Dos comentarios excelentes....

Presupuesto para un Chile transparente,

por Alejandro Ferreiro.

Chile Transparente, el capítulo chileno de Transparencia Internacional, ha sido afectado por la polémica suscitada a consecuencia de un informe de su autoría acerca de la transparencia en el sector privado en Chile. Dicho informe, no revisado por los directores previo a su envío a Berlín, mencionaba compras de acciones realizadas por el candidato Piñera en conocimiento de los estados financieros de la empresa de que era director y antes de que tal información fuera conocida por el resto del mercado.

Dado que la SVS no enmarcó esa conducta bajo la figura de “uso indebido de información privilegiada”, la que tiene carácter de delito, y sí lo hizo en la menos conocida de “infracción al deber de abstención”, que sólo conlleva responsabilidad administrativa, tienen razón aquellos que exigen más precisión en los términos. Con todo, también la tienen quienes señalan que el asunto es más político que jurídico, y que en definitiva, se trata de evaluar si esa conducta —más allá de cómo se la bautice– es consistente con los altos estándares éticos que los ciudadanos tienen derecho a exigir a quienes aspiren a gobernarlos.

Bueno sería que ChileTransparente, organismo que fue determinante en la promoción e impulso de la actual ley de transparencia y acceso a la información, logre superar pronto y bien esta dificultad. No debiera el fragor de la lucha política electoral generar víctimas en el campo de quienes luchan por una sociedad más proba y transparente, especialmente porque el esfuerzo de consolidar estas virtudes cívicas no es lineal ni está garantizado. Y para evitar retrocesos, entidades como Chile Transparente son imprescindibles.

Son varios los ejemplos internacionales en que luego del debut de leyes de transparencia exigentes para la Administración, y en la medida en que se hacen evidentes las “incomodidades” que suele generar la transparencia cuando se la aplica en serio, surgen tendencias de contrarreforma o involución. La transparencia, que siempre se aprecia cuando obliga a terceros, comienza a verse como amenaza cuando exige transparentar lo propio.

Fue México el primer país de América Latina que aprobó, bajo el gobierno de Vicente Fox, una legislación sólida y avanzada en materia de acceso a la información. En México, al igual que en Chile, existe un órgano garante de la transparencia dotado de autonomía. Sin embargo, y al igual que en Chile, dicha autonomía no alcanza al plano presupuestario. Y no puede ser, quizás, de otra manera. El presupuesto del Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI, en México, como también el del Consejo para la Transparencia, es parte, como todo gasto público, de la ley de presupuestos que prepara el Gobierno, principal obligado por la ley de transparencia.

Hace algunos años, y en protesta por el bajo presupuesto asignado en el proyecto de ley de presupuestos para cumplir su labor, el pleno del IFAI convocó a los periodistas y presentó, frente a las cámaras, la renuncia de todos sus integrantes. A las pocas horas, el asunto se solucionó y el IFAI obtuvo los recursos que lo han ayudado a transformarse hoy en el organismo público mexicano con mayor credibilidad ante la ciudadanía.

Se viene a la memoria esta historia a pocos días de conocerse el proyecto de ley de presupuesto preparado por el gobierno y los recursos que este contemplará para el funcionamiento del Consejo para la Transparencia. Si bien nada hace pensar en un presupuesto restrictivo, especialmente tratándose de su confección por el gobierno que impulsó la nueva institucionalidad, la importancia de ese presupuesto es crucial. Será la primera vez que el Parlamento discuta el presupuesto necesario para consolidar una institucionalidad que promueva y defienda el derecho de acceso a la información pública y la transparencia en los organismos estatales.

El debate presupuestario estará sazonado por las opiniones que cada quien tenga de las primeras resoluciones del Consejo. Y, desde luego, las habrá también críticas. Con frecuencia, el Consejo resuelve a favor de la transparencia solicitudes que los órganos del Estado inicialmente negaron. Y eso, por cierto, incomoda a quienes, en ausencia de ley y Consejo, habrían podido mantener la reserva de lo que ahora se abre. Algunos, incluso, probablemente ya piensan que la transparencia ha ido demasiado lejos y que amenaza el buen funcionamiento de los organismos públicos.

El debate es saludable, especialmente tratándose de un cambio legal, institucional y cultural de gran envergadura. Además, las decisiones del Consejo, adoptadas casi siempre por la unanimidad de sus integrantes, pueden ser revisadas por las Cortes de Apelaciones. Lo que no cabe revisar es la importancia de la autonomía sustantiva del Consejo y la necesidad de favorecer su consolidación en la institucionalidad chilena mediante un presupuesto suficiente.

Chile Transparente ha estado en el centro de una lamentable polémica que poco ayuda al mejor desempeño de su función. Para un Chile transparente, por su parte, bueno sería evitar que el debate presupuestario se preste para polémicas en torno a los recursos necesarios para consolidar el buen funcionamiento del organismo al que la ley de transparencia le asignó la función de garantizar su cumplimiento.

Delincuencia: estamos perdiendo la batalla,

por Cristina Bitar.

