martes, 12 de agosto de 2008

Las cifras del ministro
Juan Andrés Fontaine

La inflación es hoy la principal preocupación económica. El ministro deslinda responsabilidades, y la atribuye exclusivamente a las alzas internacionales del petróleo y los alimentos. Pero en Chile el IPC ha subido más rápido que en casi toda América Latina, también afectada por factores similares. Es más, excluidos los alimentos y combustibles, la llamada inflación subyacente está aumentando velozmente, y ya se empina sobre el 5% anual. Ello no tiene nada de sorprendente: la política monetaria mantiene tasas reales extremadamente bajas, y expande la cantidad de dinero al 11% anual. Mientras tanto, la política fiscal, según irrefutables cifras oficiales, incrementa el gasto público consolidado en 10% real en el primer semestre respecto de igual período del año anterior.

Es saludable que el ministro proclame a la inflación como el enemigo número uno. Que anuncie que en lo sucesivo el gasto público moderará su ritmo. Merece en ello todo nuestro apoyo. Pero la exclusión de las cifras fiscales de ciertos subsidios a los combustibles y al transporte público, que totalizarían este año US$ 900 millones, equivalentes a la totalidad del superávit fiscal estructural programado, desgraciadamente resta credibilidad al compromiso. Tampoco ayuda la revelación reciente, por parte de un ministro, que parte de la anunciada restricción fiscal sería tan sólo contabilidad creativa: los gastos seguirían adelante, con el consiguiente impacto macroeconómico, pero los pagos se prorrogarían para el próximo año a fin de no quedar registrados en el actual ejercicio presupuestario.

Estoy cierto que el Banco Central cumplirá autónomamente su cometido legal de restablecer la estabilidad. Pero controlar el brote inflacionario con expectativas desorbitadas toma largo tiempo y exige duro sacrificio. El cumplimiento fiel y fidedigno de la regla fiscal es crucial para disciplinar las expectativas de inflación.

El sorprendente registro de actividad económica durante junio ha dado pie para que las autoridades se congratulen respecto de la buena marcha de la economía. Pero, más allá de las erráticas cifras mensuales, el crecimiento exhibido durante el primer semestre, según cifras preliminares, habría sido apenas de 3,5%. Tampoco mejora mayormente el desempeño si se excluyen del cálculo los sectores minero y eléctrico, afectados por factores puntuales, pues entonces el crecimiento habría sido de 4%. El entusiasmo oficial suena a resignación, y ello contribuye a la desmoralización.

No es cierto que Chile esté condenado a marchar a paso cansino. El problema no está en la demanda, que se ha expandido fuerte, sino en la falta de dinamismo de la capacidad productiva o producto potencial. Con buenas políticas que estimulen la inversión, el trabajo y la productividad, es perfectamente posible acelerar nuestro crecimiento potencial al 6% o más.

Un factor crucial es la inversión. A precios de 2008 estamos invirtiendo sólo el 22% del PIB, tasa semejante a la del promedio mundial, levemente superior a la de varios de nuestros vecinos, y 6 u 8 puntos porcentuales inferior a la de los países más dinámicos. Hay un masivo esfuerzo de inversión pendiente en minería e industria, infraestructura y educación. Cuando el ministro nos dice que la inversión ya alcanza los máximos históricos y es comparable a la de los países más exitosos, no nos da una buena noticia: si ello fuera efectivo, retomar la tarea del desarrollo nos exigiría un enorme salto en productividad, cuyos indicios desgraciadamente no se vislumbran hoy por ninguna parte.

Las cifras del ministro se refieren a un cálculo técnico -a precios constantes de cinco años atrás- útil para medir variaciones de corto plazo, pero engañoso para analizar tendencias de más largo plazo. En ese horizonte, las variaciones de los precios relativos de los bienes de capital reflejan cambios en su productividad que no pueden ser ignorados para efectos de dimensionar la capacidad productiva. Además, esa medición adolece de graves dificultades estadísticas. Internacionalmente, la práctica habitual es la utilización de la tasa de inversión medida a precios corrientes. Bajo ese prisma Chile tiene todavía mucho por hacer, y ello exigirá remover los obstáculos tributarios y burocráticos que todavía entraban el ímpetu empresarial.

La pena que viene para Chile
José Ramón Valente

La semana pasada me tocó participar como expositor en el congreso de finanzas de Icare. La pregunta sobre la que supuestamente debía iluminar a la audiencia fue: “¿Qué viene para Chile?”. Dada la polémica que se había producido en los últimos días, me pareció pertinente aclarar que en mi opinión lo que viene para Chile no es una crisis pero sí una pena.


Es totalmente incontestable que en los últimos 10 años Chile dejó de pertenecer al grupo de naciones que lidera los rankings de crecimiento. Mientras en el decenio 1988-1997 crecimos a un promedio de 8%, en los diez años inmediatamente posteriores, esto es 1997-2007, lo hicimos apenas en 3,7%. Hace ya diez años que dejamos de ser esa economía dinámica que sorprendía al mundo, con innovaciones institucionales tan importantes como las AFP. El país que se atrevió a abrirse unilateralmente al comercio internacional mientras otros debatían la forma de hacerlo en interminables reuniones diplomáticas, que transformó sus ineficientes monopolios de servicios públicos estatales en empresas modelos que no sólo resolvieron los endémicos problemas de falta de electricidad, gas, agua y comunicaciones, sino que se transformaron en dinámicas multinacionales, y todo esto antes que Margaret Thatcher se hiciera famosa por hacer lo mismo en Inglaterra. Chile se atrevió a darle autonomía a su Banco Central, mientras países como Argentina y Brasil todavía luchaban contra la hiperinflación, y reformó la institucionalidad de su mercado de capitales para permitir que los bancos financiaran créditos a la vivienda a más de 20 años y las compañías chilenas pudieran levantar recursos frescos en los mercados internacionales cuando países como México todavía se debatían sobre una solución para sus problemas de deuda externa, mendigando la ayuda del FMI y el Banco Mundial.


En un contexto en que el crecimiento mundial se está debilitando, que las tasas de interés internas tendrán que ser más altas para contener la galopante inflación, que el gasto público también tendrá que crecer más moderadamente para contribuir con el esfuerzo del Banco Central y en que las expectativas empresariales y de los consumidores están en su nivel más bajo de los últimos cinco años, es altamente probable que el crecimiento de Chile en el trienio 2008-2010 no supere en promedio el 4%. Esto sin dudas no es una crisis, pero es una pena porque en Chile existe amplio consenso entre técnicos de distinta denominación política respecto de las reformas que permitirían a Chile retomar el dinamismo y el liderazgo innovador de hace una década. No es coincidencia que se realicen seminarios conjuntos entre Libertad y Desarrollo y Expansiva o que la comisión para la reforma previsional sea capaz de evacuar un informe consensuado con propuestas en unos pocos meses de trabajo.


Un grupo minoritario de políticos de la coalición gobernante, algunos de los cuales en una forma casi irónica se autodenominan progresistas, están taponando las iniciativas que permitirían un progreso más acelerado de nuestro país. Lo más triste es que al mismo tiempo este grupo de políticos defiende con ahínco la posición de pequeños grupos de interés, como los trabajadores de Codelco o los dirigentes del Colegio de Profesores ,que van en desmedro de la gran mayoría de los chilenos.


Tenemos la gente, la tierra, las instituciones, el capital y las ideas necesarias para progresar mucho más rápido de lo que lo estamos haciendo. Es una gran pena que la representación actual de las fuerzas políticas en el gobierno nos impida hacerlo.

Acount