comunidad toda y no sólo a quienes más reclaman o tienen mayor capacidad de presión para sustentar sus demandas.
Así, muchas veces el gobernante debe imponer la ley, como única manera de asegurar la paz social y de mantener el sano principio de que se gobierna ejerciendo la virtud de la justicia y no cediendo a la fuerza, porque ello sólo genera incentivos perversos que, a la larga, terminan postergando siempre a los más débiles, aquellos que no tienen la capacidad de presionar por la fuerza.
En el último tiempo estos sanos principios han sido peligrosamente sobrepasados. En el caso de Codelco, resulta increíble que algunos subcontratistas no tengan reparos en utilizar la fuerza para obtener beneficios que no siguen ninguna lógica de mercado y, por lo tanto, constituyen una suerte de privatización, en su exclusivo beneficio, de una empresa que, teóricamente, es de todos los chilenos. Pero, más allá incluso de los beneficios obtenidos, lo más grave es que estos privilegios se alcanzaron como resultado de la presión que se ejerció atacando buses de trabajadores de la empresa, impidiendo por la fuerza que se desarrollaran sus faenas y aislando ciudades enteras a las que se impidió el acceso normal de suministros.
En el caso de los camioneros, el problema es más complejo aún. La verdadera contumacia del Gobierno en mantener el impuesto específico a los combustibles que, a estas alturas, es evidentemente una carga desproporcionada, está llevando a verdaderos estallidos sociales, como fue esta reciente movilización de los transportistas. Aquí la secuencia de errores del Ejecutivo es bastante larga: primero, se niega porfiadamente a eliminar o al menos flexibilizar el impuesto; segundo, acepta negociar bajo la presión de las carreteras cortadas, y, tercero, llega a una solución que sólo beneficia a los que ejercieron la fuerza, lo que es discriminatorio para el resto de los chilenos.
El resumen es que el Gobierno aparece como ineficiente a la hora de prevenir los conflictos. ¿Hay alguien que no supiera hace meses que el petróleo seguiría subiendo y que el impuesto a los combustibles iba a hacer crisis? ¿Por qué los dueños de camiones salen beneficiados y no los dueños de los taxis colectivos o de los furgones que reparten pan? ¿Por qué los automovilistas tienen que subsidiar el daño mil veces mayor a la infraestructura vial que hacen los camiones?
Ahora las reglas del juego parecen estar claras, y podemos suponer que los estudiantes, los profesores, los trabajadores del Transantiago, los funcionarios de la salud, los trabajadores de Codelco y muchos otros han tomado debida nota de cuál es el camino para obtener sus demandas, y podemos suponer que obrarán en consecuencia.
Estamos viviendo una sociedad en que cada uno piensa en lo suyo, en sus intereses, y el Gobierno no es capaz de pensar y resolver respecto del interés general de la nación. La caja de Pandora se ha abierto y una cosa es clara: no se volverá a cerrar sólo con truquitos comunicacionales.
