Cabos sueltosGonzalo Vial
TRANSANTIAGO. Leo que el ministro de Transportes se reúne reservadamente con la Alianza y la Concertación, para conciliar puntos de vista sobre las urgentes e inmensas inyecciones de dinero que el Transantiago necesita (El Mercurio, 6 de julio).
Entiendo que no se pueda poner obstáculos, cerradamente, a los recursos indispensables para que los santiaguinos no sufran el único empeoramiento todavía posible de su sistema de viajes urbanos, a saber: quedarse a pie.
Pero el acuerdo a ese respecto debe ser PROVISORIO y TEMPORAL. No puede bendecir, me parece, el CONCEPTO del Transantiago, so pena de que por años y años sigamos echando plata a su tonel sin fondo... y para nada.
Pues ese concepto es el de un sistema en que el monopolio del transporte santiaguino se divide por lotes geográficos entre varias pero no muchas empresas operadoras, privadas. Esto exige que un organismo externo decida respecto de cada cual los recorridos (barrios que se atienden, puntos de salida, puntos de llegada), número de buses por cada uno, frecuencias, tarifas.
Anticipo lo que será la descripción teórica de ese organismo externo: “independiente”, “público”, pero “no burocrático ni político”, “ágil”, “tecnificado” (incluso “supertecnificado”), etc. Pero no nos hagamos ilusiones, se tratará de UN ENTE ESTATAL MAS, sobre todo si el sistema ha de ser —como ya parece un hecho inevitable— gruesamente subsidiado por el fisco.
El Estado reemplazará al mercado, pues, en la movilización santiaguina. El Estado resolverá si se atiende a la población Los Pajaritos, de La Pintana, con cuántos y cuáles recorridos, frecuencia y buses de cada uno, pasaje a pagar, etc.
Una de las pocas profecías de cuyo cumplimiento esta columna puede jactarse es la que sigue: cuando, no muchos años atrás, Ferrocarriles del Estado, EFE, anunció que retomaba ciertos recorridos de pasajeros, se dijo aquí, inmediatamente, que sería un desastre. Y lo fue; hoy, según la Contraloría, su patrimonio es negativo; debe más que lo que tiene. EFE excede el siglo de vida, en cuyo curso NUNCA ha prestado buen servicio sino por cortos períodos (generalmente de grandes administradores) y a costos insoportables y pérdidas astronómicas que pagaban y pagan todos los chilenos. ¿Por qué? Porque EFE era, como sigue siendo, del Estado, y consecuentemente la política entraba y entra a enredarla... el siglo XIX, el XX y el XXI.
Con la política, llegan inexorablemente el exceso de personal y de gastos, los contratos y adjudicaciones —inútiles, o de montos inflados— para amigos y correligionarios, el maltrato impune del material, los robos igualmente impunes, los subsidios electoreros, etc. Y como remate y consecuencia, la ineficacia, el mal desempeño de su tarea propia. “El cáncer de la política”, dijo un director de Ferrocarriles, allá por los años 10 del siglo pasado. Si abierta o disimuladamente tenemos un Transantiago estatal, adolecerá per secula seculorum del mismo cáncer, de la misma o progresivamente peor ineficacia, y de la misma pérdida de cargo del fisco.
De paso, leo que parte importante del subsidio se justifica como financiamiento del pase escolar. ¿Y por qué éste no se subsidiaba a las vilipendiadas micros amarillas?
TRANSANTIAGO (II) Entre las “diez condiciones de la Alianza para aprobar platas del Transantiago” (El Mercurio, 8 de junio), figura: “5. Establecer un sistema de control de la evasión CON INSPECTORES FISCALES”.
La evasión, se sabe, es del 20%. Un inspector fiscal es un caballero que se sienta a una mesa, y les pide papeles a sus infortunadas víctimas. Si no le traen todos los papeles, las multa.
