Alianza: un primer paso para el triunfoCristina Bitar
Todo indica que en los próximos días la UDI entregará su apoyo a Sebastián Piñera, quien se convertirá así en el único candidato presidencial de la Alianza. Este es un paso muy importante para la oposición en el camino de la alternancia y demuestra que los partidos opositores están actuando con la madurez necesaria para dar gobernabilidad al país.
La UDI, bajo la conducción de Juan Antonio Coloma, se atreve a construir una coalición de verdad con RN, en la que ninguno de los dos partidos tiene la hegemonía y pueden enfrentar las elecciones presidenciales con el mejor abanderado, sin importar a qué partido pertenece éste. Con un periodo presidencial de apenas cuatro años es imprescindible aceptar que nadie puede pretender tener siempre al candidato de la coalición: unas veces tocará a uno y otras, al otro.
La UDI lo ha entendido así y ahora serán Sebastián Piñera y RN los que deberán dar señales de que entregarán a sus socios el espacio adecuado para compartir un proyecto común. Quedan atrás, de esta manera, largos años de desencuentros y rencillas personales que quitaron a la oposición toda posibilidad de mostrarse como una alternativa capaz de formar un gobierno eficiente y con objetivos claros.
Con todo, este paso es aún insuficiente. La Alianza sigue teniendo otros desafíos fundamentales. En esta ocasión me quiero referir a tres: ampliarse a otros sectores más diversos, renovar sus rostros y construir un discurso de cambio que, desde las propuestas, encante a los chilenos.
El primer objetivo pasa por sumar a personas que tradicionalmente no se han sentido parte de la oposición, pero que hoy están muy distantes de la Concertación y quieren encontrar una opción diferente a la cual adherir. Tanto los movimientos políticos formados por ex concertacionistas, como independientes de un mundo más liberal que en el pasado fueron opositores a Pinochet, pueden sumar aportes que amplíen el espectro opositor, dándole esa amplitud que en el pasado fue un activo tan importante de la Concertación.
La renovación de los rostros es otra necesidad imperiosa. Los veinte años de gobierno de la Concertación han tenido el efecto de congelar la política. Es evidente que la gente quiere una renovación de los rostros. Piñera tiene una gran oportunidad de confiar en la gente joven y hacer un gobierno con muchas nuevas caras. Chile tiene una generación con muchos profesionales, y que además tienen una profunda vocación de servicio público. Ellos pueden representar la gran renovación que el país espera de sus cuadros dirigentes. Pero no es suficiente entregarles confianza a estos jóvenes, sino también encantarlos con la posibilidad de generar una transformación de verdad desde el Ejecutivo. En caso contrario, muchos de ellos podrían preferir no participar.
Por último, el discurso de cambio será especialmente importante en un año de crisis económica, en que muchos chilenos lo estarán pasando mal. El desempleo probablemente subirá y muchas personas sufrirán la inestabilidad proveniente de trabajos en permanente riesgo. En este escenario, con un gobierno que pertenece a una coalición desgastada y que además llevará a un ex Presidente de la República como candidato, la oposición tendrá una oportunidad gigantesca de encarnar la idea de un cambio positivo, que traiga esperanzas de un futuro mejor.
En ese discurso, la figura de una persona exitosa y capaz como Sebastián Piñera calza muy bien, pero no es suficiente. El tiene que encarnar propuestas que ilusionen a los chilenos, que generen confianza, que muestren que sí se pueden solucionar problemas como el Transantiago, la mala calidad de la educación, la salud, la seguridad ciudadana y tantos otros.
Está claro que el candidato único es el primer paso de una Alianza que se comienza a ver con rostro ganador
“No podrán declararse en huelga...”Alejandro Ferreiro
“No podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades”, dice la Constitución (Art. 19, N°16). No cabe la negociación colectiva en el sector público, aclara el artículo 304 del Código del Trabajo. Pocas normas jurídicas revelan con mayor nitidez su ingenuidad e ineficacia que las recientemente mencionadas. No es sano que las sociedades se acostumbren, como si nada, a una brecha tan amplia entre el derecho y los hechos. Hoy puede ser la negociación o la huelga en el sector público, mañana podrán ser otros los campos en los que terminemos por acostumbrarnos a un derecho impotente. El Estado de Derecho, fortaleza y rasgo distintivo del Chile moderno, se fortalece o erosiona todos los días en función del respeto que efectivamente impongan las normas que la sociedad legítimamente se dicta para ordenar la vida en común.
