Dos comentarios al hueso

Miércoles junto al mar
Hermógenes Pérez de Arce

El miércoles pasado fui invitado al homenaje en la Cámara al ex diputado Gustavo Monckeberg, recientemente fallecido. Fue un político íntegro, católico ejemplar y médico caritativo. Lo representan hoy en el hemiciclo un nieto y un sobrino del mismo apellido.

Edificado por su recuerdo y por la misa, celebrada por uno de sus dos hijos sacerdotes, asistí en la tarde, también invitado, a una asamblea de la juventud UDI de Viña, cuyo jefe me había pedido exponer las razones por las cuales su partido debe llevar candidato presidencial propio. Yo había leído acerca del inminente "desembarco" UDI en la campaña de Piñera y pensaba que, visto eso, se dejaría sin efecto la invitación, pero ella me fue reiterada, comunicándoseme que concurrirían los senadores Coloma, presidente del partido, y Arancibia. Finalmente, el primero se excusó.

Comencé expresando a los jóvenes mi sorpresa por el hecho de que la UDI fuera el único partido sin presidenciable propio. Esto permite a Piñera sumar a su favor, en las encuestas, a simpatizantes de aquélla, que lo consideran un mal menor. Esto le da la ventaja que tiene y se erige en el principal argumento para convencer a la UDI de apoyarlo.

Luego reseñé la gran distancia entre lo que ésta representa y lo que él personifica. Han estado casi siempre en posturas divergentes. Él a favor del "No" en 1988, y la UDI por el "Sí". Aquél ha declarado que el gobierno apoyado por la UDI, que rescató a Chile "desde las cenizas" (J. Whelan), convirtiéndolo en "la joya más preciada de la corona latinoamericana" (B. Clinton), ha sido el peor en la historia de Chile.

Como senador, votó a favor del alza tributaria de Aylwin, que gravó la inversión, gravamen impugnado por la UDI y cuya aplicación explica en parte por qué hoy crecemos la mitad que al fin del gobierno militar. También Piñera apoyó la reforma laboral de Aylwin, impugnada, asimismo, por la UDI. Ella deterioró el Plan Laboral del ministro José Piñera, gracias al cual se logró pleno empleo a principios de 1990. Esa y otras reformas hacen que el desempleo sea hoy 60 por ciento más que entonces. No en vano a don Patricio "no le molesta" un posible triunfo de Piñera (diario del domingo).

Y cuando la UDI fue objeto del más siniestro montaje de acusaciones falsas contra dos senadores suyos, desatado por la prensa oficialista y cohonestado por la diputada Pía Guzmán, Piñera declaraba que ésta "no mentía". Pero la verdad final derrumbó la conjura.

En 2005, Lavín, candidato presidencial de la UDI, encabezaba las encuestas, tal como Piñera hoy. ¿"Cerró filas" éste tras de aquél? No. Cuando el consejo de RN parecía adherir a Lavín, Piñera lo dio vuelta, fue proclamado e hizo lo que no quiere que la UDI haga hoy. Pero es lo que algún líder de ésta debería hacer.

Tras fallecer Gladys Marín y Volodia Teitelboim, Piñera les rindió desmedidos homenajes, no obstante que el segundo fue panegirista de Stalin y, junto con Marín, organizó el entrenamiento de chilenos en Cuba para venir a asesinar compatriotas acá. Uno de éstos fue el fundador de la UDI, Jaime Guzmán.

Al día siguiente, jueves, en un almuerzo de leales (todavía quedan), expuso Rafael Izquierdo, veinteañero ex candidato a alcalde UDI por Pedro Aguirre Cerda, bastión marxista. Con el apoyo espontáneo de mucha gente, incluso en la población La Victoria, alcanzó el 47,37 por ciento de los votos, perdiendo estrechamente contra la comunista Claudina Núñez, apoyada por la extrema izquierda y toda la Concertación.

Ni la generación joven de la UDI ni el electorado que la favorece merecen la claudicación de su partido cuando su electorado espera tanto más que eso de él.

Esos verbos
Gonzalo Rojas Sánchez

Este semestre que ya va terminando ha arrojado una nueva señal sobre el deterioro del lenguaje entre los universitarios chilenos. Corregidos ya unos 3 mil ensayos de una página, la conclusión es dramática: los alumnos han comenzado a desconocer y a desfigurar el más elemental sentido de los verbos.

Antes fueron los sustantivos y los adjetivos, ya que cuestión y weá, bacán y barsa, habían venido reemplazando respectivamente a las cosas por sus nombres y a las calificaciones que ellas merecen.

Pero ahora son los verbos. O sea, la ignorancia se refiere al actuar humano: ya no a los objetos, sino al sujeto mismo. Mucho más grave aún, porque desfigurar lo que las cosas son, golpea fuerte, pero no entender las propias acciones simplemente termina destruyendo toda posibilidad de alcanzar los fines humanos.

Unas pocas joyitas:
"Puedo oír las ramas danzando al son de una melodía sin fin y el susurro de las hojas huidas por el viento". "Las personas que denotamos como impulsivas son ante todo, personas que actúan en conjunto con sus sentimientos". "El rostro de Jack se empalizó". "La violencia no sólo deja mal parado a quien la proporciona". "Nos tocan sonidos gesticulados por diferentes instrumentos". "Los punky creen en la anarquía o la tratan de promulgar".

Y una segunda dosis:
"¿Cuáles serían los castigos que se le acusarían?" "Dirigido por el masivo y desconsiderado derrocamiento de dinero". "La gente tiene sus ideas claras del partido político que quiere que contienda para su comuna". "Le encanta eso y piensa esparcir esos conocimientos a futuro". "Que sus juegos y bailes emergen al público en una loca alucinación". "El fin del ensayo es soslayar a las personas que no votan". "Debido al contexto sociocultural en el que nos envolvemos". "Este problema se ha visto exaltado aún más, con una serie de campañas publicitarias". "Hay que decidirse por algún movimiento que destaque lo que realmente queremos y como ostenta para realizarlo".

¿Puede ser más dramática esta situación? Sí, por cierto: llegará un momento -muy luego- en que simplemente no nos entenderemos o no nos inmiscuiremos, porque entender e inmiscuirse significarán lo mismo, es decir, no significarán nada.

Sólo tres conclusiones: apagar los televisores, corregir todos los errores juveniles (desde los 14 años, no aceptar peticiones que vengan oralmente mal formuladas) y, finalmente, leer y leer, para conservar verbos elementales, que de lo contrario "sintonizaremos" (¿o moriremos?).

Nostalgia del estatismo, por Gonzalo Vial

Nostalgia del estatismo
Gonzalo Vial

Los terremotos económicos de hoy han hecho florecer —como siempre en oportunidades semejantes— la nostalgia del intervencionismo estatal.

Lo mismo sucedió durante la crisis de 1982, bajo el régimen militar. El modelo de libertad económica que habían impuesto los economistas posgraduados de Chicago, a partir de 1975 y con el apoyo de Pinochet, fue objeto de anatema general por parte de otros economistas, sacerdotes de prestigio, políticos de oposición o aun de gobierno, empresarios, etc. Todos declaraban muerto aquel modelo y proponían la vuelta al estatismo, en diversos grados y formas. Un economista de mucho prestigio, entonces y ahora, señalaba que no había razón para que el Banco Central fuese más autónomo que una oficina cualquiera del Estado. Un ministro de hoy auspiciaba aquellos años reestatizar la banca íntegra. Y otro personaje de la era concertacionista, hábil y convincente para estructurar consensos y políticas públicas, tenía su propia lista de actividades económicas que debieran ser puramente estatales (todos los servicios públicos), o mixtas en diversas proporciones (la del Estado, mayoritaria respecto de la siderurgia, química, electrónica y grandes proyectos industriales, a fin de asegurar “la orientación y control democrático”). CIEPLAN editó el año 1984 un libro sobre cómo sacar al país del marasmo neo/liberal: «Reconstrucción económica para la democracia».

Pero el «modelo» no murió. Ajustándose, y corrigiendo sus errores conforme a la experiencia de la crisis, salió solo del «marasmo» y dio origen a la década (1987/1997) quizás de mayor crecimiento económico de la historia de Chile. Según ha señalado Harberger, el padre de los Chicago Boys, el mayor éxito del «modelo» ha sido que la Concertación —inclusive sus mandamases que arriba he citado sin nombrarlos («ninguneándolos», conforme a mi criticada costumbre)— lo haya adoptado, con tanta fidelidad sustancial como originalidad y buenos resultados.

Espero que ahora suceda lo mismo, aunque sea utilizando brillantes maniobras distractivas, como la de Pinochet en 1982/1983, cuando fingió abandonar el libre mercado... para volver a él tan pronto las circunstancias se lo permitieron (1985).

El peligro es nuestra mala memoria, que olvidemos la mortífera ineficacia de la intervención del Estado, aunque ella despliegue todavía hoy todo su esplendor —aunque sin nada positivo que exhibir por ello— en numerosos aspectos de la vida del país, v.gr., educación, salud, laboral, etc. ¿No han leído Uds. que la Dirección del Trabajo visita a las empresas que fiscaliza llevando una lista de quinientas —sí, QUINIENTAS— posibles infracciones acreedoras de multa?

¿No es penoso que —como consecuencia de la crisis bursátil de Chile y el mundo— hayan disminuido duramente los fondos de los ahorrantes en las AFP? Sí, pero, cuando el año 1980 se cambió la previsión social «de solidaridad» (!), a la aplicada hoy... ¿qué quedaba de los aportes (imposiciones) de los trabajadores, que éstos habían reunido penosamente durante medio siglo y hasta ese mismo momento? NADA, NI UN PESO. El Estado «solidario» los había recibido y despilfarrado de mil modos distintos... como se aprestan a hacer los Kirchner en Argentina.

¿Y las fijaciones de precios? Abarcaban cuanto artículo Dios creó... y algunos más. Venían de los años ’30, del «Comisariato» creado por la República Socialista (y antecesor lejano pero directo del actual SERNAC). Un tiempo, estas fijaciones declaraban conjuntamente la «sobreproducción» del artículo respectivo, estableciendo y repartiendo entre sus distintos proveedores una producción máxima del mismo. Ellos aplaudían, pues de hecho así se les otorgaba un monopolio. Parece broma, pero hubo un decreto que certificó la sobreproducción de empanadas, y otro para la de escobas.

El ’73 ya no se usaban las «sobreproducciones», pero subsistían multiplicadas las fijaciones de precios. Por ejemplo, a los hot-dogs (solos, «completos», con palta, con tomate, etc.), distintas para cada ciudad de la República.

Guardo como reliquia el Diario Oficial de 11 de marzo de 1971, en plena UP, que fija precio a los artefactos domésticos de lata producidos por doña María Figueroa viuda de Mancini en su industria de San Pablo Nº 1538, Santiago. Son unos trescientos artículos distintos. Por ejemplo, cinco clases de moldes de dulce membrillo, N.os 0 (!) a 4; moldes de torta forma de corazón N.os 1 al 3; chonchones para colgar; churreras con una estrella; moldes para cabeza de perro; cañones para pasteles; pisos para armar tortas de 25, 28 y 31 centímetros; baños de asiento N.os 1 y 2... y así sucesivamente. Cada cosa con su precio. No invento nada. Ahí está, negro sobre blanco en el Diario Oficial.

