La noche de los cuchillos largosCristina Bitar
Hoy, después de casi 19 años de gobierno, la Concertación vive un proceso de descomposición bastante evidente. La polémica entre el senador Girardi y el ministro Viera-Gallo es el mejor ejemplo de esto. El senador Girardi acude a tribunales a demandar a la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, que pertenece a su propio gobierno y luego el ministro secretario general de la Presidencia lo invita a abandonar la coalición. Más aún, en esta polémica el senador PPD recibe el apoyo de su colega socialista Alejandro Navarro, que es del mismo partido de la ministra Uriarte.
Para el público, esto es expresión de un nivel de desintegración total. Primero, porque para que un senador llegue a los tribunales, actuando en contra de su gobierno, es necesario que se hayan roto todos los canales de comunicación; segundo, porque el nivel del diálogo entre los ministros y “sus” parlamentarios es más bien propio de una riña de barras bravas en el estadio, y, tercero, porque queda en evidencia que el Gobierno no tiene ninguna capacidad de ordenar a sus congresistas.
La nostalgia hace que muchos partidarios de la Concertación todavía recuerden que ésta ha sido una coalición política extraordinariamente exitosa. De hecho, desde el plebiscito de 1988 ha ganado todas las elecciones que ha enfrentado, eligiendo sucesivamente a cuatro presidentes de la República. La clave de este éxito ha estado en su capacidad de gobernar con pragmatismo, asumiendo buena parte de la herencia política y económica dejada por el gobierno militar, así como en la flexibilidad mostrada por sus partidos para llegar a acuerdos de gobernabilidad, zanjando sus diferencias de manera muy poco traumática.
El gobierno de Aylwin, particularmente en la persona de dos de sus ministros más emblemáticos, Edgardo Boeninger y Enrique Correa, es, probablemente, la máxima expresión de esta capacidad política mayor. En estos años han existido problemas y crisis de todo tipo; sin embargo, la coalición de centroizquierda ha sido capaz de enfrentarlos y salir airosa de ellos. Por ejemplo, el desafío que le planteó Lavín el 99 no fue impedimento para que luego Ricardo Lagos desarrollara un gobierno fuerte y con altísimos niveles de aprobación ciudadana, sin perjuicio de los problemas de gestión que hemos conocido después.
Hoy, sin embargo, esos talentos se han desdibujado hasta niveles que hacen que esta coalición sea irreconocible, si se la compara con la de comienzos de los 90. La razón de esto es que durante el gobierno de la Presidenta Bachelet se han ido perdiendo esos dos elementos de estabilidad: el pragmatismo en el gobierno y la capacidad de arbitraje de los partidos concertacionistas. Por primera vez se insinúan opiniones que ponen en riesgo elementos básicos del modelo de desarrollo, particularmente desde el área laboral, y los partidos han perdido por completo su unidad estratégica: las dos listas de concejales lo confirman.
La verdad es que el senador Girardi actúa como quien reconoce un bando propio al interior de la Concertación que compite contra otro bando. El parlamentario no hace más que generar un discurso y acciones políticas que perfilan al PPD en su competencia electoral interna.
Por esto y por mucho más que estamos viendo es que me atrevo a decir que la Concertación ha entrado en la noche más oscura. Las cuentas se pasan por el diario, las diferencias se discuten en tribunales, las estrategias se separan y las fuerzas se enfrentan.
El senador Girardi puede tener muchos defectos, pero como político es audaz y decidido, dos características que no han demostrado ni el Gobierno ni sus adversarios al interior de la Concertación. Si ésta no hace un cambio radical y sigue este clima electoral en su interior, me temo que estemos a las puertas de la versión política de aquella famosa “noche de los cuchillos largos”.
Buena elección, buena educaciónAlejandro Ferreiro
La educación ha dado mucho que hablar. Un breve recuento: el pingüinazo del 2006, la constitución, trabajo e informe del amplio Consejo Asesor Presidencial sobre la materia; la polémica sobre el lucro en la educación particular subvencionada; el acuerdo político sobre la Ley General de Educación; los desórdenes contables e irregularidades en el pago de subvenciones; la acusación constitucional y destitución de la ministra Provoste; las movilizaciones estudiantiles en rechazo al proyecto de Ley General de Educación, que la Cámara aprobó al superarse las discrepancias oficialistas luego del compromiso gubernamental de abordar temas pendientes en una ley futura y especial sobre la educación pública.
