El escándalo de las farmacias.

El escándalo de las farmacias,
por Gonzalo Vial

El caso de las empresas farmacéuticas que se habrían coludido para fijar los precios de los medicamentos mezcla y confunde temas distintos:

Acusaciones y defensas
El reconocimiento de la colusión por parte de una de las tres acusadas, FASA, vindica la tarea acometida por la Fiscalía Nacional Económica contra ellas y hace verosímil el cargo formulado.

Naturalmente, este reconocimiento es una «delación compensada»: la confesante, según los documentos que conocemos, ha logrado de la Fiscalía: a) que se le aplique una multa inferior a la que normalmente le hubiese correspondido, y b) un grado, que no está claro, de impunidad penal. Además, insiste la confesante en que la colusión se estructuró al nivel medio de sus ejecutivos, sin aprobarla ni conocerla los elementos superiores de la empresa. Circunstancia que no es imposible, pero sí improbable .Y que no exoneraría de culpa, por grave descuido, a la dirección más alta de la firma.

Han surgido reparos éticos y de conveniencia pública a la «delación compensada». Dignos de consideración y regulación, estos reparos no quitan valor al reconocimiento —ningún inocente aceptará se le rebaje el castigo por algo que no ha hecho— ni su utilidad social para derribar el tinglado de abuso contra el consumidor

Las otras empresas acusadas niegan enérgicamente la colusión que se les imputa, tanto entre sí como con la confesante que la reconoce. Una de ellas ha tachado de “infamia” que se la quiera involucrar.

A primera vista, es una defensa bastante inverosímil. La colusión exige coludidos, y ¿por qué la habría de confesar uno de ellos si no fuese efectiva? Pero el asunto no es tan sencillo. Pues FASA no dice haber hablado directamente con sus otros «socios», sino a través de ejecutivos de laboratorios (El Mercurio, 25 de marzo). Se da entonces la paradoja de que sólo a quien confiesa la colusión se le puede dar ésta por acreditada; a los restantes acusados deberá probárseles que incurrieron en ella.

Y aquí opera la presunción de inocencia, fundamental, y más todavía en un caso que —quizás inevitablemente— se está juzgando con despliegue de pasión mediática y callejera.

Lo que está de más
El Gobierno no puede unirse a semejante pasionalismo.

Lo digo porque los noticieros de TV del fin de semana subrayaron la «fiscalización» farmacéutica desatada en el centro de la capital, a cargo de una lucida caravana funcionaria, que encabezaba el seremi de Salud metropolitano. Iba este caballero, para mayor relieve del operativo, enfundado en un esplendoroso delantal blanco de médico, completamente inútil —por cierto— para la tarea que cumplía. Fue (con muchos curiosos y muchas cámaras) repartiendo multas y clausuras a destajo, por infracciones variadas... ninguna, me pareció, de una importancia que exigiera tan augusta presencia.

Pero la fiscalización se dirigía exclusivamente contra locales de las tres empresas acusadas de coludirse.

Esto no es correcto. El Gobierno presiona a sociedades con las cuales tiene un juicio administrativo preciso, el de colusión, ante el Tribunal de la Libre Competencia, pero invocando motivos —las infracciones sancionadas por el seremi di bianco vestito— absolutamente ajenos a ese juicio. ¿Despachará mañana al Servicio de Impuestos Internos contra las litigantes? Además, atiza el fuego de la agitación «popular» alrededor de las farmacias y de sus dependientes... que, por supuesto, nada tienen que ver con la colusión.

El Estado no necesita estos pasos de farándula. ¿Fiscalizaciones? Todas las necesarias o convenientes, pero generales, no sesgadas hacia las farmacias que litigan por otras razones con las autoridades que las fiscalizan.

Explotación política
Lo peor del episodio ha sido pretender aprovechar políticamente lo sucedido, porque el candidato presidencial de la Alianza poseía, a través de dos sociedades suyas, un 0,7% de FASA, sociedad anónima abierta que se transa en Bolsa.

Es obvio que, utilizando porcentaje tan reducido, aquel candidato no ha podido tener directores, ni intervenir en el manejo de la sociedad, ni conocer éste. Algo que entienden hasta los niños. Pero el 0,7% ha sido presentado como un crimen sin perdón, que descalificaba a aquel candidato de modo irremisible. Y así:

-El primero en levantar el escándalo, con grandes titulares, ha sido el diario La Nación, cuya mayoría absoluta de acciones pertenece al fisco. Por este motivo, cualquier gobierno de turno se ha sentido siempre moralmente autorizado —sin ningún motivo— para usarlo de modo abierto como instrumento de propaganda política. Y ahora, además, configurando una indiscutible intervención electoral: tocar a rebato contra el candidato opositor a La Moneda y, peor todavía, invocar para ello un argumento deleznable.

Como cualquier bien fiscal, La Nación pertenece al conjunto de los chilenos, y utilizarlo de este modo ofende a un alto porcentaje de ese conjunto.

-Desgraciadamente, igual camino tomó el precandidato mayoritario a La Moneda que levanta la Concertación.

Un ex presidente, e hijo de ex presidente, no puede caer en estas trampas fáciles. Ni menos enarbolando argumentos como el que usó: que poseer su rival 0,7% de FASA demostraba la verdad de una afirmación anterior del postulante concertacionista: que existiría incompatibilidad entre ser político y ser hombre de negocios. Esto es cuando menos sostenible, pero no lo demuestra para nada el caso de FASA. No hay conexión lógica entre premisa y conclusión en el argumento contra el candidato de la Alianza.

Adicionalmente, hay algo de injusticia, de asimetría, en que las inversiones del aliancista sean todas conocidas y públicas, y las de su adversario no. Este, hace años, para dedicarse exclusivamente a la política, tomó la resolución loable de entregar el manejo de sus haberes —ni colosales ni míseros— a terceros de confianza. Pero nadie sabe su monto actual ni en qué inversiones están colocados, ni por ende cómo podrían ellas afectar a las decisiones político-administrativas del precandidato concertacionista si llegara a La Moneda.

La «peligrosidad» del postulante de la Alianza por sus negocios todos los chilenos la podemos juzgar. La del precandidato concertacionista, no... no sabemos de qué negocios o inversiones se trata.

-Finalmente, otros personeros concertacionistas, comprendida (creo) la Presidenta, sin criticar directamente aquel 0,7%, insisten en que el caso FASA demuestra que no se deben confundir política y negocios. Es una forma de atacar al postulante sin decirlo, «sin querer queriendo», pero también exhibiendo inconsistencia. Porque en FASA y sus «alrededores» no ha habido dueños, ni interesados, ni gestiones ni «comisiones» de carácter político. ¿Cuál sería, entonces, la confusión?
Es preciso elevar el nivel de la lucha por La Moneda, o terminará con espacios fijos en los programas de chismes de la TV.

Economía y Sociedad, dos notas interesantes

Sobre colusión, “carteles” y delación compensada
Alejandro Ferreiro.

