Dos excelentes comentarios....

A ratos, desconcertante,

por Leonidas Montes.

Dos situaciones recientes nos han mostrado una Concertación desconcertante. Primero fueron las reacciones ante el indulto propuesto por la Iglesia. Michelle Bachelet, quien vivió la tortura y encarna la reconciliación, dijo que estaría dispuesta a evaluar la situación de algunos uniformados. Pero rápidamente emergieron los desmentidos. Los mismos que acogieron a Honecker, y que aún adoran la figura de Fidel Castro, argumentaron que por ningún motivo debía perdonarse a los miembros de las Fuerzas Armadas. Cuando se habla de la transición, la Concertación tiene una posición ambigua. Pero si se trata de la reconciliación, es simplemente implacable.

Las Fuerzas Armadas y Carabineros son un buen ejemplo de aquellas instituciones que reflejan nuestra dignidad republicana. No en vano son las dos que más confianza inspiran en la ciudadanía. Han actuado con dignidad. Y en algunas ocasiones, con dignidad estoica. Sólo recuerde cuando comenzó el episodio de los pingüinos. Nuestra Presidenta apareció, junto a un destacado periodista, increpando a Carabineros de Chile. Si hasta Sebastián Bowen, la joven promesa de Frei, fue víctima de un ataque de paranoia por culpa de Carabineros. Y aunque ya estamos acostumbrados a los paros en el sector público, ¿ha visto usted a carabineros o a miembros de las Fuerzas Armadas exigiendo mejoras salariales en un paro? Pero indultar a miembros de las Fuerzas Armadas, eso sí que no. Cómo se le puede ocurrir.

Después de 20 años en el poder, la Concertación ha perdido gran parte de su autoridad moral. Cuando el senador Flores decidió dejarla, atreviéndose incluso a apoyar al candidato Piñera, se rasgaron pomposas vestiduras. ¡Si Flores también había estado en Dawson!, exclamaban los incrédulos. Se convirtió en el Judas de la Concertación. Algunos hicieron pucheros. Otros derramaron lágrimas. Flores había perdido sus principios morales. Pero claro, murmuraban algunos frunciendo el ceño, el senador Flores era un caso especial. En vez de seguir el exilio en Cuba o Alemania Oriental, terminó, imagínese usted, en los Estados Unidos. En la cuna del sucio capitalismo. Y, vaya sorpresa, se esforzó, trabajó y en su carrera le fue muy bien. Tal vez fue demasiado exitoso y no le debe nada a nadie. Algunos próceres simplemente no toleran la independencia.

El segundo hecho que ha sido desconcertante es la campaña de Frei. Han atacado y despreciado a Marco Enríquez-Ominami. Aunque ya no es Marquito, su discurso sobre la competencia continúa capitalizando a costa de la Concertación. Y la última arremetida contra Piñera parece una maquinación comunicacional bananera. Si el mismísimo Tombolini tenía guardada la grabación para el momento propicio. Y La Nación —el diario del Gobierno— a ratos nos recuerda al Granma defendiendo los 50 años de la gloriosa revolución.

Un caso análogo al de Piñera, durante la crisis bancaria del 82, fue el de Carlos Massad. Pero el fervor de la campaña pareciera afectar incluso a las grandes mentes. El ex presidente del Banco Central reaccionó aclarando diferencias. El “dio la cara” y cuando lo fueron a buscar, él se había “ido a trabajar con su esposa”. En esos días habría “aprovechado de escribir un libro”. Incluso nos aclaró que él “no dejó a su mujer en casa”. En medio de esta chambonada comunicacional tuvo que hablar el ex Presidente Aylwin. Massad se desdijo. Y, entretanto, Frei sigue perdiendo, mal asesorado, esa virtud de la sensatez que Aylwin tuvo que recordarnos.

Frei ha liderado una campaña ruda. Pero en política el destino suele estar cargado de ironías. Si Enríquez-Ominami pasa a segunda vuelta —una posibilidad cada vez más plausible—, Eduardo Frei pasará a la historia como el candidato que propició el cambio.

El mal menor,

por Juan Carlos Altamirano.

Los amantes de la naturaleza y los que pensamos que el cuidado medioambiental es una prioridad no podemos quedarnos indiferentes sobre el futuro de la central termoeléctrica Campiche. Como es de conocimiento público, la construcción de ésta debió ser paralizada luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró ilegal su emplazamiento en la localidad de Ventanas, en Puchuncaví. El caso es indudablemente insólito y penoso.