La brecha entre la ley que norma conductas y las conductas efectivas debe cerrarse. Y cuando el cumplimiento de normas inviables se hace imposible, será responsabilidad del derecho admitir la realidad, única manera de poder encauzarla con razonable eficacia. Es cierto, prohibir la huelga en el sector público tiene fundamento. El daño social por la interrupción de los servicios públicos afecta a todos los chilenos -a los más pobres, en especial-, y no es sensato validar ese costo socialmente regresivo como arma lícita de negociación. Pero la realidad dice otra cosa. La huelga se impone por la fuerza de los hechos. Y la negociación colectiva que por ley se prohíbe, se ha realizado de facto en los últimos años.
Salvo que prefiramos seguir con la hipocresía de prohibir por ley, lo que consentimos en los hechos, será necesario reconocer la realidad de la negociación colectiva en el sector público, reglarla razonablemente y establecer mecanismos mutuamente validados que, como el arbitraje forzoso, permitan llegar a soluciones que las partes consideren equilibradas y legítimas, sin incurrir en paralizaciones que la sociedad no merece soportar. Legislar sobre la negociación en el sector público es simplemente sincerarse frente a la realidad. Pero puede tener ventajas importantes, si se logran instalar procedimientos predecibles y transparentes, entrega de información mutua y mecanismos que ayuden a generar confianzas recíprocas y soluciones justas y equilibradas.
Es importante detener ahora la lógica de la confrontación al debatir los reajustes. No es bueno que se valide la huelga como forma de presión. La falta de reglas de negociación parece validar el “todo vale”. Y el “todo vale” no le conviene a Chile. Todos los chilenos necesitamos que los servicios se entreguen en forma regular y continua. Todos financiamos mediante impuestos las remuneraciones de los funcionarios, por lo que la sociedad toda tiene un interés en que las remuneraciones públicas sean justas y dignas, pero no excesivas.
A estas alturas, ese interés social parece mejor defendido por un procedimiento reglado que, dentro de ciertos márgenes conferidos por el legislador, le permita al gobierno negociar con los trabajadores sobre parámetros objetivos y predeterminados. El gobierno quedaría facultado para cerrar acuerdos enmarcados en los criterios y ponderaciones que la ley defina, como por ejemplo, la inflación pasada o proyectada, el crecimiento del PIB, de los ingresos fiscales de largo plazo, mediciones de eficiencia del sector público, comparaciones de renta por funciones equivalentes en el sector privados, etc.). En esta propuesta al Congreso no le cabría la validación ex post de las negociaciones que hoy cumple bajo apuro y hechos casi consumados que en poco honran su labor. Pero su papel sería más trascendente que el actual si acierta en definir el procedimiento de negociación y los criterios a aplicar. Los funcionarios podrán tener certezas acerca de la evolución de sus remuneraciones o, al menos, de los criterios que las definirán. Los ciudadanos, por su parte, podrán conocer y validar políticamente esos criterios -los que no siempre son claros en el esquema actual- y, en la medida de la eficacia de los mecanismos de solución de controversias, las paralizaciones podrían quedar en el pasado. El gobierno, por fin, podrá modernizar las relaciones con sus funcionarios y reducir la conflictividad social, si las negociaciones se enmarcan en un proceso predecible, transparente, fundamentado y percibido como justo.
La negociación colectiva en el sector público es hoy una realidad de hecho, desregulada, conflictiva y que tiene en la huelga su más probable desenlace. La prohibición legal actual sólo sirve para evidenciar la derrota del derecho frente a la realidad. Muchos países han preferido asumir legalmente la negociación en el sector público. La OIT lo promueve derechamente.
