Cambio de la Ley del Cobre,
por Guillermo Pattillo y Tomás Duval.
(Comisión de Defensa, Instituto Libertad)
Ayer ingresó a la Cámara el proyecto para derogar la Ley Reservada del Cobre. La ley Nº 13.196 fue promulgada en 1958 con el objeto de asegurar a las FF.AA. una fuente de financiamiento de su equipamiento bélico no sujeta a los vaivenes de la política local. Los incidentes ese año en el Islote Snipe las habían encontrado en una muy pobre condición de equipamiento, por lo que se decidió gravar con un impuesto de 15% las utilidades de la gran minería del cobre y destinar eso a la compra de sistemas de armas. Esta ley fue modificada a fines de 1973 y a mediados de los 80.
Como demuestra la teoría de las decisiones colectivas, incluso en contextos simplificados, no existe razón para esperar que las decisiones que derivan del juego democrático generen los bienes públicos en la cuantía socialmente adecuada. Si agregamos problemas de información, racionalidad limitada, sesgos ideológicos, los resultados pueden ser muy ineficientes. En el ámbito de la defensa, la subinversión puede ser aun más significativa, dado que los bienes que genera son de difícil cuantificación. No obstante, en un Estado moderno, ¿es válido algo como la Ley del Cobre? No, por varias razones. Una, es que desconecta el flujo de financiamiento de lo que se pretende lograr con los recursos. Es evidente que el ingreso que genera esta ley cada año no tiene relación alguna con las necesidades de la defensa nacional, así como tampoco el que los fondos deban repartirse en partes iguales a las tres instituciones. Adicionalmente, separar el presupuesto de inversión de los fondos para operación (incluidos en el presupuesto fiscal anual) potencialmente origina descoordinaciones.
En el proyecto de ley los fondos son provistos en el presupuesto general de la nación sobre la base de una planificación cuatrienal inserta en planes generales a 12 años. Asimismo, se crearía un Fondo de Contingencia para usos excepcionales. La línea general es correcta, pero no su oportunidad. Pasar a financiar el equipamiento de las FF.AA. vía presupuesto, lo que hacen todos los países desarrollados, implica mucho más que cambiar la fuente de recursos: significa generar un proceso de tecnificación del sistema decisional en el Ministerio de Defensa que no ha existido en Chile y para lo cual su orgánica actual no está preparada. Sólo hacer este cambio, sin otros desarrollos previos, implicaría un deterioro significativo de la calidad de las decisiones y abre la puerta a su potencial politización. El análisis de opciones a la Ley del Cobre no puede mirarse aisladamente, sino como parte de un sistema institucional. El primer paso es la implementación del nuevo ministerio. Por esto, si la Concertación no quiso o no pudo poner este tema en la agenda antes, no es ahora, al concluir su tiempo en el gobierno, el momento de intentar aprobarlo
TV digital: Verdades a medias,
por Jorge Jaraquemada.
(Fundación Jaime Guzmán)
Se ha decidido, por fin, la norma técnica para la televisión digital, primer paso para iniciar la transición desde el formato analógico actual. Celebrando la decisión, se han escuchado diversas afirmaciones. Dos de ellas generan enormes expectativas, pero, a nuestro juicio, constituyen sólo verdades a medias.
Primero, se ha sostenido que la TV digital permitirá que los telespectadores reciban una imagen de calidad muchísimo mayor a la que actualmente ven. Ello es cierto, pero sólo en parte. Las imágenes serán efectivamente de una calidad muy superior sólo cuando los canales transmitan en alta definición, pero sólo serán levemente mejores a lo que hoy puede verse cuando lo hagan en el estándar digital normal. En efecto, televisión digital no implica necesariamente alta definición. Y está por verse si los canales se aventuran, en una decisión que podría ser temeraria, a transmitir permanentemente en alta definición. Lo razonable sería esperar que la reserven para cuando emitan grandes eventos, como deportes y conciertos en vivo, pero probablemente su programación cotidiana no será transmitida así. Por ende, la superioridad de la imagen en alta definición sólo se disfrutará en grandes ocasiones.
Segundo, se ha dicho que la televisión digital es «el cable de los pobres», queriendo significar que brindará a todos los telespectadores, sin diferencias socioeconómicas, una enorme ampliación de la oferta televisiva, junto a una mayor diversidad y calidad de sus contenidos. Nuevamente, una verdad a medias. Es muy probable que haya más señales y nuevos actores. Sería óptimo que así fuera, pero no necesariamente redundará en más diversidad o mejor calidad de contenidos. Por otra parte, la regulación que se discute en el Congreso no obliga a los canales a utilizar todo el ancho del espectro para emitir contenidos televisivos. Pueden hacerlo, pero no están obligados. Y es más probable que el espacio que se libera con ocasión de la TV digital sea destinado a servicios distintos a la televisión, por razones económicas. De hecho, la idea de que los actuales canales agreguen, a su señal generalista, nuevas señales especializadas —cultura, noticias, deportes o programación infantil— parece bastante utópica y difícil de sostener financieramente debido a la fragmentación de las audiencias, la limitada inversión publicitaria y la competencia con la televisión por cable.
En suma, es una posibilidad cierta —y deseable— que la televisión digital nos traiga imágenes más nítidas y reales, y una nueva oferta de contenidos más diversos y de mayor calidad, pero no necesariamente será así, y es mejor aclararlo ahora, que luego cargar con la frustración de las audiencias ante expectativas insatisfechas.