Por un lado, tenemos la negligencia de la Conama, por haber autorizado la construcción de dos centrales en una «Zona de restricción primaria de riesgo para el asentamiento humano». Esta zona, denominada ZR2, fue creada mediante un decreto supremo en 1987. El objetivo era impedir el asentamiento de nuevas “industrias peligrosas e insalubres”, en un lugar que ya estaba saturado de polución. Precisamente en ese espacio se levantó la central Campiche. Con justa razón, entonces, la Corte de Apelaciones de Valparaíso consideró que se estaba violando “la garantía constitucional de las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.

La autorización de esta construcción y su posterior paralización tuvieron como consecuencia que más de 600 trabajadores perdieran su fuente laboral. A esta situación, lamentable, hay que agregar la pérdida millonaria que afecta a la empresa AES Gener. En definitiva, los costos de esta negligencia son enormes. Cabe preguntarse entonces quién se hace responsable. Imagino que debería ser el Estado.

No obstante lo anterior, si el proyecto continúa, el elevado impacto medioambiental y los efectos en la salud de la población serán mucho peores. Debemos recordar que se trata de una planta que emplea la combustión del carbón para generar energía eléctrica. A pesar de los filtros que utilizan, estas plantas emiten gran cantidad de partículas, dióxido de carbono, óxidos de azufre y hollines ácidos. En otras palabras, las centrales termoeléctricas son tremendamente contaminantes.

Hoy en día, a simple vista, por la polución que provoca la refinería de Ventanas se puede observar la bruma de esmog que se desplaza desde Quintero, pasando por Maitencillo, hasta más allá de Zapallar. Imaginemos entonces el nivel de contaminación que habrá con dos centrales nuevas. Sencillamente será inaceptable, y la responsabilidad estatal será aún mayor si el Gobierno interviene en el fallo de la Corte de Valparaíso.

Estamos hablando de una parte importante del litoral central, donde hay varios balnearios. Es una zona densamente poblada. Se han invertido millones de dólares en desarrollo inmobiliario para veraneantes. Con gran esfuerzo, estas familias han logrado adquirir una casa o departamento para ir a descansar y arrancar de la contaminación santiaguina. Además, este desarrollo es la fuente principal de trabajo en la región, como también del crecimiento comercial. Pues bien, si este proyecto continúa adelante, el futuro se ve bastante gris.

Tenemos claro que el país necesita más fuentes de energía para mantener e incrementar el desarrollo. Sin embargo, hay otras alternativas menos contaminantes que las centrales termoeléctricas. Me refiero al uso de la energía hidroeléctrica y eólica. Si bien es lamentable tener que intervenir los ríos del extremo sur para cubrir la demanda eléctrica, mucho peor es permitir que se sigan construyendo plantas altamente contaminantes bajo nuestras propias narices.

Por último, sería apropiado conocer los planteamientos que tienen al respecto los diferentes candidatos a la Presidencia, pues para muchos chilenos son estas decisiones las que marcan la diferencia al momento de votar. Así de simple.

Helicópteros rusos, por Guillermo Patillo- Tomás Duval (*)

Con sorpresa nos hemos enterado por la prensa de que el Gobierno está muy pronto a cerrar una compra de helicópteros en Rusia. Se trata del modelo MI-17V5, del que se pretenden adquirir cinco unidades. Es un helicóptero que puede transportar más de 30 pasajeros o 4.000 kilogramos de carga, y su alcance supera los 900 kilómetros. Según la poca información conocida, la adquisición sería para el Ministerio del Interior, aunque los operaría la FACh. Se ha dicho que se cancelarían con los fondos de la Ley Reservada del Cobre, que controla Defensa.

Muchas interrogantes surgen, pero nos centraremos en dos: la falta de transparencia que ha rodeado la operación y su posible fundamentación. Respecto de lo primero, es difícil encontrar hoy otro caso de uso de recursos públicos menos transparente: no se sabe por qué, para qué ni cuánto costará. El precio que la prensa ha dado a conocer (unos US$ 80 millones) estaría subiendo significativamente. Para explicar por qué se compran, se argumenta su uso en apoyo a la comunidad y, particularmente, en emergencias y catástrofes; puede ser una necesidad muy importante, pero entonces surge la pregunta que nos lleva al segundo tema: ¿dónde está el proyecto que identificó esta necesidad de Interior y que evaluó esta opción como la más eficiente? ¿Qué alternativas se compararon? ¿Qué ventajas tiene involucrarse con un nuevo proveedor, con una logística nueva y no usada en el país? En síntesis, dado que éste es un proyecto civil y que sería Interior el “dueño” de los helicópteros, ¿cuál es su rentabilidad social? O, si ésta no se pudo medir, ¿cuál es la razón costo-efectividad de esta opción y de sus alternativas?