Se necesitan dos para bailar tango. Y al menos dos para coludirse. Dado que aún no se conocen los carteles compuestos por un sólo actor, parece claro que alguien miente en el oscuro caso de las farmacias. Desde luego, quien confiesa haberse coludido con otros, revela un ilícito colectivo que abarca a todos los concertados. El reconocimiento de haber participado en una colusión es, a la vez, confesión y denuncia. Y como la confesión conlleva costos de imagen y procesales importantes (desde luego releva la necesidad de probar, lo que siempre ha sido la principal traba para desbaratar y sancionar carteles), sorprendería mucho que no fuera veraz en aquello que supone denuncia de conductas de terceros. Los aludidos intentarán probar lo contrario, pero si el cartel existió y Fasa se decide a colaborar aportando pruebas, será posible generar convicción de culpabilidad en los tribunales que deban fallar la materia.

La denuncia de Fasa sorprende por muchas razones. Entre otras, porque no se realiza bajo la protección de la figura de la delación compensada, que permite acordar rebajas sustanciales —y en algunos países la amnistía total— por ofrecer las pruebas sin las cuales la sanción del cartel no habría sido posible. Fasa no sabe si le rebajarán la pena, pero se arriesgó a confesar en la expectativa de que el tribunal respaldará el acuerdo o “conciliación” alcanzada con el fiscal nacional económico. Así debiera ocurrir, supongo, puesto que, de lo contrario, se acabaría todo incentivo para que a futuro otros prefieran denunciar carteles a perseverar en ellos. Por eso, la sorprendente denuncia de Fasa se produce a pesar de la legislación vigente, y no gracias a ella.

En 1993 Estados Unidos estableció un programa de amnistía o de delación compensada para favorecer la denuncia de carteles. La Unión Europea lo hizo en 1996. Siguiendo la tendencia, Brasil, Canadá, Noruega, Suiza, Japón, Corea del Sur y México reformaron sus legislaciones en este sentido en lo que va corrido de esta década. Todos los países de la OCDE, salvo Turquía, cuentan con sistemas de delación compensada.

¿Y en Chile? En junio de 2006, el gobierno de la Presidenta Bachelet presentó el proyecto de ley que, fortaleciendo en varios aspectos nuestra institucionalidad defensora de la libre competencia, incluye una regulación moderna y eficaz de la delación compensada. En diciembre de 2007 el proyecto pasó de la Cámara al Senado. Desde entonces no ha tenido mayores avances. Varios legisladores —en especial de la UDI— han manifestado reparos a la utilización de la delación compensada para combatir carteles, señalando que sólo debería aplicarse a “delitos graves” como el narcotráfico o lavado de dinero.

Pero la experiencia internacional es abrumadora y en buena parte del mundo los carteles están sufriendo golpes formidables e inéditos gracias a los incentivos para denunciar que permiten obtener la prueba condenatoria dura y concluyente, siempre tan esquiva en estos casos. En esta década las multas en Europa casi cuadruplican lo observado en la anterior. En 2007 las autoridades del viejo continente aplicaron la mayor multa histórica (992 millones de euros) al cartel formado por los fabricantes de ascensores Thyssen, Kone, Otis y Schindler. Ya supimos lo ocurrido en Estados Unidos con la colusión del transporte de carga aéreo.

¿Y en Chile? Pese a los esfuerzos de la Fiscalía, las condenas son excepcionales. Sólo en el llamado “caso del plasma” la Corte Suprema confirmó —aunque rebajando las multas— las sanciones aplicadas por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDLC). En general, y más en la Corte Suprema que en el TDLC, la exigencia de pruebas condenatorias que eliminen toda duda razonable de culpabilidad impide condenas en base a indicios o presunciones. El exigente estándar probatorio exigido por la Corte Suprema refuerza la necesidad de la reforma legal que permita a la Fiscalía ofrecer el tipo de pruebas concluyentes que sólo un ex integrante de cartel puede aportar.

Si de verdad queremos sacar conclusiones útiles acerca del “caso farmacias”, debemos canalizar el descontento generado hacia la adopción de medidas eficaces para combatir los carteles. No hay excusas ni argumentos válidos para dilatar más la aprobación de la delación compensada. A estas alturas, su ausencia en la legislación chilena resulta inexplicable para quien aspira a ingresar a la OCDE y debilita innecesariamente la defensa de la libre competencia. Los únicos que pueden temer con esa medida son los carteles vigentes, puesto que, de existir amnistía o delación compensada, cualquiera de los que hoy participan en la colusión puede ser el delator de mañana. Garantizo que de aprobarse esa norma muchos carteles que hoy existen se disolverían automáticamente.

Por cierto, y mientras no se apruebe la ley, sería mejor que las iras del público, los medios y los políticos sean algo más indulgente respecto de Fasa. Mal que mal, sin su confesión, la posibilidad de hacer justicia en este caso sería menor. Pero más importante aún, es siempre preferible contar con arrepentimientos eficaces, aunque tardíos, que con carteles solapados e invulnerables

Debatir para avanzar
Margarita María Errázuriz

En año de elecciones es oportuno reflexionar sobre los debates públicos o informales entre candidatos, o sobre distintas causas. Hoy se realizará uno interno en la Concertación, se hace lobby para concertar otro sobre seguridad ciudadana y se discute sobre la forma que deberían tener los correspondientes a las presidenciales. El tema ya está en el tapete y la ocasión hay que aprovecharla.

Estos debates son una oportunidad privilegiada para acercar la ciudadanía a la política; constituyen un gran desafío para cambiar una tendencia creciente a desapegarse de ella. Al programarlos, hasta ahora no se ha tenido en consideración que, al escucharlos, el público no sólo hace juicios sobre los candidatos o los líderes de opinión en cuestión: sus intervenciones sirven también para evaluar al sistema político en su conjunto. El rol de los debates debiera ser el de abrir espacios para pensar en proyectos país, para motivarnos con un futuro promisorio, nuestro, construido en común.

Nada de esto se ve venir en el horizonte. Se tiende a discutir sobre temas puntuales, eligiendo cuidadosamente aquellos que le pondrán palitos al contrincante. Las argumentaciones se caracterizan por evadir las respuestas, ser simplistas, repetir lugares comunes, y por la agresión y la descalificación. No estamos en condiciones de seguir por esa senda, aunque ésta parece ser un mal nacional.

Necesitamos que los espacios de discusión se usen para reflexionar y construir juntos, apunten a los verdaderos problemas, se enfoquen a lo importante y nos abran a visiones de país que no somos capaces de visualizar. La sociedad civil también tiene que aportar a esta tarea y no debe dejar pasar las ocasiones que tiene para asumir esta responsabilidad. El debate en torno al reciente plebiscito en Vitacura es un buen ejemplo de su incapacidad para plantearse los verdaderos problemas. Pudo ser una ocasión única para reflexionar sobre el bien común, tema en el que bien vale detenerse.

Esa convocatoria permitía una reflexión necesaria y valiosa sobre cómo se aplica el concepto de bien común a la decisión de construir en altura y cómo se establece un equilibrio entre el bien común de los residentes de la comuna con el de muchos hipotéticos y futuros propietarios y arrendatarios que, expulsados de su lugar de origen o por gusto, podrían querer optar por vivir en esa comuna. En otras palabras, la discusión podría haberse centrado en cómo se concilia un legítimo bien común particular (de la comuna, en este caso) con el bien común general. Sólo dos personas plantearon que éste era el foco del problema: el alcalde y la ministra de la Vivienda, sin que ello prendiera en los votantes. Ambos lo hicieron sin usar la palabra bien común.
En cambio, oí muchas descalificaciones y un lema de campaña agresivo, que no se condice con todo el avance que se aprecia en la comuna. Creo que se puede reconocer lo valioso y disentir sin ofender con lo que se estima negativo. No me cabe la menor duda de que la comunidad debe valorar iniciativas pioneras, como Vitanet, Vitamayor, Vitaplaza, Vitavecino, Vitaexpress, entre tantas otras.