¿Qué hará un inspector a bordo de un bus abarrotado, con un posible evasor de pasaje que no le dé la hora... no le muestre su cédula de identidad, ni siquiera su BIP? ¿Cómo le pasará el parte, si no sabe quién es? ¿Llamará a Carabineros? ¿Qué destino tendrá el cobro de esos partes?
Y la pregunta clave, nuevamente: ¿por qué las micros amarillas no tenían un 20% de evasión?
ABOGADOS. Hay una polémica sobre el supuesto exceso numérico de abogados, y sobre la también supuesta mala calidad de los estudios universitarios que conducen a esa profesión. Participan miembros de la Corte Suprema, decanos de Escuelas de Derecho, destacados juristas especializados en litigios y tribunales, etc. Proponen diversas medidas, v.gr.: que la Suprema examine a los abogados antes de otorgarles el título; que ella deje de otorgarlos, y los den las universidades respectivas, para que el tribunal máximo no se responsabilice; que el examen se haga por comisiones ad hoc que las escuelas designen en conjunto, etc
Hay en esto dos temas distintos:
1. El número de los recibidos de cualquier profesión no debe alarmarnos. No hay regla fija para establecerlo, ni se puede predecir su demanda futura. Hace no tantos años, los profesionales especializados en carbón eran la hez de la tierra, nadie los contrataba, nunca más se emplearía ese mineral obsoleto, desplazado por el petróleo, etc. ¿Y hoy? A comienzos de los años ’40 del siglo anterior, en España, el “paro profesional” —el exceso de titulados, su falta de demanda— era EL problema del país. Vino después la liberalización económica que con el turismo y las remesas de emigrados a sus familias desataron un violento crecimiento. Y, naturalmente, los profesionales “en exceso”… FALTARON.
El paso por la universidad y adquisición de un título habilitan —es una experiencia conocida— para mucho más que el ejercicio profesional. Un distinguido educador chileno, me parece que Premio Nacional del rubro, es ingeniero químico. Y también era ingeniero químico otro gran educador español de los años ’70 del siglo XX, experto de las Naciones Unidas que trabajó en 140 países.
A menudo —aunque no digo sea éste el caso de nadie, hoy— quienes auspician “cuotas” de profesionales buscan restringir la competencia, para mantener así alto el nivel de honorarios.
O bien desean proteger a los actuales y futuros alumnos de derecho, de que mañana no hallen trabajo. Por favor, son adultos, tratémoslos como tales. Que, informándose bien, decidan por sí mismos.
2. En cuanto a que los estudios de derecho actuales puedan ser de mala calidad, la sola sospecha me subleva, me indigna. En verdad, cabe exclamar ante ella: ¡no hay derecho!
Pues la inmensa mayoría de los estudiantes hoy y abogados mañana vienen de universidades ACREDITADAS conforme a la ley respectiva, dictada hace dos años, o de las comisiones ad hoc de 1999, que esa misma ley convalidó. Y la “acreditación” es un CERTIFICADO DE CALIDAD que otorga el Estado. ¿Cómo pensar, entonces, que los estudios de derecho de esas universidades puedan ser de mala calidad, hasta el punto de que quienes, según ellas, estén habilitados para recibir su título de abogado, de todos modos deban someterlo a un examen previo de extraños? ¡A dónde vamos a parar!
Y la Ley de Acreditación no es cualquier cosa, sino fruto meditado y precioso de un acuerdo Gobierno/Oposición. Así que dejemos de preocuparnos de la calidad de los estudios de derecho. Está acreditada, vale decir, garantizada.
INEXACTITUDES. Y luego nos encontramos con un montón de inexactitudes sobre la Universidad XX (El Mercurio, 7 de julio), que en octubre de 2007, según el diario, despidió a TODOS los académicos de su Departamento de Educación. Los reorganizadores del mismo declaran cosas que sin duda han sido mal recogidas: que en el departamento reinaba “completo caos”, “no había información de lo realizado”, “los profesores enseñaban lo que querían”, etc.