¿A qué fin tamaña locura? Sépalo Dios. Mas si los productos de precio fijado eran de consumo más masivo que los pisos de torta de doña María, diferencias de centavos podían significar ingresos enormes. El mejor gerente de una empresa, por ende, no era tanto el que se preocupaba de su organización, costos, calidad, etc., sino el que conseguía precios más altos. Muchos lo hacían honestamente. Otros, con maniobras diversas. Así, en listas interminables de artículos, el empresario colocaba al final aquellos que le dejaban mayor margen de utilidad, calculado además generosamente. A media lista, el burócrata revisor —tras haber comenzado su labor acuciosamente— se aburría y autorizaba todo, sin ver siquiera el pie de página.

En seguida, si el gerente era deshonesto y el funcionario que decidía también, operaba el soborno, la «coima».

No pocas veces, la «coima» fue cuantiosa —acorde al monto del beneficio perseguido—, resolviéndose a alto nivel. A menudo, entonces, se pedía en nombre del partido X o Y, controlador del ministerio que fijaba el precio respectivo, para financiar sus gastos electorales. Pero de hecho sólo una parte llegaba a las arcas partidistas: el saldo se iba quedando en uñas intermedias.

A la verdad, y no sólo por la vía de los precios, el intervencionismo estatal es la madre de la corrupción administrativa. Si A y B postulan a un mismo beneficio (que no pueden obtener ambos), y este beneficio es discrecional del funcionario C, puede nacer en él la tentación de vender su decisión, y en los postulantes, la de comprarla. Muchos, a ambos lados, rechazarán esa tentación... pero no todos. Especialmente, de nuevo, si la «coima» reviste la hoja de parra política: es para la buena causa, para el buen candidato... y un poquito para mí. Recordemos a Chiledeportes.

Nada de lo anterior significa negar el papel regulador del Estado —que el modelo libremercadista nunca ha excluido—, cuyo objeto es precisamente que el mercado funcione, en particular respecto a la competencia honesta y plena. Ni que el Estado intervenga, heterodoxa pero TRANSITORIAMENTE, en momentos de aguda crisis como la que se vive.

Como dije, los años de concertacionismo han aplicado el «modelo» heredado del régimen militar, aunque con erosiones debidas a la presión político/gremial, a aislados accesos demagógicos y electoralistas (quizás inevitables), y sobre todo al ADN intervencionista, propio de la centroizquierda y del cual ésta no ha conseguido librarse por completo. Su matrimonio con el «modelo» ha sido de conveniencia, no de amor.

La crisis mundial ha exacerbado la tentación de que el Estado intervenga permanentemente. Hoy mismo, el sociólogo/columnista de El Mercurio contrasta los aplausos que tributan en Chile los “sectores más ortodoxos” del modelo a la política anti-crisis de los chinos, con la forma como “rasgan... vestiduras cuando... el Estado se anima a refaccionar sus desvencijados ferrocarriles o reformar su caótico sistema de transporte público”. Es decir, respectivamente, EFE y el Transantiago. Sin duda, ejemplos insuperables de éxito del intervencionismo estatal.

Dos cometarios de lujo

Alianza: un primer paso para el triunfo
Cristina Bitar

Todo indica que en los próximos días la UDI entregará su apoyo a Sebastián Piñera, quien se convertirá así en el único candidato presidencial de la Alianza. Este es un paso muy importante para la oposición en el camino de la alternancia y demuestra que los partidos opositores están actuando con la madurez necesaria para dar gobernabilidad al país.

La UDI, bajo la conducción de Juan Antonio Coloma, se atreve a construir una coalición de verdad con RN, en la que ninguno de los dos partidos tiene la hegemonía y pueden enfrentar las elecciones presidenciales con el mejor abanderado, sin importar a qué partido pertenece éste. Con un periodo presidencial de apenas cuatro años es imprescindible aceptar que nadie puede pretender tener siempre al candidato de la coalición: unas veces tocará a uno y otras, al otro.

La UDI lo ha entendido así y ahora serán Sebastián Piñera y RN los que deberán dar señales de que entregarán a sus socios el espacio adecuado para compartir un proyecto común. Quedan atrás, de esta manera, largos años de desencuentros y rencillas personales que quitaron a la oposición toda posibilidad de mostrarse como una alternativa capaz de formar un gobierno eficiente y con objetivos claros.

Con todo, este paso es aún insuficiente. La Alianza sigue teniendo otros desafíos fundamentales. En esta ocasión me quiero referir a tres: ampliarse a otros sectores más diversos, renovar sus rostros y construir un discurso de cambio que, desde las propuestas, encante a los chilenos.

El primer objetivo pasa por sumar a personas que tradicionalmente no se han sentido parte de la oposición, pero que hoy están muy distantes de la Concertación y quieren encontrar una opción diferente a la cual adherir. Tanto los movimientos políticos formados por ex concertacionistas, como independientes de un mundo más liberal que en el pasado fueron opositores a Pinochet, pueden sumar aportes que amplíen el espectro opositor, dándole esa amplitud que en el pasado fue un activo tan importante de la Concertación.

La renovación de los rostros es otra necesidad imperiosa. Los veinte años de gobierno de la Concertación han tenido el efecto de congelar la política. Es evidente que la gente quiere una renovación de los rostros. Piñera tiene una gran oportunidad de confiar en la gente joven y hacer un gobierno con muchas nuevas caras. Chile tiene una generación con muchos profesionales, y que además tienen una profunda vocación de servicio público. Ellos pueden representar la gran renovación que el país espera de sus cuadros dirigentes. Pero no es suficiente entregarles confianza a estos jóvenes, sino también encantarlos con la posibilidad de generar una transformación de verdad desde el Ejecutivo. En caso contrario, muchos de ellos podrían preferir no participar.

Por último, el discurso de cambio será especialmente importante en un año de crisis económica, en que muchos chilenos lo estarán pasando mal. El desempleo probablemente subirá y muchas personas sufrirán la inestabilidad proveniente de trabajos en permanente riesgo. En este escenario, con un gobierno que pertenece a una coalición desgastada y que además llevará a un ex Presidente de la República como candidato, la oposición tendrá una oportunidad gigantesca de encarnar la idea de un cambio positivo, que traiga esperanzas de un futuro mejor.

En ese discurso, la figura de una persona exitosa y capaz como Sebastián Piñera calza muy bien, pero no es suficiente. El tiene que encarnar propuestas que ilusionen a los chilenos, que generen confianza, que muestren que sí se pueden solucionar problemas como el Transantiago, la mala calidad de la educación, la salud, la seguridad ciudadana y tantos otros.

Está claro que el candidato único es el primer paso de una Alianza que se comienza a ver con rostro ganador

“No podrán declararse en huelga...”
Alejandro Ferreiro

“No podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades”, dice la Constitución (Art. 19, N°16). No cabe la negociación colectiva en el sector público, aclara el artículo 304 del Código del Trabajo. Pocas normas jurídicas revelan con mayor nitidez su ingenuidad e ineficacia que las recientemente mencionadas. No es sano que las sociedades se acostumbren, como si nada, a una brecha tan amplia entre el derecho y los hechos. Hoy puede ser la negociación o la huelga en el sector público, mañana podrán ser otros los campos en los que terminemos por acostumbrarnos a un derecho impotente. El Estado de Derecho, fortaleza y rasgo distintivo del Chile moderno, se fortalece o erosiona todos los días en función del respeto que efectivamente impongan las normas que la sociedad legítimamente se dicta para ordenar la vida en común.

La brecha entre la ley que norma conductas y las conductas efectivas debe cerrarse. Y cuando el cumplimiento de normas inviables se hace imposible, será responsabilidad del derecho admitir la realidad, única manera de poder encauzarla con razonable eficacia. Es cierto, prohibir la huelga en el sector público tiene fundamento. El daño social por la interrupción de los servicios públicos afecta a todos los chilenos -a los más pobres, en especial-, y no es sensato validar ese costo socialmente regresivo como arma lícita de negociación. Pero la realidad dice otra cosa. La huelga se impone por la fuerza de los hechos. Y la negociación colectiva que por ley se prohíbe, se ha realizado de facto en los últimos años.

Salvo que prefiramos seguir con la hipocresía de prohibir por ley, lo que consentimos en los hechos, será necesario reconocer la realidad de la negociación colectiva en el sector público, reglarla razonablemente y establecer mecanismos mutuamente validados que, como el arbitraje forzoso, permitan llegar a soluciones que las partes consideren equilibradas y legítimas, sin incurrir en paralizaciones que la sociedad no merece soportar. Legislar sobre la negociación en el sector público es simplemente sincerarse frente a la realidad. Pero puede tener ventajas importantes, si se logran instalar procedimientos predecibles y transparentes, entrega de información mutua y mecanismos que ayuden a generar confianzas recíprocas y soluciones justas y equilibradas.

Es importante detener ahora la lógica de la confrontación al debatir los reajustes. No es bueno que se valide la huelga como forma de presión. La falta de reglas de negociación parece validar el “todo vale”. Y el “todo vale” no le conviene a Chile. Todos los chilenos necesitamos que los servicios se entreguen en forma regular y continua. Todos financiamos mediante impuestos las remuneraciones de los funcionarios, por lo que la sociedad toda tiene un interés en que las remuneraciones públicas sean justas y dignas, pero no excesivas.

A estas alturas, ese interés social parece mejor defendido por un procedimiento reglado que, dentro de ciertos márgenes conferidos por el legislador, le permita al gobierno negociar con los trabajadores sobre parámetros objetivos y predeterminados. El gobierno quedaría facultado para cerrar acuerdos enmarcados en los criterios y ponderaciones que la ley defina, como por ejemplo, la inflación pasada o proyectada, el crecimiento del PIB, de los ingresos fiscales de largo plazo, mediciones de eficiencia del sector público, comparaciones de renta por funciones equivalentes en el sector privados, etc.). En esta propuesta al Congreso no le cabría la validación ex post de las negociaciones que hoy cumple bajo apuro y hechos casi consumados que en poco honran su labor. Pero su papel sería más trascendente que el actual si acierta en definir el procedimiento de negociación y los criterios a aplicar. Los funcionarios podrán tener certezas acerca de la evolución de sus remuneraciones o, al menos, de los criterios que las definirán. Los ciudadanos, por su parte, podrán conocer y validar políticamente esos criterios -los que no siempre son claros en el esquema actual- y, en la medida de la eficacia de los mecanismos de solución de controversias, las paralizaciones podrían quedar en el pasado. El gobierno, por fin, podrá modernizar las relaciones con sus funcionarios y reducir la conflictividad social, si las negociaciones se enmarcan en un proceso predecible, transparente, fundamentado y percibido como justo.

La negociación colectiva en el sector público es hoy una realidad de hecho, desregulada, conflictiva y que tiene en la huelga su más probable desenlace. La prohibición legal actual sólo sirve para evidenciar la derrota del derecho frente a la realidad. Muchos países han preferido asumir legalmente la negociación en el sector público. La OIT lo promueve derechamente.