No ha sido fácil el recorrido de la reforma que, esperamos, concluya dotando a Chile del marco legal necesario para mejorar la calidad de la educación. El debate se ha centrado en el rol del Estado, en la creación de instituciones e instrumentos para el aseguramiento de la calidad y el control de los sostenedores. Todo ello era necesario, pero no altera un rasgo fundamental del sistema chileno: el protagonismo y poder decisorio siguen radicados en los padres. En efecto, lo que no ha cambiado ni cambiará con la reforma en curso es el derecho constitucionalmente garantizado de los padres a “escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos”.
En nuestro sistema educacional, el Estado canaliza recursos a los establecimientos públicos y privados sobre la base de las decisiones de los padres. Las subvenciones por alumno acompañan las decisiones de matrícula. Como se presume que los padres saben reconocer y quieren elegir el mejor colegio disponible, los dineros públicos –en teoría– financian y premian las mejores escuelas y motivan una sana competencia entre establecimientos.
Ocurre, sin embargo, que el poder decisorio de los padres ha tenido un efecto menor al deseable y posible, debilitando la conveniente competencia por educar mejor. La falla se encuentra tanto en la voluntad como en la capacidad de elegir bien. No siempre los padres han sabido y querido ejercer esta suerte de derecho-deber que la ley les concede, renunciando a un instrumento poderoso para mejorar la calidad recibida por sus hijos. Pero, y sirva de atenuante, no siempre han contado con información relevante, comparable y de fácil acceso respecto de los recursos, capacidades docentes y resultados (Simce y PSU) de los colegios disponibles.
El jueves pasado, los ministros del Interior y de Educación anunciaron la creación y acceso público en la web (www.infoescuela.cl) de un sistema de información que permite conocer las principales características de los establecimientos educacionales reconocidos por el Ministerio de Educación, permitiendo comparar y seleccionarlos en el proceso de búsqueda de vacantes por la vía de transparentar los resultados, recursos y proyecto de cada colegio. Infoescuela se suma al lanzamiento del Sistema de Información General de Estudiantes, que ofrece datos de matrícula, asistencia, vulnerabilidad e historia de cada alumno. Los pagos dobles de subvenciones por alumno, como el desconocimiento de los apoderados de datos clave de sus hijos serán, a partir de ahora, cosa del pasado. Finalmente, se anunció que la totalidad del pago de subvenciones se hará por vía electrónica, lo que facilitará las conciliaciones automáticas. El Mineduc no sólo resuelve de raíz la causa de los problemas que derivaron en la acusación constitucional de Provoste, sino que ayuda a la elección informada y correcta de los padres, dando muestras concretas de modernización del Estado.
Mañana habrá una agencia de calidad, superintendencia, mejores subvenciones y una educación pública fortalecida. Todo ello ayudará a concretar la reforma educacional que Chile merece. Con todo, siempre habrá resultados educativos dispares, aun con recursos y condiciones similares. Buenos directores, proyectos educativos ambiciosos y profesores comprometidos, preparados y motivadores harán la diferencia. Y es bueno que los padres los reconozcan y prefieran. El éxito de un sistema en que gobierna la demanda obligará a flexibilizar la oferta. Cuando sean mayoría los padres que quieran elegir los mejores colegios, no será buena respuesta decir que no hay vacantes. Habrá llegado entonces el momento de flexibilizar la administración de los recursos humanos, físicos y financieros, permitiendo su reciclaje desde los malos colegios que se cierren a los buenos que se multipliquen. Por eso, la preocupación y reformas pendientes respecto de la educación estatal deben traducirse en dotarla de las capacidades de ajuste y cambio necesarios para adecuarse a las exigencias de padres y alumnos más informados y exigentes
