Presupuesto para un Chile transparente,
por Alejandro Ferreiro.
Chile Transparente, el capítulo chileno de Transparencia Internacional, ha sido afectado por la polémica suscitada a consecuencia de un informe de su autoría acerca de la transparencia en el sector privado en Chile. Dicho informe, no revisado por los directores previo a su envío a Berlín, mencionaba compras de acciones realizadas por el candidato Piñera en conocimiento de los estados financieros de la empresa de que era director y antes de que tal información fuera conocida por el resto del mercado.
Dado que la SVS no enmarcó esa conducta bajo la figura de “uso indebido de información privilegiada”, la que tiene carácter de delito, y sí lo hizo en la menos conocida de “infracción al deber de abstención”, que sólo conlleva responsabilidad administrativa, tienen razón aquellos que exigen más precisión en los términos. Con todo, también la tienen quienes señalan que el asunto es más político que jurídico, y que en definitiva, se trata de evaluar si esa conducta —más allá de cómo se la bautice– es consistente con los altos estándares éticos que los ciudadanos tienen derecho a exigir a quienes aspiren a gobernarlos.
Bueno sería que ChileTransparente, organismo que fue determinante en la promoción e impulso de la actual ley de transparencia y acceso a la información, logre superar pronto y bien esta dificultad. No debiera el fragor de la lucha política electoral generar víctimas en el campo de quienes luchan por una sociedad más proba y transparente, especialmente porque el esfuerzo de consolidar estas virtudes cívicas no es lineal ni está garantizado. Y para evitar retrocesos, entidades como Chile Transparente son imprescindibles.
Son varios los ejemplos internacionales en que luego del debut de leyes de transparencia exigentes para la Administración, y en la medida en que se hacen evidentes las “incomodidades” que suele generar la transparencia cuando se la aplica en serio, surgen tendencias de contrarreforma o involución. La transparencia, que siempre se aprecia cuando obliga a terceros, comienza a verse como amenaza cuando exige transparentar lo propio.
Fue México el primer país de América Latina que aprobó, bajo el gobierno de Vicente Fox, una legislación sólida y avanzada en materia de acceso a la información. En México, al igual que en Chile, existe un órgano garante de la transparencia dotado de autonomía. Sin embargo, y al igual que en Chile, dicha autonomía no alcanza al plano presupuestario. Y no puede ser, quizás, de otra manera. El presupuesto del Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI, en México, como también el del Consejo para la Transparencia, es parte, como todo gasto público, de la ley de presupuestos que prepara el Gobierno, principal obligado por la ley de transparencia.
Hace algunos años, y en protesta por el bajo presupuesto asignado en el proyecto de ley de presupuestos para cumplir su labor, el pleno del IFAI convocó a los periodistas y presentó, frente a las cámaras, la renuncia de todos sus integrantes. A las pocas horas, el asunto se solucionó y el IFAI obtuvo los recursos que lo han ayudado a transformarse hoy en el organismo público mexicano con mayor credibilidad ante la ciudadanía.
Se viene a la memoria esta historia a pocos días de conocerse el proyecto de ley de presupuesto preparado por el gobierno y los recursos que este contemplará para el funcionamiento del Consejo para la Transparencia. Si bien nada hace pensar en un presupuesto restrictivo, especialmente tratándose de su confección por el gobierno que impulsó la nueva institucionalidad, la importancia de ese presupuesto es crucial. Será la primera vez que el Parlamento discuta el presupuesto necesario para consolidar una institucionalidad que promueva y defienda el derecho de acceso a la información pública y la transparencia en los organismos estatales.
El debate presupuestario estará sazonado por las opiniones que cada quien tenga de las primeras resoluciones del Consejo. Y, desde luego, las habrá también críticas. Con frecuencia, el Consejo resuelve a favor de la transparencia solicitudes que los órganos del Estado inicialmente negaron. Y eso, por cierto, incomoda a quienes, en ausencia de ley y Consejo, habrían podido mantener la reserva de lo que ahora se abre. Algunos, incluso, probablemente ya piensan que la transparencia ha ido demasiado lejos y que amenaza el buen funcionamiento de los organismos públicos.
