El puntapié de la PresidentaGonzalo Rojas Sánchez.
Mientras con la pierna derecha la Presidenta daba el puntapié inicial en un estadio sureño, con la izquierda le daba el puntapié final a su compromiso con el memorial a Jaime Guzmán.
En Temuco había hecho volar su zapato; al cancelar su presencia en la inauguración de hoy, aventó algunos de los bienes más preciados que a ella, por su investidura, le corresponde custodiar y cultivar.
La democracia, a la que la señora Bachelet tardó tanto en incorporarse, se ejerce mediante muchas decisiones presidenciales que son privadas, obvio, pero hay también tantas otras que son, y deben ser, públicas. Estas últimas se expresan en ritos y en símbolos, en gestos y en protocolos.
Por eso la Presidenta usa banda e inaugura estadios, por eso acude a encuentros empresariales y condecora a extranjeros, por eso a nadie niega la mano cuando se la ofrece. Cada uno de esos gestos rituales tiene un significado, incorporado ya en las rutinas de la democracia; es un sentido destinado a consolidar prácticas que necesitan del buen ejemplo presidencial.
Con su negativa -gesto, símbolo y protocolo que ya se va haciendo rito desde la muerte de Augusto Pinochet en adelante- la Presidenta ha dañado gravemente algunos comportamientos humanos que la democracia requiere para funcionar.
¿Cuáles? Simplemente la confianza, la transparencia, el respeto y la independencia. O sea, casi todo lo que de una autoridad se espera, día a día, todos los días.
¿Por qué habría de confiarse a futuro en la mandataria, si ella ha faltado a la palabra empeñada con un senador, ex presidente de un partido y quien con mucha anticipación la invitó, recibiendo de ella un sí que se hizo público en los medios de prensa y en las invitaciones impresas? La confianza ha quedado desvirtuada.
¿Cómo es posible que una negativa tan cargada de consecuencias no sea acompañada de fundamentación alguna por parte de quien la formula? ¿Basta con pedirle a un vocero que haga su enésimo malabarismo verbal para que parezca justificada la decisión presidencial? Comentado informalmente el tema el miércoles en la Sofofa, la Presidenta mantuvo su silencio, miró a sus interlocutores y sonrió. Las razones se sospechan, los motivos se intuyen, la carta por la que la Presidenta debe explicar su comportamiento ¿habrá llegado ya a manos del senador Longueira? La transparencia ha sido seriamente dañada.
¿De qué modo entiende la Presidenta el respeto a ese gran porcentaje de chilenos que vota por el partido que fundó Jaime Guzmán o que al menos considera al senador asesinado un servidor público ejemplar en su vida y en su muerte? A las 12 de hoy, la Presidenta estará practicando algún otro ritual -actuando sólo para la exigua mayoría que la respaldó electoralmente- o estará legítimamente descansando de las durezas de una ardua semana, de los problemas que ella misma se echó encima. En uno u otro caso, estará faltándole el respeto a la mitad de los chilenos al menos.
¿Cuál ha sido el grado de independencia con que ha tomado la decisión de omitirse? ¿Ha podido formular su no con libertad de conciencia, o los profesores y políticos que la han asesorado y cercado en este tema, se deben llevar los verdaderos créditos por la decisión? Una paradoja notable se ha producido con esos consejeros: mientras en los años 70 y 80 Guzmán impulsaba con su asesoría el autoritarismo hacia la democracia, los nuevos palaciegos logran ahora convencer a la mandataria que es mejor ejercer la democracia con autoritarismo.
Pocas semanas atrás, la Presidenta había oído del cardenal Errázuriz estas palabras, en el solemne Tedeum del 18 de septiembre: queremos que los servidores públicos se entiendan, colaboren entre sí, no usen los hechos del pasado como arma política en el hoy, eviten las descalificaciones personales y busquen el bien de Chile, y no en primer lugar el bien de su grupo político o de sí mismos. Comentando la intervención episcopal, la Presidenta había aprobado la necesidad de fortalecer la capacidad de diálogo y acuerdos porque eso es lo que la gente espera de nosotros, y es la única manera -nuestra historia así nos lo ha demostrado- de avanzar en aquellos cambios que permitan mejorar la calidad de vida de todos los que vivimos en nuestro hermoso país.