El debate sobre el bien común y cómo se aplicaría en este caso habría sido enriquecedor y formador de conciencia ciudadana. Es más, creo que debiera proseguir; no se ha zanjado con los resultados del plebiscito, éste sólo lo ha puesto de manifiesto. Hay aspectos de desarrollo urbano que es necesario enfrentar. Al menos a nivel de Región Metropolitana debiera seguirse analizando este tema.

A mi modo de ver, éste es el momento indicado para que los políticos y la ciudadanía utilicen los debates para pensar entre todos en el destino de nuestro país; en esa tarea que como sociedad no sabemos abordar y que, por lo mismo, no somos capaces de compartir. En un tema en que no hay una voz convincente, necesitamos escucharnos, abrirnos, no imponernos verdades que no son tales. Los debates pueden ayudar en este camino. Ya es hora de que cambiemos nuestra forma de debatir y que ésta nos permita avanzar.

Sin título, no enseñarás.......

Sin título, no enseñarás ,
por Gonzalo Rojas Sánchez.

Fue en el Metro, en la línea 5. El sujeto iba sentado, leyendo un informe; a su lado, el pasajero de pie, curioso, le chupó toda la información que estaba disponible en el papel impreso: iniciativas del Colegio de Profesores para finales del año 2008. En el texto figuraban decenas de actividades, pero ni una sola de las consignadas se refería a lo propiamente educativo. Todas eran "gremiales", es decir, movilizaciones políticas.

El tipo era, claramente, un dirigente del Colegio de Profesores.

Quizás estuvo en la tribuna parlamentaria pocos días atrás presionando para que esos salvajes incivilizados que son los profesionales chilenos se alejen de las aulas a las que voluntariamente quieren acceder para mejorar el aprendizaje de los niños cautivos del Colegio.
Porque mientras el PC pide el fin a la exclusión en el Congreso, busca practicarla en uno de sus reductos favoritos y mejor consolidados, las salas de clases.

Miles de profesores chilenos, serios, esforzados, trabajadores, aguantan resignados que los represente esa cúpula de iluminados -oscurantista, más bien- que sabe perfectamente lo que le conviene al Colegio para perpetuar sus privilegios, justamente en detrimento de los genuinos maestros. Y la primera necesidad del Colegio es el aislamiento: no contaminarse por motivo alguno con otras realidades profesionales; no vaya a ser que al contacto con personas de otras formaciones, decenas de miles de profesores comprueben que pueden salir de sus variadas indigencias, que pueden aspirar a más.

Vamos a ser dramáticamente claros, aunque duela.

Todos los profesores chilenos necesitan mejorar su lenguaje y su presentación personal. El contacto con abogados y médicos, con arquitectos e ingenieros, con psicólogas y sociólogos, traería enormes beneficios en el desarrollo humano de los maestros. No más profes sshhilenos, descamisados y garabateros, que puedan sentirse a sus anchas... Porque ahora los van a comparar. Y no es cuestión de pesos, es de relaciones.

A muchos les vendría de maravilla tener en su departamento a un tipo que pueda hablar con gran seguridad de biología o de historia o de filosofía. Para los maestros, sería un lujo de capacitación en el día a día. Pero para el Colegio, esa presencia de profesionales serios se constituiría en un riesgo: esos entrometidos desvirtuarían cuanto lugar común, cuanta frase hecha, cuanto eslogan amarxistado se ha abierto paso en la nueva dogmática docente.

No se trata de orientación ideológica, sino simplemente de calidad de la enseñanza. Porque ¿habría muchos profesionales de la Historia que insistiesen en enseñar sandeces como que los españoles cometieron genocidio en Chile, o que el siglo XX comienza un 11 de septiembre de 1973? ¿O filósofos que enseñaran a Nietzsche sin ponderar sus riesgos para el adolescente? ¿O biólogos que difundieran sin matices nuestra supuesta igualdad con los primates?

Claro, con profesionales rigurosos, se pone pesada la pista para el coleguita del curso paralelo, acostumbrado a repetir banalidades de almanaque y falsedades de cartilla.

Y para rematar lo anterior, la autoestima. ¿Habrá grupo humano al que le cueste más ponderar positivamente sus propios méritos que a los profesores? El problema es que si llegan a su lado miles de profesionales que sí se sienten realizados, los maestros pueden entrar en crisis. Mejor es mantenerlos en su autocompasión que verlos incentivados al mejoramiento, piensan en el Colegio.

Un estremecimiento final recorre a sus dirigentes: ¿Y si, además, los profesionales decidieran hacer cursos y se titularan? Ah, no, ahí sí que sería la debacle total. Esto hay que impedirlo de raíz.

Nota de la Redacción:
Esta columna ha sido tomada de Diario El Mercurio porque la consideramos un aporte para la mejoría de un magisterio educacional que en manos de los rojos ha desdibujado la labor formativa de los maestros para con las generaciones que deben tomar el poder como relevos.

Cipayos y corifeos zurdos se han tirado sobre las columnas de este brillante historiador, periodista y abogado, nos imaginamos tratando de acallarlo por el mismo metodo que usaron para aburrir a Hermógemnes Perez de Arce, esperamos que Don Gonzalo no ceda, la lucha que queda por dar es inmensa.

No nos importa nada,
por Gonzalo Vial.

El Centro de Estudios Públicos (CEP) tenía un equipo de lujo en materias educacionales. Hicieron historia, v.gr., los estudios que realizó sobre la PSU y los tristemente célebres CMO (Contenidos Mínimos Obligatorios). Por cierto no fue oído, pero allí está ese material para la eventualidad —remota pero no imposible— de que alguna vez el ministerio haga algo a las derechas.

Pues bien, el CEP acaba de desmantelar el equipo referido, despidiendo a dos especialistas de óptima calidad. Una de ellas, por cierto, agrega a sus conocimientos teóricos el mérito complementario —muy sorprendente en nuestros «expertos educacionales»— de haber creado y dirigir un colegio gratuito de mucho éxito.

Espero que el desmantelamiento no sea total, pues este departamento del CEP incluía cuando menos otros dos especialistas en educación de parecida solvencia. Desde otro punto de vista, es la entidad misma la que sabe “dónde le aprieta el zapato” en materia de recursos, sobre todo corriendo días tan difíciles como los actuales.

Pero, fuera de lamentar lo sucedido —por el CEP y el país, más que por las afectadas—, es interesante la explicación que le da el mismo centro, explicación que se transcribe en una carta de crítica y protesta que firman varias figuras de nuestra enseñanza (“El Mercurio”, 15 de marzo). Dice el centro:

“En un año de crisis, parece aconsejable redirigir recursos para robustecer el programa macroeconómico”.

La educación, preocupación de segunda... aun tratándose sólo de estudiarla. La educación y la crisis no se relacionan.

Vinculemos esta idea del CEP con un artículo que publica el prorrector de la Universidad Católica, también en “El Mercurio”, el 17 de marzo. Se refiere al Informe de la OCDE sobre el estado de la educación en los países desarrollados miembros de esa entidad, el año 2008. Y compara las cifras educacionales de dichos países con las chilenas.