Sería inaceptable que estos cálculos no existieran, por lo que asumiremos que existen y, dado eso, estimamos fundamental que se conozcan. Pero hay otro problema: si las naves son para Interior (pues sí se sabe que no es una iniciativa de la FACh, ni desarrollar estas capacidades está en sus planes actuales), no se pueden financiar con los recursos de la Ley del Cobre. Sería ilegal, por lo cual obviamente la autoridad no lo hará; entonces, ¿cómo se cancelarán si no están considerados en la Ley de Presupuestos?

Una de las cosas que diferencian a los países exitosos es la calidad de sus instituciones. Hasta ahora esta operación no refuerza la percepción de objetividad técnica y racionalidad social de la decisión.

(*) Comision de Defensa Instututo Libertad.

MEO culpa , por Joaquín Fermandois.

MEO culpa , por Joaquín Fermandois .

Muchos no terminan de absorber el sorpresivo ingreso de Marco Enríquez-Ominami a la carrera presidencial, incluyendo una respetable posición en las encuestas. Todavía es temprano para saber si la justa electoral lo confirmará como estrella ascendente, o tendrá un techo desde el cual sólo mostrará limitaciones. Suceda lo que suceda, ha “desordenado” el panorama electoral. La Concertación ha salido más terremoteada que la candidatura de Piñera. Era obvio que éste no iba a mantener su ventaja que llevaba el año pasado, aunque ha colaborado en su limitación el deterioro de horizonte político de la centroderecha, de lo cual ella sólo debe culparse a sí misma. Enríquez-Ominami acertó en una primera vuelta de la rueda de la fortuna.

Las recriminaciones en la desconcertada Concertación reflejan que sus líderes se las ven con un fenómeno nuevo. Incluso cuando aluden a que “este niño va a madurar con el tiempo”, revelan perplejidad. Nadie sabe si representa algo nuevo, o es la expresión lúdica del fin de las creencias en política. Si de “culpa” se trata, hay que apuntar a dos fenómenos interrelacionados. En primer lugar, la puesta en escena del “factor Enríquez” es una de las caras de la crisis de la política.

Aunque fenómeno universal, no por eso hay que caer en lo de “consuelo de tontos”. Cierto, toda época de “normalidad” como la nuestra desincentiva el entusiasmo por lo público. A la misma clase política no se le movió un pelo porque año a año menos jóvenes participaran en el proceso electoral, de modo que hoy se prescinde del 30 por ciento del electorado potencial. Su inscripción seguramente no cambiará el escenario de crisis de la política, pero se trata de un tema en el que “los políticos” sí podían tomar medidas, pero no lo hicieron. Con énfasis, se quedaron mudos. La aparición de Ominami y su apoyo en sectores juveniles pueden ser vistos como una revancha espontánea ante la desidia por la crisis más que anunciada.

En segundo lugar, la aparición de Enríquez tiene que ver con la traslación del estilo y metodología de la era de la imagen, desde la pantalla a la política. Política moderna y prensa han ido siempre juntas. Cuando la televisión (de la que internet es un derivado para este asunto) dominó la atención pública y comenzó la dinámica al parecer imparable de “telenovelar” la realidad, se dio inicio también a la tendencia a hacer de la política un reality show. ¿Hasta qué punto aniquila eso el debate público? El medio se devora al mensaje, parafraseando un dicho de McLuhan que estaba de moda hace 40 años. Nadie puede ignorar impunemente a la imagen, como lo hicieron Richard Nixon en 1960 ante John Kennedy (perdió por un pelo), y Jorge Alessandri en 1970 (perdió por un pelo). Su falta de preparación ante la pantalla chica los derrotó. Ronald Reagan fue un político consumado al integrar la técnica de la imagen en las campañas, y tuvo éxito en muchos sentidos, no sólo en lo electoral. A pesar de ello, ante una persona que era toda simpatía e imagen, pero con poca sustancia que se le pueda extraer, uno duda si a su manera no representaba una devaluación de la política. Truman, Eisenhower, Kennedy y Lyndon Johnson se nos presentan como personalidades más recias, con un lenguaje más creíble. Por algo Reagan había sido actor; no era una “farándula”, pero las cosas se dirigían hacia allá. Berlusconi es un extremo.

Marco Enríquez-Ominami parece constituir una réplica del surco abierto por Reagan en este lejano país, tan integrado al mundo. Existe un aire de madurez insuficiente en torno a su presentación, aunque quizás preludie una carrera, o un nuevo tipo de hacer política. ¿La culpa? Es un hijo de su época.

