Al ponerme a escribir esta columna me he llevado una buena sorpresa. Mi ánimo era sumarme a las críticas que se hacen a la propuesta que busca compatibilizar los cargos parlamentarios con los de gobierno. Dicha proposición plantea que quien resulte electo para desempeñarse en el Congreso puede ser llamado a ocupar un cargo público y dejar su cupo en manos de un reemplazante, nominado por su partido, mientras se desempeña en dicho cargo. Esta iniciativa, que forma parte de una eventual reforma constitucional, ha generado mucho rechazo.
A partir de la información disponible, dicha moción muestra una total falta de sintonía con las señales que la ciudadanía quiere recibir del sistema político.
La propuesta —tal como se la conoce— apunta justamente en la dirección opuesta a lo que las personas reclaman: una renovación de la política. Por esto último, entiendo convivir en una sociedad más democrática, dirigencias políticas abiertas a incorporar nuevas voces y mayor transparencia en la toma de decisiones. Las disposiciones que considera este planteamiento cierran oportunidades para convocar a otros a participar en la toma de decisiones y, de ese modo, favorecen la concentración de poder. Mirando la propuesta desde esta perspectiva, se podría entender que ni siquiera trata de mantener el statu quo: más bien da varios pasos hacia atrás.
Al tratar de entender mejor esta iniciativa y su rechazo, me di cuenta de que hay muy poca información disponible sobre una materia tan central para el país como es un cambio en la Constitución. De ahí que, a mi interés por hablar sobre este punto específico, agrego ahora una preocupación por el tratamiento que se da a asuntos que son importantes para todos: hay opiniones sobre este tema en los medios de comunicación que pecan de falta de profundidad en el análisis y, por nuestra parte, mostramos una gran facilidad para sumarnos a juicios y críticas sin conocer a fondo la materia sobre la que se opina. Pareciera que nos dejamos llevar y nos solazamos con la crítica política, y que ésta es nuestro verdadero deporte nacional.
El análisis de esta moción se hace al margen de su marco general: una reforma constitucional mayor que cubre distintos campos relacionados con formas ampliadas y más fluidas de participación, de manera de facilitar la toma de decisiones. Por lo mismo, no puede ser evaluada aislada del conjunto. Las dudas pueden ser muy legítimas, pero antes de hacer juicios hay que tener una visión global del contexto del cual forma parte. Es muy probable que los puntos que suscitan críticas tengan su contrapeso en otras disposiciones de la misma reforma, las que hay que considerar. Sin embargo, da que pensar el hecho de que nadie salga en su defensa públicamente; que nadie dé esas explicaciones.
Una reforma amplia a la Constitución, no meras enmiendas puntuales como las realizadas hasta el presente, merece ser analizada y debatida no sólo en los círculos de entendidos, sino que también por toda la ciudadanía. Este esfuerzo se echa de menos. Cabe preguntarse de quién es la falla. Todos podemos sentirnos incluidos en esta crítica: los que proponen este cambio; los medios de comunicación, que no destacan suficientemente un planteamiento de esta envergadura, y los lectores, que no sabemos discriminar entre noticias o no les prestamos la suficiente atención. La pregunta queda en pie. Sobre un cambio constitucional habría que informarse.
Un último punto. El bien común exige hacer todos los esfuerzos necesarios para cerrar la brecha existente entre la ciudadanía y la política. El sistema político es un canal necesario para la organización social y el proceso de toma de decisiones. Sus líderes y los ciudadanos debemos tener presente que nos requerimos mutuamente. No podemos darnos el lujo de criticar si no podemos hacerlo en forma fundada. En este deporte nacional hay que hacer gala de un fair play, por el bien de todos. Para ello se requiere información oportuna y completa.