A estas alturas, pocas lágrimas debiéramos derramar en el funeral de una prohibición que ya nada prohíbe. Pero mucho podríamos ganar si prevalece en el futuro una negociación reglada en la que prevalezca la fuerza de las razones, en reemplazo de la negociación de facto en la que parece hoy primar la razón de la fuerza

Dos espectaculares comentarios

El Estado contra el Estado

Podrán llamar justas a las reivindicaciones salariales de la ANEF, podrán explicarlas por la pérdida del poder adquisitivo (generado bajo su propio gobierno, por cierto), pero mientras no den con las causas más profundas del deterioro de la administración estatal, no habrán puesto remedios eficaces.

GONZALO ROJAS SÁNCHEZ

Justo cuando los mercados financieros colapsaban y el Estado parecía recuperar su prestigio y mejorar su oferta como proveedor de regulaciones y controles, los 400 mil funcionarios del sector público -el Estado en dos patas- se han puesto en contra del Estado Gran Mecenas.

No ha sido la lucha de un poder estatal contra otro, sino simplemente los funcionarios a pie los que se han enfrentado a la imagen ideal del Estado y a sus máximos jefes visibles.

Fue cuando los socialistas gubernamentales comenzaban a sonreír que su alegría devino en mueca y se transformó en un rictus del 14,5%.

Podrán llamar justas a las reivindicaciones salariales de la ANEF, podrán explicarlas por la pérdida del poder adquisitivo (generado bajo su propio gobierno, por cierto), pero mientras no den con las causas más profundas del deterioro de la administración estatal, no habrán puesto remedios eficaces. Y vendrán a futuro nuevas negociaciones y nuevas movilizaciones.

¿Qué explica de verdad esta protesta amarga de quienes por definición están destinados a lo contrario, a la colaboración amable?

Por una parte, una devastadora prédica de los derechos. Ha sido esa majadera y unilateral cantinela la que ha arrasado con la noción de deber y, de paso, con el afán de servicio. Porque, ¿puede haber algo más obvio que afirmar que el deber de los funcionarios públicos es servir? Muchas funciones sociales están marcadas por el sentido del servicio, pero llevan adjuntas otras legítimas aspiraciones: servir y lucrar (la empresa), servir y crear (la investigación y las artes), servir y formar (la educación).

Pero hay una que es servicio puro, puro servicio: la administración, las oficinas públicas, el Estado. Ése es su deber.

En segundo lugar, la extensión de la corrupción ha minado toda confianza posible de los subordinados en los mandos medios, de éstos en sus jefes, y de los capitostes superiores en su propia capacidad de permanecer limpios. Con tantos ejemplos de pillos enriquecidos y aún no descubiertos, el que no roba -piensan- se pasa de nerd.

Finalmente, la administración pública se ha deteriorado por la consolidación de la mediocridad. Desgraciadamente, en nuestra historia sólo en pocos momentos ha sido patrimonio de la administración el hacer las cosas bien. Por décadas largas, los ciudadanos han debido contentarse con el simple hecho de que el servidor público concluya el trámite, aunque sea de cualquier manera. Pero en tiempos de concursos más exigentes, de sofisticación tecnológica, de amplias posibilidades de capacitación, de recursos fiscales abundantes, resulta grotesco que en el Estado casi todo se haga mal, o simplemente a medias, que es lo mismo que hacerlo mal.

Ni siquiera se logra que unos simples focos en el estadio mundialista recién inaugurado, con la Presidenta presente y todo, queden bien dirigidos hacia el espectáculo. Y los puentes mal hechos, y las repavimentaciones fallidas, y los trenes mal comprados, y las omisiones en la notificación del sida, y las conciliaciones pendientes en Educación, y el grotesco diseño del Transantiago...

Más Estado, han gritado los partidarios de trasladar los colegios municipales al Ministerio de Educación, los promotores de una AFP estatal, los que ven en Fonasa la panacea sanitaria, los que claman por estatizar el transporte en Santiago. ¿Más Estado para qué? ¿Para que no sólo los dirigentes políticos se fotografíen con la ANEF, sino para que puedan colocar a otros miles de eventuales partidarios en esos puestos?

Porque, además, está esa otra dimensión del Estado: su tentador y creciente tamaño, su atracción como botín.

Sí, el Estado ha vuelto a ser un botín; y en vísperas de las elecciones que permitirán controlar su aparato administrativo desde la Presidencia e incidir en sus presupuestos desde el Parlamento, todos quieren dar la señal de cuánto les interesa el botín, para colocar su gente y para conseguir votos.

Fue por allá por diciembre de 1974 cuando el Presidente de la República manifestaba que su propósito era "recuperar el noble y honroso ideal portaliano de servicio público que debe ilustrar al funcionario de nuestra administración pública y que otrora fuera orgullo y prestigio del Estado." Atrás quedó.

De nada sirve hoy la reforma del Estado si no hay recuperación de su sentido. Obviamente desde la oscuridad del valor del deber, desde la corrupción, desde la mediocridad y desde el deseo de quedarse con el botín, es imposible restablecer su auténtica función.

Falta voluntad para disminuir la delincuencia
ALBERTO ESPINA OTERO, Senador

En noviembre del año pasado, la Alianza suscribió con el Gobierno el Acuerdo Nacional Sobre Seguridad Pública, que contiene medidas concretas dirigidas a la prevención, a la rehabilitación y, sobre todo, a mejorar la gestión de las políticas públicas en seguridad ciudadana, que ha sido el gran talón de Aquiles y causa directa del fracaso de la Concertación en esta materia.

El acuerdo contempla 15 medidas, algunas de las cuales necesitan la aprobación de una ley y otras simplemente acciones concretas del Ejecutivo. Transcurrido un año, sólo una entró en vigencia. Es la ley sobre el robo y receptación de cables de cobre. Las otras 14, si requieren ley, se tramitan a paso de tortuga en el Parlamento, porque el Gobierno no les da urgencia, o derechamente no ha presentado el proyecto; y si se trata de acciones del Ejecutivo, o no se han ejecutado, o sólo se ha hecho parcialmente.

Veamos las más importantes. El Gobierno se comprometió a presentar en marzo pasado una propuesta para focalizar los recursos públicos en las familias más vulnerables tanto en prevención como en rehabilitación, con el fin de evitar que las conductas de los padres se transformen en condicionantes de riesgo delictivo para sus hijos; ella debía contemplar distintas formas de reinserción social en el ámbito laboral, educacional, de capacitación y otros. La propuesta no se ha presentado.

El Gobierno se comprometió a enviar, en junio pasado, un proyecto de ley para introducir cambios de fondo al Sename que garanticen el carácter profesional de sus funcionarios, sometidos al Sistema de Alta Dirección Pública y con procedimientos estrictos de control y fiscalización del trabajo con los menores, para lograr su rehabilitación y reinserción social. El proyecto no se ha enviado.

El Gobierno se comprometió a modificar la ley que establece medidas alternativas a las penas privativas de libertad, que consisten en la libertad vigilada, la remisión condicional y la reclusión nocturna, sistema que está absolutamente colapsado y que, en la práctica, significa que los condenados que gozan de estos beneficios queden sin ningún control ni programas de reinserción social, lo que es causa directa de la reincidencia. El proyecto tenía tantas deficiencias, que la Comisión de Constitución de la Cámara le pidió al Gobierno hace meses que lo rehiciera. La reformulación no se ha hecho.

El Gobierno se comprometió a darle urgencia a la reforma constitucional que establece el derecho de las víctimas de delitos graves a defensa jurídica gratuita cuando no pueden costeársela por sí mismas; a crear un órgano autónomo que administre un sistema flexible que permita materializar este derecho, y a aportar $4 mil millones para cubrir los tratamientos sicológicos, médicos y las medidas de protección necesarias. Las dos primeras iniciativas están paralizadas y los recursos no han sido aportados.

El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, se comprometió a entregar semestralmente al Congreso toda la información sobre las políticas públicas y los programas de seguridad ciudadana, para evaluar la gestión y eficacia de los mismos. Sólo ha enviado información parcial del 2º semestre del año pasado, señalando que "no se envía información sobre presupuestos comprometidos porque no se tiene certeza de montos ni de criterios con que los sectores reportaron los recursos". La información del 1{+e}{+r} semestre de este año no se ha entregado.

El Gobierno se comprometió a concentrar en el Ministerio del Interior las atribuciones para coordinar y ejecutar los programas de seguridad ciudadana, traspasar la dependencia de Carabineros y transformar al Conace en un servicio público especializado en la prevención del consumo de drogas y alcohol. Si bien es un proyecto complejo, el Gobierno no le ha dado urgencia ni lo ha priorizado.

El Gobierno, definitivamente, no tiene la voluntad ni la decisión para sacar adelante las medidas que permitirían disminuir la delincuencia. Cuando se le enrostra el incumplimiento del acuerdo, recurre a la descalificación y a mil excusas y explicaciones. Mientras tanto, los chilenos soportamos un robo cada dos minutos, un abuso sexual cada 34 minutos y un caso de tráfico de drogas cada 54 minutos.

Una clase magistral

Los próceres en la farándula
Sarmiento en el Maipo
Comentario por Nélida Rebollo de Montes (*)

Con temeraria precipitación calificó de “mujeriego” a Domingo Faustino Sarmiento un crítico periodista que ha llevado –según él- la rotativa, al Maipo donde concreta un programa inusual hasta ahora. La imprudente afirmación la hizo en forma “descolgada” puesto que su libreto apunta a temas de actualidad y no al desarrollo de un tema histórico. Sólo se le puede atribuir a la moda de algunos revisionistas que confunden panfleto con investigación histórica, haciendo que el mal ejemplo cunda con afirmaciones a las que hacemos referencia y cometiendo en los últimos tiempos una llamativa imprudencia y un desprecio precipitado por las figuras centrales que intervinieron a favor del progreso institucional, económico y moral de la nación y en los esfuerzos por la independencia y la organización de nuestro país. Algunos tuvieron una formación extra universitaria y otros, como Sarmiento, una formación extraescolar. Y aclaro esto porque en forma peyorativa se dijo también que “Sarmiento nunca fue a la escuela”.

Sarmiento, como Mitre, Estrada fueron ejemplos como autodidactas y tuvieron un claro sentido del esfuerzo, con formación propia, que les permitió elevarse espiritualmente y contribuir con verdadera autoridad intelectual y moral a las exigencias más urgentes de la vida nacional.

En cuanto a la afirmación de “mujeriego”, se deba, tal vez, a que Sarmiento se enamoró de la hija del abogado y político argentino Dalmacio Vélez Sárfield, autor del Código Civil de Argentina de 1869. Esta joven a quien Sarmiento le escribió cartas con alusiones sentimentales se llamó Aurelia Vélez. Sarmiento se casó con Benita Martínez Pastoriza, viuda de Fidel Castro Calvo, madre de un niño que Sarmiento adoptó como hijo propio, lo educó y lo formó en el valor y el amor a la patria. Precísamente siendo jovencito participó en la guerra de nuestro país con el Paraguay donde murió luchando por su terruño.