Dos excelentes comentarios....

Urge rigor,

por Margarita María Errázuriz.

No sé en qué momento perdimos la capacidad para comprometernos responsablemente con lo que afirmamos. El formular juicios y decir frases intencionadas, como si fueran verdaderas se ha convertido en una práctica que la política, tan presente en estos días, hace cada vez más frecuente. Este hábito tan poco saludable nos hace perder oportunidades. Los períodos previos a las elecciones son un momento propicio para ampliar y enriquecer nuestra visión con el intercambio de ideas. Sin embargo, la mala costumbre de opinar sin fundamento o con intereses encubiertos nos lleva a escuchar con desconfianza toda opinión que tenga olor a política.

Por mi parte, el observar repetidamente en un lapso muy corto de tiempo la facilidad con que se afirman dichos sin preocuparse por su veracidad y cómo ellos pueden afectar a la opinión pública me produjo malestar. Cuento mi experiencia más cercana porque ilustra parte del abanico de posibilidades por las que se cuela esta práctica.

Viajaba entretenida leyendo, cuando escuché a mis vecinos decir cosas que sabía que no eran ciertas. Tenía a mi lado a un senador y, al parecer, a un rector de universidad. Hablaban sobre educación. El más flagrante de sus comentarios fue sobre la Ley General de Educación. El senador decía que es solamente maquillaje porque, entre otras cosas, establece que los sostenedores de establecimientos educacionales sólo requieren haber terminado la educación media para poder ejercer como tales. Para hacer más gráfico su dicho, exclamó: “¡Si hasta un dueño de botillería puede ser hoy sostenedor!”. No sé qué puede tener este honorable contra los dueños de botillería, pero uno de los puntos que dificultarán la aplicación de esta ley es que exige a los sostenedores ocho semestres de estudios superiores, que muchos no tienen. ¡Tome nota, senador, aunque imagino que esto ya lo oyó cuando se discutió la ley en el Senado! Me preocupó este comentario, porque la educación es un tema prioritario en el país y difícil de encarar. En nada ayudan al debate frases que tergiversan la realidad.

Mi impotencia por no poder rectificar al menos ese dicho me llevó a recordar otra afirmación que escuché la noche anterior, y que también dejé pasar. Una persona amiga, que goza de mucho prestigio, afirmó en forma tajante y casi sin venir al caso que, para asustar a la población, la derecha inventó que la delincuencia seguía siendo un tema preocupante. Validó su información señalando que las estadísticas concluían precisamente lo contrario. No quise ahondar en el tema porque el de la conversación de esa noche era otro. Pero me quedé con ganas de saber qué decían exactamente esas cifras, su procedencia, cómo se estimaban los casos en que no se hace denuncia y cómo se explica, si así fuera, que los datos que posee el Ministerio del Interior indican que en Santiago uno de cada tres hogares declara haber sido víctima de un acto de delincuencia. No puedo negar que esta frase, por ser parte de esta misma mala costumbre que comento, me afectó.

Doy estos ejemplos porque los tengo frescos. Lo común entre ellos es que se hacen juicios sin fundamento que se plantean como verdades irrefutables. Lo malo es que expresan hábitos muy arraigados en nuestra sociedad, los que en medio de una campaña se exacerban. Fácilmente, y sin remordimientos, se cae en una espiral de descalificación y de tergiversación de la persona y de los dichos del oponente.

De seguir así, una vez pasadas estas elecciones miraremos con pena el campo de batalla. Habremos minado nuestra convivencia. Todavía es tiempo de evitar este desastre y de aprovechar una oportunidad para debatir ideas valiosas, abiertos a buscar el bien del país. Todavía es tiempo de aprender a ser responsables de nuestros dichos y preservar nuestras mutuas confianzas. Es crucial, para poder realmente escucharnos, valorar posiciones distintas y enriquecernos con la diversidad.

Inspiración o transpiración ,

por José Ramón Valente.

Se ha transformado en una especie de cliché de los analistas políticos y comentaristas de la campaña presidencial decir que los candidatos no ofrecen propuestas novedosas en materia económica. Algunos van incluso más allá, sugiriendo que todos los candidatos más o menos plantean lo mismo: mejor educación, más empleo y mantención de la red de protección social. El propio ministro de Hacienda, Andrés Velasco, cayó en la tentación de repetir este cliché la semana pasada, pero aludiendo en especial a la candidatura de Sebastián Piñera, al señalar que revisando las propuestas del candidato le cuesta encontrar medidas novedosas que vayan a implicar un resurgimiento del crecimiento y del empleo.