Las palabras son ritos, los silencios son ritos. Al fin de cuentas, un puntapié, también es un rito.
Estatización del sistema jubilatorioAcusan al Estado argentino de autoritario y centralista
Nélida Rebollo de Montes
En la madrugada del viernes 7 del corriente mes de noviembre el oficialismo aprobó en la Cámara de Diputados la media sanción del polémico proyecto de ley del gobierno sobre estatización del sistema jubilatorio que provoca la desaparición de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP). Es ahora el Senado, tras la media sanción de la ley de referencia, convertirla con su voto en ley. Esto implica la transferencia al Estado de casi ochenta mil millones de pesos de activos de los afiliados, sumados a otros quince mil millones por año en concepto de aportes.
El Estado se ha mantenido indiferente a la crítica fundamentada de la oposición que instaló la sospecha del uso electoralista de los fondos previsionales que hará el gobierno. Las críticas de los opositores se ha intensificado ha medida que analizan en profundidad la reforma que se quiere imponer.
En el prolongado debate se puso de relieve el uso discrecional que el gobierno hará de los fondos jubilatorios, principalmente del superávit de la ANSES que reunirá a fin de año, aproximadamente cien mil millones de pesos.
El debate de la reforma del sistema jubilatorio ha quedado reducido a un proyecto sobre la transferencia de fondos del sector privado al público, vulnerando así el derecho de los afiliados a la AFJP. Esto significa una verdadera confiscación de fondos jubilatorios por parte del Estado.
La oposición ha reclamado la devolución a las provincias del quince por ciento que aportan en concepto de coparticipación al sistema jubilatorio. Lamentablemente el oficialismo no se tomó el tiempo para discernir acerca del cuestionamiento que se le hace del proyecto confiscatorio sino para desprestigiar a las AFJP, al mejor estilo descalificatorio que suele emplear el oficialismo como una forma de querer vencer con inexactitudes y mentiras. Lo que induce a pensar que los argumentos en los que se exaltan los méritos y los desméritos, dependen más de la conciencia moral de quien los hace.
El oficialismo se caracteriza por la incoherencia de la realidad y la anarquía de los valores incompatibles, sin importarles la consecuencia de sus engaños como de su inclinación a dividir al frente opositor. Diez millones de jubilados pasarán así al Estado, si se aprueba la ley.
El analista político Fernando Laborda opina que “No se puede convalidar un saqueo a los aportes hechos por los futuros jubilados que le permitirá al gobierno manejar un pozo millonario para hacer clientelismo y obras públicas en un año electoral”. Laborda se pregunta: “¿Se realizarán los ahorros o simplemente se los robarán?”.
Lo que está pasando con la pretensión de estatizar el sistema jubilatorio en nuestro país y la consiguiente desaparición de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) nos lleva a la reflexión de que la vida en sociedad implica la coordinación de las actividades individuales. Esta coordinación exige reglas y marcan la distinción de lo que está autorizado y lo que está prohibido.
El gobierno es autoritario al coaccionar a los que eligieron depositar sus ahorros en el sistema jubilatorio de las AFJP. Hay coacción desde el momento en que el gobierno nacional obliga a estatizar los ahorros que estaban depositados en la institución privada, sin que los que eligieron las AFJP hayan enajenado su derecho de decisión y de acción personal.
En tal caso la pretensión del gobierno implica una coacción a partir del momento en que el individuo se vuelve, aun sin quererlo, un instrumento del Estado a hacer lo que no quiere por temor justificado al despojo de su patrimonio. Esto demuestra que el individuo no es libre ya que se lo priva hasta de escoger su propia jubilación.
La argucia del Estado lo favorece cuando afirma que en una sociedad libre son las leyes las que reinan por igual sobre gobernantes y gobernados, omitiendo decir que el dinero depositado en las AFJP dejará de pertenecerles a sus legítimos dueños. La tradición en la trampa confunde aquí la libertad con la obediencia a una ley que sancionarán sus cómplices en la confiscación.
La forma en que se ha procedido para estatizar las jubilaciones no permite discernir si se trata de una orden o de una ley forzada que no es fruto de la razón. Al violar la propiedad privada del ahorrista el gobierno nacional ha puesto en evidencia que el verdadero problema es la economía, no la previsión.
