El Dr. Rod Riegle, experto norteamericano, ha escrito algunas de las claves del problema: seguimos dando una educación propia de la era industrial, basada en la imprenta del siglo 16 y orientada a trabajar en las fábricas u organizaciones gubernamentales. Una realidad en que la información y el conocimiento eran escasos y caros. Hoy día hay exceso de información y conocimiento: si solicita una búsqueda en internet, lo estará haciendo en unos ¡diez mil millones de páginas!
El problema es hoy, entonces, la gestión de la información, la comunicación y el conocimiento, no su acumulación. En la era industrial, entre un 60 y un 90% del costo de algo era su componente material. Hoy sólo el 2% de un computador, o menos incluso en un yogur, es explicado por su materialidad. Es información, conocimiento, marketing. Las empresas producen hoy intangibles que valen más que lo tangible, la gente paga por ello, y caro. Necesitamos mayor capacidad de síntesis que de análisis.
Los colegios deben dejar de ser “almacenes de información” y transformarse en autopistas. El maestro ya no es un “guardián” del archivo del conocimiento, sino un guía para acceder al nuevo mundo del exceso de datos. Por eso, el profesor debe enseñar algo que él mismo no sabe. No tiene sentido seguir con materiales educativos estandarizados, sino cada vez más a la medida, en línea. No existen los “contenidos básicos”, porque la pregunta está mal formulada. Para qué hablar de los maestros «endoctrinadores».
En el modelo actual, el 80% o más del tiempo educativo ocurre escuchando profesores aburridos, o leyendo y memorizando materiales de apoyo. Un alumno típico recibe menos de 5 minutos de atención personalizada por día. En educación no se produjeron avances tecnológicos significativos durante el siglo 20. El libro, la lectura y las clases dominaron el siglo completo. Llegó el tiempo de los cambios.
El valor de los computadores cae en un factor de 10 veces por década, mientras que los libros aumentan el suyo en un factor de 2 desde los años ’50. Si esas tendencias continúan, para el 2015 un computador costará diez veces menos que un libro. ¿Podemos seguir sin cambiar nuestros modelos? A su vez, los estudiantes de hoy no conocen un mundo sin juegos digitales, ven dos a tres horas de TV al día, navegan en internet de 10 minutos a una hora por día, tienen mensajería instantánea, chatean en un idioma propio, están en facebook, ¿y los queremos seguir educando igual que antes?
A la luz de este tipo de inquietudes, resulta evidente por qué esta nueva ley no va a mejorar la educación de manera relevante. Comete ésta un “error de tipo 3”: resuelve la pregunta equivocada. Curiosamente, quienes la cuestionan lo hacen por las razones equivocadas. Sus propuestas miran al pasado: más liceos estatales, estandarizados, con contenidos básicos irrelevantes y profesores repetidores de lo mismo; más detalles y memorizaciones absurdas. Por ello, de implementarse sus tesis, harían aun más retrógrada la educación actual. Salvo algunos parlamentarios, que los hay, esta discusión de fondo ni siquiera sería acogida, y menos tendrían los conceptos para encauzarla. La educación hay que liberalizarla y adecuarla al siglo 21. No hay que confundir el ineludible rol y financiamiento estatal en el tema con la función de administrar colegios.
Esta ministra era una buena carta, pero no tiene el tiempo ni espacio para este debate, que me consta le interesa. Está lidiando con vándalos en paro, parlamentarios díscolos y profesores que defienden sus propios intereses antes que la educación de que son responsables.
Un panorama desolador
Jaime Orpis
El panorama en materia de drogas es cada vez más desolador. Hace tiempo que Chile dejó de ser un país de tránsito y hemos pasado a ser consumidores. El microtráfico ha destruido el tejido social en las poblaciones más modestas: familias humildes han encontrado en él una forma de obtener ingresos, jóvenes adictos financian su consumo traficando o delinquiendo, y las bandas se distribuyen territorios donde imponen el terror y la violencia. Si bien no todos los consumidores cometen delitos, está demostrado que un alto porcentaje de los ilícitos de mayor connotación social lo cometen personas bajo los efectos de la droga.