Más allá de las importantes diferencias que a mi juicio sí existen entre las propuestas de los distintos candidatos, creo que los analistas y el ministro están pasando por alto el principal punto de diferenciación entre un candidato y otro. Este no está en las ideas ni en las propuestas, sino en la capacidad para llevarlas a cabo. Todos quienes hemos iniciado una empresa o emprendido exitosamente algún proyecto en la vida tenemos plena conciencia de que el existo de nuestra iniciativa tiene 10% de inspiración (una buena idea), y 90% de transpiración (una buena ejecución del proyecto). Lo mismo ocurre con los programas de gobierno, el papel aguanta todo. Si sumamos las propuestas de campaña de la Alianza y la Concertación en materia económica de las últimas tres campañas presidenciales, con seguridad juntaríamos más de mil. ¿De qué sirve tener un kilo de propuestas si a la hora de llevarlas a cabo sólo somos capaces de implementar unos cuantos gramos?

Las propuestas económicas de un programa de gobierno no deben ser un ejercicio académico cuyo objetivo sea ganar el Premio Nobel. Dicen que la política es el arte de lo posible. Por lo mismo la misión de un gobierno no debe estar en desplazar la frontera del conocimiento con propuestas ingeniosas que una vez concluida la campaña se guardan en el cajón de los recuerdos. Por el contrario, el foco debe estar puesto en hacer hasta lo imposible por mover la barrera que imponen los grupos de interés por impedir que ideas no tan novedosas pero importantes para el bienestar general del país lleguen a implementarse.

Llevamos más de 10 años escuchando de parte de los candidatos de la Alianza y la Concertación que es urgente aumentar la calidad de la educación, hacer una reforma al Estado, flexibilizar el mercado del trabajo, crear más empleo y ponerle atajo al incremento de la delincuencia. Para llevar a cabo las trasformaciones económicas que Chile requiere para sacar a su gente de la pobreza y alcanzar el estatus de país desarrollado que tanto anhelamos no se requieren físicos nucleares, ni siquiera un doctorado en Harvard. Lo que se necesita es un líder con capacidad de ejecución y un grupo de personas que lo acompañe que sean competentes y estén motivadas por hacer de Chile una gran nación. Se requiere gente que dedique la mayor parte de su tiempo a transpirar y no sólo a pensar. Las propuestas están, lo que hace falta es un gobierno capaz de implementarlas.

VAN QUEDANDO MUY CLAROS, GOLPE Y CONTRAGOLPE, por Luis Fernández Cuervo.

La crisis en Honduras.

VAN QUEDANDO MUY CLAROS, GOLPE Y CONTRAGOLPE,

por Luis Fernández Cuervo.

La crisis política que padece nuestro vecino país aún no está resuelta y dudo que su solución se haga según lo que manda la justicia. Pero mientras tanto el tiempo trascurrido está sirviendo para que muchos vean mejor cosas de importancia mundial:

1.- Ahora es patente el modus operandi para transformar una democracia en una dictadura bajo disfraces aparentes de legalidad y respeto a la voluntad popular. Consiste en organizar un referéndum donde, con una buena campaña de publicidad y un conteo manipulado de los votos, se decide realizar una Asamblea Constituyente donde se renuevan todas las anteriores instituciones democráticas (Congreso, Tribunal Supremo de Justicia, Fiscal general, etc.) y el Presidente que inició todo ese cambio queda reelegido para un nuevo o sucesivos periodos de gobierno. Es el camino, con mínimas variaciones, que ya realizaron, con éxito, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Ortega, en Nicaragua, lo tiene también previsto para consolidar su dictadura. Es el mismo curso que pretendió hacer Zelaya en Honduras y que el pueblo y las instituciones democráticas de ese país supieron frustrar a tiempo.

Ahora ya lo saben todos los países verdaderamente democráticos. Todos los Medios informativos tienen datos más que suficientes para informar de la verdad, de los hechos reales, sin todas las distorsiones con que, por pereza, cobardía o prejuicio ideológico, se informó antes a casi todo el mundo.

2.- También ha sido patente la injusta y prepotente actuación de José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA, contra el pueblo y el gobierno de Honduras. No quiso escucharlos. No quiso enterarse de todo el proceso legal y democrático por el cual Zelaya fue destituido como presidente. No llegó a dialogar sino a “dar un ultimátum” -con un descaro increíble y contra todo derecho- para que Zelaya fuera repuesto en su cargo. ¿Puede un funcionario de la OEA pasar por encima de la autonomía política de un país?

