martes, 5 de agosto de 2008

Bitar y Ferreiro, dos comentarios de actualidad

Supremo cuoteo
Cristina Bitar.

El rechazo por parte del Senado de la propuesta presidencial para designar en la Corte Suprema al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Alfredo Pfeiffer ha dejado en evidencia dos hechos, los que sólo vienen a justificar, una vez más, el alejamiento de las personas de la política y los políticos.

El peor y más grave es la forma como se están cuoteando los cargos de jueces en nuestro máximo tribunal. Parece que a nadie —entre los políticos— le importa si los magistrados son personas capaces, honestas y trabajadoras. Lo único relevante es que sean políticamente cercanos a su sector. Entonces, ahora nos enteramos de que hay un ministro recientemente designado que lo fue por su supuesta cercanía al PS; o sea, “entró en el cupo PS” de la Corte Suprema. Para ser justos, tenemos que suponer que otros lo han sido en la cuota de los otros partidos.

Los chilenos esperan que al máximo tribunal de la República lleguen los jueces más idóneos, los más honestos, personas con auténtica vocación, cuyos méritos profesionales les permitan alcanzar la cúspide de su carrera. Esto es muy importante, pues prácticamente todos los grandes conflictos del país, entre particulares y de los particulares con el Estado, terminan siendo resueltos por esta Corte. En este escenario, los chilenos tenemos derecho a la tranquilidad de contar con un Poder Judicial ajeno a las presiones y las influencias políticas.

Supongo que la facultad de aprobar las designaciones a la Corte Suprema fue otorgada al Senado en el bien entendido de que sería ejercida seriamente, en la sala, de manera transparente y de cara al país: el Ejecutivo propone un nombre y el Senado debate en forma informada de los méritos profesionales del juez, y se vota en consecuencia. Con ello se esperaba que disminuyeran los niveles de politización que provocaba un sistema en el que todos los ministros le “debían” su nombramiento al Gobierno. El problema es que ahora se lo deben a los partidos políticos y, en vez de ser una instancia de transparencia, la aprobación por parte del Senado se ha transformado en una oportunidad más de acuerdos entre cuatro paredes.

En el caso del ministro Pfeiffer no hubo un solo comentario que se refiriera a su idoneidad como juez, nadie dijo que no era acucioso en su trabajo y menos que hubiera siquiera la menor sospecha respecto de su probidad. Se lo vetó porque tiene una opinión jurídica respecto de la aplicación de la ley de amnistía, con lo que se notificó a todo el resto del Poder Judicial que, si alguien piensa como él, no llegará jamás a la Corte Suprema. Esta es una intervención totalmente inconveniente del poder político sobre nuestros tribunales y sienta un precedente nefasto.

El otro hecho lamentable es que los chilenos pueden apreciar la falta de cumplimiento de la palabra empeñada por una buena parte de nuestra clase política. Tal vez eso no nos sorprenda tanto, pero es importante que sí nos empiece a sorprender más y a molestar. Porque si no se respetan los acuerdos a los que se llega, es imposible que un sistema democrático funcione.


Muchas veces se dice que la gente no se inscribe en los registros electorales porque no le interesa la política. Puede que ésa sea una de las razones, pero creo que lo ocurrido la semana pasada hace que los chilenos, y en especial los jóvenes, vean que este sistema no los toma en cuenta. Se ve que todo se cuotea, que todo se negocia entre cuatro paredes y eso no le gusta a la ciudadanía. Genera un sentido enorme de frustración y, por tanto, de alejamiento de la política.

Definitivamente tenemos mucho que avanzar y que aprender para tener una democracia madura, donde logremos desterrar éstos y otros supremos cuoteos.

Para pensar el futuro
Alejandro Ferreiro

China consume actualmente menos de 3 kilos de cobre por persona al año. India, por su parte, no alcanza al medio kilo. A medida que los países se desarrollan, aumenta progresivamente el uso del cobre en infraestructura y construcción. Al llegar a los 15.000 dólares per cápita, el consumo tiende a alcanzar, en promedio, a 12 kilos por persona . Si China e India no escapan a ese patrón, la demanda de cobre podría fácilmente triplicarse en un par de décadas. Chile produce el 35% del cobre mundial y es líder en reservas. En escenarios de alta demanda y sin atisbos de sustitución relevante de sus usos productivos, es muy probable que los altos precios dejen de ser transitorios. ¿Qué significaría para Chile que el precio del cobre se estabilice en torno a los cuatro dólares la libra? ¿Tiene sentido seguir acumulando superávits fiscales del orden del 8% del producto? Asumir como más permanente lo que hasta hoy estimamos transitorio obliga a pensar en un nuevo trato fiscal en que se puedan combinar virtuosamente aumentos permanentes del gasto público con disminuciones también permanentes de la carga tributaria. ¿Es esto posible? Al menos, parece necesario pensarlo en serio.