Varias mujeres notables, entre ellas, Mary Mann y su esposo; Juana Manso; las maestras norteamericanas… lo ayudaron en su ciclópea obra de educación, a punto tal, que Sarmiento reconociera que fue la mujer la que más le puso el hombro a su lucha por la educación. Cosa muy distinta a considerarlo un mujeriego.

No es mi propósito aclarar punto por punto la furia de epítetos que se le dedica gratuitamente por desconocimiento o ignorancia a hombres de la talla de nuestro protagonista.

Precísamente al prócer a quien le tiran dardos, se preocupó en vida por una nación organizada; aunque su misión como realización inaplazable era dejar atrás las montoneras acaudilladas, a las que había que oponerles una comunidad orgánica, con el imperio de instituciones democráticas y leyes civilizadoras. Esas leyes e instituciones gestaron verdaderos poderes morales y sociales que contribuyó al desenvolvimiento nacional. Transformó así costumbres y hábitos que ayudaron al progreso material y moral de la República que acababa de constituirse.

Sarmiento expuso una visión de nuestra vida pampeana y las causas de su atraso: el desierto, la ignorancia y el despotismo. A esos males los combatió sin descanso. A la vez, que trabajaba para solucionarlos, tal el caso del enorme desierto habitada con la inmigración; a la incultura le aportaba la educación; al despotismo, la libertad. Todo esto planteado en Civilización y Barbarie.

No obstante provocó enconadas agresiones contra su persona, pero también recibió encendidas muestras de admiración. Para Sarmiento poblar el desierto con la inmigración era vigorizar el espíritu nacional; civilizar era afirmar el imperio de la ley; abrir las puertas y los ríos al comercio era favorecer la libre expansión de las fuerzas económicas. Pero la esencia de esa lucha concretada en obras había que enriquecerla con la educación de las masas. Para hacer realidad tanto empeño su obra de educación comienza con la escuela primaria, familiarizando la vida con un ambiente de libertad y deber.

Su lucha apasionada tenía motivaciones claras y afectivas: veía en el progreso (síntesis de trabajo y cultura) el destino argentino. Para él la tarea principal era educar y crear nuevos hábitos, es decir, civilizar.

Jamás dejó de batallar por la educación, inicialmente desde Chile, en los días del destierro, continuaría luego en su Patria con una doble finalidad, moral y política y en toda América.

En la escuela continuaba con la transformación social inclinada a dar estructura y desenvolvimiento a la naciente nación democrática. Se sintió vocero de la Revolución liberal de Mayo. Entendía que al pueblo había que capacitarlo para el ejercicio de las instituciones republicanas y de la democracia.

“Educar al Soberano” fue la formula infaltable en su cruzada civilizadora digna de la historia de nuestro continente. Su lucha en más de treinta años fue en favor de la cultura del pueblo, creadora del espíritu nacional como consta en su libro Educación Popular (1849). ¿No merece este ejemplo de Sarmiento un poco de respeto?.

Sarmiento pensaba en el porvenir del país y poseía la certeza que la tranquilidad, la libertad y la riqueza dependían de la educación en acción combinada del Estado y los ciudadanos.
Sarmiento tiene un lugar ganado con gran esfuerzo en la historia de nuestra formación nacional. Su influencia en la educación, a la que aportó sus más grandes afanes, preparó a los hombres que más tarde se cultivaron para las tareas directivas del país en los múltiples aspectos de su vida histórica. Precisamente de la escuela, a la que dedicó gran parte de su vida, surgieron hombres de todas las clases sociales que a través de los estudios adquirieron las ideas y la maduración espiritual necesaria para orientar las luchas a favor del progreso institucional, económico y moral de la Nación. También en los esfuerzos de la organización del país.

Este hombre dinámico, jamás se detuvo ante la incomprensión y los obstáculos porque la fe impulsaba su empresa de levantar al pueblo, enseñarle a trabajar, a conocer la verdad, a vivir con dignidad y luchar por la libertad. La escuela pública para él era la institución educativa de la democracia; el crisol donde se encuentran y conviven para formarse como hombres los hijos de familias pobres y ricas sin que ello incida como elemento de discriminación.

La idea de democratizar la sociedad mediante la educación común, igual y abierta para todos fue una de las mejores herencias que de él recibimos porque enseñó a despertar intereses cívicos, amor al trabajo y mantener la virtud de la honradez.
Nos ha legado una herencia de pensamiento y acción; un abnegado sentimiento de patriotismo volcado en un programa de vida y en una misión cumplida sin reposo durante más de medio siglo de su vida activa. Nos ha dejado innumerables inquietudes de la educación al servicio de un vivo sentido de responsabilidad. Hizo realidad el principio de que "Gobernar es educar" y “Educar es gobernar”. Tuvo de la realidad argentina una visión clara y un ímpetu desbordante. Soñó y trabajó para la realización de la grandeza argentina y de los ideales americanos y siempre estuvo incorporado al histórico esfuerzo de construir la viva nación argentina.

En el destierro no cultivó el odio, ni la revancha, ni la calumnia. Elaboró, en cambio, su destino de civilizador. Hizo realidad su convicción de que la educación es un derecho de los pueblos y un deber del Estado y enseñó que el progreso se logra con el aumento de las fuerzas de producción. Fue un hombre, no un ídolo. Un hombre que también se equivocó hiriendo, por su afán de realizarlo todo, respetables tradiciones e intereses. Pero amó como pocos a su patria y a ella le ofrendó todas las formas de su magisterio en el esfuerzo por constituir el país, asegurar la libertad y el orden. No explotó su pobreza para sembrar el odio y la codicia. Su pobreza le permitió elevarse con portentosa voluntad, templando su alma y preparando su espíritu para el gran triunfo que le dio el poderío de su influencia moral.


(*)Nélida Rebollo de Montes, es una laureada profesora y periodista de la República Argentina, que casi todas las semanas nos deleita con su pluma de extrema claridad e impecable documentación. La escritora tiene además una sólida columna en la Revista Plural de Radio La Red.

Dos excelentes comentarios

Captura y decadencia del Estado
Leonidas Montes

En una columna reciente, Juan Antonio Guzmán argumentó que cuando llueve no todos se mojan. Es cierto. En medio de esta crisis, cuya profundidad aún no conocemos, el sector público es el mejor paraguas para enfrentar cualquier tormenta. El ciudadano común, mayoritariamente acogido al Código del Trabajo, no tiene certeza de lo que irá a pasar con su futuro laboral. A muchos chilenos va a lloverles sobre mojado. En cambio existe un grupo bien protegido. Los funcionarios públicos saben que no pueden ser removidos de sus cargos. El Estatuto Administrativo se los garantiza.
Hemos visto cómo a lo largo del país el sector público, que es el motor de nuestro aparato estatal, ejerce presión para lograr aumentar sus sueldos. Eso sí, a la hora de negociar, cuentan con esa gran certeza: pese a todo, mantendrán su pega. Y puntos más, puntos menos, las consecuencias del paro las pagan los ciudadanos. Es un buen ejemplo de captura del Estado.
Al margen de algunos profesores acogidos al Estatuto Docente, ¿conoce usted a algún trabajador que no sea evaluado por su empleador? El sector público es evaluado, rebatirá algún dirigente, pero me temo que de manera poco rigurosa. Existen bonos de desempeño, pero prácticamente la totalidad de los funcionarios evaluados lo obtiene. De hecho, el porcentaje de asignación del 5% por desempeño es obtenido por más del 90% de los funcionarios.
La queja del sector público sería que los sueldos son bajos. Pero veamos algunas cifras. Entre el año 1990 y el 2007 la economía creció 59,3%. En cambio, las remuneraciones del sector público crecieron en 94,7%. Y en algunos ministerios encontramos datos sorprendentes. En Salud y Educación, esto no parece casualidad, el ausentismo alcanza a 20,4 días. El promedio de ausentismo en el gobierno central es de 16,8 días. En el sector privado el ausentismo alcanzaría un promedio de 8,5 días al año.
El Gobierno ofreció un paquete escalonado que favorecería con 10% a los funcionarios que ganen menos de un millón. Aunque sólo el 7% de los chilenos gana más de un millón, esta propuesta tampoco les gustó a los líderes de la ANEF y la CUT. No olvidemos que el 75% de los chilenos gana menos de $380.000.
Chile tiene una tradición de la carrera pública, pero se ha perdido. Aunque muchos funcionarios hacen su pega con profesionalismo y entrega, hoy no resulta atractivo trabajar en el sector público. Lo mismo pasa con la tradición de nuestros profesores. Abnegados ejemplos de normalistas, entre los que Gabriela Mistral es sólo un notable caso, han sido fuente de inspiración para nuestra educación pública. Instituciones como la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP) todavía mantienen ese espíritu. Pero el ethos republicano, que otrora inspirara a este país, se ha desvanecido por los intereses de algunos grupos.
Los recientes disturbios reafirman el hecho de que no necesitamos más Estado, sino un mejor Estado. Resulta lamentable ver cómo los ciudadanos sufren por la irresponsabilidad de unos pocos. Tampoco se trata de tener más funcionarios inamovibles, sino de lograr eficiencia. El Estado debe servir a los ciudadanos. Esta es la obligación de los funcionarios públicos. Todas estas movilizaciones lo único que logran es desprestigiar aún más al sector público. Y con ello el Estado vuelve a encarnarse en ese monstruo bíblico: un despiadado Leviatán.
De todos los funcionarios públicos, que son unos 600 mil, aproximadamente el 10% de nuestra fuerza laboral, quizá sólo una pequeña proporción promueve el paro como herramienta de presión. ¿Ha visto usted a Carabineros de Chile en paro? ¿Ha visto usted a la Armada, la Aviación o al Ejército en paro? Afortunadamente nuestros uniformados mantienen esa dignidad republicana. La ciudadanía lo reconoce. Y lo valora

Una vez más TVN
Juan Carlos Altamirano

El Gobierno acaba de presentar al Parlamento un nuevo proyecto de ley con vistas a profundizar el rol de servicio público de Televisión Nacional. Como todo proyecto, tiene tanto artículos positivos como negativos. Sin embargo, algunas medidas propuestas son vagas y poco efectivas.

Parten planteando ampliar el giro de la empresa. Esta indicación es necesaria para que TVN pueda aprovechar los beneficios de la televisión digital y competir en igualdad de condiciones. Lo curioso es que las medidas concretas presentadas al respecto ya han sido abordadas. Me refiero a la participación de TVN en la producción cinematográfica, discográfica y el uso de Internet. Incluso, sin ley alguna, a través de VTR, está creando un canal de noticias.

Luego se proponen varias medidas tendientes a fortalecer la función del Consejo Directivo. La más controvertida es aumentar de seis a ocho el número de directores; no hay ninguna indicación que impida pensar que ello terminará aumentando el cuoteo político. Lo que necesita TVN son consejeros más especializados y relacionados con la industria mediática. Jamás se debiera nombrar a personas que no han demostrado previamente interés por la televisión, o que carecen de conocimiento sobre el tema. Sí son positivas las indicaciones que hacen más rigurosos los requisitos para ser designado director, sobre todo en lo referente a las incompatibilidades y conflictos de intereses. Posteriormente, se plantean las nuevas funciones y atribuciones del directorio. Lo positivo es que deberán elaborar e implementar un sistema de evaluación para medir el desempeño y cumplimiento de la misión de TVN. Esto incluye las pautas para evaluar la gestión del director ejecutivo, más allá de los resultados de rating y económicos, cosa muy necesaria. Otro punto rescatable es que se dispone la comparecencia del directorio al Senado para dar cuenta pública de su gestión.

