Nefastas secuelasGonzalo Vial.
Muchas veces los actos públicos son injustos, pero quienes los cometen logran disimular esta injusticia mediante una verdadera magia comunicacional. Muestran así habilidad para la pequeña política, y esconden su incompetencia para la grande, la verdadera.
A poco, sin embargo, el acto injusto produce sus frutos... malos, naturalmente. El tinglado queda a la vista, y se necesita una nueva prestidigitación para ocultar no ya sólo el error inicial, sino además las consecuencias que trae, también nocivas, por supuesto. Veamos algunos casos.
1. DE UN INSTITUTO A OTRO. Hace algunas semanas, ocurre la huelga y toma del Instituto Nacional, contra el rector del establecimiento. Violencia interna y callejera. El alcalde de Santiago remueve y reemplaza a la autoridad incriminada, con la velocidad del rayo, sin sumario... sin que nadie sepa hasta hoy de qué se la acusaba, ni siquiera si existía en el Instituto alguna falla grave de la cual esa autoridad pudiera ser responsable. Lo único que he leído, muy vagamente, es que el establecimiento tiene carencias de infraestructura. Lo cual, obviamente, si es efectivo y culpa de alguien, sería pecado de la municipalidad y no del rector.
Pues bien, este procedimiento tan poco serio contra un docente superior, no mereció (que yo sepa) la condenación de nadie. Todos, la prensa, los expertos, los políticos, le encontraron una “gracia” inmensa. Era la panacea y a la vez el huevo de Colón. ¿Los jóvenes institutanos se insubordinan contra su rector, amenazando la paz beatífica del municipio? Pues, una patada al funcionario y vamos adelante.
La secuela será casi inmediata. Los alumnos del Liceo de Aplicación imitan a los del Nacional. Se toman el establecimiento para que el alcalde haga con su rector lo mismo que ya hizo con el rector del Instituto. Variante inesperada y que pudo ser gravísima: mientras una masa de muchachos salta rítmica y vociferantemente en un corredor ante la puerta de la oficina del “acusado”, exigiendo su salida, el piso cede y se derrumba... no soporta tanto peso y movimiento. Medio centenar de saltarines cae algunos metros y queda contuso en diversos grados. El establecimiento debe cerrar.
Preguntado el alcalde si el edificio tenía seguro, responde que no lo hay contra el vandalismo. No es efectivo. El seguro contra el vandalismo es no aceptarlo nunca. Si se acepta una vez, aunque sea elegantemente y ganando aplausos, es pan para hoy y hambre para mañana: volverá. Y una vez que ruede la cabeza del rector en el Aplicación, otro colega de Santiago deberá poner sus barbas en remojo.
2. VIAJE INUTIL.El ministro del Interior viajó a la “zona de conflicto” mapuche, y estuvo con el agricultor Luchsinger, entre las ruinas humeantes de sus edificios y pertenencias, resultado del último ataque mapuche.
¿Para qué servirá la visita? Para nada. Quizás para peor. En efecto, el ministro insinuó que la impunidad de este y anteriores atentados no eran culpa de la ineficacia de ninguna autoridad —intendenta, gobernador, policías, fiscales, jueces—... ni de su ministerio, por supuesto. Sino de lo difícil que era que declarasen los testigos. Queda puesto así el fundamento de disculpas futuras. Ya se sabe. La inexistencia del Estado de Derecho para los agricultores de la Araucanía no sólo continúa: continuará per secula, porque es irreparable.
Ni una palabra de lo único y definitivo que pudo y debió anunciar el ministro en esta visita, y no anunció: que de hoy en adelante no se repetirá el error cometido con la Hacienda Lleu Lleu, el Fundo Alaska, etc., y en vías de cometerse con las propiedades del agricultor Urban. A saber: regalar usando fondos del Estado tierras atacadas a los autores del ataque. Tan elemental decisión, parece que todavía no se adopta.
Nuevamente, es posible disfrazar esto como se quiera. Pero no es posible evitar las consecuencias.
Después, cabe meter mano en la asignación de tierras por CONADI,que es de una arbitrariedad inaceptable, origen fatal de latrocinios, hoy o mañana. Las tierras son entregadas por un “puntaje”, que a su vez determinan el ahorro previo, la situación socioeconómica y el grupo familiar. Salvo ¿cómo no? los “casos especiales”.Estos los decide “a dedo” el Consejo de CONADI. Los casos especiales suman 2.270 millones de pesos en Araucanía, el año 2008, sobre un total de 5.280 millones para toda la zona en el mismo período (El Mercurio, 31 de agosto). Sin comentarios.