La gran pregunta es cómo abordar el tema de la droga vinculado a la seguridad ciudadana.
El camino fácil es continuar endureciendo las penas y encarcelando.
El otro camino, el verdadero, es la rehabilitación. La clave para abordar esta realidad son los tratamientos intensivos. Sin embargo, la cobertura de este tipo de programas no llega a mil cupos. Se estima que existen trescientos mil consumidores problemáticos. De éstos, cuarenta mil tomaron la decisión de rehabilitarse. Sin embargo, no existe cobertura para atender a más de quince mil.
En la ley de responsabilidad penal juvenil se incorpora una pena accesoria que consiste en la rehabilitación; ha resultado un desastre. El régimen cerrado está a cargo de Sename. Los centros se encuentran colapsados, con programas muy deficientes. La otra alternativa es el sistema abierto. Conace licitó esta opción a instituciones especializadas, entre las cuales está la Corporación La Esperanza. Nuestra experiencia ha sido frustrante. Si es difícil rehabilitar a una persona que decide hacerlo voluntariamente, doblemente difícil es rehabilitar a alguien que ha cometido un delito y que generalmente no tiene la voluntad de recuperarse.
En este tipo de población los tratamientos deberían ser mucho más exigentes. Sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario. Los tribunales son reacios en aplicar la pena accesoria. Frente a un adolescente que ha cometido un robo y es adicto, lo condenan por el delito, pero evitan aplicarle la pena accesoria de rehabilitación bajo el criterio que se les estaría condenando dos veces.
En este vínculo droga-seguridad ciudadana se produce un círculo vicioso. La gente requiere seguridad y, como la rehabilitación no está teniendo efecto, demanda un aumento en las penas y más cárceles, con lo cual sólo atacamos el efecto, pero no la causa del problema.
Urgente: Se necesita política de energía nuclear
Rodrigo Álvarez
Los últimos acontecimientos han reafirmado la urgencia de una clara y abierta discusión sobre el tema energético; en especial lo relacionado con el desarrollo de la energía nuclear. Mayo nuevamente alertó sobre el problema. Argentina anunció —por aumento de demanda interna y ante una política de desarrollo extractivo que no logra resolver la falta de inversiones— que aplicaría nuevos cortes al suministro de gas. Paralelamente, el petróleo no deja de aumentar su precio y los más pesimistas apuestan a que para fines de 2008 el barril llegaría a 200 dólares.
En resumen, la incapacidad que ha demostrado Chile para incrementar rápida y eficientemente sus fuentes energéticas, así como el aumento del consumo mundial, tendrán en el corto plazo un efecto negativo en el crecimiento económico.
El país debe resolver con una mirada de futuro su dependencia energética y optar por alternativas que consideren seriamente la matriz nuclear. Se han dado pasos interesantes, pero timoratos. Efectivamente, el documento «La opción núcleo-eléctrica en Chile», de 2007, ha sido el único intento por abordarlo. Sin embargo, éste se anula a sí mismo cuando declara que no pretende dar un veredicto final sobre la conveniencia de la opción.
Paralelamente, el Gobierno ha intentado sofocar la incapacidad que se ha denotado entre la oratoria y la práctica. Por ejemplo, en el viaje a Norteamérica de la Presidenta, se anunció la creación de la Comisión Binacional de Energía entre Chile y Canadá. Además, en su paso por EE.UU. visitó la planta de tratamiento de desechos para generar energía, el laboratorio especializado en la Universidad de Berkeley y la planta solar que, aún siendo la más grande de este tipo en el mundo, sólo resuelve la demanda de 14 mil hogares. También, en la última visita del secretario general de la OEA a Chile, éste se refirió a la necesidad de dar un paso al frente en materia nuclear. La presidenta de la DC, al analizar los eventuales ejes de su programa presidencial, pidió priorizar los estudios al respecto, y recientemente senadores de la Concertación y la Alianza han solicitado al Ejecutivo que patrocine un proyecto sobre esta materia.
Se trata, pues, de un tema de suma importancia, donde, más allá de armonizar la discusión política y de la sociedad civil, hay que resolver en pro de la estabilidad y seguridad nacional.
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