Insulza quería ser el próximo presidente de Chile y le falló su candidatura. Aspiraba entonces a reelegirse en su puesto en la OEA y por eso llegó iracundo y desesperado porque sabía que si actuaba con imparcialidad, escuchando a las dos partes en conflicto, habría sufrido la ira y el repudio de Chávez. Y necesita los votos de la “la banda de los cuatro”. Todavía se sigue mostrando como un servidor de Hugo Chávez. Todavía se permite la desvergüenza de decir “que Mel no pretendía la reelección” (¡!).

Si existe un asomo de honestidad y de criterio democrático entre los gobiernos americanos, Insulza no debe ser reelegido. En rigor, debería ser enjuiciado y sufrir algún tipo de repudio o condena ejemplar para que mejorara el descrédito en el que yace la OEA.

3.- Ha quedado comprobado también como las agencias internacionales de noticias, un montón de columnistas superficiales y precipitados y la mayoría de los gobiernos europeos, fallaron en sus deberes éticos de conocer y apoyar la verdad. No pudieron o no quisieron ver que la destitución de Mel Zelaya como presidente de Honduras, no era un golpe militar sino una defensa legítima y apegada a derecho contra el verdadero Golpe preparado por Chávez y su títere, Manuel Zelaya.

Ahora se conoce muy bien como es la Constitución Hondureña y sus artículos “pétreos”, esos que nunca pueden ser cambiados. Son evidentes los delitos que cometió Zelaya al atropellarlos y a todas las instituciones democráticas. Se conoce la Asamblea Constituyente, disfrazada de “encuesta”, que preparaba para reeligirse en la presidencia y entregar el país al grupo de Chávez.

Se comprueba como el apoyo gritón y violento que apoya a Mel por las calles hondureñas está movido y financiado por Chávez. El verdadero pueblo hondureño es pacífico y no anda pintarrajeando ni destruyendo la propiedad ajena.

4.- Quedaba un punto oscuro y muy discutible, ahora más claro, en la destitución de Zelaya: ¿por qué los militares decidieron sacarle del país en vez de meterle en la cárcel?

Primero, el coronel Bayardo Rodríguez, al Miami Herald, y después, el 14 de julio, a la AFP, el General Romeo Vásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, explicaron que la detención y encarcelamiento de Zelaya era peligrosa, iba a causar muertos y heridos porque sus partidarios tratarían de rescatarlo "y eso tendría graves consecuencias para el país". También admitieron que expulsar al mandatario a Costa Rica no estaba contemplado en las órdenes judiciales. "Teníamos que cumplir una misión constitucional y no la podíamos eludir, dada esa responsabilidad histórica. Nuestro juez es la historia", argumentó. También dice que ahora los militares no participan en el conflicto: "Nuestra misión era cumplir una tarea y lo hicimos con responsabilidad. Ya no tenemos otra participación, sino seguir cumpliendo nuestra misión".

OEA hoy: donde manda Chávez, por Sergio Melnick.

OEA hoy: donde manda Chávez, por Sergio Melnick.

Cuando Insulza llegó a la OEA, al poco tiempo, en enero de 2007, el fino Chávez le espetó, literalmente y sin descaro, que era un pendejo: “… váyase con su insulsería a otro lado. Vaya que es bien pendejo el doctor Insulza, un verdadero pendejo, desde la pe hasta la o. ¡Debería renunciar a la secretaría general de la OEA!”. El bravo Insulza ya nunca más se atrevería contra Chávez. Se rindió frente al mismo personaje, golpista de tradición, que dijo públicamente, sin que nadie le preguntara nada, que soñaba con bañarse en el Pacífico en una playa boliviana. El mismo que trató de ladrón a Alan García.

La cabra tira pa’l monte. Al final del día, Insulza y Chávez son socialistas a la antigua, no renovados, que no les molesta la destrucción sistemática de la democracia, no sólo venezolana, sino de varios países ya de la región. La admiración de ambos por los Castro es evidente. Al punto que movieron toda la OEA para levantar las sanciones a la peor dictadura que queda en América Latina, que lleva 50 años sin alternancia y con franco menosprecio de los derechos humanos. Si hasta el hipócrita de Raúl Castro condenó el tema de Honduras. Quién lo podría creer.

Cuando, en Honduras, el mismo Zelaya que operó junto a Insulza lo de Cuba pasaba groseramente por encima de la democracia y el Estado de Derecho, la OEA parecía no existir. Ese país se ha defendido como ha podido de la ola dictatorial chavista. No ha desconocido la democracia como modelo, ha respetado y mantenido todas las instituciones, el Congreso, los tribunales, el mandato de los civiles, y hará pronto las elecciones libres a todo evento. El que de verdad atentó contra la democracia fue precisamente Zelaya; ése es el malo en este caso: incluso no le molesta la guerra civil que puede desatar.