Destaca el prorrector, como siempre se hace, nuestros “importantes logros... en cobertura escolar”. Pero luego enumera los frutos de estos logros importantes:

1. “Pobre desempeño” en la prueba PISA (lectura y matemáticas) 2006 (pobre desempeño que aquí, dicho sea de paso, celebramos como un triunfo olímpico).

2. Ciencias: Chile, Nº 32 de los 36 países miembros o asociados de la OCDE. “40% de nuestros estudiantes no alcanzó el nivel mínimo para razonar adecuadamente frente a fenómenos científicos elementales”.

Es decir, en Chile la “cobertura escolar” significa encerrar a los alumnos en los establecimientos para que no aprendan cosa alguna (aprovechable). ¿Qué utilidad tiene esto, qué “logro” representa? ¿Cómo puede calificársele de “fruto del esfuerzo que ha hecho Chile en materia de cobertura educativa”?

¿Y qué causa una inferioridad tan desoladora? También lo explican las cifras de la OCDE y del artículo comentado:

A. Gasto total de Chile, por alumno, a nivel de enseñanza básica y media: un tercio del mismo gasto en los países OCDE. El nuestro, estancado desde el 2005.

B. Tiempo pagado a los profesores para planificar y preparar sus clases: OCDE, 40%; Chile, 25%.

C. Remuneración de los profesores chilenos, al ingresar a la profesión y/o quince años después: un tercio de lo que pagan los países de la OCDE.

D. Tiempo que “los alumnos de (nuestros) colegios públicos están físicamente (e inútilmente, agreguemos) en clases: casi 30% más que el promedio OCDE.

E. Número de alumnos por curso, en Chile: 25% más que en los países de la OCDE
Etc.,etc.

Llevamos veinte años concertacionistas (y, antes, el régimen militar no lo había hecho mucho mejor) dando palos de ciego y disparando fuegos artificiales... sin alcanzar un nivel mínimo en educación básica y media, fundamentales si no únicas para el grueso de los chilenos. ¡Cuántos «programas» e iniciativas varias del Estado!

¿Qué de bueno, qué resultados positivos produjeron, por ejemplo, el «P-900», las «escuelas críticas», los MECE, las jornadas LEM, los «liceos de anticipación» o Montegrande, las «pasantías en el extranjero», los perfeccionamientos contratados por el ministerio, la reforma de los currículos, los «maletines literarios», etc., etc.? Ningún buen resultado, es verdad, pero ahora regalamos computadores...

Mientras tanto, todos hablábamos, hablábamos, hablábamos (y escribíamos) de educación. Seguimos haciéndolo.

Y al cabo de dos décadas... nada.

Algo semejante a lo que sucede respecto de la pobreza. Chachareamos incesantemente, de palabra y por escrito, sobre ella. Cada cierto tiempo, nos felicitamos de su «disminución». Pero la verdad es que, aun aceptando las cifras oficiales —hoy bajo fuego—, las últimas de éstas (2006) nos dicen que el número de pobres es el mismo de 1970.

Y es sabido que educación y pobreza se hallan estrechamente relacionadas. No se sale de la segunda sin la primera, siempre que ésta sea mínimamente buena.

¿Por qué hablamos tanto de ambas, y no llegamos a puerto en ninguna? Simplemente porque no nos importan nada. Son temas de conversación; conferencias, paneles y simposios; de disputas audaces y brillantes sobre «exclusión», «municipalización», «focalización» y otras yerbas; de innumerables estudios y diagnósticos; de modas pedagógicas —«la novedad del año»— que vienen y se van, etc.

Pero ni enseñanza ni pobreza, tan tristemente deficitarias, nos MUEVEN A LA ACCION. Nuestros hogares no ganan menos de $175.000 mensuales, línea límite de la pobreza «oficial». Nuestros hijos no van a escuelas gratuitas. La catástrofe futura que incuban la pobreza y la mala educación nos parece lejana o una profecía groseramente exagerada. De allí que si un think tank de primera categoría deba, según explica, centrar sus esfuerzos y recursos en lo relevante, la primera víctima sea la educación. ¡Mortal ceguera!

No es una primaria de ganadores.

No es una primaria de ganadores,
por Cristina Bitar

El senador Gómez se ha transformado en una piedra en el zapato para la Concertación y ha venido a complicar la estrategia presidencial que tenían, dejando en evidencia el desgaste que en muchos frentes evidencia la coalición gobernante. La forma desesperada en que han tratado de bajar su candidatura, la manera como han intentado evitar que haya un debate de cobertura nacional y las estrategias desplegadas para imponer reglas del juego que no pongan en riesgo la candidatura de Frei no han hecho más que debilitar la opción presidencial oficialista.

Es muy claro que existe temor de que Gómez dé una sorpresa y comience a crecer, probablemente no al punto de ganar la primaria, pero sí lo suficiente para mostrar que la opción del abanderado DC es la más débil que ha tenido la Concertación en todas las elecciones presidenciales a las que se ha presentado.

Gómez ha sido valiente y está haciendo una buena apuesta. Sin embargo, creo que ha cometido el error de plantearse como la opción progresista, en circunstancias de que podría encarnar mucho mejor una alternativa de recambio en la Concertación. En pocas palabras, ha preferido ser más un candidato de izquierda que un «Obama» concertacionista.

Aun así, su presencia y su persistencia han ido mucho más allá que la mera aspiración de un abanderado de partido chico en busca de mejorar la posición negociadora de su colectividad. Ese punto lo sobrepasó hace rato y se convirtió en un testimonio vivo de la fragilidad de la candidatura de Frei.

El postulante DC se transformó en el abanderado del establishment concertacionista después de una serie de movimientos que dejaron en el camino a Soledad Alvear, Ricardo Lagos y José Miguel Insulza. Pero una cosa es la capacidad política para despejarse el camino entre la élite y otra muy distinta es lograr el apoyo popular en una sociedad de masas.

Ahí es donde Gómez vio una oportunidad y no la ha desaprovechado. Las contradicciones y grietas que ha dejado al descubierto son evidentes.

La Concertación y el propio Frei, tan proclives a debatir temas como el aborto terapéutico, se muestran reacios a debatir con Gómez. El argumento de que el debate sea regional es tan poco creíble, que se desarma solo. Por otra parte, inevitable es preguntarse qué capacidad tendrían Gómez y el PRSD de hacer esto si la opción de Frei tuviera cara de triunfo. Probablemente ninguna, pues nadie le hace esto al futuro Presidente de la República.

El resultado de la primaria es previsible, no se ve forma que el candidato radical pueda vencer la máquina de los partidos grandes, pero la duda que asoma es si la Concertación va a salir fortalecida, como ha ocurrido en el pasado, o debilitada de esta incómoda primaria. Desde luego, se estimula la aparición de candidaturas a la izquierda, como las de Arrate, Navarro y otras. Pero estas candidaturas, que en el pasado favorecieron a la Concertación —cuando el piso concertacionista estaba sobre los 45 puntos en primera vuelta—, ahora son de dudosa utilidad con un Frei que puede empinarse apenas en los 40 puntos si estas opciones toman fuerza.

A medida que avanza, queda cada vez más claro que ésta no es la primaria de los ganadores: es poco creíble que aquí se esté eligiendo al próximo Presidente de la República. No se ve la fuerza arrolladora que el mismo Frei tenía el 93, o la impronta de Presidente que tenía Lagos el 99, o la popularidad imparable de la Presidenta Bachelet el 2005.