El debate es saludable, especialmente tratándose de un cambio legal, institucional y cultural de gran envergadura. Además, las decisiones del Consejo, adoptadas casi siempre por la unanimidad de sus integrantes, pueden ser revisadas por las Cortes de Apelaciones. Lo que no cabe revisar es la importancia de la autonomía sustantiva del Consejo y la necesidad de favorecer su consolidación en la institucionalidad chilena mediante un presupuesto suficiente.
Chile Transparente ha estado en el centro de una lamentable polémica que poco ayuda al mejor desempeño de su función. Para un Chile transparente, por su parte, bueno sería evitar que el debate presupuestario se preste para polémicas en torno a los recursos necesarios para consolidar el buen funcionamiento del organismo al que la ley de transparencia le asignó la función de garantizar su cumplimiento.
Delincuencia: estamos perdiendo la batalla,
por Cristina Bitar.
La violación cometida contra una pequeña adolescente en La Reina ha dejado al descubierto, una vez más, las falencias de nuestro sistema de justicia y de nuestras políticas de seguridad ciudadana. Cada día que pasa, la sensación de inseguridad aumenta y nadie medianamente objetivo podría asegurar que estamos ganando la batalla contra el delito. Leer los reportajes y los testimonios de la familia resulta escalofriante y a ratos indignante.
El sistema de justicia es verdaderamente un aparato burocrático, en el peor sentido de la palabra. Todo se reduce a trámites, al cumplimiento de rituales, pero se ha perdido por completo el sentido de la gravedad de los delitos, del sufrimiento de las víctimas y de la obligación de los funcionarios públicos de reaccionar con la dedicación y prontitud que los hechos ameritan.
El relato de los padres de la niña violada da testimonio de un trato impersonal, frío y carente de todo sentido de la urgencia. Fines de semana en los que no pasa nada con las investigaciones, en los que el lugar donde ocurrió un delito grave puede cambiarse por terceros o por hechos de la naturaleza sin que a nadie le importe lo más mínimo, en que no hay nadie en las oficinas de los servicios encargados de la persecución criminal y sólo responden contestadoras con una grabación...
La percepción de los afectados es que el sistema no tiene ninguna disposición pro víctima, que investigar los delitos no es una prioridad urgente. Al final, la justicia termina siendo el resultado más o menos azaroso que se obtiene como consecuencia de la torpeza de delincuentes bastante limitados intelectualmente, de la presión y desesperación de las víctimas, y de lo que se consigue, más o menos a paso de tortuga, siguiendo protocolos de procedimientos lentos y con un grado importante de desidia.
Que una niña violada no pueda constatar sus lesiones en un centro médico privado, con una atención digna, es tan indignante como lo anterior. Se la obliga a concurrir a servicios públicos atestados de gente, con esperas en condiciones que son un nuevo atentado a su dignidad, y con una atención carente de toda especialización en la recuperación de la víctima de sus heridas sicológicas. Todo esto es tanto o más grave que la violación en sí misma, porque aquélla fue producto del actuar insano de un delincuente, pero esto último es el procedimiento al que el Estado somete a una persona inocente y que está en un especial momento de debilidad.
Si lo anterior no fuera suficiente, los padres se encuentran con el hecho de que su hija corre el riesgo de quedar embarazada producto de la violación y no existe en las farmacias, ni en los centros de atención de salud, la píldora del día después. Es muy respetable la posición de las personas que no están de acuerdo con la utilización de este fármaco y que estarían dispuestos a sobrellevar un embarazo en esas circunstancias. Pero ésa es una opción personal que no se puede imponer a los demás. Los padres de esta niña de 14 años, como cualquier otra persona en esta circunstancia, debieron tener la opción de prevenir un embarazo no deseado, accediendo fácilmente a la píldora. Este tipo de decisiones no puede imponerse por la fuerza.
Casos como éste nos recuerdan que el problema de la delincuencia se nos está escapando de las manos y nos permiten entender por qué está sucediendo eso. Hemos perdido el sentido de la urgencia y de la prioridad de la seguridad. Mucho debate y poca acción. Ese es el problema.