A estas alturas, pocas lágrimas debiéramos derramar en el funeral de una prohibición que ya nada prohíbe. Pero mucho podríamos ganar si prevalece en el futuro una negociación reglada en la que prevalezca la fuerza de las razones, en reemplazo de la negociación de facto en la que parece hoy primar la razón de la fuerza
La brecha entre la ley que norma conductas y las conductas efectivas debe cerrarse. Y cuando el cumplimiento de normas inviables se hace imposible, será responsabilidad del derecho admitir la realidad, única manera de poder encauzarla con razonable eficacia. Es cierto, prohibir la huelga en el sector público tiene fundamento. El daño social por la interrupción de los servicios públicos afecta a todos los chilenos -a los más pobres, en especial-, y no es sensato validar ese costo socialmente regresivo como arma lícita de negociación. Pero la realidad dice otra cosa. La huelga se impone por la fuerza de los hechos. Y la negociación colectiva que por ley se prohíbe, se ha realizado de facto en los últimos años.
Salvo que prefiramos seguir con la hipocresía de prohibir por ley, lo que consentimos en los hechos, será necesario reconocer la realidad de la negociación colectiva en el sector público, reglarla razonablemente y establecer mecanismos mutuamente validados que, como el arbitraje forzoso, permitan llegar a soluciones que las partes consideren equilibradas y legítimas, sin incurrir en paralizaciones que la sociedad no merece soportar. Legislar sobre la negociación en el sector público es simplemente sincerarse frente a la realidad. Pero puede tener ventajas importantes, si se logran instalar procedimientos predecibles y transparentes, entrega de información mutua y mecanismos que ayuden a generar confianzas recíprocas y soluciones justas y equilibradas.
Es importante detener ahora la lógica de la confrontación al debatir los reajustes. No es bueno que se valide la huelga como forma de presión. La falta de reglas de negociación parece validar el “todo vale”. Y el “todo vale” no le conviene a Chile. Todos los chilenos necesitamos que los servicios se entreguen en forma regular y continua. Todos financiamos mediante impuestos las remuneraciones de los funcionarios, por lo que la sociedad toda tiene un interés en que las remuneraciones públicas sean justas y dignas, pero no excesivas.
A estas alturas, ese interés social parece mejor defendido por un procedimiento reglado que, dentro de ciertos márgenes conferidos por el legislador, le permita al gobierno negociar con los trabajadores sobre parámetros objetivos y predeterminados. El gobierno quedaría facultado para cerrar acuerdos enmarcados en los criterios y ponderaciones que la ley defina, como por ejemplo, la inflación pasada o proyectada, el crecimiento del PIB, de los ingresos fiscales de largo plazo, mediciones de eficiencia del sector público, comparaciones de renta por funciones equivalentes en el sector privados, etc.). En esta propuesta al Congreso no le cabría la validación ex post de las negociaciones que hoy cumple bajo apuro y hechos casi consumados que en poco honran su labor. Pero su papel sería más trascendente que el actual si acierta en definir el procedimiento de negociación y los criterios a aplicar. Los funcionarios podrán tener certezas acerca de la evolución de sus remuneraciones o, al menos, de los criterios que las definirán. Los ciudadanos, por su parte, podrán conocer y validar políticamente esos criterios -los que no siempre son claros en el esquema actual- y, en la medida de la eficacia de los mecanismos de solución de controversias, las paralizaciones podrían quedar en el pasado. El gobierno, por fin, podrá modernizar las relaciones con sus funcionarios y reducir la conflictividad social, si las negociaciones se enmarcan en un proceso predecible, transparente, fundamentado y percibido como justo.
La negociación colectiva en el sector público es hoy una realidad de hecho, desregulada, conflictiva y que tiene en la huelga su más probable desenlace. La prohibición legal actual sólo sirve para evidenciar la derrota del derecho frente a la realidad. Muchos países han preferido asumir legalmente la negociación en el sector público. La OIT lo promueve derechamente.
A estas alturas, pocas lágrimas debiéramos derramar en el funeral de una prohibición que ya nada prohíbe. Pero mucho podríamos ganar si prevalece en el futuro una negociación reglada en la que prevalezca la fuerza de las razones, en reemplazo de la negociación de facto en la que parece hoy primar la razón de la fuerza