Es claro que la primaria se ha convertido en una pesadilla para la Concertación, de la que quieren despertar lo antes posible. Pero nadie se atreve a asegurar que Gómez no dé una sorpresa y que, al mejor estilo David, haga pasar un mal rato a Goliat.

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Misa en memoria del senador Jaime Guzmán
La Fundación Jaime Guzmán invita a usted a la celebración de la misa en memoria del Senador de la República Jaime Guzmán Errázuriz, con motivo de cumplirse dieciocho años de su muerte.La misa se oficiará el miércoles 1 de abril, a las 20:00 horas, en la Iglesia de las Hermanas de la Providencia (Av. Providencia 509). Se invita a los familiares, amigos y simpatizantes.

Guerra al desempleo.

Guerra al desempleo.
Por Juan Andrés Fontaine.

Confirmado: la tormenta financiera internacional está causando en Chile destrozos de consideración. La preocupación central ha de ser el incipiente incremento del desempleo. El gobierno puede y debe hacer más por controlar ese duro flagelo económico y social.

Las cifras oficiales revelan que en los últimos meses del año pasado la economía nacional fue impactada por la crisis externa con sorprendente virulencia. Cayó nuestro producto en el cuarto trimestre un 2,1% respecto al período inmediatamente anterior, una vez descontado el factor estacional. Esa disminución es más aguda que la sufrida en EE.UU. o Europa, de 1,6% y 1,5%, respectivamente, que es donde la crisis nació. También es peor que la experimentada por varios países latinoamericanos. Los datos de enero confirman que la contracción productiva prosigue, aunque no permiten todavía discernir si ella está atenuándose o no.

Es cierto que la nuestra es una economía estrechamente integrada al mundo, de modo que no podía sino afectarse por la abrupta caída observada en el comercio exterior y en los mercados financieros. Pero no es menos cierto que nuestros precios de exportación —partiendo por el cobre—, aunque inferiores a los de los últimos años de bonanza, son todavía convenientes en comparación a su promedio histórico.

Además, a diferencia de crisis anteriores, esta vez mantenemos abierto el acceso al financiamiento externo de corto y largo plazo, en condiciones que, gracias a la abrupta caída de los intereses en Estados Unidos y Europa, todavía resultan atractivas. Por otra parte, la fortaleza de nuestras instituciones económicas, la solidez de bancos y empresas, la solvencia del Fisco y la flexibilidad de nuestros mercados sugerían que debíamos resistir mejor los embates de la crisis internacional.

¿Qué ocurrió entonces? Por años nos dejamos estar en materia de reformas en pro del crecimiento y alegremente nos dejamos llevar por la bonanza mundial del cobre. Ahora que la economía global entra en inédita contracción, se derrumban las expectativas de los consumidores y los empresarios. La detención del consumo, la inversión y la producción es una natural reacción inicial al vendaval de malas noticias. Las expectativas son veleidosas y pueden recuperarse pronto, pero hay un riesgo que el pesimismo se torne profecía auto cumplida: que la contracción de la demanda dé lugar luego a la recesión y al desempleo masivo.

El riesgo de desempleo masivo es ya visible en las estadísticas de fines del año pasado. Hasta agosto pasado, la economía chilena venía creando en términos netos 20.000 plazas de trabajo al mes, hecha la corrección estacional pertinente. Desde entonces, el empleo viene cayendo y anota sólo en diciembre pasado una pérdida neta de 66.000 ocupaciones. Mientras tanto, la tasa de desempleo ha subido a 8% de la fuerza de trabajo y está mostrando un comportamiento inquietantemente similar al que se exhibió diez años atrás, durante la recesión con la que concluyó su mandato el ex Presidente Eduardo Frei. Entonces, la desocupación abierta subió hasta 12% de la fuerza de trabajo, afectando a 700 mil trabajadores, sin considerar quienes debieron recurrir a empleos fiscales de emergencia.

Nuestro mercado laboral no funciona bien en tiempos de recesión. Tenemos un sistema dual, que sobre protege a los trabajadores con contrato laboral indefinido y deja en la indefensión al 45% de la fuerza de trabajo que, o bien se emplea en ocupaciones temporales, o labora por cuenta propia. Las rigideces del segmento protegido han hipertrofiado al desprotegido. Cuando cae la actividad económica y las empresas deben ahorrar costos, la inflexibilidad en los salarios y jornadas termina haciendo recaer el ajuste en el despido de algunos trabajadores de planta y en el cese generalizado de las contrataciones temporales. El desempleo sube abruptamente y se prolonga por meses, porque nuestro mercado laboral carece de la flexibilidad necesaria para recolocar a los cesantes en nuevas ocupaciones.

Las políticas públicas pueden hacer mucho para evitar o aminorar la dolorosa lacra social del desempleo masivo. Desde luego, hay que resistir la tentación política de introducir nuevas regulaciones laborales que, por fortalecer la posición negociadora de quienes tienen empleo, eleven artificialmente los costos laborales y terminen propiciando los despedidos o inhibiendo las contrataciones. Al contrario, esta puede ser una buena ocasión para, en un clima constructivo y sin demagogia, buscar cómo ampliar la capacidad legal de los empleadores y sus sindicatos para negociar caso a caso una mejor adaptación de los salarios y jornadas a las vicisitudes del mercado.

Mientras tanto, la caída de las expectativas y el frenazo de la demanda exigen acciones urgentes de parte de las autoridades. En lo que va corrido del año, tanto la política fiscal como la política monetaria se han vuelto fuertemente expansivas. La dirección del cambio es oportuna, aunque su extraordinaria intensidad puede dañar la credibilidad de nuestra conducción macroeconómica y crearnos complicaciones a futuro.

En el terreno fiscal, específicamente, el gobierno debe evitar seguir aumentando el ya muy abultado gasto público, que amplía la burocracia, favorece la ineficiencia y crea una dinámica política que resultará más tarde muy difícil de controlar.

En cambio, y en la línea de la propuesta efectuada por el candidato presidencial de la Alianza, Sebastián Piñera, hay amplio campo para, mediante medidas tributarias de alcance estrictamente temporal, librar batalla contra el desempleo. El conjunto de medidas propuestas significaría un costo fiscal de corto plazo equivalente a US$ 1.800 millones, dos tercios del cual sería transitorio y no afectaría el presupuesto estructural del Fisco. Su financiamiento puede ser abordado en el mercado de capitales local, sin consecuencias desestabilizadoras ni sobre los intereses ni sobre el dólar.

Nuestras empresas, en particular las pequeñas y medianas, sufren una pesada carga tributaria. No sólo las tasas de impuestos son elevadas, sino que su sistema de cobro es extraordinariamente exigente con el contribuyente, imponiéndole pagos provisionales en los impuestos a la renta, plazos brevísimos para enterar el IVA y elevadísimos intereses tras cualquier retraso. Dicho sistema se construyó en los años setenta cuando la situación fiscal era muy desmedrada y no existía un mercado de capitales local capaz de solventar sus necesidades de caja. Hoy carece de justificación.

