Detenidos desaparecidos: el verdadero escándalo
Gonzalo Vial.
Los últimos días hemos vivido un formidable escándalo por el hecho de que cinco, seis u ocho supuestos «detenidos desaparecidos», oficialmente declarados tales, en realidad nunca tuvieron esa calidad. Gobierno, oposición, asociaciones de familiares, prensa, TV... todos denuncian lo sucedido, y piden se investigue a fondo y se castigue del modo más severo.
Esta postura unánime es, sin embargo, extraña. Pues nos hallamos ante un porcentaje ínfimo de los detenidos desaparecidos, y de abusos de dinero por montos muy menores... raterías circunstanciales.
Mientras tanto, seguimos impávidos ante el VERDADERO escándalo en materia de detenidos desaparecidos. A saber, que continúen sin ser ubicados los restos de muchos centenares de ellos. Aceptamos ya como «normal» esta vergüenza, relegándola al fondo de nuestra conciencia... paso previo a desvincularnos de su responsabilidad.
¿Por qué ha podido suceder una cosa así? ¿Por qué ha fracasado una búsqueda cuyo éxito interesaba e interesa tanto a todos los chilenos? ¿De quién es la culpa?
Desde luego —no sea que por sabido lo callemos, y por callado lo olvidemos— la culpa originaria, directa y peor es la de quienes mataron a las víctimas, las escondieron, y durante decenios han guardado cruel silencio sobre su paradero.
Pero —estos desalmados aparte— hay causas concomitantes que han cooperado al fracaso, y en las cuales, en mayor o menor medida, todos hemos tenido alguna cuota de responsabilidad.
1. La primera de estas causas es la politización partidista que ha sufrido el problema de los detenidos desaparecidos.
Imperceptiblemente, su búsqueda fue pasando a segundo plano, desplazada por el aprovechamiento de la tragedia en la farándula política... bandera para avanzar y ganar votos... o para que los pierda y retroceda el adversario.
De modo que hoy día tanto el concertacionismo como el aliancismo, aunque debido a motivos muy distintos, se muestran en general (según señalábamos) proclives a magnificar estos hechos nimios. Actitudes ambas, quizás, sólo a medias conscientes y deliberadas, pero no por ello menos claras y efectivas.
El concertacionismo quiere aislar aquellos engaños, separarlos (como es lógico) del conjunto de los detenidos desaparecidos, de modo que las irregularidades descubiertas no destiñan aquella bandera, menoscabando el tema en cuanto arma política y/o fuente de votos. Y el aliancismo procura el efecto contrario... que la credibilidad global del problema se vea afectada, disminuida. Ninguno de los bandos confesará su real objetivo, reconocerá que éste es político, electoral, más que humanitario. Quizás ni siquiera lo perciban plenamente. Pero es así: la politización ha hecho de la búsqueda eficaz de los restos, una finalidad secundaria.
Ello explica que el presidente del Partido Socialista acuse a la Alianza de tener ya una “segunda generación” empeñada en que no se resuelva el problema de los detenidos desaparecidos. ¿Y por qué no una «tercera generación», niños pinochetistas (!) corriendo por ahí, a los cuales culpar cuando se cumpla un siglo sin todavía ubicar los restos?
La segunda causa del fracaso es que se haya preferido vengar los crímenes, al hallazgo de los restos.
Me refiero a la venganza legal, ejercida por intermedio de los tribunales y respetando en consecuencia las formas del derecho.
Las asociaciones de familiares y los partidos de gobierno no han querido conceder ningún beneficio, ninguna rebaja de pena, a los involucrados en ocultamiento de restos que colaboren para ubicar éstos. Ni siquiera a aquellos que hubieren actuado cumpliendo sólo papeles subordinados y subalternos. Para todos, protagonistas o «extras» del drama, el rigor de la ley... Nadie o casi nadie, por supuesto, ha hablado. Puede haber sido su deber moral hacerlo, echarse la soga al cuello... pero no lo han hecho. ¿Era esperable otra cosa?
