El caso CELCO (1): Todos los hechos... menos el últimoGonzalo Vial
El caso CELCO será estudiado académica y científicamente, el día de mañana, como ejemplo de lo que NO debe ser una acción y política ambiental. Sin embargo, el público olvidará pronto lo sucedido, si no lo ha hecho ya. Y no conviene que ocurra, primero porque “los pueblos que olvidan su historia se ven obligados a repetirla”; y segundo, porque se estudia una corrección de las leyes ambientales, y en ella el episodio CELCO debe ocupar un destacado primer plano.
Haré, pues, un recuento de esta saga.
1. A fines del 2004, se advirtió que en el humedal del río Cruces había desaparecido o disminuido gravemente una planta, el “luchecillo” (egeria densa), alimento de sus emblemáticos cisnes de cuello negro. Por este motivo, ellos habían emigrado o muerto.
2. De inmediato, una ONG ad hoc, Acción por los Cisnes, señaló culpable: la planta CELCO.
Esta, treinta kilómetros arriba del humedal, vacía en el Cruces las aguas de desecho de su proceso productivo, purificadas conforme a un sistema muy moderno y aprobado en 1998 por la autoridad ambiental de la región (COREMA).
Es de advertir que, originalmente, CELCO había propuesto sacar esas aguas al mar mediante un ducto a la Bahía Maiquillahue, posibilidad que debió ser descartada por la tenaz oposición de los pobladores de la vecina Caleta Mehuín.
3. Según lo habitual, la actividad ecológica de Acción por los Cisnes, y de otros organismos parecidos, nacionales o internacionales, fue subiendo de tono, hasta alcanzar un alto nivel de emotividad y violencia. Esta, primero verbal, se hizo luego física, con una culminación tan malvada como grotesca: el 31 de mayo de 2005, funcionarios de CELCO que concurrían a declarar judicialmente en Valdivia, fueron agredidos de hecho... ¡incluso lanzándoles excrementos! A nadie le importó nada.
4. Mientras tanto, la autoridad nacional del medio ambiente, CONAMA, había encargado un informe científico sobre el asunto a la Universidad Austral de Valdivia. Era un error obvio elegirla, pues la comunidad académica de este plantel se hallaba en el vórtice de la tormenta emocional provocada por los grupos ecologistas, tormenta cuya presión, en una ciudad relativamente pequeña, era muy difícil que no influyera sobre esa comunidad.
Paralelamente, COREMA dejaba caer sobre la planta CELCO una lluvia de inspecciones, monitoreos, auditorías nacionales e internacionales, y aún límites ¡diarios! de producción. Llegó a ordenar el cierre de las instalaciones por un mes (enero/febrero de 2005). Nada negativo se halló en las aguas vertidas por CELCO al río Cruces.
5. El informe de la Universidad Austral (abril de 2005) concluyó que la mortalidad y emigración de cisnes se debería a haber desaparecido el luchecillo del humedal, y esto, al aumento de hierro en sus aguas. El cual, por su parte, se debería a los efluentes de la planta CELCO.
Lo anterior suscitó contradicciones inmediatas de círculos científicos, poniendo en duda la suficiencia de sus fundamentos... indicio de que el informe respondía, involuntariamente sin duda, a lo que el “clima ecológico” de Valdivia demandaba.
La contradicción más marcada partió del CASEB (Centro de Estudios Avanzados en Ecología y Biodiversidad) de la Pontificia Universidad Católica: “Parece científicamente cuestionable”, dijo, por el momento, la conclusión de la Universidad Austral.
6. Informe de la Universidad Austral en mano, los ecologistas pidieron a la Corte de Valdivia el cierre de la Planta CELCO (abril de 2005). La Corte lo otorgó por unanimidad, otra prueba del “clima ecológico” reinante. CELCO apeló a la Corte Suprema y ésta, también por unanimidad, alzó el cierre, el 30 de mayo, declarándolo extemporáneo.
7. Fue esta resolución, sin embargo, la que desató el primer y grave abuso de poder del Ejecutivo contra la empresa CELCO.