La violación cometida contra una pequeña adolescente en La Reina ha dejado al descubierto, una vez más, las falencias de nuestro sistema de justicia y de nuestras políticas de seguridad ciudadana. Cada día que pasa, la sensación de inseguridad aumenta y nadie medianamente objetivo podría asegurar que estamos ganando la batalla contra el delito. Leer los reportajes y los testimonios de la familia resulta escalofriante y a ratos indignante.

El sistema de justicia es verdaderamente un aparato burocrático, en el peor sentido de la palabra. Todo se reduce a trámites, al cumplimiento de rituales, pero se ha perdido por completo el sentido de la gravedad de los delitos, del sufrimiento de las víctimas y de la obligación de los funcionarios públicos de reaccionar con la dedicación y prontitud que los hechos ameritan.

El relato de los padres de la niña violada da testimonio de un trato impersonal, frío y carente de todo sentido de la urgencia. Fines de semana en los que no pasa nada con las investigaciones, en los que el lugar donde ocurrió un delito grave puede cambiarse por terceros o por hechos de la naturaleza sin que a nadie le importe lo más mínimo, en que no hay nadie en las oficinas de los servicios encargados de la persecución criminal y sólo responden contestadoras con una grabación...

La percepción de los afectados es que el sistema no tiene ninguna disposición pro víctima, que investigar los delitos no es una prioridad urgente. Al final, la justicia termina siendo el resultado más o menos azaroso que se obtiene como consecuencia de la torpeza de delincuentes bastante limitados intelectualmente, de la presión y desesperación de las víctimas, y de lo que se consigue, más o menos a paso de tortuga, siguiendo protocolos de procedimientos lentos y con un grado importante de desidia.

Que una niña violada no pueda constatar sus lesiones en un centro médico privado, con una atención digna, es tan indignante como lo anterior. Se la obliga a concurrir a servicios públicos atestados de gente, con esperas en condiciones que son un nuevo atentado a su dignidad, y con una atención carente de toda especialización en la recuperación de la víctima de sus heridas sicológicas. Todo esto es tanto o más grave que la violación en sí misma, porque aquélla fue producto del actuar insano de un delincuente, pero esto último es el procedimiento al que el Estado somete a una persona inocente y que está en un especial momento de debilidad.

Si lo anterior no fuera suficiente, los padres se encuentran con el hecho de que su hija corre el riesgo de quedar embarazada producto de la violación y no existe en las farmacias, ni en los centros de atención de salud, la píldora del día después. Es muy respetable la posición de las personas que no están de acuerdo con la utilización de este fármaco y que estarían dispuestos a sobrellevar un embarazo en esas circunstancias. Pero ésa es una opción personal que no se puede imponer a los demás. Los padres de esta niña de 14 años, como cualquier otra persona en esta circunstancia, debieron tener la opción de prevenir un embarazo no deseado, accediendo fácilmente a la píldora. Este tipo de decisiones no puede imponerse por la fuerza.

Casos como éste nos recuerdan que el problema de la delincuencia se nos está escapando de las manos y nos permiten entender por qué está sucediendo eso. Hemos perdido el sentido de la urgencia y de la prioridad de la seguridad. Mucho debate y poca acción. Ese es el problema.

Columna de Gonzalo Rojas.

Si eres Guzmán, perdiste,

por Gonzalo Rojas

Lo comentaba un buen amigo pocos días atrás: "La política es para llenarse los bolsillos; y la justicia, para llenarse la boca".

Entre ambas realidades hay, eso sí, una importante diferencia: mientras la política sólo llena las billeteras de una parte significativa de quienes la cultivan, todo ciudadano puede realizar el baratísimo ejercicio de hacer gárgaras con las diversas dimensiones de la justicia.

Y si el caso se refiere a los derechos humanos o a crímenes políticos, la boca se hace agua.

Palabras y más palabras.

Sale una sentencia, la explican los abogados, la interpretan ciertos comunicadores, la comentan los ciudadanos de a pie en sus conversaciones, y así difunden su conformidad o rechazo con el contenido del fallo; poco después, esos mismos chilenos comunes y corrientes llenan una encuesta que apoya mayoritariamente una determinada postura judicial, ciertos comunicadores difunden ese sondeo, y los abogados ajustan sus posiciones, sabiendo que los jueces, por cierto, han leído también la encuesta. La justicia ha salido pura (supongamos) desde su sede original -el tribunal- y ha vuelto manchada (comprobamos) hasta su punto de origen.

Entonces, en la causa siguiente, esos mismos jueces ya habrán cambiado algo de parecer; y más adelante, otro poco; y un buen tiempo después, casi completamente...

Así se ha transitado: desde la aplicación de la amnistía y del rechazo de la ficción del secuestro permanente, a la derogación práctica de la amnistía y a la consolidación de la loca fantasía consistente en que unos desaparecidos están custodiados por unos detenidos que permanecen aislados en sus celdas. Eso, porque de los derechos humanos de los terroristas y guerrilleros se trata, y esa sacrosanta condición se impone por sí sola.