3. ¿COMO SE RESTITUYEN LAS PLATAS? Una diputada de gobierno ha sido absuelta de haber sustraído el año 2005 —aplicándolos a su campaña electoral— cerca de diez millones de pesos de fondos del Estado. Provenían de los PGE, que financian empleos de emergencia para paliar la cesantía.
El hecho fue debidamente probado en el juicio, resultando culpables y sufriendo condenas una hija de la parlamentaria, su ex yerno, su jefe de gabinete, el Seremi del Trabajo respectivo y dos contratistas privados que simularon los empleos. La diputada no sabía.
Yo acepto esto último sin ninguna reserva mental, como deben aceptarse los fallos de la justicia, que al fin y al cabo conoce los asuntos a fondo. La diputada no sabía y por tanto es inocente.
Pero, ¿y la plata? ¿Los diez millones? ¿Quién los devuelve?
Contestar esta pregunta es de mucha importancia, porque hay en curso tres juicios criminales más, casi idénticos al recién resuelto: desviaciones comprobadas de dineros destinados a la cesantía, para financiar candidaturas de parlamentarios de gobierno electos. Quienes aprovecharon la sustracción, pero ignorándola, ya que no se les inculpa a ellos, sino a personas de su entorno político-electoral.
Sigo pensando que todos los parlamentarios en la situación descrita, incluso naturalmente la diputada recién absuelta —o quizás sus respectivos partidos— deben devolver el dinero fiscal que les aprovechó (sin que lo supieran) para ser elegidos. Tanto más tratándose de fondos sustraídos ilegítimamente a los cesantes. Es un gesto indispensable de claridad política. No pueden esos parlamentarios beneficiarse políticamente, y sólo ellos, de la corrupción ajena, aunque no la hayan aprobado ni conocido.
Las secuelas negativas de no hacer este gesto serían incalculables. Precedente para el futuro: un hurto con finalidad política, que no tiene consecuencias políticas. Estímulo a “desviaciones” menos flagrantes, pero de igual naturaleza. Debilidad de la credencial parlamentaria de los afectados. Explicables dudas sobre la limpieza básica de nuestro sistema electoral, y sobre las mayorías parlamentarias. Etc., etc. Devolver el dinero, desgraciadamente, no eliminaría totalmente estas secuelas. Pero haría mucho menor su impacto.
4. DISTINTAS VARAS DE MEDIR. Como hace ver un editorial de El Mercurio (31 de agosto), el caso anterior subraya, una vez más, la inquietante disparidad de criterios que exhibe nuestra justicia penal y que la Corte Suprema no corrige uniformando la jurisprudencia.
Esta disparidad es particularmente notoria e inexplicable en el tratamiento de los inculpados de delitos contra los derechos humanos.
Mientras la diputada ha sido absuelta por no haber los fiscales acreditado “más allá de toda duda razonable” (dijo el tribunal) su conocimiento de los ilícitos en juicio, a muchos ex oficiales de las Fuerzas Armadas se les ha impuesto condena por aquellos delitos, sin probar que los ordenaran, permitieran o conocieran... y a veces contra pruebas o fuertes indicios de que nada sabían de ellos. Razón invocada: la “verticalidad del mando”.Y esto se ha hecho y se continúa haciendo sin ningún análisis legal, jurídico, histórico o de hecho, sobre la existencia y alcance de esa “verticalidad” respecto a los militares chilenos. Análisis muy necesario, puesto que a primera vista no se divisa cómo la “verticalidad” podría responsabilizar criminalmente al oficial superior del hecho de su subordinado que —por ignorarlo el primero y no formar parte, obviamente, de las funciones profesionales del último— no pudo aquél prevenir ni castigar.
Es una desgracia que el origen de este vacío de interpretación jurídica se halle en una sentencia de la propia Corte Suprema (desafuero del general Pinochet, caso “Caravana de la Muerte”),que en un considerando de pocas líneas despachó la “verticalidad del mando” sin la debida profundidad. En rigor, sin ninguna profundidad. Pero nunca es tarde para corregir errores o llenar vacíos, eliminando la sospecha de que, ante la justicia chilena, todos sean iguales pero algunos, como decía Orwell, más iguales que otros. Sospecha cierta o infundada, pero cuyas secuelas son, una vez más, inevitables. Quizás una de éstas sea la bajísima confianza pública en los tribunales que marcan las encuestas.