Sin embargo, en relación con los otros artículos, gran parte de ellos ya han sido puestos en práctica. Por ejemplo, que “el directorio deberá aprobar la programación”. Esto lo viene haciendo desde mucho tiempo atrás. No hay ninguna decisión relevante de programación o financiera sin pasar por su aprobación. Con esto quiero decir que, si bien es bueno crear un sistema de accountability para mejorar la calidad de TVN, sería negativo que el directorio tuviera una mayor intervención de la que ya tiene en la gestión del canal.

Otra medida innecesaria es exigir que el 60% de los contenidos sea de producción nacional. Hoy se supera ampliamente dicho porcentaje; el problema no es la cantidad, sino la calidad.

Quizás el punto más polémico sea autorizar a TVN a recibir fondos públicos. Si bien me parece correcto el subsidio para asegurar la existencia de programas de alta calidad, también debe ser aplicable a los otros canales. Por ejemplo, a empresas de cable, como ARTV y 13C, de la Universidad Católica.

En definitiva, no creo que este proyecto logre profundizar la función de servicio público que debe desempeñar TVN, por mucho que se insista retóricamente en ello. La existencia actual de un público telespectador segmentado, con gustos e intereses distintos, hace muy difícil que, como canal generalista y dedicado a la masividad, logre satisfacer las demandas de cada nicho. Si deseamos una televisión pública que cumpla efectivamente un rol educativo y de desarrollo cultural, es necesario crear una señal nueva, que tenga específicamente dicha misión.

Esto no significa terminar con el modelo actual, pues TVN lo hace bien como canal de entretención que representa la cultura popular y masiva. Y así lo indican las encuestas, a pesar de la disminución progresiva en el número de horas dedicadas a programas culturales (evidente cuando se comparan las cifras con años anteriores, según las estadísticas del CNTV).

Si el Gobierno está realmente interesado en promover la diversidad y el desarrollo cultural y regional, lo más adecuado sería que introdujeran pronto el modelo europeo de televisión digital. Y en segundo término, que entreguen subsidios concursables a los nuevos operadores que tengan como misión el desarrollo del “bien común”. Para ampliar el pluralismo y la diversidad de contenidos, lo más efectivo y conveniente es una mayor descentralización en los medios de comunicación. Así de simple.

Tres columnas de lujo

Un país angosto y ajeno

Hermógenes Pérez de Arce

El peruano Ciro Alegría escribió la novela "El mundo es ancho y ajeno", cuyo título, un acierto memorable, citaban mucho hace medio siglo personas cuya mayoría no la había leído. Bueno, él ahora me da pie para parodiarlo y decir, con fundamento, que vivo en un país cada vez más angosto y ajeno. Pues la Concertación nos lo está escamoteando.

Desde luego, se ha apoderado de nuestra historia reciente. Como parte del proceso, el Gobierno inaugura una "Ruta de la memoria", que recorre lugares transformados, a gran costo para el erario, en monumentos recordatorios de una supuesta persecución de inocentes bajo el régimen militar. Pero ésos fueron centros de detención de los más de 20 mil guerrilleros que llegaron a operar en el país entre 1970 y 1973, y cuyo objetivo era dar un golpe armado y transformar a Chile en un estado totalitario, como lo denunciaron los líderes democráticos. ¿Cómo podía derrotarse al terrorismo sin lugares de detención de tan gran número de terroristas? A la vez, la reescritura de la historia permitió esfumar al ejército guerrillero de la memoria colectiva, dejando los centros de detención como testimonio de persecución de inocentes.

Por supuesto, alguien podría trazar otra "Ruta alternativa de la memoria", recorriendo los lugares en que perecieron centenares de víctimas del terrorismo de izquierda. Pero nadie del Gobierno se va a incomodar ni va a gastar en eso. Para algunos, equivaldría a autoinculparse. Para otros, caso del ministro del Interior, cuyo padre fue asesinado por terroristas de la misma izquierda con la cual comparte el poder, sería muy embarazoso.

Esa "Ruta alternativa de la memoria" podría partir en la rotonda Carol Urzúa, recordatoria del intendente asesinado por el MIR; pasar por el monumento a Jaime Guzmán, asesinado por los comunistas, y luego por la rotonda Pérez Zujovic, ex ministro del Interior asesinado por la VOP (Vanguardia Organizada del Pueblo), cuyos integrantes habían sido indultados por Allende antes del crimen. Luego podría alcanzar la avenida Apoquindo, donde el guerrillero mexicano Soza Gil dio muerte a sangre fría al teniente Lacrampette. Aquél se acogió a la Ley de Amnistía del gobierno militar, hoy denegada a los uniformados, para salir libre y retornar a su patria. Y, en fin, esa ruta podría bajar por Santa María hasta el lugar donde cayó, víctima de una bomba del MIR, el teniente Luis Carevic.

Pero esa parte de la memoria del país angosto y ajeno compromete a las más altas esferas del poder y ha sido borrada.

Ojalá nos hubieran quitado sólo memoria. También nos han privado de patrimonio. Pues usted tal vez todavía cree, como le han dicho, que "el cobre es de todos los chilenos". Olvídese de eso. Si bien nunca habría podido vender, como supuesto dueño, ni una mísera acción de la compañía cuprera estatal, en teoría tenía algo. Pero ya no le queda nada. En diciembre del año pasado, el economista Felipe Morandé ("El Mercurio", 18.12.07) advertía que, tras la ley que obligó a Codelco a incorporar a trabajadores subcontratados, la empresa había perdido, por ese hecho, unos tres mil 500 millones de dólares, es decir, entre el 10 y el 15 por ciento de su valor. Pues bien, ahora, con el retorno del precio del cobre a niveles normales, el total de los excedentes de Codelco se ha traspasado a sus trabajadores, "...consumando así la segunda expropiación de la minería del cobre", justo lo que temía el economista José Ramón Valente ("La Segunda", 05.05.08).

Cada día, bajo la Concertación, este angosto país se torna más de ella y, a la vez, más ajeno a la gran mayoría de los chilenos.

Las respuestas pendientes
Gonzalo Rojas Sánchez

Cada vez que aparece un desaparecido, se presenta la oportunidad de reavivar dos preguntas fundamentales sobre el tema.

Ciertamente no son las interrogantes que se hace la izquierda; obviamente ellos tienen las respuestas a esas incógnitas, pero nunca las entregarán.

En primer lugar, ¿los desaparecidos corresponden en buena proporción a las mismas personas que integraban los aparatos militares de la UP y del MIR?

Pascal, uno de los fundadores del MIR ha afirmado que existían "organizaciones populares, milicianas" a las cuales algunos oficiales de la FACH se comprometieron a entregarles armas en caso de golpe de estado. Más aún, agregó que Fidel les había dicho que en esa situación "nos iba a entregar aunque fueran las armas que estuvieran en la Embajada", a lo que el embajador y los oficiales ahí presentes se negaron el 11 de septiembre. De todos modos, relata Pascal, "tuvimos que salir a balazos de ahí, para no quedarnos encerrados. (...) Ellos tuvieron que replegarse, nosotros pudimos hacernos paso".

Pascal sólo ha recordado lo que Corvalán y Altamirano habían dicho con anterioridad, en sordina o a los cuatro vientos.

En efecto, en su informe de 1985 al Pleno del PC en la clandestinidad, el Secretario general de los comunistas había descrito con detalle la organización armada de su entidad: "Nosotros habíamos creado las Comisiones de Vigilancia del partido, cada una de ellas, compuesta por 10 hombres. Observaban una disciplina semi-militar y llegaron a contar con cerca de tres mil miembros en todo el país. Además disponíamos de los grupos chicos, constituidos por cinco personas cada uno, de una edad compatible con el manejo de las armas y para desempeñarse como buenos combatientes dado el caso. El número de grupos chicos era de 200." Unos 4.000 en total, por lo tanto.

Y los socialistas no se quedaban atrás. Según las palabras de Altamirano en un conocido libro-entrevista, el aparato armado del PS lo conformaban "más o menos mil a mil quinientos hombres con armas livianas. No era tan poco si se hubiera coordinado con el aparato militar del MIR que era bastante más importante que el nuestro, con el Partido Comunista que también era mayor y con los que tenían el MAPU y la Izquierda Cristiana." Otros 4.000 sujetos en total, por lo tanto.

Sumando y sumando, estamos hablando de unos 8.000 a 10.000 tipos en armas y con diversos grados de instrucción.

La segunda pregunta es consecuencia de la primera: ¿qué hicieron esas personas, esos 8 a 10 mil tipos, entre el once de septiembre de 1973 y diciembre de 1974? ¿Jubilaron?
A los jueces, no les interesa. Es tarea de historiadores.

Estacionamiento Reservado. El paradigma del privilegio.
Alberto Medina Méndez, Corrientes – Corrientes - Argentina

Intentar estacionar el vehículo en el centro de la ciudad, es una verdadera aventura. Salvo, que uno tome la decisión de hacerlo en algunos de esos escasos y costosos estacionamientos privados. Intentarlo en los lugares públicos es un verdadero desafío.

Se podría pensar que esto ocurre porque el parque automotor supera largamente las posibilidades que ofrecen los microcentros urbanos. Es cierto, pero solo parcialmente.

Es que un grupo de iluminados funcionarios comunales, deciden en cada gestión, en esta, en las anteriores y seguramente en las que vendrán, otorgar discrecionalmente, estacionamientos reservados a diferentes estamentos del poder formal.

El estacionamiento reservado, es ese espacio de nuestras calles del que los poderosos han decidido apropiarse, con vaya a saber que atribución que se han arrogado unilateralmente.

Es probable que este no sea uno de esos temas de trascendencia global. Tampoco debería ameritar tantos renglones. Pero es emblemático y simbólico. Es un asunto secundario en si mismo, que muestra claramente el paradigma de los privilegios.

Al deambular por las cuadras de la ciudad, es simple encontrarse con esos espacios reservados donde estacionan los vehículos del poder. Lugares especialmente demarcados con líneas de color, con ampulosos carteles y claros límites, que indican que SOLO ELLOS pueden estacionar allí. Un verdadero símbolo del privilegio.

Una recorrida muy superficial, nos muestra el estacionamiento reservado para distintas oficinas del Poder Ejecutivo. Cada Ministerio o subsecretaria, cada dirección, ente autárquico u oficina, gozan de este espacio frente a su sede para uno o más vehículos.

El Poder Legislativo también dispone de esos lugares. Obviamente el Poder Judicial no es la excepción. No podía dejar de dar la nota.

También hacen uso de esta arbitraria atribución, el municipio con sus diferentes dependencias. El poder público local no solo hace ese discrecional uso para otorgarles privilegios a los funcionarios públicos, sino que además lo aplica con las organizaciones gremiales. Los representantes de los trabajadores no podían quedar al margen.