Y, en paralelo, justamente porque del crimen político de Jaime Guzmán se trata, se ha transitado desde la detención y procesamiento de unos implicados materiales o intelectuales, al relajamiento de las búsquedas de los prófugos, a permitir que se escapen los detenidos y, finalmente, a la decisión de que no existen indicios que permitan atribuir al eventual autor intelectual alguna participación en el asesinato del senador -delito al que, por lo demás, se declara prescrito.

¿El crimen de Jaime Guzmán quedará impune? Bueno, si ya algunos de los suyos no se desviven para que se haga justicia, no parece que vaya a haber otros empeñados en lograrla.

A esto hemos llegado. Retórica sobre la justicia, demagogia sobre la justicia y mentiras sobre la justicia: son las tres etapas por las que se ha deslizado buena parte del discurso público sobre este tema, emitido desde los poderes, amplificado por los instrumentos de comunicación y repetido con sensiblería por ciudadanos-masa. Todo, porque comentar los fallos es gratis y deja un buen sabor en el paladar.

Retórica, porque durante 20 años se ha escrito y hablado de la justicia con más elocuencia y fervor que lo que se ha pensado y escrito, por ejemplo, sobre familia o trabajo. Demagogia, porque han sobrado los inventos ideológicos para llevar adelante procesos inicuos pero disfrazados de sutileza. Y mentiras, porque se ha ocultado sistemáticamente parte importante de la verdad: hay querellantes y demandantes a quienes sólo les interesan la venganza y la retribución económica; hay abogados que buscan dividendos políticos con esas actuaciones, y hay jueces que desarrollan y consolidan sus carreras en ese contexto.

Y todos se llenan la boca con la justicia. Pero, con comportamientos tan injustos, no sería raro que esta sociedad termine intoxicada y haciendo arcadas.

Comentarios de lujo.....

Joven, ¿están buenos sus duraznos?,

por Jose Ramón Valente.

Siempre me ha parecido muy cómico cuando las personas le preguntan al mozo del restaurante en que están sentados si la comida esta buena. ¡Por supuesto! Es la respuesta del mozo en el cien por ciento de los casos. ¿Qué más podría decir? Pero a pesar de la obviedad, la gente sigue preguntando. Parece que a las personas les gusta que le refuercen sus propias elecciones, aunque racionalmente sepan que el valor de la respuesta que obtendrán de su pregunta es casi nulo, producto del grosero conflicto de intereses del entrevistado. Así las mujeres le preguntan al casero de la feria si están buenos sus duraznos y los hombres al vendedor de autos si el modelo que ellos eligieron es también del gusto del vendedor.

Este comportamiento es el mismo que observamos en muchos inversionistas. Desde los más modestos hasta los más empingorotados, le preguntan a las corredoras de bolsa si el mercado está atractivo para comprar acciones y a su ejecutivo bancario si es buena la tasa de su depósito a plazo. Para colmo, cuando los llaman para ofrecerles un fondo mutuo, le preguntan a la misma vendedora que los está llamando si será buena la inversión en ese fondo.

Luego, cuando las cosas andan mal, es decir cuando bajan las acciones, se desploma el fondo mutuo o la tasa de interés del depósito a plazo termina siendo muy baja, resulta que los analistas financieros o economistas (la gente no distingue mucho entre unos y otros) no le achuntan nunca.

Durante la primera mitad del año pasado, antes de la agudización de la crisis causada por la quiebra de Lehman Brothers, cuando el precio del petróleo rozaba los US$ 150 el barril y el cobre se empinaba casi hasta los US$ 4 la libra, muchos analistas de bancos de inversión insistían en la teoría del desacople y seguían recomendando comprar commodities, acciones chinas y monedas de mercados emergentes. Era lo único que estaba subiendo y lo único que los clientes estaban dispuestos y gustosos de escuchar.

Igual que en el caso del mozo y el vendedor de la feria, la información que entregaban dichas recomendaciones debió haber sido considerada como totalmente irrelevante por los inversionistas, pero no lo fue. Más aun, cuando los commodities y las bolsas y monedas de los países emergentes se desplomaron, siguiendo la misma suerte que los precios de los activos de los países desarrollados, los medios y los inversionistas se preguntaban cómo podían haber fallado tanto las recomendaciones de los especialistas.

De la misma manera que Ud. no le puede pedir una recomendación sobre qué remedio usar al médico jefe del laboratorio que lo produce, tampoco le puede pedir una recomendación de inversión a quien está interesado en venderle los instrumentos financieros que Ud. está analizando para comprar.

El que la recomendación del médico del laboratorio no resulte ser la más adecuada, no es razón para argumentar que todos los médicos son malos. Es simplemente el reflejo de su conflicto de intereses. Esto es exactamente lo que están intentando probar algunos medios y otros connotados columnistas internacionales respecto a los economistas y las predicciones, o mejor dicho la falta de éstas, durante y antes de la crisis económica.

