Transparencia, probidad y gestiónBettina Horst. (*)
Los alcaldes que asumirán en diciembre deberán cumplir con las exigencias legales que la recientemente promulgada ley de acceso a la información pública establece. Ello constituye un avance en materia de transparencia, no sólo porque aumenta la información que obligadamente deben entregar los municipios en sus portales electrónicos, sino porque se establecen sanciones al incumplimiento.
En la actualidad, las normas vigentes no tienen sanción y prácticamente no se obedecen. A comienzos de 2008, sólo uno de los 34 municipios del Gran Santiago cumplían con lo que establece la ley en materia de información disponible y sólo el 10%, es decir, 33 de los 345 municipios del país, publicaban en forma electrónica la información que por ley se les exige.
Pero la transparencia no sólo debe centrarse en la información que hoy día tienen los municipios: también debe servir de herramienta para fortalecer la probidad y mejorar la gestión. Para ello se propone crear una figura similar a la de «hechos esenciales» presente en la regulación de las sociedades anónimas. A través de esta figura se debe obligar a alcaldes y funcionarios que tengan injerencia en la adjudicación de una licitación o contrato a un privado, a informar como hecho esencial —al concejo y a la comunidad— si con el privado se ha tenido en el pasado alguna relación laboral, en alguna sociedad o de amistad cercana. Con ello, más que aumentar las prohibiciones para entregar servicios a los municipios por parte de privados, lo que se pretende es contar con información respecto de situaciones que, siendo legales, muchas veces a la luz pública son cuestionadas.
En materia de gestión, en la medida en que se cuente con indicadores comparables entre municipios, se crea el incentivo a que compitan por mostrar mejores resultados, generándose un círculo virtuoso que finalmente nos lleve a una mejor y más expedita gestión local. Estos indicadores deben abarcar tanto el costo unitario por bien y servicio municipal entregado a la comunidad como los tiempos de espera en la tramitación de determinados permisos o patentes.
Por ello, si bien la nueva normativa implica un avance en transparencia, para que realmente fortalezca la probidad y gestión municipal se deben generar nuevos instrumentos. Sólo así al momento de elegir a alcaldes y concejales la ciudadanía contará con más y mejor información para evaluar su gestión, fortaleciendo la elección democrática de las autoridades locales.
(*)Bettina Horst es investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo.
Las platas sobre la mesa
Giorgio Martelli (*)
Barack Obama sorprendió incluso a sus propios partidarios al renunciar al financiamiento público para su campaña presidencial, lo que le permitirá no tener límite en el gasto. Su decisión fue inédita en un candidato presidencial; tanto, como la recaudación financiera ciudadana que ha recibido: más del 80% a través de donaciones vía Internet, una red que multiplica recursos y que se calcula tendrá la mayor recaudación de la historia.
El financiamiento es un tema puesto sobre la mesa en la campaña presidencial norteamericana en todos los medios de comunicación, fundamentalmente en los digitales. Un norteamericano que dona dinero a un candidato lo sigue con más interés que uno que no dona nada. Estas donaciones son un apoyo político, una suerte de tráfico de influencias individual, un acto transparente, voluntario y del cual las personas se sienten orgullosas.
En paralelo, en Chile se avanza en la aprobación de una ley que conjuga el interés de la oposición de que el oficialismo no ocupe el aparato fiscal para hacer campaña, con la intención de los sectores del gobierno de limitar el financiamiento privado. Esta aproximación de intereses daría a la luz una nueva legislación que apunta a hacer más equitativa la disputa electoral. Si es así, ¡bienvenida sea su aprobación!
No obstante, los diputados unánimemente han apoyado limitar la participación de los ciudadanos en la campaña a través de la donación de dinero. El proyecto propone eliminar el actual aporte que pueden hacer las empresas y cortar a la mitad el de las personas; así, las campañas se harían más dependientes del financiamiento del Estado. Es discutible si las empresas pueden hacer este tipo de donaciones, pero no debe limitarse el derecho de las personas a apoyar a su candidato a través del financiamiento.
Cuando les preguntaba a los expertos electorales norteamericanos por qué no se limitaba el aporte ciudadano en las campañas, la respuesta invariablemente aludía a una enmienda constitucional —un principio social— según la cual todos los ciudadanos pueden expresar su opinión sin límites. Barack Obama no tendría el apoyo popular que ostenta con una legislación como la que se pretende aprobar en Chile. En vez de aumentar la desafección de las personas con la política, los diputados debieran abrir las posibilidades para que los ciudadanos financien a sus candidatos en forma voluntaria, directa y transparente.
(*)Giorgio Martelli, expansiva, think tanks izquierdista.