Si a esos espacios reservados le agregamos los otros lugares que la administración comunal concede a las motos en algunas esquinas, las cuadras enteras asignadas a los ómnibus que conforman el servicio de transporte público de pasajeros, como así también a las paradas de taxis y remisses, realmente la aventura de estacionar se constituye en una travesía.

El uso y abuso del poder para otorgar privilegios es siempre cuestionable. Podríamos hacer un esfuerzo por entender aquellos casos en los que se involucran cuestiones de seguridad. Tal vez pueda ser el caso de los vehículos de transporte de caudales que deben ingresar o retirar dinero de los bancos. Podríamos hacer nuestro mejor intento por comprender cuando por razones de orden urbano se habilita a los colegios a tener momentos especiales del día para que puedan, los padres y transportes escolares, dejar o retirar a los chicos de los establecimientos escolares. Pero aún así, solo hablaríamos de excepcionales circunstancias, y solo en horarios de saturación o expresa necesidad.



Resulta difícil entender para que precisa un funcionario del poder ejecutivo, legislativo o judicial, tener su vehiculo estacionado en la puerta de su lugar de trabajo. Tampoco parece fácil explicar, para que un jerarquizado empleado municipal, o menos aun un dirigente sindical, precisa estacionar su coche en el frente de sus oficinas.

A la típica vida sedentaria de los oficinistas del poder se agrega ahora su comodidad para evitar la fatiga de conseguir estacionamiento. No sea cosa que deban caminar algunas cuadras o perder sus valiosos minutos para generar resultados a la sociedad que los eligió directa o indirectamente.

A los privilegios del vehiculo oficial y del chofer asignado, se suma así esta otra forma de ostentación del poder.

La paradoja es que se trata de los supuestos defensores de la igualdad. Vaya forma de ejercer esa lucha, auto concediéndose el privilegio de estacionar en la puerta, o lo que puede ser tan grave, gestionando ese privilegio para beneficiarse en forma personal.

Hay que insistir con que este es un tema menor, prácticamente irrelevante, pero tremendamente paradigmático. Si en estas cosas intrascendentes, algunos funcionarios razonan de esta manera, es realmente improbable esperar de ellos criterio, equidad, justicia y sentido común.

El show de los privilegios urbanos se complementa con esos pases especiales que permiten, con solo exhibirlos, superar zonas no permitidas o estacionar en "cualquier lugar". Los periodistas y comunicadores suelen traficar también con esta forma de abusar de los privilegios que algunos de los poderosos de turno, ostentan con absoluta impunidad, como si fueran los absolutos dueños de la ciudad. Solo podemos suponer que esos "favores urbanos" deben tener alguna contraprestación. Eso es solo mera imaginación.
Seguiremos insistiendo en la aventura cotidiana de encontrar un lugar para estacionar el vehículo en los pocos espacios que los ciudadanos comunes tenemos asignados. Son los espacios que "nos quedaron" después de la repartija indiscriminada que han acordado los autoproclamados propietarios de la ciudad con los circunstanciales privilegiados, siempre a espaldas de sus representados.

Tal vez sea tiempo de predicar con el ejemplo. La perdida de credibilidad en la política, en el poder, no es pura imaginería. Tiene sustento en banalidades, que como estas, carcomen las bases de cualquier construcción social, porque vulneran las más elementales normas de convivencia. Usar el poder para abusarse y humillar a los administrados, no parece el camino. Al menos, no es la receta que utilizarían quienes respetan a sus representados y creen férreamente en la igualdad que tanto recitan, pero que tanto les cuesta ejercitar con hechos concretos.

El estacionamiento reservado sigue siendo un tema irrelevante. Pero no hay dudas, que su vigencia, es una pequeña muestra de cómo se ejerce el poder. Sigue siendo aún, el paradigma de los privilegios.

En las mismas piedras, por Gonzalo Vial

En las mismas piedras
Gonzalo Vial

Seguimos tropezando en las mismas piedras:

(I) A FAVOR DEL SIDA. Revienta el escándalo: centenares de personas sometidas al test del VIH por los Servicios de Salud que resultaron portadoras del mal, no fueron notificadas de ello —obligación legal de aquellos servicios— y por consiguiente no se han tratado médicamente hasta hoy. Algunas, cuando menos, ya fallecidas del modo horrible que mata el SIDA.

La CONASIDA no había fiscalizado de ninguna manera el cumplimiento de las notificaciones obligatorias. Es posible que no sea su deber legal, pero sin duda resulta una desidia inexplicable —en un organismo superior del Estado, a cargo de mal tan cruel— no haberse preocupado, siquiera, de saber qué sucedía con esas notificaciones. Así se habría impedido que circularan por Chile, sin tratamiento, centenares de propagadores del VIH, no sólo indiscutiblemente tales, sino de identidad conocida... pero ignorantes de su condición.

El nuevo ministro de Salud anuncia que reorganizará la CONASIDA. Palabra estimulante y optimista, «reorganizar», pero que, sin mayores precisiones sobre su contenido, sólo denota buenas intenciones. Para aplaudir la medida, es necesario conocer los objetivos de la «nueva» CONASIDA, los medios de que dispondrá para cumplir aquéllos, y que tales medios sean los necesarios y suficientes a los respectivos efectos.

Anuncia también el ministro, para diciembre, la décima campaña contra el SIDA. Se hallaba postergada porque su financiamiento, proveniente de un «fondo global» de origen norteamericano, está suspendido a raíz de irregularidades de dineros en el organismo que aquí las maneja el «Consejo de las Américas». La autoridad no ha dado ninguna explicación sobre tales irregularidades, aunque de la directiva del Consejo forman parte representantes de la Secretaría General de Gobierno, el Ministerio de Hacienda, el de Bienes Nacionales y la CONAMA.

(Quedarse con la plata del SIDA es lo único peor que apropiarse las platas de los cesantes para hacer propaganda política).

La décima campaña será ahora de financiamiento fiscal, y su finalidad, dice el ministro, será que las personas que tienen «conductas de riesgo» se hagan los test de SIDA, acudiendo «con seguridad» a la «red de salud» (El Mercurio, 15 de noviembre). ¿Qué pensar de esto?

1. Si ésa es la única finalidad de la campaña, no puede sino producir buenos resultados, aunque muy reducidos (es probable), pues quienes observan habitualmente «conductas de riesgo» no poseen, por lo general, un sentido germánico de responsabilidad que los lleve a testearse de modo permanente y regular.

2. Pero si la campaña se hace en otro tono, el mismo de las anteriores, va a ser tan contraproducente como éstas, y por iguales motivos, a saber:

-Persistirá en afirmar la falsedad de que el uso del condón es 100% efectivo para prevenir el SIDA, dejando deliberadamente de advertir el porcentaje —grande o pequeño... ¿qué le importa a quién cayó dentro de él?— en que NO es eficaz.

-Persistirá en glamourizar el sexo casual, que se da especialmente —es un hecho, prescindiendo de juicios éticos— entre los homosexuales y adolescentes promiscuos. La última campaña ejemplificaba las «distintas miradas del amor» con la foto de dos travestis. Y la penúltima desplegó por todo el país un afiche, mostrando una escolar de uniforme, sonriente y condón en mano, contra un fondo que graficaba las distintas posturas del coito. Era casi criminal banalizar y embellecer de ese modo las conductas sexuales más riesgosas de SIDA. Pero así se hizo. ¿Se seguirá haciendo?

(II) HIDROAYSEN. Este gigantesco proyecto hidroeléctrico —crucial para que no nos falle de nuevo la energía a comienzos de la próxima década— entregó en agosto su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a la COREMA de la región. Había significado una labor de tres años. Empezando el mes que corre, el organismo fiscal devolvió la pelota a la empresa CON TRES MIL CIENTO CINCUENTA OBSERVACIONES, PROVENIENTES DE TREINTA Y DOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA REGION.

Intertanto, la ministra del ramo había insinuado que estas observaciones significaban que HidroAysén no había realizado cabalmente su EIA..

El episodio es perfecto para apreciar la poca seriedad de los procedimientos medioambientales a los que deben someterse en Chile obras de inmensa envergadura y de sumo interés para el país. En efecto:

-El estudio que ha demorado tres años se despacha por la COREMA de Aysén en tres meses.

-Lo analiza una especie de congreso de 32 distintas oficinas burocráticas, sin ninguna coordinación entre sí, garantía absoluta de que se genere una Babel de opinantes y pareceres.

-La Babel produce, de modo inevitable, literalmente MILES de observaciones y objeciones. Muchas de ellas —también de manera fatal— se repiten (pero no idénticas por entero), traslapan o contradicen.

-Es de certeza matemática que en ninguna de las 32 oficinas de Aysén que opinaron —salvo, quizás, alguna contadísima excepción— existe siquiera UN funcionario capaz de analizar útilmente un proyecto de este calibre.

—La ministra anticipó en público una opinión obviamente contraria al proyecto y a la empresa, que ni tenía elementos para emitir, ni aunque los tuviera era prudente formulara, pues con ello presionaba a sus subordinados.

¿Qué ha hecho la empresa? Tomarse seis meses para responder las 3.150 observaciones. Pienso, mal de seguro («pecarás pero acertarás»), que además aprovechará el semestre meditando si, en las nuevas condiciones económico/financieras de Chile y el mundo, le conviene continuar su vía crucis aysenino.

¿Cuántos meses habremos perdido, con estas tramitaciones kafkianas, de energía sin dependencia extranjera, limpia, barata, renovable? Y eso que la actual es apenas la primera etapa, la burocrática, de las dilaciones seudoecológicas... luego vendrá la segunda —la judicial/tinterillesca— y finalmente la tercera... la violentista/mediática.

¿Qué mella hace esto en los burócratas? Que la empresa pierda dinero, hasta les gusta; que Chile pierda crecimiento, no les importa nada. Recordemos el caso —tan reciente como olvidado— de CELCO en Valdivia. Por desidia pura, la COREMA local le negó durante dos años un aumento de producción al cual tenía derecho. 220 mil toneladas de celulosa menos, que ya NUNCA la planta valdiviana producirá, ni menos al glorioso precio de entonces, que se fue probablemente para siempre.

(III) PSU. Sigo entreteniéndome: saco por internet (vean cómo me modernizo) facsímiles oficiales de la PSU, gentileza de la Universidad de Chile. La última, de «lenguaje y comunicación», me ha hecho reír mucho... y a la vez indignarme por los estudiantes obligados a tanta tontera. Ejemplo:

a) Pedanterías inútiles y olvidadas al día siguiente de dar la PSU:

-Si la «función del lenguaje que predomina (en decir): Este reloj está atrasado quince minutos», es «expresiva, apelativa, referencial, fáctica o metalingüística».

-Si el «tipo de mundo» de un fragmento literario es «mítico, cotidiano, fantástico, onírico o utópico».

-Si en otros fragmentos, la figura literaria usada es «metáfora, personificación, comparación, hipérbaton, alegoría o sinécdoque».

