La Alianza, ¿lista para gobernar?Gonzalo Rojas.
La Alianza acaba de superar dos desafíos grandotes.
Por una parte, la elección interna de la UDI, realizada y concluida en paz, ofreciéndoles al partido y a Chile dos liderazgos transparentes: Coloma y Kast (aunque la directiva entrante tendrá que enfrentar las consecuencias de la oscura trama que se extiende por Huechuraba y Recoleta... y quizás hasta dónde llega).
Por otra, la encuesta CEP, que le permite a RN comprobar que su candidato hoy gana la presidencial a todo evento, hasta contra Obama si pudiera competir (aunque todavía esté por delante resistir la artillería pesada y las bombas de mano que recibirá el abanderado opositor).
¿O sea ambos partidos pueden respirar tranquilos?
No, de ninguna manera. Lo que cabe ahora, a-ho-ra, ya, es justamente acelerar la respiración para enfrentar un escenario muy anhelado y para el que hay que prepararse en serio: gobernar. Bueno, pero vienen elecciones municipales en tres meses más, se advierte; y de sus resultados, se dice, hay pocas buenas noticias que esperar. Puede ser.
Pero lo que no debe suceder es que se posterguen por esa urgencia electoral las respuestas internas, de profundis, a las preguntas fundamentales que un futuro gobierno debe tener bien claras en el papel y en las cabezas, para ofrecerlas a los electores y preparar su puesta en práctica.
Aquí van: ¿Qué educación? ¿Cuánto Estado? ¿Libertad para qué? ¿Cuál familia? ¿Más o menos impuestos? ¿Subsidiariedad o intervención? ¿Qué Fuerzas Armadas? ¿Cuánto orden público? ¿Cuál dignidad humana? ¿Leyes o virtudes? ¿Cuáles deberes? ¿Qué solidaridad? ¿Más o mejor democracia? ¿Cuál judicatura? ¿Qué papel internacional? ¿Qué cultura?
Un día, hace ya más de siglo y medio, Manuel Montt con su eficiente parquedad, brindó por "el imperio de la libertad y del orden público; no el de la libertad con mengua del orden, ni del orden con mengua de la libertad, sino la justa armonía de estos dos principios salvadores de la República."
Sencillito Montt; sencillo, pero muy exigente. Y sus palabras valían ayer, sirven hoy y ayudan siempre. Por eso, hay que meterles cabeza a fondo a las múltiples dimensiones de esa difícil ecuación y prepararse para aterrizarlas en un notable programa de gobierno.
Lo que urge son unos auténticos "juegos de presidencia". Sí, como los que realizan quienes simulan un juicio oral antes de su examen de práctica; como los que ensayan equipos de futuros economistas ante una ficticia coyuntura internacional; como los que practican los oficiales en las academias de guerra, para graduarse en el manejo de una eventual crisis fronteriza.
Unos juegos de presidencia en que los mejores intelectuales, profesionales y técnicos de la Alianza -con un botón verde para aprobar y otro rojo para rechazar- juzguen sin misericordia las soluciones que ofrezca el abanderado a los problemas que ellos mismos le planteen. Y si es necesario, que prendan también la lucecita de tilt, de trampa, como en los viejos flippers.
Un fin de semana, dos, tres, ahora, ya, destinados a discutir soluciones mejores a la evidente crisis familiar, enfocados en buscar la ecuación adecuada en la tensión entre lo público y lo privado en educación, centrados en recrear los casos Cuevas-Codelco y camioneros-Hacienda, por ejemplo, para manejarlos a futuro de otro modo. Y así, en cada una de las preguntas fundamentales que deben plantearse.
¿O haría las cosas de modo diferente un empresario que estuviese frente a la gran inversión de su vida? ¿O se manejaría de modo frívolo, sin estudio previo, el postulante al mejor trabajo del mercado, por el que compitiese con otros calificados candidatos?
Desde dentro, lo único que puede conspirar contra el inminente éxito electoral de la Alianza es que olvide que hasta ahora no ha sido gobierno y que debe prepararse muy en serio para convencer a los electores de que será mejor, mucho mejor, administrando que la desgastada Concertación.
Desde fuera, la crítica obviamente está asegurada: la Concertación mediante su eficaz aparataje comunicacional insistirá una y mil veces en la supuesta incapacidad aliancista de darle gobernabilidad a Chile. Pero si la candidatura de centroderecha tiene claridad en sus respuestas de fondo, ellas le bastarán para ofrecer un buen gobierno, noción tan clásica como poderosa si se la conoce bien y se la practica con coherencia.