En condiciones de restricción crediticia, los sistemas de pago de los impuestos a la renta y el IVA estrechan innecesariamente la liquidez de las empresas, particularmente las pymes. Ello redunda en menos inversión y empleo. La batería de modificaciones tributarias propuestas, que incluyen ampliación de plazos de pago y créditos tributarios a la inversión y el empleo, permitirían a las empresas medianas y pequeñas, que han de ser la primera línea de fuego en la guerra contra el desempleo, dar la lucha.

Los problemas ambientales que realmente importan......

Los problemas ambientales que realmente importan
Gonzalo Blumel, Libertad y Desarrollo

Mucho se ha escrito sobre la renuncia del “gerente del aire” y las que se han suscitado posteriormente. Renuncias más, renuncias menos, lo único claro es que el aire de Santiago seguirá siendo irrespirable, y que probablemente no se solucionará este problema en el corto plazo.


Veamos cuáles son los problemas de fondo que nos aquejan. En primer lugar, el Gobierno debe entender que para mejorar la calidad del aire se debe tomar medidas que impliquen cambios en la conducta de la población, además de exigir tecnologías más limpias. Esto se puede lograr limitando el nivel de emisiones contaminantes en Santiago más la implementación de un sistema de permisos transables (bonos de descontaminación) entre las fuentes, fijas y móviles. Hay evidencia comparada a favor de esta alternativa, especialmente en California.


En segundo lugar, se deben alinear los incentivos de las personas e industria con las metas ambientales. Esto implica corregir algunas distorsiones tributarias que no reflejan el costo real de contaminar —impuesto específico a los combustibles y permisos de circulación—, lo que está definido como principio rector de nuestra ley ambiental.


¿Cuál es el camino que se ha tomado hasta el momento? La reciente actualización del plan de descontaminación se enfoca fundamentalmente en aumentar las exigencias tecnológicas al transporte y la industria, sin avanzar de forma sustancial en la senda señalada. Esto evidentemente aporta, pero no genera cambios relevantes en las conductas de largo plazo. ¿Existen hoy incentivos para no sacar el auto o apagar una caldera en un día de preemergencia?


Aumentar la restricción a los catalíticos en días de preemergencia o mejorar la capacidad predictiva de los modelos no solucionará el problema de fondo. En cambio, en la medida en que se limiten las emisiones y se traspasen adecuadamente los costos de contaminar a los emisores, sean éstos industria o población, podremos resolver de manera eficiente la grave situación que nos aqueja.


El plan estableció el 2011 como plazo para descontaminar la capital. Sin embargo, quedan menos de tres años y las concentraciones siguen siendo inaceptablemente altas.

Basta ya de estar preocupados de cargos y nombramientos, y pongamos la mirada en la gestión. La situación actual representa un alto costo social que terminan pagando, en mayor medida, los más pobres.

Vidal : a zapadores.

Vidal: a zapadores
Por Gonzalo Rojas Sánchez.

Puede ser una de las tres frases más reiteradas por los uniformados en los últimos años: "A la Alianza no le interesan los temas de Defensa". La repiten los militares en activo (en sordina) y la utilizan quejumbrosamente los oficiales en retiro (sin restricciones, ni de tono ni de volumen). Con la notable excepción de un Jorge Ulloa -y, quizás, de algún otro político aliancista-, es efectivo que a los opositores los asuntos de cuarteles y de fierros, de estrategias y de ascensos, los han tenido bien sin cuidado. Claro, si se entra a buscar las causas, no faltará quien afirme que mejor no involucrarse con los militares, porque son tema del pasado. Eso ya quedó clarito con la reforma constitucional que afectó la inamovilidad de los comandantes en jefe (a propósito: ¿qué dicen los grupos Tantauco sobre Defensa?).

Por eso mismo, a la Alianza le ha importado mucho que Vidal salga del megáfono, pero le ha interesado muy poco que invada Defensa. El ministro, que antes fue cadete, ya pasó por las labores de infantería. Le gustaban las trincheras: él mismo lo declaró, orgulloso. El fragor del combate -balas van, balas vienen- lo estimulaba. Herido con frecuencia, recibió varias veces cuidados maternales de la Presidenta; recuperado, volvía a la primera fila. Y métale bala.

Pero ahora llega el momento de trabajar en una tarea especial: la de los zapadores. Ellos son los soldados encargados de trabajar en obras de excavación: le abren trincheras a la infantería. Perfecto para un Vidal que en el Gobierno o en la televisión, en la universidad o en su partido, siempre ha concebido la vida pública como una guerra de posiciones. Lo aprendió casi 40 años atrás, cuando militaba en los grupos de autodefensa del Partido Nacional.

Éste es un buen año para la zapa; en realidad, es el único, el último que le queda, o sea que tiene que ser un buen año para la zapa.

Primero, los nuevos comandantes en jefe. A mediados de junio, la Armada; en marzo, junto con el cambio de gobierno, el Ejército. Ambas tareas serán motivo de un acucioso estudio por parte de Vidal. Por cierto que ésa es su tarea, pero también es efectivo que ya se conocen sus criterios sobre el Estado: todo para la izquierda.

Después, el análisis de la estructura del mando. Mucho mejor, para hacer zapa, un modelo a la española, con comandancias más coordinadas (debilitadas) en un estado mayor conjunto que ramas institucionales fuertes y con personalidad propia.

A la pasada, una miradita a los planes de formación de las escuelas matrices y de las academias de guerra porque, ya se sabe, no hay "progre" que mire con simpatía eso de los grandes diseños estratégicos (militarismo, militarismo, claman), y todos prefieren fuerzas solidarias con sus pueblos (necesitamos el Ejército de los chilenos, anuncian).

Y, por cierto, los temas sensibles (o sea, las cuestiones que te dan el dos por ciento que necesitas para ganar la próxima elección): homosexuales en los regimientos, templos para el culto sin denominación, vida afectiva y sexual sin limitaciones para los uniformados. Ya pues, que los milicos son muy anticuados.

¿Y sobre las platas? No, ahí sí que no. El ministro bien sabe que hubo un tiempo en el que, durante nuestro servicio militar, lanzábamos piñas por granadas, y un soldado estaba encargado de los efectos especiales: ¡puuuuuum!, tenía que gritar. Es que no había un peso bajo Frei Montalva.

Desde la Concertación, a la que sí le han interesado los temas de Defensa, se han escrito miles de páginas sobre estas materias. Mientras juega con sus mil 700 soldaditos de plomo, Vidal podrá preguntarse cómo hacer más modernas a las Fuerzas Armadas de Chile. Sí, mo-de-r-nas: modificarlas, debilitando reservas nacionales.

Primero, los nuevos comandantes en jefe. A mediados de junio, la Armada; en marzo, junto con el cambio de gobierno, el Ejército. Serán motivo de acucioso estudio por Vidal.

Toha y Vocería: sin respeto por las instituciones.

Toha y Vocería : sin respeto por las instituciones.
Por Ernesto Silva

He de confesar que la salida de Vidal de la vocería de Gobierno constituye un claro acierto del Ejecutivo. Quizás por eso Carolina Tohá ha tenido una buena recepción y existen altas expectativas sobre su desempeño en el último año de la Presidenta Bachelet. Era una diputada seria, inteligente y con un buen perfil para el cargo de vocero.

Sin embargo, por muy saludable que sea la salida de Vidal de la vocería, la forma en que su sucesora ha sido designada por la Presidenta es una falta de respeto a la soberanía popular y, ciertamente, al funcionamiento normal de las instituciones.