-Si en el «discurso» de una teleserie predomina el tipo «dialógico, narrativo o dramático».

b) Errores gramaticales anexos a las pedanterías. Por ejemplo, el «fragmento»:

-Si quieres podemos juntarnos acá en mi casa.

-Bueno, te llevo los CDs y la polera que me prestaste.

Obviamente, el «llevo» es «traigo». Pero minucias tales no emocionan a los lingüistas de la PSU. La pregunta trascendental es si la «relación entre los hablantes» anteriores es «asimétrica, directa, simétrica, indirecta o complementaria».

c) Sinsentidos graves que desconciertan y perjudican a quien rinde la prueba. Ejemplo:

«MARTIN FIERRO cree que la importancia del aporte intelectual de América, previo tijeretazo a todo cordón umbilical».

La oración simplemente no termina. La tierra se tragó el predicado de «la importancia, etc.».

Esta flojera, esta ausencia de una revisión simple y sumaria de la prueba de la cual depende el futuro de tantos es intolerable.

Dos comentarios excelentes

La crisis y los grandes consensos económicos
José Ramón Valente

El Ministerio de Hacienda y el Banco Central están dando por estos días sendas batallas. El primero esta resistiendo el embate de los empleados públicos organizados en la ANEF, que están exigiendo un aumento salarial totalmente desproporcionado con la realidad económica que enfrentará el país el próximo año. El segundo está siendo el principal mensajero de las noticias cada vez más alarmantes de la crisis financiera internacional que vienen del extranjero. Enfatizando así la necesidad de políticas de austeridad ante los tiempos que se avecinan. Y como bien sabemos en el mundo político, la práctica de culpar al mensajero por el mensaje que entrega está muy extendida.

En los próximos días vamos a ser testigos de fuertes embates contra estas instituciones y particularmente contra quienes las dirigen. Desde el mundo político se les enrostrará al ministro Velasco y al presidente del Banco Central, José de Gregorio, sus posturas primordialmente técnicas, como si esto fuese algo negativo, y se los invitará a ser más flexibles en sus posturas, como si esto fuese algo per se positivo.

Lo que decidan hacer tanto Velasco como De Gregorio al mando de sus respectivas instituciones en las próximas semanas y meses es crucial para ver si Chile sale fortalecido o debilitado de esta crisis económica que está recién en sus albores. Durante años las autoridades del área económica de los gobiernos de la Concertación, y también sus antecesores, han sostenido la importancia de mantener en Chile políticas macroeconómicas, aquellas que tienen que ver con variables tales como la inflación, el tipo de cambio, la integración de Chile con el mundo y las finanzas públicas, que respondan a criterios técnicos. Es decir, que se alejen de las tentaciones de alivios temporales, pero dañinos, que surgen como consecuencia de las urgencias políticas del momento y que se establezcan con una mirada de largo plazo, que tengan como objetivo primordial dar estabilidad económica al país de manera que tanto sus ciudadanos como la comunidad de inversionistas extranjeros, más allá de las dificultadas que obviamente surgen de las contracciones cíclicas (temporales), cuenten con un ambiente propicio para invertir, crecer y generar oportunidades de empleo para los trabajadores chilenos.

Esta forma de administrar la economía del país le ha dado ha Chile muchos beneficios y un bien ganado prestigio internacional. El país ha generado grandes consensos tanto técnicos como políticos respecto de este punto en particular. Un tipo de cambio competitivo para fomentar las exportaciones, tasas de inflación bajas y estables, aranceles bajos para las importaciones y un gasto fiscal acotado a las posibilidades de financiamiento del mismo son conceptos que las grandes mayorías en Chile comparten plenamente.

Puede que el ciudadano común tenga una postura relativamente escéptica respecto de este gran consenso económico al que hago mención en el párrafo anterior, más que mal por años ha sido testigo de álgidas discusiones entre economistas y parlamentarios de gobierno y oposición sobre diversos temas económicos. Es importante entender que si bien esa observación sería correcta, los principales temas económicos en disputa han sido de corte microeconómico; es decir, aquellos que tienen que ver con la legislación laboral, la eficiencia del uso de los recursos fiscales, la política energética o los impuestos específicos, por nombrar sólo algunos. En tiempos de bonanza, las posturas económicas de la Concertación y la Alianza y de los técnicos más afines a la filosofía que encarnan cada una de las coaliciones políticas parecen estar muy lejos unos de otros. En tiempos de crisis, el foco vuelve a ponerse en los equilibrios macroeconómicos, y en ese punto las diferencias son mínimas.

Es muy importante que tanto ciudadanos como gobierno sean conscientes de estos grandes consensos en materia económica, para que no se dejen arrastrar por los alaridos de los grupos de poder organizados, las minorías políticas y, sobre todo, de aquellos que se aprovechan de las circunstancias para sacar dividendos políticos por la vía de adoptar posturas que ellos mismos no comparten ni esperan que prosperen, pero que les permiten obtener dividendos políticos al mostrarse, como dirían ellos, “en sintonía con las necesidades de la gente”.

Debemos apoyar decididamente las buenas políticas económicas para enfrentar la crisis y, en mi opinión, la labor que están realizando tanto Velasco como De Gregorio hasta el momento es muy buena. Por de pronto, tanto los pergaminos académicos y profesionales de Velasco y De Gregorio son un excelente punto de partida. En ambos casos se trata de personas que tienen oportunidades de trabajo fuera del gobierno, probablemente en mucho mejores condiciones que dentro de él. Pero más importante aún, son personas relativamente jóvenes, para las cuales su prestigio profesional es importante y relevante una vez terminada su participación en al actual gobierno. En ese sentido, particularmente para ellos, hacer lo que estiman correcto y no lo que parece políticamente correcto cobra una dimensión personal importante, toda vez que está en línea con sus propios intereses de largo plazo

Viejos y nuevos liderazgos
Margarita María Errázuriz

Renovarse es la consigna cuando hay que cambiar personas que toman decisiones. Así lo expresa la fuerza con que se ha impuesto el nuevo liderazgo de los llamados “príncipes” y de otros jóvenes de la Democracia Cristiana y, también, así se entiende la elección de Obama como Presidente de los Estados Unidos.

La búsqueda de renovación puede significar muchas cosas, pero una es evidente: las generaciones jóvenes quieren espacios de decisión. A mi juicio, la sociedad quiere dárselos porque siente la necesidad de aire fresco. La mayor esperanza de vida y las mejores condiciones de salud que hoy alcanza la población —que han prolongado la edad útil de las personas ya maduras— dificultan dar una respuesta adecuada y oportuna a su legítima demanda.

En Chile esta situación se hace presente con más fuerza que en otros países. Nuestra esperanza de vida es la más alta de la región. Más de 85% de los hombres y 92% de las mujeres viven hasta los 60 años y, al llegar a esa edad, en promedio los hombres pueden esperar vivir otros 20 años más y las mujeres, cuatro más que ellos.

Un amigo que se acerca a la edad crítica en que se espera que deje su lugar a otros, y que es un gran intelectual, me decía días atrás: “¡Hasta cuándo se habla de los jóvenes! Yo también quiero un lugar, y que no sea residual. No quiero que me manden a hacer turismo. Eso, no”.

El problema es serio. No se trata de acontecimientos puntuales, involucra a dos generaciones. Si se pudiera hacer un símil con una carrera de caballos, tenemos a dos grupos de corredores: uno brioso, impaciente, que tira de las riendas para iniciar la carrera, y otro que ya llegó a la meta y mira con calma a su alrededor porque ya sabe cómo hay que correr. Lo malo es que muchos de nuestros caballos briosos —los jóvenes— no quieren participar en la carrera y los que ya tienen experiencia no piensan en dejarla.

Se estima que en las últimas elecciones municipales siete de cada diez jóvenes no votó, sumando los no inscritos y los que se abstuvieron. La famosa frase “no estoy ni ahí” responde, en mi opinión, a una actitud defensiva, que trata de salvar con dignidad una situación donde no se encuentran representados y no se abren oportunidades para ellos. Las dirigencias son siempre las mismas y los candidatos se repiten una y otra vez.

Hay una tensión latente —y a ratos notoria— entre estos grupos de edad, porque en el imaginario está la idea de que se trata de un reemplazo, pese a que sus distintas miradas son necesarias. No hay que olvidar que los jóvenes tienen enfoques innovadores y su espíritu es imprescindible para contar con una sociedad más pujante. Por su parte, las personas maduras tienen la experiencia que han ganado en años de correrías, la que les permite aportar análisis con solidez, equilibrio e inclusión. La no participación de cualquiera de estos grupos significa una tremenda pérdida para la sociedad.

Es urgente contar con un nuevo diseño que asegure la inclusión en la toma decisiones a jóvenes y adultos maduros para que puedan hacer su propio aporte. Ese diseño debe lograr entusiasmar a los jóvenes, abriéndoles espacios de participación atractivos; comprometer a adultos ya mayores en esta tarea, asignándoles el rol estratégico que se han ganado, y concebir dichos espacios de manera que ambos grupos desempeñen funciones de liderazgo distintas, complementarias y en estrecha relación.

Una regla de oro que debiera considerar ese diseño es la tan mentada delimitación del tiempo de permanencia en determinados cargos. Además, si se establecen funciones y roles distintos para cada grupo, se podrían agregar límites de edad en cada caso.

La gran dificultad para aplicar lo recién propuesto es que quienes deben decidir esos cambios estarían poniendo límites a su propio desempeño en el cargo y a su poder de decisión. Para facilitar esa opción, el diseño en cuestión debiera considerar un espacio nuevo, desde el cual ellos puedan seguir aportando.

Un alto grado de compromiso cívico debiera involucrarnos a todos en ese diseño

Los imposibles de Lagos
Gonzalo Rojas Sánchez.

Lleno de enunciados tajantes -pero envueltos en la fina seda de su lenguaje-, Lagos se revela en ese texto una vez más como el artista-soldado que, quizás sin haber leído a Nietzsche, repostula sus dotes de superhombre para conseguir uno tras otro... los imposibles.


El arte de lo posible: así se caracterizaba antes a la política, para definirla al menos en sus aspectos más externos. Valía esa noción cuando todavía el poder era concebido con limitaciones y al servicio del bien común.

Pero desde que la política se comenzó a transformar en ideas-fuerza, más propaganda, más fuerza-pura (¿un siglo hace ya?), se ha convertido en la tarea de los imposibles, porque los animales políticos que así la practican actúan convencidos de que con un échele pa'delante y dos buenos comunicadores, la tarea va bien encaminada y dará frutos.

Ricardo Lagos es el máximo exponente nacional de la ecuación voluntarismo más marketing, igual éxito. Su reciente manifiesto así lo comprueba.

Lleno de enunciados tajantes -pero envueltos en la fina seda de su lenguaje-, Lagos se revela en ese texto una vez más como el artista-soldado que, quizás sin haber leído a Nietzsche, repostula sus dotes de superhombre para conseguir uno tras otro... los imposibles.

El listado de sus esperanzas es largo y comienza afirmando que los electores renovarán la confianza en la Concertación, si la coalición se muestra orgullosa de sí misma. Imposible, porque el listado de los fracasos clamorosos es tan grande y grotesco, que más del 60% de los electores ya le dijeron que No a la Concertación en la elección de alcaldes, esos pequeños presidentes locales.