No se trata de ser pitoniso y predecir el momento y la magnitud exacta de los acontecimientos. Nadie tiene una bola de cristal. Habida consideración de lo anterior, hubo muchos economistas y analistas que hicieron un buen trabajo, señalando los riesgos que se percibían en los mercados financieros y en la economía previos a la crisis. Pero ello no fue lo que los clientes querían escuchar, ni lo que la prensa quería destacar. De ahí la impresión generalizada de que el diagnóstico y las predicciones previos a la crisis fueron errados. A raíz de esta percepción, hoy somos testigos de una absurda polémica que pone en entredicho a todos los economistas e incluso a la ciencia económica misma.

Como en todas las profesiones, hay buenos y malos economistas y buenos y malos analistas financieros.

La próxima vez que le pregunte a su marido “¿cómo me veo?”, antes de salir a una fiesta con un vestido o un peinado que luego no resulta ser del gusto de sus amigas, por favor no elabore una teoría respecto a que todos los hombres son mentirosos o tienen mal gusto.

¿Campaña sin descalificaciones?,

por Eugenio Guzmán (*)

El deseo de evitar las críticas y las descalificaciones en la próxima campaña electoral obedece a un objetivo noble, propio de un Te Deum, y nos recuerda esos dichos en los juegos infantiles de “no pegar fuerte”. No obstante, a riesgo de aparecer en una posición aliada del cinismo, la verdad es que es también pedirle peras al olmo. Hay que entender que se trata de competencia electoral y no de una celebración de cumpleaños. Más aun: si una campaña política no tuviera componentes de disputa y debate (de todo tipo), de crítica y descalificación (señalar que el oponente no tiene las condiciones para ser Presidente), no sólo sería extraño sino hasta poco deseable y sospechoso.

¿Significa esto que las campañas electorales no tienen límites? La verdad es que sí los tienen y están dados por el escrutinio ciudadano; vale decir, no toda crítica resulta aceptable y en esto la cultura y experiencia de cada sociedad parecen claves. A veces, las críticas pueden parecer ingenuas, incluso “sin intención”, como el recordarle a un candidato lo que declaró en una antigua entrevista —el caso de un reciente twitteo—; sin embargo, lo importante es cuándo y en qué contexto se dicen. De allí que la gravedad de una crítica radique más bien en lo aguda que resulte para el criticado. En tal sentido, casi cualquier declaración de un candidato puede ser entendida como descalificación.

De igual modo, si aludiendo a consideraciones protocolares no se invita a dos candidatos presidenciales a la Parada Militar, no puede esperarse que éstos, sin más, señalen que “hay que respetar el protocolo”. Se trata de individuos que, nada menos, cumplen con ciertos requisitos legales para tener dicho carácter de postulantes y es absurdo no invitarlos.

Pero eso no es todo. La actual campaña es además parlamentaria y en tal sentido es obvio que se presta para toda suerte de descalificaciones, particularmente en tres casos. Primero, los candidatos que van a la reelección pero que no consiguieron ser ratificados por sus partidos o al menos no se les protegió electoralmente, lo que en algunos casos se tradujo en que compitieran fuera del pacto. Segundo, distritos donde un bloque haya doblado al otro. Y tercero, aquellos candidatos débiles de un pacto, que no les queda más que el “retiro glorioso”, pero que en esa tarea su única labor será la de hacer el máximo daño posible a costa de su compañero de lista. En todos estos casos es evidente que la descalificación será poco evitable: todas las cosas están dadas para ello.

Por otra parte —y tal vez lo más importante, tratándose de una elección donde una coalición puede perder el gobierno después de 20 años—, es obvio que se harán todos los esfuerzos posibles para evitar la derrota. ¿Qué más puede significar la invitación del candidato DC, Eduardo Frei, a los ministros de Estado al debate? Eso, por mencionar lo más ingenuo. Asimismo, las presiones a la Presidenta para que intervenga en la campaña simplemente no pueden dejar paralizada la crítica de parte de la oposición de ocurrir esto.

Adicionalmente, “hacer campaña sin descalificaciones” es un muy buen slogan, una muy buena estrategia de campaña, desde el momento que permite culpar al resto de este tipo de conductas, o incluso una forma de exculparse cuando se hacen críticas, señalando que éstas son respuestas a los ataques recibidos.

Ahora bien: en todo este contexto, ¿qué podríamos esperar del próximo debate? Aparentemente, siguiendo esta lógica, mucho nivel de conflicto. No obstante, no tiene por qué necesariamente ser así. La razón es muy sencilla: hay momentos y circunstancias para el ataque, y éste no necesariamente lo es. Nadie espera una batalla campal, sino capacidad para interpelar al público, el que, sabemos, conforme pasan los minutos comienza a migrar a otras actividades y canales.

(*) Decano, Facultad de Gobierno-UDD.

Ley del Cobre y TV digital, dos temas candentes....

Cambio de la Ley del Cobre,

por Guillermo Pattillo y Tomás Duval.

(Comisión de Defensa, Instituto Libertad)

Ayer ingresó a la Cámara el proyecto para derogar la Ley Reservada del Cobre. La ley Nº 13.196 fue promulgada en 1958 con el objeto de asegurar a las FF.AA. una fuente de financiamiento de su equipamiento bélico no sujeta a los vaivenes de la política local. Los incidentes ese año en el Islote Snipe las habían encontrado en una muy pobre condición de equipamiento, por lo que se decidió gravar con un impuesto de 15% las utilidades de la gran minería del cobre y destinar eso a la compra de sistemas de armas. Esta ley fue modificada a fines de 1973 y a mediados de los 80.