Es de advertir que el fallo de la Suprema fue dictado en un juicio de protección del cual el Estado no era parte... sólo CELCO y los ecologistas.
Los abogados de la empresa habían cometido el error de presentar como estudio de la Universidad de Concepción uno que no emanaba de ésta, aunque se basaba en cifras suyas. Lo hicieron ver ellos mismos a la Corte, la cual modificó la cita en el texto del fallo, pero sin alterar su contenido.
Sin embargo, con tal pretexto, el Gobierno lanza una violenta ofensiva contra CELCO... Lo sucedido es “inaceptable”, “inconcebible”, protesta el Presidente Lagos al ejecutivo máximo de CELCO. Daña la imagen exterior de Chile. Y el secretario general de Gobierno dice que no basta que los abogados de la empresa hayan dado explicaciones, que deben ser removidos.
La empresa, acorralada, y no defendida por nadie, debe aceptar la renuncia de sus abogados y de su gerente (acusado, veremos, de “antipático”), y cierra la planta “hasta que no se clarifiquen las condiciones técnico-jurídicas bajo las cuales puede funcionar” (8 de junio).
Reina un silencio de muerte. Una o dos voces aisladas, para reclamar por el hecho estupefaciente de que el Estado use todo el poder de presión de sus supremas autoridades para intervenir en un juicio afinado —contra expresa prohibición constitucional— ¡y aún para que, en un pleito entre particulares, una de las partes prescinda de sus abogados!
Faltaba la cereza de la torta. El “vocero de gobierno” de la época —el mismo caballero hoy objeto de atención pública, por su facundia en producir informes bien remunerados pero quizás innecesarios para CODELCO y la Contraloría— declara, esas mismas horas, que de todos modos no se descarta una clausura definitiva de la planta valdiviana, y que cuando ésta fuera cerrada en enero, el Gobierno habría preferido que no reabriera.
8. No sería el anterior, sin embargo, el abuso de poder más grave en el episodio CELCO.
Simultáneamente, por sí y ante sí, la COREMA modificó de modo unilateral la RCA (Resolución de Calificación Ambiental) de la planta CELCO, vigente desde 1998. No tenía ningún derecho constitucional ni legal a hacerlo... pero lo hizo. En la nueva resolución rebajó la producción autorizada de la planta, de 550.000 a 440.000 toneladas de celulosa anuales, mientras no se cumpliesen determinadas condiciones, y este cumplimiento se certificara internacionalmente.
CELCO, que había invertido 700 millones de dólares para un negocio que produciría 550.000 toneladas, veía rebajada esta producción a 440.000 toneladas... sin su consentimiento. ¿De qué valía la autorización del 98, el 2005? ¿Y la nueva, la del 2005, de qué valía hacia adelante?
Pero hubo más. Se cumplieron las nuevas condiciones, se certificaron según lo prescrito... pero la COREMA demoró DOS AÑOS, o casi, en autorizar el alza de producción.
Menor actividad y crecimiento económico del país y de la región, menores utilidades de CELCO, menos impuestos, menos plazas de trabajo... ¿Qué burócrata negligente paga estos platos rotos? Ninguno, de ninguna forma, naturalmente.
Este es el recuento de los hechos... faltando el último y principal, el que los hace realmente insensatos, dignos del Ripley de mi juventud (“increíble pero cierto”), y lección objetiva que sería un crimen desaprovechar. A saber: QUE HA PASADO A SER PRACTICAMENTE INDISCUTIBLE QUE LA PLANTA CELCO Y SUS AGUAS DE DESECHO NO TIENEN NI NUNCA TUVIERON NINGUNA INFLUENCIA NEGATIVA EN EL HUMEDAL DEL RIO CRUCES, LA DESAPARICION DEL LUCHECILLO NI LA TRISTE SUERTE DE LOS CISNES DE CUELLO NEGRO.
Lo veremos, si Dios quiere, junto con las conclusiones que se pueden sacar de todos estos hechos, en la próxima columna.
P.D. Allí mismo, falto hoy de espacio, me referiré a una alusión que hace sobre mí la última columna de Hermógenes Pérez de Arce.