Esto recuerda que en la ex Unión Soviética, la sacralización del Estado por la ideología prohibía que se ponga en tela de juicio al gobierno o al régimen en las decisiones apresuradas a su favor.
(*)Profesora, Periodista, comentarista, una de las mujeres más premiadas en el Continente.
El Estado se ha mantenido indiferente a la crítica fundamentada de la oposición que instaló la sospecha del uso electoralista de los fondos previsionales que hará el gobierno. Las críticas de los opositores se ha intensificado ha medida que analizan en profundidad la reforma que se quiere imponer.
En el prolongado debate se puso de relieve el uso discrecional que el gobierno hará de los fondos jubilatorios, principalmente del superávit de la ANSES que reunirá a fin de año, aproximadamente cien mil millones de pesos.
El debate de la reforma del sistema jubilatorio ha quedado reducido a un proyecto sobre la transferencia de fondos del sector privado al público, vulnerando así el derecho de los afiliados a la AFJP. Esto significa una verdadera confiscación de fondos jubilatorios por parte del Estado.
La oposición ha reclamado la devolución a las provincias del quince por ciento que aportan en concepto de coparticipación al sistema jubilatorio. Lamentablemente el oficialismo no se tomó el tiempo para discernir acerca del cuestionamiento que se le hace del proyecto confiscatorio sino para desprestigiar a las AFJP, al mejor estilo descalificatorio que suele emplear el oficialismo como una forma de querer vencer con inexactitudes y mentiras. Lo que induce a pensar que los argumentos en los que se exaltan los méritos y los desméritos, dependen más de la conciencia moral de quien los hace.
El oficialismo se caracteriza por la incoherencia de la realidad y la anarquía de los valores incompatibles, sin importarles la consecuencia de sus engaños como de su inclinación a dividir al frente opositor. Diez millones de jubilados pasarán así al Estado, si se aprueba la ley.
El analista político Fernando Laborda opina que “No se puede convalidar un saqueo a los aportes hechos por los futuros jubilados que le permitirá al gobierno manejar un pozo millonario para hacer clientelismo y obras públicas en un año electoral”. Laborda se pregunta: “¿Se realizarán los ahorros o simplemente se los robarán?”.
Lo que está pasando con la pretensión de estatizar el sistema jubilatorio en nuestro país y la consiguiente desaparición de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) nos lleva a la reflexión de que la vida en sociedad implica la coordinación de las actividades individuales. Esta coordinación exige reglas y marcan la distinción de lo que está autorizado y lo que está prohibido.
El gobierno es autoritario al coaccionar a los que eligieron depositar sus ahorros en el sistema jubilatorio de las AFJP. Hay coacción desde el momento en que el gobierno nacional obliga a estatizar los ahorros que estaban depositados en la institución privada, sin que los que eligieron las AFJP hayan enajenado su derecho de decisión y de acción personal.
En tal caso la pretensión del gobierno implica una coacción a partir del momento en que el individuo se vuelve, aun sin quererlo, un instrumento del Estado a hacer lo que no quiere por temor justificado al despojo de su patrimonio. Esto demuestra que el individuo no es libre ya que se lo priva hasta de escoger su propia jubilación.
La argucia del Estado lo favorece cuando afirma que en una sociedad libre son las leyes las que reinan por igual sobre gobernantes y gobernados, omitiendo decir que el dinero depositado en las AFJP dejará de pertenecerles a sus legítimos dueños. La tradición en la trampa confunde aquí la libertad con la obediencia a una ley que sancionarán sus cómplices en la confiscación.
La forma en que se ha procedido para estatizar las jubilaciones no permite discernir si se trata de una orden o de una ley forzada que no es fruto de la razón. Al violar la propiedad privada del ahorrista el gobierno nacional ha puesto en evidencia que el verdadero problema es la economía, no la previsión.
Esto recuerda que en la ex Unión Soviética, la sacralización del Estado por la ideología prohibía que se ponga en tela de juicio al gobierno o al régimen en las decisiones apresuradas a su favor.
(*)Profesora, Periodista, comentarista, una de las mujeres más premiadas en el Continente.