Como demuestra la teoría de las decisiones colectivas, incluso en contextos simplificados, no existe razón para esperar que las decisiones que derivan del juego democrático generen los bienes públicos en la cuantía socialmente adecuada. Si agregamos problemas de información, racionalidad limitada, sesgos ideológicos, los resultados pueden ser muy ineficientes. En el ámbito de la defensa, la subinversión puede ser aun más significativa, dado que los bienes que genera son de difícil cuantificación. No obstante, en un Estado moderno, ¿es válido algo como la Ley del Cobre? No, por varias razones. Una, es que desconecta el flujo de financiamiento de lo que se pretende lograr con los recursos. Es evidente que el ingreso que genera esta ley cada año no tiene relación alguna con las necesidades de la defensa nacional, así como tampoco el que los fondos deban repartirse en partes iguales a las tres instituciones. Adicionalmente, separar el presupuesto de inversión de los fondos para operación (incluidos en el presupuesto fiscal anual) potencialmente origina descoordinaciones.

En el proyecto de ley los fondos son provistos en el presupuesto general de la nación sobre la base de una planificación cuatrienal inserta en planes generales a 12 años. Asimismo, se crearía un Fondo de Contingencia para usos excepcionales. La línea general es correcta, pero no su oportunidad. Pasar a financiar el equipamiento de las FF.AA. vía presupuesto, lo que hacen todos los países desarrollados, implica mucho más que cambiar la fuente de recursos: significa generar un proceso de tecnificación del sistema decisional en el Ministerio de Defensa que no ha existido en Chile y para lo cual su orgánica actual no está preparada. Sólo hacer este cambio, sin otros desarrollos previos, implicaría un deterioro significativo de la calidad de las decisiones y abre la puerta a su potencial politización. El análisis de opciones a la Ley del Cobre no puede mirarse aisladamente, sino como parte de un sistema institucional. El primer paso es la implementación del nuevo ministerio. Por esto, si la Concertación no quiso o no pudo poner este tema en la agenda antes, no es ahora, al concluir su tiempo en el gobierno, el momento de intentar aprobarlo

TV digital: Verdades a medias,

por Jorge Jaraquemada.

(Fundación Jaime Guzmán)

Se ha decidido, por fin, la norma técnica para la televisión digital, primer paso para iniciar la transición desde el formato analógico actual. Celebrando la decisión, se han escuchado diversas afirmaciones. Dos de ellas generan enormes expectativas, pero, a nuestro juicio, constituyen sólo verdades a medias.

Primero, se ha sostenido que la TV digital permitirá que los telespectadores reciban una imagen de calidad muchísimo mayor a la que actualmente ven. Ello es cierto, pero sólo en parte. Las imágenes serán efectivamente de una calidad muy superior sólo cuando los canales transmitan en alta definición, pero sólo serán levemente mejores a lo que hoy puede verse cuando lo hagan en el estándar digital normal. En efecto, televisión digital no implica necesariamente alta definición. Y está por verse si los canales se aventuran, en una decisión que podría ser temeraria, a transmitir permanentemente en alta definición. Lo razonable sería esperar que la reserven para cuando emitan grandes eventos, como deportes y conciertos en vivo, pero probablemente su programación cotidiana no será transmitida así. Por ende, la superioridad de la imagen en alta definición sólo se disfrutará en grandes ocasiones.

Segundo, se ha dicho que la televisión digital es «el cable de los pobres», queriendo significar que brindará a todos los telespectadores, sin diferencias socioeconómicas, una enorme ampliación de la oferta televisiva, junto a una mayor diversidad y calidad de sus contenidos. Nuevamente, una verdad a medias. Es muy probable que haya más señales y nuevos actores. Sería óptimo que así fuera, pero no necesariamente redundará en más diversidad o mejor calidad de contenidos. Por otra parte, la regulación que se discute en el Congreso no obliga a los canales a utilizar todo el ancho del espectro para emitir contenidos televisivos. Pueden hacerlo, pero no están obligados. Y es más probable que el espacio que se libera con ocasión de la TV digital sea destinado a servicios distintos a la televisión, por razones económicas. De hecho, la idea de que los actuales canales agreguen, a su señal generalista, nuevas señales especializadas —cultura, noticias, deportes o programación infantil— parece bastante utópica y difícil de sostener financieramente debido a la fragmentación de las audiencias, la limitada inversión publicitaria y la competencia con la televisión por cable.

En suma, es una posibilidad cierta —y deseable— que la televisión digital nos traiga imágenes más nítidas y reales, y una nueva oferta de contenidos más diversos y de mayor calidad, pero no necesariamente será así, y es mejor aclararlo ahora, que luego cargar con la frustración de las audiencias ante expectativas insatisfechas.

Los septiembre del siglo XX (II).