Se discute en el Congreso la elección de los consejeros regionales. Si ello prospera, los consejeros elegidos se enfrentarán a un intendente designado que carece de la legitimidad política electoral de aquellos. Este conflicto de legitimidades, probablemente, desembocará en la presión y necesidad de elegir también a los intendentes, paso inevitable si se quiere hablar en serio de descentralización política y administrativa. Los chilenos de regiones, presumo, preferirían elegir a su intendente, antes que observar pasivamente, cómo se designan y remueven desde Santiago buscando satisfacer los equilibrios políticos y de género propios de un gabinete. Cuando se imponga la presión por elegir a los intendentes, muy pronto tendremos a los gobiernos regionales demandando mayor autonomía presupuestaria y, con ello, atribuciones para endeudarse y fijar determinados impuestos. Si Chile decide abordar la regionalización pendiente, deberá acompañar el derecho a elegir autoridades con mayores responsabilidades y atribuciones financieras que están muy distantes del centralismo actual. ¿Cómo hacerlo gradualmente sin afectar la calidad de la gestión ni la preservación de la responsabilidad fiscal a nivel nacional? ¿Es esto posible? Al menos, parece necesario pensarlo en serio.

Cuando el fracaso de la Ronda de Doha pone fin, por el momento, al esfuerzo por extender el libre comercio mundial mediante el multilateralismo, las garantías de acceso a mercado conseguidas por Chile mediante su amplia red de tratados de libre comercio se alzan como una ventaja competitiva singular a nivel mundial. Sólo Chile tiene tratados simultáneos con Japón, China, Estados Unidos y la Unión Europea. No sabemos cuánto durarán las dificultades a nivel de la OMC, pero si nos atenemos a los reticentes discursos de Obama frente al libre comercio, no es descartable que ellas se mantengan por un tiempo relevante. ¿Qué debemos hacer para aprovechar al máximo, y mientras dure, este acceso privilegiado a los mercados? ¿Cómo acelerar la campaña de imagen país, renovar el casi obsoleto D.L. 600 sobre inversión extranjera y apostar e invertir fuerte en logística y expansión portuaria? ¿Es lo anterior posible y deseable? Al parecer, es necesario pensarlo en serio.

Estos y otros dilemas fundamentales deberá enfrentar el país en los próximos años. Temas estratégicos para pensar en serio, basándose más en datos y proyecciones fundadas que en prejuicios, ideologismos o meras opiniones. ¿Dónde y quién investiga hoy tendencias, proyecta sus efectos y propone el modo de adecuar las políticas públicas en consecuencia? La función del análisis prospectivo está ausente en el Estado chileno. Desde el fin de la vieja Odeplan, y salvo la incipiente pero aún frágil experiencia del Consejo de Innovación, nada similar ha surgido. Peor aún, los períodos presidenciales de cuatro años han ayudado a imponer el imperio del corto plazo, la primacía de lo urgente por sobre lo importante, y la reducción del pensamiento estratégico a una especie en extinción.

Ello nos fuerza a pensar que, quizás, el análisis prospectivo, la visión estratégica y la acumulación y procesamiento de información para la toma de decisiones inteligentes deberá ser más una función del Estado que trasciende, que de gobiernos fugaces. Pienso en profesionales e investigadores de excelencia conducidos por un equipo directivo plural, y elegido para un período que supera al de los gobiernos. Imagino informes y estudios de calidad, ampliamente validados, que hablen de tendencias y de cómo moverse rápido hoy para no llegar tarde mañana. Quizá es tiempo de tomar seriamente la necesidad de pensar en serio, y dotar al Estado de Chile de la capacidad de pensar el futuro para iluminar las decisiones de quienes gobiernen.

Acount