Pero seguramente hay un malentendido, porque resulta que la Universidad XX ESTABA ACREDITADA POR CINCO AÑOS cuando ocurrieron los hechos. Y es obvio que ninguna universidad que necesita despedir a su Departamento de Educación completo puede hallarse con acreditación anterior y vigente. Luego, los hechos aducidos seguramente no son efectivos.
TRAGEDIA. El Mercurio publicó una biografía política del actual presidente del PPD. Se relata allí cómo, durante la campaña de 1999, tuvo duros enfrentamientos con los jefes de la candidatura Lagos, diferencias que lo perjudicaron en la conformación del gobierno de éste: “Sólo pudo aspirar a la Embajada de Suecia, pese a que había solicitado el cargo de representante en la FAO”. Enterándose de estas amarguras uno comprende lo duro que para los personeros de la Concertación debe resultar la posibilidad de dejar el gobierno después de veinte años, el 2010.
“NINGUNEO”. Un columnista de El Mercurio (29 de junio) me incluye entre quienes “ningunean” a la gente... hablan de personas sin señalar su nombre. Efectivamente, no me gusta dar nombres, pero no por “ningunear” a nadie, sino porque el objeto de esta columna es tratar hechos e ideas sin referirse ni menos juzgar a personas. Referencia nociva, porque aparta del interés por la cosa misma objeto de discrepancia —que es la que importa— para llevarlo a uno de dos tipos posibles de distorsión y distracción:
—Convertir la disputa en una pelea personal y “picada”. “¿Viste lo que me dijo Fulano? ¿Viste lo que le contesté?”.
—Enfatizar las dotes amables del contradictor, haciendo olvidar lo que sostiene. Que Zutano sea simpático o tenga una sonrisa encantadora no mejora nada el error que defiende.
Gasto público, presupuesto e inflación
Felipe Larraín, Ph. D. de Harvard. Profesor titular PUC
El tema económico ha vuelto a instalarse en lo más álgido del debate político, algo que sólo ocurre cuando las cosas andan extremadamente bien o cuando se perciben francamente mal. Las últimas cifras de crecimiento e inflación configuran lo que podríamos llamar "la tormenta perfecta", parafraseando el notable libro de Sebastian Junger sobre el naufragio del barco pesquero Andrea Gail en las costas de Massachusetts.
Con el Imacec de 2,1% en mayo, la economía chilena apenas se ha expandido en 3,2% durante los primeros 5 meses del año. Mientras, la inflación llegó en junio al 9,5% (medida en 12 meses), la tasa más alta desde 1994.
Para aplicar la medicina correcta a nuestra debilitada economía, es fundamental tener un diagnóstico certero. Parte importante de la alta inflación se debe a situaciones externas: el alza de precios internacionales de los alimentos, de los combustibles y de la energía. Pero si todo el problema fuera externo, ¿por qué Brasil, Colombia, México y Perú, que enfrentan los mismos shocks, tienen todos inflaciones inferiores al 6% anual en este mismo período? Más aún, como Chile tiene el mayor ingreso per cápita de América Latina, la ponderación de los alimentos en la canasta de consumo debería ser menos que en los otros países de la región, lo que contribuiría a que nuestro país mostrara una tasa de inflación menor que ellos. Pero es al revés. Esto indica claramente que hay también causas internas. Que no son puros factores de oferta detrás de nuestra alta inflación lo revela el hecho de que las dos medidas de inflación subyacente, la que excluye combustibles y perecibles (IPCX) y la que además excluye servicios regulados e indexados (IPCX1), están aumentando casi 9% en junio.
Esta circunstancia inflacionaria hace prever un significativo aumento en la tasa de interés de instancia monetaria cuando el Consejo se reúna este jueves, y es probable que estos ajustes sigan. La decisión del Banco Central es dolorosa -especialmente por el débil nivel de actividad- pero necesaria, luego que la inflación ya casi toca el nivel psicológico de 2 dígitos. Sin embargo, es necesario que la política fiscal también haga su aporte, porque si no el ajuste monetario será aun más profundo. El Presupuesto 2009 es una ocasión crucial para que este apoyo fiscal se manifieste.