Gonzalo Vial

La semana pasada hacía ver cómo, en el siglo XX, el mes de septiembre anotaba muchas efemérides históricamente importantes para Chile. Pero que dos de ellas habían hecho perder el recuerdo, prácticamente, de las anteriores: el 4 de septiembre de 1970 (elección popular de Salvador Allende) y el 11 de septiembre de 1973 (golpe militar).

Sin embargo, observaba, estas dos fechas septembrinas eran imposibles de entender sin los 4 de septiembre anteriores al de 1970: los de 1946 (elección popular de Gabriel González Videla), 1952 (elección popular de Carlos Ibáñez), 1958 (elección popular de Jorge Alessandri) y 1964 (elección de Eduardo Frei Montalva).

Y si no entendemos las efemérides de 1970 y 1973, ¿para qué nos sirve recordarlas?

Hace poco, un lector escribía a El Mercurio que, en su concepto, ambos aniversarios eran igualmente “lamentables”. Opinión digna de respeto, pero que necesita una explicación; no puede emitirse ni aceptarse como dogma.

Y ninguna explicación, creo, funciona si no considera los 4 de septiembre anteriores al de 1970, desde 1946. Pues ellos:

1. Marcaron el comienzo y desarrollo de una prolongada y honda crisis nacional.

2. Marcaron, desde 1952 y hasta 1970, el inicio de cuatro esfuerzos serios, y totalmente diversos entre sí, para solucionar dicha crisis. Esfuerzos bien intencionados, de grupos y personas de prestigio y experiencia... y que todos fracasaron. La crisis siguió y se ahondó.

Así, el año 1952, depositamos nuestra esperanza en el que debiera haber sido un gobierno autoritario, incorruptible, austero, realizador, por encima de grupos, intereses y partidos, a cargo de un hombre, Ibáñez, que había tenido todos esos caracteres un cuarto de siglo atrás

El año 1958 confiamos en quien poseía un currículo sin paralelo, a la vez, en la vida pública y en la de empresas y negocios particulares. Un ciudadano excepcional por su intelecto, independencia, preparación, espíritu de servicio público, sobriedad, desinterés, y que reunió alrededor suyo un equipo de nivel pocas veces visto. Un hombre que rechazaba las teorías y las ideologías, práctico por antonomasia... un «gerente» (Jorge Alessandri).

El año 1964 fue el caso más notable y sorpresivo... el de Eduardo Frei Montalva y la Democracia Cristiana.

Rara vez se habían reunido tantas cartas de triunfo para resolver la crisis. Resumamos:

A. Un triunfo presidencial por mayoría absoluta, que no necesitaba, consiguientemente, «arreglarse» con nadie en el Congreso Pleno (primera vez desde 1942).

B. Un partido de gobierno que casi juntaba la mayoría absoluta de los votos populares, y poseía el control de la Cámara de Diputados y una fuerte dotación de senadores y de representantes sociales (v.gr. en los sindicatos), y que manejaba TODAS las federaciones universitarias.

C. Un partido con el mismo equipo rector (Frei a la cabeza) durante treinta años, tiempo en el cual había mostrado fuste político, amistad, solidaridad, y notable coherencia de pensamiento y propósitos.

D. Posible alianza con el Partido Radical, y con una derecha derrotada y sumisa, que había apoyado la candidatura Frei sin condiciones, y estaba dispuesta a seguirlo planteando sólo mínimas exigencias.

E. El apoyo discreto pero total de la Iglesia Católica.

F. El apoyo abierto de los EE.UU., para quienes el nuevo gobierno de Chile era la única alternativa aceptable y realista a la revolución cubana.

G. Un aparentemente inagotable río de recursos: precios del cobre similares (en valor real) a los de hoy, antes de la crisis, y aumentada considerablemente la cantidad y la calidad de la producción del metal rojo; impuestos internos vigorosamente incrementados; todo el respaldo crediticio de los Estados Unidos, a través de la banca exterior, que influenciaban, y de la Alianza para el Progreso.

H. Apoyo de grupos empresariales y profesionales de selección, ansiosos y capaces de modernizar nuestra economía e instituciones. No es muy sabido, por ejemplo, pero muchos de los economistas doctorados en universidades yankis que luego implantarían el «modelo» del régimen militar sirvieron antes bajo Frei.

I. Por último, un Presidente respetado, de altas dotes, culto y apto para gobernar en un nivel superior, serio, de prestigio interno e internacional: un verdadero estadista.

Sin embargo, todos estos elementos positivos y promisorios, que parecían invencibles, fracasaron. Fracasaron Frei y la Democracia Cristiana en solucionar la crisis, como anteriormente Ibáñez y el ibañismo, y Alessandri y la derecha. Quienes el ’64 se proclamaran “la única alternativa al marxismo-leninismo”, entregaron a éste el poder en 1970.

No se trata de acusaciones personales ni políticas, sino de la simple comprobación de un hecho.

Y aquellos tres fracasos nada serían comparados a la fulminante, irremediable catástrofe de la salida marxista-leninista a la crisis, los años 1970-1973... el wagneriano colapso de la «revolución con olor a empanadas y vino tinto», que acarreó el golpe militar.