Los tres mandatarios concertacionistas anteriores a la actual buscaron este camino —mejor trato en materia de penas a los informantes— para que progresara la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Pero los presidentes no pudieron manejar a sus partidos, ni éstos a las asociaciones, ni ellas a sus miembros (¿o al revés?), y las iniciativas no alcanzaron puerto.
Algo parecido sucedió en la Mesa del Diálogo (2000/2001). Se propuso una combinación de premios y castigos, que estimulara las confesiones. Mas tampoco tuvo acogida, prevaleciendo la idea del apego estricto a la ley.
Estimo que la «venganza legal» —por muy apasionados que sean los términos en que se formule— es explicable y moralmente sin reproche. Pero parece obvio que se hace fuego con la ubicación de los restos de los detenidos desaparecidos.
No obstante lo expuesto, la «venganza legal» exige —para tener una aceptación común, justificante— que sea simétrica, pareja... para ambos bandos, no para uno solo. ¿Es así hoy, en Chile? Hay ciertas dudas:
3.1.Un ministro en visita persigue a ex miembros de la CNI (me parece), por varios asesinatos cometidos en septiembre de 1986, como represalia por el frustrado magnicidio comunista de Pinochet el mismo mes y año.
Pero en dicho intento de magnicidio fueron asesinados cinco escoltas presidenciales. Acto de terrorismo; por ende —conforme a la Constitución— violatorio de los derechos humanos, y en ese carácter imprescriptible, según ha solido declarar la Corte Suprema. Mas ese homicidio múltiple no se persigue hoy criminalmente... sólo la represalia por él. Uno de los hechores principales ha sido objeto de un almuerzo de homenaje en el comedor oficial de la Cámara de Diputados, y después se le ha visto candidato comunista a la alcaldía de Puente Alto. ¿Ley pareja?
3.2.Los años 2004 y 2005, sendas leyes liberaron a numerosos condenados por terrorismo. Requisito: que hubieran cumplido diez años de cárcel. Incluyó el perdón a autores de crímenes sublevantes —v.gr., asesinato a mansalva de tres detectives que custodiaban la casa de un intendente democratacristiano— PERPETRADOS ENCONTRANDOSE YA EL PAIS EN DEMOCRACIA.
Los proyectos respectivos habían sido presentados por parlamentarios concertacionistas para (dijeron) “coadyuvar a la paz social”. Fueron ley gracias a un intenso lobby de la Iglesia Católica, y a los votos de la Alianza.
Simultáneamente, senadores aliancistas Y CONCERTACIONISTAS presentaban un proyecto con iguales beneficios para los autores de delitos contra los derechos humanos cometidos durante el régimen militar, que llevaran los mismos diez años de cárcel efectiva.
Esta vez no hubo lobby de la Iglesia. Y una mayoría concertacionista rechazó el proyecto. ¿Ley pareja?
3.3.Pero donde más flagrante resulta la asimetría —justicia A para los «buenos» y justicia B para los «malos»— es en los juicios de derechos humanos contra ex militares del régimen anterior.
Los tribunales inferiores han aplicado para condenarlos —y la Corte Suprema no ha tenido al respecto política ni criterio correctores, ni siquiera uniformadores— normas jurídicas QUE NO ESTAN ESCRITAS EN NINGUNA PARTE, Y CUYAS CONSECUENCIAS RESPECTO A TODO NUESTRO SISTEMA JURIDICO NADIE PARECE HABERSE DETENIDO A CONSIDERAR. Por ejemplo, sobre amnistía, prescripción, secuestro permanente, estado de guerra, verticalidad del mando, primacía del Derecho Internacional Público NO ESCRITO (jus cogendi) sobre la Constitución de Chile, etc. Los ex militares son así traídos y llevados por un derecho nuevo, no escrito sino consuetudinario (y no consuetudinario de Chile) y jurisprudencial, que sólo se les aplica a ellos... otra flagrante asimetría, que desacredita la «venganza legal». El más reciente ejemplo, la sentencia condenatoria del general Odlanier Mena, merece análisis aparte.