Preocupaciones fiscales
Uno de los hitos del manejo macroeconómico de Chile en las últimas décadas es la Regla de Superávit Estructural (RSE), instaurada en 2001, que da un horizonte de largo plazo a la política fiscal y exige hoy un superávit estructural de medio punto del PIB. Ella permite que el Presupuesto del Estado responda menos a factores cíclicos, ahorrando en tiempos de bonanza y restringiendo menos el gasto en épocas contractivas. A ello se suma la Ley de Responsabilidad Fiscal, que creó en 2006 al Fondo de Estabilización Económica y Social y al Fondo de Reserva de Pensiones, que suman hoy más de US$ 20 billones. En 2007, el superávit efectivo del gobierno central alcanzó la cifra récord de 8,8% del PIB. Nuestras cuentas fiscales son sólidas y el Estado chileno se ha convertido en un acreedor externo neto.
Sin embargo, existen dos preocupaciones importantes en el ámbito fiscal. La primera es que el gasto público presupuestario se ha venido expandiendo significativamente más que el producto desde 2005, tendencia que se acentuó en 2006 y 2007. Y ya en lo que va corrido del 2008 registra un aumento real de 13,9% (unas cuatro veces la expansión del PIB), lo que forzará a reducir fuertemente su tasa de expansión en el segundo semestre para cumplir con el presupuesto. Es indudable que este fuerte gasto, aunque respete la regla fiscal, empuja la demanda, y con ello tiene responsabilidad en la inflación. Pero, por otra parte, hay razones fundadas para dudar del cumplimiento del superávit estructural de 0,5% del PIB. Hay que distinguir aquí entre el cumplimiento contable y el económico. Los subsidios al Transantiago totalizarán este año del orden de US$ 500 millones, y los créditos compensatorios a regiones (de muy dudosa recuperabilidad) son unos US$ 200 millones adicionales, pero no se contabilizan como gasto. Parte de los recursos que se gastaron en ENAP tampoco se incluirán en el cálculo de la regla. Haciendo los números con un concepto económico y no meramente contable, el superávit estructural 2008 estará bastante cerca de 0. Y eso suponiendo que se logran contener las presiones adicionales de subsidios paliativos a la inflación, lo que ya es bastante optimista.
En conclusión
El Presupuesto 2009, cuya discusión comienza pronto, es una oportunidad crucial para que la política fiscal nos dé una mano en la lucha contra la inflación. Por supuesto, el ciclo electoral añade una fuente de inquietud, porque en época de elecciones existen fuertes presiones políticas para incrementar el gasto fiscal. Más aún si éstas se ven altamente competitivas para la coalición gobernante, que marcha rezagada en todas las encuestas presidenciales. Sin embargo, la mejor contribución que puede hacer la política fiscal es reducir la tasa de expansión del gasto público, como tope, a una estimación razonable de crecimiento del PIB para 2009, que ni en los pronósticos más optimistas alcanza al 5%. Esto apoyará el control de la inflación y sostendrá el tipo de cambio real en un nivel más competitivo, permitiendo que todo el peso del ajuste no se lo lleve la política monetaria.
Los pilares de la estabilidad macroeconómica chilena requieren hoy una contribución de la política fiscal. Es fundamental, primero, que nuestras autoridades no se conformen con el cumplimiento contable de la regla fiscal, sino que se preocupen de cumplirla en términos económicos; y que luego de 4 años de expansión del gasto público muy por sobre el crecimiento del PIB, limiten significativamente el aumento del gasto fiscal. En la práctica, esto significa que el Presupuesto 2009 debe contemplar una expansión del gasto de menos de la mitad que en 2008. Éste es un aporte crucial para que el control de la inflación no tenga un costo excesivo para Chile