Quizás la solución marxista-leninista fuera viable, pero no lo demostró, como ninguna de las anteriores. Quizás hubiera OTRAS salidas, amén del golpe, pero ninguna se propuso, ni menos se impuso. Quizás el gobierno militar fuera peor que sus antecesores... pero no radica ahí el problema, sino en que éstos no pudieron subsistir, sin ninguna presión de las Fuerzas Armadas. La verdad: entre el ’70 y el ’73 se produjo —finalmente— la ingobernabilidad de Chile que se anunciaba desde 1952, o aun desde antes; los civiles no pudieron superarla, y los militares recogieron el poder de la calle, porque nadie podía hacerlo sino ellos.

Esto, cuando no permitían escapatoria distinta, ni la parálisis económica e inflación desbocada; ni el incendio de violencia y armamento clandestino; ni el desatado desorden público; ni la polarización de odios en marcha hacia la guerra civil; ni la amenaza de dividirse las propias Fuerzas Armadas; ni el peligro cierto de agresión exterior, agudizado por las tristes circunstancias que preceden.

Hacemos trampas en el solitario si olvidamos la crisis de los ’40 y los ’50, y los 4 de septiembre del ’46, el ’52, el ’58 y el ’64, al intentar explicarnos el 4 de septiembre de 1970 y el 11 de septiembre de 1973. Es legítimo que queramos superar nuestros errores, pero no que pretendamos borrarlos de la memoria o, peor todavía, esconderlos.

Esoterismo: deportes y política.

Nueve del nueve del nueve a las nueve.

Los esotéricos deben estar meditabundos y quizás consternados ante la confluencia numérica: Chile ha sido programado para jugar contra Brasil el nueve del nueve del nueve a las nueveŠ y en Brasil, no juega el nueve.

Y entre los esotéricos no sólo hay que considerar ahora a unos pocos gurús de esos que cobran en millones por decirle a la gente banalidades tales como "en su vida confluyen múltiples factores, algunos de los cuales usted no alcanza a controlar", sino también a un candidato presidencial y a importantes miembros de su comando, postulantes menores incluidos.

¿Qué hacía Frei invocando buenas vibras y energías cósmicas junto a Schilling y a otros personeres de la Concertación?

¿Se cree el cuento de las fuerzas ocultas o simplemente no tuvo voluntad para pararse y decir: perdonen, yo rezo así: "Padre nuestro que estás en los cielos"

Por una u otra razón, lo suyo ha sido una vez más una claudicación; con tal de acercarse a cuarentonas desilusionadas de sí mismas y a ex hippies dedicados ahora al New Age, el candidato de la democracia cristiana cierra los ojos, pone sus palmas en actitud receptiva y espera una lluvia de energías provenientes de Gaia. O sea, es de otro mundo. Pero es que son votos, viste.

Supongamos que el nueve del nueve del nueve a las nueve, Frei estará conectado con los astros, rogándoles los sufragios suficientes para que uno de sus primeros viajes como Presidente pueda ser a Sudáfrica 2010.

Gonzalo Rojas Sánchez

Efemérides septembrinas del siglo XX, por Gonzalo Vial.

(Gonzalo Vial)

Estos aniversarios tienen mala suerte, pues suelen ocasionar repentinos y convenientes ataques de amnesia, que ayudan a olvidar errores cometidos.

En el mundo internacional, por ejemplo, el 3 de septiembre de 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial, tras la invasión, el 1 de ese mes, de Polonia por la Alemania de Hitler .

Acto brutal de fuerza injusta y desnuda, se había hecho posible por el pacto de «no agresión» soviético-alemán o Pacto Ribbentrop-Molotov, de 23 de agosto de 1939.

Al cumplirse setenta años de este documento, y de la violación de Polonia, la Rusia de hoy —que bien podría desvincularse plenamente del Pacto— ha preferido (quizás por qué motivo de su política exterior) salir a defenderlo, con razones tan pobres como retorcidas.

Parece que estuviera en juego el honor ruso y alemán, y no el «honor» de las respectivas camarillas de José Stalin y Adolfo Hitler.

Entre los que tocan esta música dudosa han figurado el Presidente Putin y el embajador de Rusia en Chile (El Mercurio, 31 de agosto). El argumento común ha sido que el Pacto fue para la URSS una “alternativa forzada” en orden a impedir o retrasar la agresión nazi contra el Soviet, en vista de que Occidente (Francia y Gran Bretaña) rechazaron, de modo paralelo, aliarse con los soviéticos para contener a Hitler.

Incluso, en esta versión suele aparecer Polonia —la agredida— como participando en la conspiración antisoviética de Occidente... el caso exacto del lobo de la fábula, que reprochaba al cordero, que bebía arroyo abajo, enturbiarle el agua...

Desgraciadamente, la novísima versión del pacto nazi-soviético tropieza, en su verosimilitud, con tres obstáculos irremontables:

-Un protocolo secreto del Pacto, preconvenía la división de Polonia entre Alemania y la URSS.

