¿La hora del activismo estatal?
Juan Andrés Fontaine
Juan Andrés Fontaine
Es posible que la tormenta financiera mundial esté amainando, pero sus consecuencias sobre la economía real, sus empresas, consumidores y trabajadores recién comienzan a hacerse sentir. Se sabe que habrá recesión en Estados Unidos y Europa, y severa desaceleración en las economía emergentes, Chile incluido. Ante el derrumbe de los mercados, ¿debe el Estado asumir de locomotora de la actividad económica?
Aunque los vaivenes de los mercados sean ahora menos amenazantes, el escenario mundial que se nos viene será muy diferente. La gran moderación de los noventa, cuando el mundo cosechó la estabilidad y la prosperidad ganadas tras los esfuerzos de los ochenta, concluyó en la más inmoderada de las bonanzas. Aunque las innovaciones tecnológicas y la globalización —con China a la cabeza— sigan dinamizando la actividad económica mundial, es probable que ingresemos a una era de marcha pausada, inversiones cautelosas, aversión al riesgo. Que Chile deba vérselas con precios de exportación más bajos y crédito externo más caro.
Pero en Chile sabemos navegar bien a contraviento. Lo hemos hecho en el pasado: el despegue económico chileno se dio en la segunda mitad de los ochenta, en una situación externa mucho más desfavorable que las que ahora se prevé para el 2009 en cuanto a precio de exportaciones y financiamiento externo. ¿Dónde estuvo el secreto? En el realismo de los diagnósticos, en la confianza en la capacidad de la iniciativa privada y el libre mercado, y en la destreza del manejo macroeconómico.
La perspectiva de un enfriamiento de la actividad económica provoca justificados temores. Surgen con renovados bríos las voces que abogan por el retorno del activismo estatal. Recomiendan que el Estado impulse la economía, que las empresas públicas —como BancoEstado— desplieguen acciones contracíclicas, que la política fiscal se torne audazmente expansiva. Cuidado. Las situaciones de crisis exigen sin duda medidas de emergencia, pero Chile no atraviesa hoy por nada semejante. Lo que viene es una desaceleración económica que bien manejada no tiene por qué siquiera desembocar en una recesión. En cambio, si a propósito de ella la política económica da señales de alejarse del camino del realismo y del libre mercado, entonces sí podríamos ver un derrumbe de la inversión y del empleo.
Días atrás, el gobierno ha dado a conocer un paquete de medidas reactivadoras. Son positivos los anuncios en cuanto a la agilización de ciertas devoluciones tributarias. Pero, desde luego, es mucho más lo que se puede hacer en el campo tributario para favorecer a este sector. El Estado les cobra mensualmente los IVA y PPM provenientes de ventas cuya cancelación es frecuentemente muy posterior. Su situación de liquidez mejoraría significativamente si la frecuencia de los pagos de impuestos se hiciese más espaciada.
Es positiva la ampliación temporal anunciada en los subsidios a la adquisición de viviendas. El sector inmobiliario exhibe un alto inventario y ha visto caer sus ventas. Pero para que la construcción retome el dinamismo de antes hace falta más que un estímulo ocasional a la demanda. Se requiere ofrecerle una buena perspectiva de mediano plazo, y las medidas requeridas son de orden tributario, regulatorio y laboral.
El paquete incluye también —y es materia de ley— una capitalización extraordinaria de BancoEstado, que le permitiría expandir sus operaciones en alrededor de US$ 5.000 millones, equivalentes a cerca de 5% del total del crédito bancario nacional. El Congreso deberá estudiar detenidamente los méritos de esta iniciativa. Las empresas públicas deben ser manejadas con criterio comercial, como si fuesen privadas. No se conoce el plan de negocios que fundamenta esta inversión de recursos públicos, que se anuncia con propósitos de reactivación económica. No está de más recordar que en la génesis de la crisis inmobiliaria norteamericana estuvieron presentes dos agencias semiestatales de crédito hipotecario, de osadas prácticas crediticias, debidamente respaldadas por los gobiernos de entonces.
La política fiscal del 2009 quedará próximamente plasmada en la Ley de Presupuestos. Ella está construida en base a la regla del superávit estructural que, adecuadamente, evita recortar el gasto público si sus ingresos fallan temporalmente. Conforme a ella, el gasto debería crecer al ritmo del PIB potencial o de tendencia, estimado en 4,9% real. Pero en los últimos años el Presupuesto ha crecido muy por sobre ese límite. Al tercer trimestre del presente año, por ejemplo, está aumentando casi 10% real sobre igual período del año anterior, y eso que no se incluyen allí subsidios al Transantiago y a los combustibles por US$ 1.000 millones. Parte de la explicación está en que el Presupuesto se basa en una estimación del precio del cobre, que ha sido elevada sistemáticamente. Para el 2009, dicha estimación sube 45%, a un valor de casi US$ 2 por libra, que hoy parece algo aventurado. Y no se crea que el cambio es baladí: le permite incrementar al fisco su gasto en más de US$ 2.000 millones adicionales.
El proyecto de Presupuesto utiliza un escenario que la crisis internacional ha tornado obsoleto. Las autoridades dicen que no corresponde modificación alguna, porque lo que importa es la visión de largo plazo. Pero es precisamente esa visión —por ejemplo, del mercado del cobre— la que el tsunami financiero obliga a revisar. Así como no hacía sentido en el 2006 mantener inalterados los supuestos de la regla fiscal, porque el cobre experimentaba un alza permanente, hoy lo prudente es abstenerse de elevar nuevamente ese precio clave para la confección del Presupuesto. De lo contrario, si persiste el bajón del cobre, es probable que el Presupuesto del 2010 deba contemplar un severo ajuste.
Hay quienes abogan hoy por una política fiscal más contracíclica para suplir la eventual deficiencia de la demanda privada. Pero la política fiscal suele desempeñar esa función en forma demasiado lenta, plagada de ineficiencias y teñida de consideraciones políticas. En cambio, la regulación de la demanda, previniendo, por ejemplo, una desaceleración excesiva, es el modo como el Banco Central desempeña su función estabilizadora. Apenas ceda la tendencia de fondo en la inflación —que, de acuerdo al último IPC, sigue viva— podrá rebajar los intereses. No hay evidencia alguna de que la política monetaria hoy sea inefectiva en Chile para rebajar el costo del crédito y elevar el dólar. Así despegó Chile en 1985