Continúa Lagos invocando la necesidad de unirse sin vacilaciones en el apoyo a la Presidenta Bachelet. Imposible: la mandataria es un dato menor de aquí a diciembre del 2009; nadie en su coalición gastará energías en reconstruirla o en reforzarla. Ya pasó.

En tercer lugar, afirma la necesidad de tener ideas y propuestas que formulen nuevos objetivos, como dice que lo ha hecho él en su libro reciente. Imposible, porque la matriz está viciada: todo lo que ha planteado sólo genéricamente en su obra, implica más Estado, más intervención, más gasto, más regulaciones en lo económico-social, y en paralelo, en lo moral-cultural, más abandono, más desamparo, menos orientación.

A continuación, le pide a la Concertación que se ordene, que se ponga positiva, que deje de lado los personalismos y que se tome en serio la política. O sea, que aparezca ante el electorado tan pura como una doncella y tan madura como una matriarca. Imposible: las arrugas de la Concertación ya son surcos; después de estos 18 años, la coalición es responsable de una cara tan llena de verrugas que no admiten disimulo, díscolas ellas. Ni doncella, ni matriarca: bruja.

Más aún, Lagos exige que para nombrar el candidato se genere en la Concertación un ambiente de unidad y de confianza. Imposible: El solo enunciado de su aspiración presidencial ha suscitado nuevas ásperas desuniones y crecientes desconfianzas. Enríquez-Ominami, Gazmuri, Farías, Jiménez son algunos de sus detractores, en una lista que ya hoy es todavía más larga. Y espérate no más la que se viene.

Finalmente, pide para el candidato concertacionista no sólo la jefatura de la coalición si es que resulta electo, sino ya durante la campaña, la doble calidad de aspirante a la primera magistratura y de cabeza de la lista parlamentaria. Se postularía, por lo tanto, como Presidente de la República y como Comandante de Bancadas, cargo nuevo que requeriría una Constitución Lagos 2010. Imposible, por dos razones. Primero, porque los partidos de la Concertación, todos, necesitan potenciarse en estos tiempos de expulsiones y fugas; y, segundo, porque las listas parlamentarias se configurarán en la Concertación, pero incluirán a personas ajenas a la coalición, las que una vez electas, ciertamente no formarán parte de sus futuras bancadas.

¿Lagos ignora todas las objeciones formuladas a sus imposibles? No, obviamente que no. Si fuera un ingenuo, a lo más habría presidido la sociedad chilena de coleccionistas de mariposas sudafricanas. Y resulta que presidió la República. Astuto, voluntarista, comunicador, voluntarista, cazurro, voluntarista... Sabe lo que quiere y cómo conseguirlo; sabe que formula imposibles, pero ya sabrá echarles las culpas a otros. Esa es parte de la característica de estos hombres únicos: los demás no están a la altura, fue por culpa de los otros que no se consiguió un imposible.

Por eso, todo el análisis anterior importaría poco si, además, alguien lograra probar que creerle a Lagos es imposible.

En todo caso, con Lagos, impossible is something.

El fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación Argentina

Libertad sindical

Nélida Rebollo de Montes (*)

El sindicalismo tiene una alta misión dentro del orden republicano-democrático.


La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha producido un fallo que ha sido calificado, de “histórico”. Esa sentencia ha puesto límites al monopolio sindical al disponer que cualquier trabajador pueda ser delegado gremial aunque no esté afiliado al sindicato. Cabe destacar que no obstante garantizar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional la organización sindical libre y democrática, repetidas leyes de asociación sindical otorgaron ese privilegio a las agrupaciones que tienen reconocimiento gremial del Estado que, a su vez, les negaba a otras asociaciones que poseían una simple inscripción.

Esas agrupaciones con reconocimiento del Estado, precisamente, tienen el manejo del dinero de las obras sociales brillando como poderosas ante cualquier circunstancia. Pero también ejercen con exclusividad la representación de los trabajadores ante las empresas. De ahí que el fallo del máximo tribunal en una sentencia respaldada por diversos tratados internacionales, introdujo el derecho a la libertad en el sindicalismo, declarando inconstitucional el artículo 41, inciso A, de la ley 23.551. Cabe destacar que el fallo fue firmado por seis ministros de la Corte, que preside el Dr. Ricardo Lorenzetti.

Según el prestigioso diario argentino, La Nación, en un artículo de fondo, sostiene que el principio de la libertad sindical fue reafirmado en muchas oportunidades por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que también integra nuestro país, no obstante, rigió en la Argentina desde hace varias décadas “un régimen de afiliación sindical coercitivo, monopólico y de raíz fascista” en función del cual el Estado otorga la denominada personería gremial a un solo sindicato.

La declaración universal de los derechos humanos y el Pacto de San José de Costa Rica incluidos en el texto constitucional, confieren a la libertad de asociación gremial un rango superior entre los derechos de la persona.

Llama la atención que ninguno de los gobiernos democráticamente elegidos desde 1983, hasta el presente, no hayan modificado el grave error poniendo fin a ese monopolio sindical. A pesar de ello la OIT en asambleas exhortó a las autoridades nacionales a legislar para poner fin al actual sistema legal corporativo que sospechosamente sólo reconoce a un sindicato por rama y a una única central obrera.

Ya era hora que las organizaciones gremiales que tienen una trayectoria desde muy antiguo adquirieran el rango y la trascendencia que el tiempo les concede al revalorizar su importancia.

No es exagerado decir que ya en la Edad Media esas corporaciones adquirieron una gran importancia política al fomentarse las ciudades o Burgos en donde comenzó la división del trabajo y la especialización en oficios que abarcaron todas las actividades industriales, sin excluir las artes.

Hay que reconocer que la República democrática suprimió luego el régimen corporativo sustituyéndolo por el sistema de representación popular en el que la ciudadanía se ejercía sin hacer distinciones entre los ciudadanos aunque pertenecieran o no a determinados gremios de trabajadores.

El pueblo de la república democrática absorbió a los componentes de las ex corporaciones formando con todos lo ciudadanos del pueblo una nueva entidad política a la que reconoció el ejercicio completo de la soberanía y que podía expresar su voluntad individualmente, por medio del sufragio para elegir a los gobernantes, y por medio del plebiscito para manifestar sus opiniones.

Alejándonos de aquellas épocas hay que reconocer que el sindicalismo contemporáneo adquiere un nuevo significado, pues su actividad comienza a ser exclusivamente gremial, en defensa de los intereses que corresponden a la clase obrera; y, en particular, a cada uno de los gremios organizados con el nombre de sindicatos.

Precisamente los sindicatos son los que agrupan a los trabajadores de cada gremio, organizado libremente con adopción de los principios de la república; es decir que cada trabajador tiene derecho a intervenir en la elección de las autoridades sindicales para que éstas sean la representación de la mayoría y tengan a su cargo la ejecución de su finalidad. Por lo tanto, el sindicalismo era considerado un sistema social y no un sistema político como se ha pretendido. Sus finalidades son siempre gremiales y dirigidas a la defensa de los intereses de los obreros en relación con su trabajo.

En la Argentina como en otros países los sindicatos han desempeñado una función interesante y útil. Formaban una verdadera comunidad donde se iniciaban conversaciones, se elaboraban proyectos y otras iniciativas importantes. Estimularon la legislación laboral o legislación del trabajo; debatían sobre la necesidad de ser justos en los reclamos y en no prestarse a los desbordes que llevan a la violencia. Así lograban apoyo de sus patrones y dirigentes.

Volviendo a la libertad sindical ésta necesita cumplir su misión organizada y actuando libremente y sin estar sometidas a ninguna forma de coacción oficial. Toda violación de este principio desnaturaliza al sindicato y lo convierte en instrumento de interés político inadmisible. La intromisión del gobierno en los sindicatos desvirtúa su verdadera finalidad porque esa intervención lleva el propósito de favorecer a los patrones o a los obreros.

Al gobierno no le incumbe otra tarea que la de dictar las leyes y normas reglamentarias como función de Estado, sin otro propósito que el de mantener el imperio del Derecho; y sólo en caso de conflicto debe actuar el poder judicial. La injerencia gubernativa en los sindicatos es siempre abusiva y arbitraria, es una intromisión en el ejercicio autónomo de la vida sindical y de los derechos de los trabajadores a manejar por sí sus intereses dentro del ámbito legal que les corresponde.

Toda injerencia de los gobernantes responde a intereses políticos que pueden ser del partido oficial o los que personalmente atañen a determinados funcionarios. Juristas prestigiosos, dedicados a ejercer en su cátedra la educación democrática han reconocido que en nuestro país los partidos políticos y los sindicatos han estado bajo regímenes despóticos, por ejemplo en el gobierno de Perón se impuso –opinan- un régimen totalitario que pretendió utilizar demagógicamente a los sindicatos como fuerzas políticas organizadas. Con despliegue demagógico apoyan su poder en el ámbito popular. Con la mentira a sabiendas desvirtuaban la democracia mintiendo y adulando a las masas populares para lograr el apoyo de la clase obrera a través del sindicalismo en el que se entrometían en la vida interna y en la elección de sus autoridades controlando policialmente a dirigentes en relación con su trabajo. La adulación gubernamental vergonzante premió con honores inmerecidos y hasta con riquezas a sus serviles incondicionales mientras perseguían con crueldad a los que se opusieron a su poder. El sistema totalitario funcionaba combinando fascismo y nazismo; y, al igual que Mussolini se apoderaban de los sindicatos humillando con crueles persecuciones y castigos a los que no lograban someter. Esta experiencia en materia de sindicalismo debió ser una lección digna de aprovechar para que nadie invadiera su dignidad.
El sindicalismo tiene una alta misión que podrá cumplir siendo libre dentro del orden republicano-democrático. Adrián Goldin, profesor plenario de Derecho en la Universidad de San Andrés y titular en la Universidad de Buenos Aires sostiene que el régimen sindical argentino consagra un sistema de sindicato único impuesto por la ley y habilitado por el Estado que otorga caso por caso la denominada “personería gremial”; al ser así, es contrario al artículo 14 bis de la Constitución Nacional; al Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y al principio mismo de la libertad sindical según cuya lógica los trabajadores y los empleadores… tienen el derecho de constituir una organización que estimen convenientes… (C. 87, Artículo 2).
“Demás está decir que en la Argentina el sindicato que obtiene la personería gremial goza de exclusividad de prácticamente todas las facultades que son propias de la condición sindical, razón por la cual, como dijo alguna vez Bidart Campos es, en realidad, un NO SINDICATO”.

La Argentina ha consumado incumplimientos de compromisos internacionales. De ahí que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconociendo el acerbo libertario de la OIT, entre otras muy ilustres opiniones del pensamiento y de la conciencia jurídica universales, acaba de poner en cuestión el régimen de la personería gremial en términos equivalentes.

El sindicalismo privilegiado de la Argentina no obstante estar en grave falta, ha respondido al incuestionable fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con agravios, con absoluta falta de respeto y sin ninguna afirmación con la más mínima sustancia jurídica.

(*) Destacada periodista y educadora Argentina, laureada tanto en su nación como en el mundo.