-Esta división se materializó a partir del 17 de septiembre, con la invasión de Polonia por el ejército soviético.

-El 28 de septiembre de 1939, Von Ribbentrop y Molotov firmaron un protocolo estableciendo formalmente el límite entre la Alemania ex Polonia y la URRS ex Polonia. La segunda sería la mitad aproximada del total, y fue repartida entre las repúblicas soviéticas de Ucrania, Bielorrusia y Lituania. Hubo deportaciones masivas de polacos a las desoladas profundidades de la URSS. En abril de 1940, ésta perpetró una matanza genocida de oficiales polacos (14.000, dice una fuente; 6.000, otra), enterrados en el bosque de Katyn.

Hasta aquí lo esencial de la “alternativa forzada” que los pobrecitos soviéticos se vieron obligados a adoptar contra los abusadores polacos, en menos de un año, 1939/1940.

Septiembres chilenos

Si los chilenos recuerdan algunos septiembres históricos, son el día 4 de ese mes, año 1970 —elección popular de Salvador Allende como Presidente— y el día 11 de mismo, 1973... el golpe militar.

Todos los importantes 4 de septiembre anteriores a éstos (y son también cuatro, los años 1946, 1952, 1958 y 1964) han sido olvidados.

De tal modo, hemos hecho un acto de magia con nuestro pasado. La elección de Allende y su derrocamiento no tendrían antecedentes previos. En particular, el golpe parecería el capricho de unos pocos militares ambiciosos y desaprensivos.

Conviene, entonces, un pequeño recordatorio de los primeros cuatro septiembres presidenciales del siglo XX, antecesores del único que vive en la memoria común: el de 1970.

1. El 4 de septiembre de 1946 fue elegido jefe del Estado Gabriel González Videla, senador radical, con el apoyo comunista. No obtuvo mayoría absoluta, pero se la dio el Congreso Pleno por el apoyo de los liberales, uno de los dos grandes partidos de derecha.

Al año siguiente, comenzó la violentísima ruptura entre don Gabriel y el PC. No es el caso analizar sus por qué, pero sí que registremos su consecuencia: se rompió la combinación partidista/parlamentaria de centroizquierda, mayoritaria, con hegemonía radical, compuesta por dicha colectividad, socialistas y comunistas. Desde 1938 había gobernado Chile con los defectos y errores propios de lo humano, pero dándole estabilidad y progreso.

A partir de la ruptura de la centroizquierda, no tendrá el país mayoría de gobierno operante en política —votos, parlamentarios y organizaciones sociales— y los gobiernos sucesivos serán, en el hecho, de índole invariablemente minoritaria.

2. El 4 de septiembre de 1952 fue elegido Presidente Carlos Ibáñez del Campo, casi sin apoyo de partidos, y mediando una votación inmensa... pero no la mayoría absoluta, no la mitad más uno de los votos. Sin embargo, a nadie en el Congreso Pleno se le pasó por la mente siquiera intentar detenerlo.

El triunfo de Ibáñez era una solemne y aplastante condena de los votantes al sistema político que nos regulaba, y especialmente a los partidos, a su liviandad, falta de doctrinas y de principios, «peguismo», corrupción y maniatamiento que habían hecho del Supremo Mandatario. Hoy nos cabe discutir que fuera un régimen tan condenable, pero no cabe duda —y esto fue lo importante— que el electorado LO CREYO ASI, y creencia semejante desprestigió al sistema democrático, fuese o no verdadera.

El ibañismo se desintegró con el fracaso personal de su jefe, pero el antipartidismo quedó vigente.

3. El 4 de septiembre de 1958, fue elegido jefe del Estado Jorge Alessandri, independiente de derecha, cerrado y constante crítico de los partidos. El gobierno, manifestaba, debía ser técnico y eficaz, ajeno a motivaciones políticas e ideológicas... un «gobierno de gerentes».

Tampoco Alessandri obtuvo la mayoría absoluta, ganó en el Comgreso Pleno gracias al Partido Radical. Debió llamarlo al gobierno en 1961, cuando las parlamentarias generales de ese año dejaron a la derecha sin el tercio de cada Cámara, con el cual don Jorge había impuesto a ambas sus criterios fundamentales, utilizando el veto.

Los últimos tres años, la relación Alessandri /PR fue de amor/odio. No podía gobernar con el radicalismo... ni sin él.

Terminó don Jorge su mandato gozando de una envidiable popularidad personal, pero que —paradójicamente— no pudo traspasar a los partidos que lo apoyaban, porque la esencia de esa popularidad era el descarnado antipartidismo del Mandatario.

4. El 4 de septiembre de 1964 fue elegido Presidente de la República —CON MAYORIA ABSOLUTA (la primera vez desde 1942)— Eduardo Frei Montalva.

Sin entender este cuarto y penúltimo 4 de septiembre, no podemos entender el quinto y último —el de Allende— ni el golpe militar... este último se hace incomprensible. El lapso 1964/1973, sin embargo, nos exige una columna completa.

Pero ya se va viendo la importancia de los 4 de septiembre del siglo pasado.