Bastó la orden de Chávez, e Insulza corrió insultando y descalificando a Honduras por todos los poros, y llegó a ese país como patrón de fundo, a tratar de imponer las condiciones, sin escuchar razones. Y ese pequeño país le mostró una dignidad asombrosa. No le aceptó las bravuconadas, menos el desatino, y simplemente lo despreció, a pesar de sus galones, de las amenazas de invasión militar del futuro dictador Chávez. El pequeño país sacó a Insulza al lado y aceptó, en claro gesto democrático, iniciar las conversaciones con un buen mediador.

La Presidenta Bachelet, por supuesto, rasgó vestiduras contra las dictaduras, olvidándose de su trotecito a besar las manos de Fidel, el arquetipo mismo del dictador. En su visita a Cuba, además, no alzó una sola palabra por las violaciones de los derechos humanos que ocurren ahí. Menos contra Honecker, a quien probablemente admiró y que al menos jamás condenó.

Insulza aparece hoy asociado a Chávez. El mismo que diariamente destruye lo que queda de la democracia en su país. Cierra medios de comunicación, hace ataques vociferantes a diestra y siniestra, descalifica groseramente a la oposición y otros gobernantes, ha tomado control de la Corte Suprema y del Ejército. Su reciente trato al alcalde opositor elegido, desconociendo así la voluntad popular, es simplemente grosero.

Insulza no ha sido neutro ni menos ponderado. Sólo piensa en su reelección, la que obviamente depende del mismo Chávez que maneja al menos unos 10 votos y que ayer lo despreció como un “pendejo”. Insulza también ha declarado, a quien le quiera oír, que ya está “demostrado” que el mercado murió, que se requieren estados más fuertes y poderosos. Es decir, tiene agenda propia, más que representar la diversidad que pudiera tener la OEA. Llama en ello la atención el ambiguo comportamiento de Estados Unidos. Obama, hasta aquí, no ha dicho una sola palabra contra los mercados, la libertad o el emprendimiento, sino que, al contrario, los ha identificado como el principal motor de la sociedad americana, que no hay que transar.

El que Estados Unidos no apoye a Insulza es casi elemental. No sé por qué alguien se puede sorprender por ello, y no es necesario que se lo anuncie a nadie. No entiendo por qué cree Insulza que podría ser apoyado por ese país, salvo que Obama perdiera toda noción de realidad, que lo dudo. Difícilmente EE.UU. podría apoyar a un claro seguidor de Chávez, el mismo que sostuvo que el ataque de las torres lo había hecho el propio Estados Unidos. Insulza es un estatista de tomo y lomo, y un admirador de los Castro. En esencia, entonces, es un enemigo de todos los pilares básicos de EE.UU., y del desarrollo moderno.

Los problemas de fondo, por María Cecilia Cifuentes.

Los problemas de fondo,

por María Cecilia Cifuentes (*)

Las encuestas de opinión pública evidencian que la delincuencia, el desempleo y la mala calidad de la educación son los principales problemas que enfrenta nuestro país. Una primera mirada indicaría que es difícil superar estos desafíos, ya que en los últimos diez años la delincuencia ha aumentado, la tasa de desempleo ha permanecido alta y la calidad de la educación, a pesar de un importante aumento de recursos, sigue estancada.

Existe una estrecha relación entre estos tres problemas, por lo cual, si se enfrentan en forma simultánea, los avances serán evidentes. ¿Por qué la situación de empleo en Chile es mala, y por qué la principal apuesta, casi segura, de los analistas frente a la crisis actual fue que el desempleo iba a superar el 10%? Parte de la respuesta se encuentra en la legislación laboral, que segmenta el mercado del trabajo en dos grupos, aquellos favorecidos por las regulaciones y que logran tener contratos indefinidos y mayor estabilidad, que en general corresponden a los segmentos medios y altos, y aquellos que trabajan en condiciones precarias, con contratos temporales, o sin contrato, y que frente a situaciones de menor actividad pierden su fuente laboral. Ellos corresponden en general a los de menor capacitación, jóvenes, mujeres y personas de escasos recursos. Su situación se ve afectada por la mala calidad de la educación que recibieron, y por las escasas posibilidades de capacitarse trabajando (el “aprender haciendo”), ya que les es difícil acceder al mercado laboral formal. Frente a una situación de pobreza y falta de trabajo, la delincuencia es un camino tentador, considerando además la baja probabilidad de un castigo significativo. Las cifras de desempleo y de edad de delincuencia evidencian esta realidad. De hecho, el desempleo de jóvenes entre 15 y 19 años es de 30,5%. Es evidente que son estos mismos jóvenes los que caen en la delincuencia y la drogadicción.

