El MIR, esa pyme de los 70 Gonzalo Rojas
Chile es un país muy raro. Pasan cosas que sólo sucedieron antes en África, en el reino perdido de Lulunga, y en el Pacífico Sur, en las islas hundidas de Mundoy.
Por eso, cuando un buen amigo historiador le contó a su grupo más cercano sobre su nuevo proyecto Fondecyt, quedamos atónitos. Se va a llamar "El MIR: un caso exitoso de pyme que termina en estrepitoso fracaso: 1965-1975", nos dijo.
Sin darnos tiempo a la carcajada, el hombre nos explicó que la investigación era muy interesante, porque implicaba meterse a fondo en la determinación de los principales accionistas y ejecutivos, en el análisis del tipo y giro de la empresa, de la naturaleza de los vínculos contractuales (en particular, de la contratación de personal especializado con experiencia fuera de Chile), del uso de royalties de pymes cubanas, uruguayas y argentinas parecidas, y de los diversos modos de búsqueda de recursos en los bancos nacionales y en empresas soviéticas del rubro.
Todo un proyecto interdisciplinario, nos aseguró, porque aparte de los diversos historiadores que estarán implicados, se van a necesitar contadores y tributaristas para hacer el cálculo a valor presente de los activos del MIR y de sus eventuales impuestos impagos; por cierto, también habrá que incluir a juristas que puedan razonar sobre el lucro cesante, y a psicólogos que evalúen el daño moral. Porque el proceso de decadencia de la empresa, nos dijo, comenzó a manifestarse en septiembre de 1973 y fue hacia mediados del 75 cuando ya se declaró su fracaso definitivo.
A estas alturas de su argumentación, el ambiente no era grato. Entre nosotros hay un par de historiadores que no están para bromas. Uno, bastante molesto, le recordó las declaraciones de Altamirano sobre el notable tamaño del aparato militar del MIR, aliado del socialismo hacia el 73; el otro, indignado, puso en la mesa un texto con declaraciones de Pascal Allende sobre los métodos, fines y acciones terroristas de la organización.
Pero nuestro buen amigo nos dejó callados a todos. Son ustedes unos ignorantes, nos dijo; desconocen el reciente dictamen de Contraloría por el que se determinó que el MIR fue una empresa antes de ser proscrito por el Gobierno Militar, lo que -nos ha informado un semanario- le permite a cerca de 20 de sus ex militantes recibir hoy una pensión estatal, por haber sido despojados de su fuente laboral después del 11 de septiembre de 1973. Y, por si no lo saben -continuó enérgico-, al tan citado Pascal Allende le corresponde determinar ahora quiénes de los más de 400 subversivos -perdón, funcionarios- que solicitan ese beneficio tienen derecho a recibirlo. Era el CEO del MIR, o algo parecido, y por eso tiene que ver ahora la situación de sus empleados del 73, concluyó el historiador. Es el encargo que le ha dado el gobierno de Bachelet.
Uno de los problemas más serios -nos explicó- es determinar si los empleados del MIR que siguieron con el giro de la empresa después del 73, como Yovanovic, el autor intelectual del asesinato de Carol Urzúa en 1983, estaban o no contratados ya en 1973, y si puede considerarse que tenían mandato para seguir con la actividad empresarial. Tremendo problema, aunque esa parte de la investigación podría salirse de su marco histórico, porque él sólo quiere estudiar la pyme MIR hasta el 75.
Y su otra dificultad es que varios amigos que hoy tienen pymes están molestos con él, porque dicen que ellos pagan impuestos con los que los miristas reciben sus pensiones. El argumento de la solidaridad entre los pequeños empresarios no los convence mucho.
Antes, cosas así sólo habían pasado en el reino de Lulunga y en las islas Mundoy. Poco después, esos estados desaparecieron.