Durante los últimos gobiernos de la Concertación, especialmente con Lagos, se hizo famosa la frase “dejemos que las instituciones funcionen”. Pues bien, parece que esa idea ha quedado guardada en un cajón y ha sido reemplazada por el concepto de “hagamos que las instituciones nos sirvan”.

Desde el momento en que la Presidenta manda a llamar al Congreso a un diputado elegido por votación popular para que sea su vocero, nos enfrentamos a un giro en el concepto de respeto hacia las instituciones.

Nuestro ordenamiento no contempla un mecanismo para la renuncia de los diputados ni para su posible salto hacia el Gobierno. El modo en que esto se ha hecho implica una forma de torcer los mecanismos institucionales y constituye un arreglo poco explicable.

Me parece que el Congreso queda dañado en este proceso, puesto que el Ejecutivo pasa a tener una especie de control y poder sobre él, aun mayor al que el ordenamiento constitucional consagra. De hecho, la nueva “doctrina” sobre el uso de los diputados como candidatos para cargos de Gobierno podría generar nuevos incentivos para diputados que sueñen ahora con desafíos en el Poder Ejecutivo.

Hace algún tiempo se debatió la poco feliz posibilidad de autorizar la compatibilidad entre los cargos de ministro y parlamentario. Afortunadamente esto no prosperó, amargando la ilusión de parlamentarios que deseaban reelegirse en sus cargos y aspiraban además a ser pilares del equipo ejecutivo de la siguiente administración. Dicha propuesta de modificación pretendía también adaptar las instituciones para la conveniencia personal, y surgía de un interés propio de sus promotores. Ya veremos si en el futuro, una vez que ya no estén en el Congreso, insisten en esta idea con convicción, o si dejan de promoverla porque ya no es útil ni conveniente.

Volviendo al caso de la vocería de Gobierno, si el análisis no se limita al nombramiento —y destitución— de Tohá, sino que se extiende a la llegada de Harboe al Congreso, se aprecia que La Moneda ha logrado hacer los enroques de piezas que considera necesarios para ubicar en cargos claves a personas como ellos, independientemente de lo que haya dicho la voluntad popular representada a través de los votos.

Harboe quiere ser diputado y hoy es útil para su partido que se incorpore al Congreso. Tohá no quiere seguir siendo diputada y planifica un cambio de giro, compatible hoy con las necesidades del Gobierno.

Pero: ¿quién debe decidir quién entra y sale del Congreso? Las instituciones dan una clara respuesta, pero la Presidenta ha optado por otro camino.

Dicho en simple, Tohá no debió ser nombrada ministra, sino que debió honrar la representación que asumió al ser elegida por votación popular en el distrito de Santiago.

Imagínese qué pasaría si después de un tiempo a la Presidenta o al ministro del Interior no les gusta el estilo de la vocera. ¿Se iniciará un nuevo enroque? Por ejemplo, ¿mandarán a llamar a Harboe como vocero esperando que el PPD vuelva a nombrar diputada a la ministra Tohá? En el nuevo esquema de palacio, esto sí sería posible. En la lógica del respeto de las instituciones, sería inaceptable.

Falta el análisis ético de la crisis económica.

Falta el análisis ético de la crisis económica.
Karin Ebensperger.

El debate actual acerca de la economía de mercado debiera estar íntimamente ligado a una discusión ética. Porque el liberalismo económico está vinculado al uso de la libertad en sociedad. Se trata de un sistema que funciona sobre la base de acuerdos no coercitivos para beneficio mutuo, en la libertad para emprender respetando la igualdad ante la ley, y en la transparencia en la información. Todos, aspectos ignorados por los principales protagonistas de la actual debacle financiera.

El sistema de libre mercado ha permitido movilidad social y reducción de la pobreza en los países en que se ha aplicado. Pero la gran paradoja es que no goza de admiración ni legitimidad moral ante los ojos de la mayoría de las personas, incluso las que se han beneficiado de él. Es curioso, aunque las grandes migraciones de personas que buscan una mejor vida son siempre hacia los países que lo practican, lo cierto es que la percepción generalizada es que el libre mercado es sinónimo de egoísmo, consumismo y de una actitud cruel para optimizar ganancias.

La falta de cariño hacia el sistema se debe en parte a que los filósofos del libre mercado reconocieron abiertamente algo que cuesta aceptar: que la naturaleza humana tiende a perseguir sus propios intereses; que un sistema de libertades económicas permite que se satisfaga ese sinfín de motivaciones personales, con lo cual se beneficia a toda la sociedad. Los sistemas más estatistas, en cambio, tienden a planificar desde arriba lo que supuestamente conviene a las personas de abajo, con el pretexto de garantizar mayores grados de igualdad, cosa que nunca se ha logrado, pero agrada a los oídos.

El tema, en definitiva, es que la economía de mercado requiere de ciertos hábitos y conductas, como la honestidad, el ahorro, el esfuerzo personal y la postergación de gratificaciones, pero sobre todo responsabilidad. Manipular el mercado a través de la especulación desbarajusta todo el sistema, lo transforma en una fuente de abusos. Cuando la Reserva Federal con Alan Greenspan desorienta con tasas irreales, cuando gobiernos no ejercen bien su deber de aplicar el sentido de las leyes y se desata la especulación, se altera el mercado, que no es otra cosa que el libre intercambio de ideas, bienes y servicios.

El mercado es transmisor de una enorme cantidad de informaciones dispersas que sirven para la toma de decisiones que afectan la vida de las personas. Por eso, alterarlo no es sólo antieconómico, es poco ético.

Urge que las autoridades de los países más influyentes, en sus reuniones sobre cómo reactivar la economía, tomen en cuenta el sustrato de valores que requiere el liberalismo económico. Que se exija a bancos e instituciones financieras el debido respeto a las personas y a las confianzas en juego.

Chile-Bolivia : Más "verdades verdaderas".

Chile-Bolivia: Más «verdades verdaderas»
Gonzalo Vial

La semana pasada, comenté la acusación contra Chile formulada por Fidel Castro (y que corearon aquí algunos de sus admiradores), según la cual habríamos sido los chilenos —o nuestros «oligarcas»— los responsables e iniciadores de la guerra con Bolivia, el año 1879. Hice ver que fue Bolivia la culpable de esa guerra, y que Chile no la deseaba, ni lo preveía, y que por ello no estaba preparado para ella. Y que hicimos lo posible y lo imposible para que no ocurriera, y después para buscarle una salida honorable, la cual no prosperó por el empecinamiento boliviano. Advertí también que —desde entonces y hasta hoy— la política chilena respecto de Bolivia, y a su mar y territorio perdidos como consecuencia de la guerra que provocó, ha sido de nuestro país como tal, y no de su «oligarquía», ya que ésta hace setenta años que no nos gobierna.

Ahora quiero abordar la noción de que Chile (olvidándonos de los «oligarcas») le quitó a Bolivia —utilizando la fuerza de su victoria— el terreno y litoral cedidos por la paz de 1904, después de poseerlos veinte años conforme a la “tregua indefinida” de 1884. Esta tregua exigía un aviso de un año para que cualquiera de los dos países reiniciara la guerra. Y mientras no sucediera así, la parte de Bolivia que ocupábamos estaría sujeta “al régimen político y administrativo que establece la ley chilena”. Una virtual soberanía.

