A esta variedad de orientaciones dispares se añadió el recurso a créditos con entidades bancarias para financiar los déficits, soslayando así al Congreso y desoyendo la primera advertencia del Tribunal Constitucional al respecto, el que finalmente declaró inconstitucional ese mecanismo -lo que asestó un enorme golpe adicional a la política del Gobierno ante esta larga crisis.
Es cierto que han sido inmensas las dificultades para enfrentar un problema como el que la Concertación se autocreó con el Transantiago. En un primer momento, no estaba claro dónde estaban radicadas las dificultades básicas, ni parecía posible definir con precisión quiénes eran los responsables de lo ocurrido -se culpó al AFT, a Sonda, a los operadores, a los diseñadores, a los implementadores del Gobierno o a todos ellos en su conjunto-, y en ese escenario tampoco le resultaba fácil a la autoridad multar a los operadores, tanto menos si eso podía significar que el sistema dejara de operar, ahondando así la crisis en vez de resolverla. Pero si ése era el problema, no se entiende cuál es la razón por la que ahora sí se ha decidido usar el rigor con los operadores, incluso respecto de materias -como el índice de regularidad- que no formaban parte de los contratos originales.
Para mayor agravamiento, duras aristas políticas han estado permanentemente presentes en este caso. La oposición se enfrenta al dilema de poner el acento en la desastrosa magnitud de esta situación -con miras a hacer electoralmente efectiva la responsabilidad de sus autores en los comicios de este año y el próximo-, o bien renunciar a eventuales réditos políticos del caso y colaborar en su solución de la manera más rápida posible -si la hubiere-, para así, de alcanzar el Gobierno en 2010, heredar una situación manejable, que no requiera negociar entonces con una Concertación que, presumiblemente, no le dará tregua. Al parecer, este dilema no ha sido resuelto, ni tampoco lo estaría la persona que lideraría una estrategia de colaboración -en caso de optarse por ella-, pues el protagonismo de tal función podría catapultar electoralmente su figura, creando predecibles tensiones.
Varios parlamentarios concertacionistas apoyan la propuesta del senador Frei de estatizar el sistema. Pero eso olvida que el sistema ya opera hoy como estatal, con un ministro que combina los roles de diseñador, financista y fiscalizador del mismo. ¿Cabe acaso pensar seriamente que si el Estado directamente adquiriese los buses y contratara a los choferes, mejoraría en algo la situación actual?
Sin duda, parte importante de las dificultades para avanzar en la solución de este problema radica en la ausencia de una estrategia clara para manejarlo.
Nota de la Redacción:
Reproducimos este editorial, de Diario el Mercurio, www.emol.com. por considerar que taco los puntos sensibles de la incapacidad que ha demostrado Cortazar para manejar el inhumano problema creado ex profeso por la concertación a los santiaguinos.
El Arzobispo de Lima y Primado del Perú, Cardenal Juan Luis Cipriani Thorne, destacó que “son demasiado importantes los derechos humanos para que los dejemos en manos de un pequeño grupo ideológico”, al presidir el sábado 30 de agosto la Eucaristía por la Solemnidad de Santa Rosa de Lima, Primera Santa de América.
En la Misa celebrada en honor de la también Patrona de la Policía Nacional y de las enfermeras del Perú, el Purpurado señaló que “se ha puesto de moda el maltrato hacia la Policía Nacional y hacia las Fuerzas Armadas. Nuestra patria acoja con agradecimiento, sin ideologías, sin odios la presencia de la Policía y Fuerzas Armadas. Son demasiado importantes los derechos humanos para que los dejemos en manos de un pequeño grupo ideológico”.
“Los derechos humanos surgen de nuestra razón de ser personas, no es un conjunto sistemático organizado por un grupo, surgen con la misma persona, con el derecho natural, que las Naciones Unidas lo convierten en un plan concreto en el año 1948, pero llevamos un tiempo en que se ha convertido en bandera política de un grupo contra otro”, explicó luego el Primado de la Iglesia Católica en el Perú en consonancia con lo expresado por el Papa Benedicto XVI en su discurso ante la ONU en el mes de abril.
En aquella oportunidad, el Santo Padre, en un intenso y muy articulado discurso, proporcionó una serie de argumentos morales y filosóficos para precisar que los derechos humanos son inherentes a todas las personas y no el fruto de un “acuerdo”; y por lo tanto no pueden ser manipuladas por grupos ideológicos o de presión.
“No son tiempos para ver que opinan las encuestas, ni para ver que opina la gente. La palabra de Dios no se hace por una levantada de manos ni por mayorías. Es la palabra de Dios, se acepta o se rechaza, pero lo que no se hace es amortiguarla o cambiarla”, exhortó.
El Primado de la Iglesia Católica en el Perú dijo también que “la fe nos dice hay que luchar para que haya una capacidad en todos de poder vivir de manera decente, pero no acumular millones para luego ser polillas y gusanos en el cementerio”.
Fuente: aciprensa.com, tomado de www.lahistoriaparalela,com.ar