Bielsa tiene clarito su esquema y de acuerdo a ese planteamiento busca y entrena a los jugadores adecuados. ¿La Alianza también?
Tierras por paz, ¿es esto justo?
Beatriz Corbo
Hace unos días el director de la Conadi, Álvaro Marifil, y el comisionado presidencial para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña, informaron que la comunidad Temucuicui, grupo indígena muy radical de la comuna de Ercilla, en la Región de la Araucanía, figuraba como prioritaria para recibir nuevos terrenos, si prosperaban las negociaciones que se estaban llevando a cabo para adquirir algunos predios que habían sido objeto de una treintena de atentados incendiarios durante los últimos ocho años.
No es esta la primera vez que en nuestro país vemos que, por lo menos en materia indígena, los grupos radicales -y que ejercen la violencia como medio de acción política- obtienen más privilegios que aquellas comunidades que actúan conforme a la ley. En efecto, lo recientemente informado respecto de la comunidad mapuche Ignacio Queipul -o Temucuicui- es sólo un cuestionamiento más de lo que ha sido el actuar de la Conadi al respecto. El sistema de gestión de recursos utilizado por el organismo encargado de formalizar la compra y posterior entrega de tierras ha sido fuertemente criticado, incluso por las comunidades indígenas pacíficas que, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la ley, aún esperan que sus solicitudes de tierras sean revisadas por dicha institución. Éstas, con justa razón, se sienten postergadas por comunidades o grupos radicales que han sido privilegiados por las autoridades.
Ya el año 2001, la prensa nos informaba respecto de ofrecimientos de fundos a grupos mapuches violentistas, lo que nos confirma que no se trata de un tema nuevo, sino más bien de una práctica habitual de la Conadi, que parece utilizar este método para aplacar manifestaciones y hacer creer a la opinión pública, tanto nacional como internacional, que la política aplicada por el gobierno es la apropiada para el tratamiento de la cuestión indígena.
Mientras tanto, y a pesar de la estacionalidad del conflicto, pues adquiere mayor visibilidad durante el período estival, éste sigue escalando. Este año ya llevamos un joven indígena muerto, un ejecutivo de una empresa forestal baleado a la salida de su casa en Santiago, gran cantidad de atentados incendiarios y varios detenidos en distintas manifestaciones.
La política indígena del gobierno ha sido deficiente, pues se ha recurrido a la entrega de tierras sin entrar al fondo del problema. Las soluciones sólo se han enfocado a la población indígena rural, olvidando que la gran mayoría de los indígenas chilenos vive hoy en las ciudades y hacia ellos no se han focalizado recursos, salvo algunas pequeñas iniciativas realizadas por alcaldes que, conscientes de la situación, han intentado promover actividades que resguarden las culturas indígenas. Por otra parte, la entrega de tierras no ha estado acompañada de capacitación ni mucho menos de aportes de capital, lo que reviste mayor gravedad si consideramos que las tierras indígenas no son susceptibles de gravamen, por lo que el acceso a crédito les es prohibitivo.
Si el objetivo de la política indígena del gobierno es satisfacer las necesidades de dichos grupos, primero se debiera identificar a los beneficiarios -los que, como hemos señalado, se encuentran radicados mayoritariamente en las ciudades-, ideando un plan acorde a sus intereses y reales necesidades. Con respecto a la población rural, la política respectiva debiera contemplar mecanismos que hagan viable la explotación de las tierras entregadas, con miras a lograr que la integración al proceso de desarrollo y la preservación de la identidad de las culturas indígenas sean perfectamente compatibles, levantando esa verdadera interdicción que pesa sobre las comunidades indígenas para disponer de sus tierras.
La política aplicada hasta ahora, probablemente influenciada por la presión internacional, no sólo ha sido discriminatoria en perjuicio de aquellos que actúan conforme a derecho, respetando la ley y el orden, sino que, además, ha sido ineficiente para solucionar las carencias de los pueblos originarios de Chile. Por otro lado, el actuar de la Conadi, en lo que se refiere a la entrega de tierras, ha sido meramente político, teniendo el efecto perverso de fomentar la violencia en aquellas zonas donde los grupos radicales se han visto beneficiados por sobre aquellas comunidades pacíficas, sólo para dar la apariencia de que el tratamiento de la cuestión indígena se encuentra bien encauzado.