Caben sobre esto tres preguntas claves, cuyas respuestas, en conjunto, iluminan la «verdadera verdad» del mar que reivindica Bolivia. Aspiración digna y legítima (creo) del país del altiplano. Y que, siempre en mi criterio, resuelta positivamente beneficiaría no sólo a Bolivia, sino también a Chile. Pero no un DERECHO que tengan los vecinos.

Las preguntas referidas son: 1. ¿Por qué hubo veinte años de «tregua» hasta la paz de 1904? 2. Esta paz, ¿fue impuesta a Bolivia usando Chile la fuerza? 3. ¿Ha negado Chile a Bolivia, siempre, una razonable salida al mar?

Respuestas:
1. La larga tregua se debió a que tanto Chile como Bolivia planeaban que la segunda recibiese del primero, en compensación por el territorio ocupado —el cual así devendría definitivamente chileno—, las provincias peruanas de Tacna y Arica. Estábamos seguros de que en definitiva serían nuestras, por el plebiscito convenido al respecto con Perú, y cuya fecha máxima de celebración era 1893.
Llegó y pasó esa fecha sin plebiscito, pero Bolivia y Chile persistían en el propósito que expliqué, y lo solemnizaron con el Tratado de 18 de mayo de 1895, que veremos de inmediato.
¿Hicimos fuerza en la paz con Bolivia?

2. En 1904, la «fuerza» militar de Chile sobre Bolivia era teórica, ilusoria. ¿Ibamos a reanudar la guerra con un aviso previo de un año, para luego subir al altiplano buscando una victoria que impusiera la entrega jurídica de territorios que ya legítimamente administrábamos y gobernábamos como nuestros? La idea de que los soldados bolivianos, defendiendo su patria, fuesen fácilmente derrotables, era falsa, como lo comprobarían algunos años después los paraguayos en la Guerra del Chaco.

La auténtica «fuerza» de Chile la daba la posesión por veinte años de un territorio cuyas industrias y población ERAN ABRUMADORAMENTE CHILENAS, Y DESDE ANTES DE 1879.

Ya entonces, una vez ocupados esos territorios, Chile no podía devolverlos sin entregarlos, con su población, a la posible revancha y venganza bolivianas. No había gobernante nuestro que pudiese siquiera sugerirlo sin ser aplastado por la opinión pública.
Esta composición de lugar de 1879 era, por supuesto, la misma y centuplicada en 1904.

Fue Bolivia la que gestionó secretamente una paz sin mar, a partir de 1902. Se llegó (1903/904), siempre de modo reservado, a un texto de acuerdo prácticamente completo, que aprobaron el canciller (Claudio Pinilla) y el Presidente (José Manuel Pando) de Bolivia. Pero luego cambió el gobierno de nuestro vecino, y el NUEVO Mandatario (Ismael Montes) y el NUEVO canciller (Eliodoro Villazón) igualmente expresaron su conformidad, coronada por la ratificación parlamentaria.

Este es el origen del Tratado de 1904. Largas tratativas con dos gobiernos sucesivos de Bolivia y sus respectivos presidentes. Aprobación del Congreso altiplanense. ¿Presión, fuerza chilena?

¿Por qué renunció Bolivia al mar? Persiguiendo:
A) Compensaciones materiales de todo orden que Chile asumió, y que según un entendido sumaron siete millones de libras oro. B) Abrirse a concretas inversiones extranjeras, ya habladas, que ponían como requisito un país en paz, no en el limbo de una guerra «suspendida». C) Eliminar la cláusula de la «tregua indefinida», que daba a los productos chilenos libre entrada a Bolivia, SIN CANCELAR NINGUN IMPUESTO, NI AUN LOS MUNICIPALES. Como la industria del propio altiplano pagaba éstos, la competencia chilena le era ruinosa.
¿Se equivocaron los bolivianos cuando libremente prefirieron estas ventajas a conservar su antiguo litoral? Lo saben ellos mejor que nosotros. Pero «fuerza» chilena no hubo, sino iniciativa de la otra parte, que alcanzó éxito en los términos que ésta planteaba.
No sobra añadir que la paz de 1904 tuvo un fuerte lobby contrario EN CHILE: los «oligarcas» nacionales que exportaban a Bolivia, y que con la paz perderían (y perdieron) los sobredichos beneficios tributarios.
Oportunidades perdidas... ¿por culpa de quién?

3. Dos veces ambos países convinieron un acceso marítimo para Bolivia, y las dos veces no prosperó al no conformarse el vecino con lo firmado, pidiendo NUEVOS beneficios que no lograron nuestra conformidad.

A) En el ya mencionado pacto de 1895, Chile prometió ceder Tacna y Arica a Bolivia si las recibía del Perú. Y de no recibirlas, prometió cederle la caleta de Vitor u otra análoga. De todos modos, Bolivia salía al mar.

Mas, para que su Congreso ratificase el tratado, fue planteando una serie de exigencias adicionales, aceptadas parcialmente por Chile, y cuya solución «definitiva» se plasmó mediante TRES sucesivos protocolos aclaratorios. Ellos y el tratado deberían ratificarse conjuntamente en ambos congresos. Chile lo hizo y promulgó y publicó los documentos. El Parlamento boliviano también ratificó... mas agregando una NUEVA exigencia, que naturalmente no habíamos conocido ni menos aprobado. La ratificación común quedaba incompleta, y en consecuencia inválida (1896).

¿Por qué Bolivia tiraba tanto de la cuerda, y nosotros contemporizábamos? Por el mismo motivo: el conflicto chileno/argentino alrededor de la Puna de Atacama, que podía desembocar en guerra. Ante esa eventualidad la diplomacia argentina cortejaba el apoyo de Bolivia, dándole el arma para presionarnos.

Pero en 1898 el incordio de la Puna se solucionó pacíficamente, perdimos interés en el trajinado pacto de 1895 —nunca se ratificaría debidamente— y Bolivia perdió el puerto que tuviera en la mano. Se había pasado de lista.

B) El año 1975, el Presidente Pinochet convino en principio con su colega Hugo Banzer, de Bolivia, trocarle un corredor de 3.000 kilómetros cuadrados chilenos, hasta el Pacífico, por una similar superficie boliviana, limítrofe.

Se reanudaron las relaciones diplomáticas y el acuerdo fue simbolizado en «el abrazo de Charaña» (poblado boliviano del límite) Banzer/Pinochet (ver fotografía). Bolivia salía al mar.

Pero inmediatamente hará lo mismo que el año 1895: nuevas exigencias, dilatar la concreción de lo preconvenido, etc. En septiembre de 1977, los dos países convienen retomar las conversaciones designando representantes al efecto. Chile nombra los suyos; Bolivia, no. Pinochet escribe a Banzer dos cartas conciliatorias. No hay respuesta. Marzo de 1978: Bolivia rompe relaciones diplomáticas con Chile, sin expresar causa... a la verdad, sin ninguna causa.

¿Qué había sucedido? También lo de 1895: Argentina, al filo de la guerra con Chile por las islas del Beagle, cortejaba el apoyo de Bolivia. Esta (parece) apostó a esa guerra para mejorar la oferta de Charaña... y nuevamente perdió. Hoy es su bandera lo que entonces admitió y luego no quiso tomar.

Estas conductas han sido propias y soberanas suyas. Pero que no se diga que nunca le hemos hecho ofertas serias —tan serias, que de partida las aceptó— para volver al mar.