Hay que preocuparse de la calidad de la educación; no sólo de la entrega de conocimientos útiles, sino también de la formación de virtudes. La mejoría en la calidad de la educación es un proceso de largo aliento. Mientras tanto se debe facilitar la entrada de estos grupos vulnerables al mercado laboral, no sólo para que tengan ingresos y dejen de delinquir, sino también para que puedan adquirir capital humano a través del “aprender haciendo”.

(*) Economista, Universidad de los Andes.

¿Indulto o insulto?, por Gonzalo Rojas Sánchez.

¿Indulto o insulto?,

por Gonzalo Rojas Sánchez.

Fue el 23 de marzo de 1991 cuando Jaime Guzmán se opuso con fortaleza a la posibilidad de indultar terroristas por actos cometidos antes del 11 de marzo de 1990.

El indulto: una institución siempre controvertida, que a pesar de sus contornos jurídico-formales, devela el fondo del corazón humano. Frente al indulto, ante cada una de las situaciones en que se lo propone y discute, los actores públicos desnudan el alma. Es que se trata de perdonar nada menos que al rival, al adversario o, para algunos, al enemigo.

Guzmán alegó en esa oportunidad que no correspondía modificar la Constitución otorgando facultades al Presidente para indultar a aquellos terroristas, porque constituían el grupo más peligroso de la sociedad, una amenaza vigente que ponía en peligro la seguridad de las personas y la paz social.

No hubo una palabra en su discurso que condenase definitivamente el pasado de esos criminales, por sangriento que hubiese sido. Seguro que en su corazón había perdonado el gran mal que le habían hecho a Chile. Por eso, toda su argumentación contraria al indulto se refería al futuro inmediato, al riesgo próximo y evidente, a la imprudencia de la medida hacia adelante. Indultarlos podía ser una adecuada medida de misericordia, pero era un riesgo muy grande para el bien común.

Tenía toda la razón. Menos de 10 días después, era asesinado por un comando terrorista.

Casi 20 años más tarde, la Presidenta Bachelet enfrenta con debilidad una entrevista radial, vacila frente a la posibilidad de un indulto que pueda incluir a miembros de las Fuerzas Armadas en retiro y... se arma la zafacoca en la izquierda.

Teillier, desde la ortodoxia comunista, recuerda que los que han cometido delitos de lesa humanidad no tienen derecho al indulto (y mantiene así viva la relación funcional entre derecho y revolución); Enríquez-Ominami niega el indulto a quienes participaron en los que califica como crímenes atroces (y trata de borrar toda la genealogía personal con dos palabras); y Bitar matiza afirmando que quienes fueron castigados, fueron castigados, por lo que el indulto en esas circunstancias no va (y gracias a esta sutileza, postula a una cátedra de lógica avanzada, para su cesantía post Concertación).

La triple mirada izquierdista es básicamente retrógrada: el pasado (su parcial mirada del pasado, como si nada hubiesen tenido que ver en los acontecimientos que califican) está fijo, determina por completo sus posiciones, cierra totalmente una visión de futuro.

Por cierto, ninguno de ellos califica a esos uniformados hoy condenados como peligros para la sociedad; Teillier, Enríquez-Ominami y Bitar (y todos los demás que oyeron con pavor la vacilación de la Presidenta) saben perfectamente que no corren peligro alguno, que ni dentro de 10 días, ni de 100, ni de mil, comando alguno los privará de la vida.

Pero no es el porvenir lo que los mueve. La suya no es una mirada de futuro, de prudencia, de bien común; es el simple eco de las furias vengativas que aún no logran aplacar y que, estimuladas por un lapsus, acuden en masa y desbocadas, ma- nifestándose en sus declaraciones y gestos. La sola posibilidad de un indulto es, para sus corazones, simplemente un insulto.

Por contraste, los asesinos de Jaime Guzmán recibieron muy pronto el perdón de la familia, de los amigos del senador, de los discípulos del profesor. Y si hoy hubiera uno solo de aquellos en prisión, seguro que Andrés Chadwick, Juan Antonio Coloma y Pablo Longueira pedirían un indulto reconciliador, confiados en que quizás ya sería prudente reintegrarlos a la normalidad social.

La diferencia se explica porque el indulto es facultad del corazón.

Una especie en extinción, por Gonzalo Vial.

Una especie en extinción.
Gonzalo Vial.

El debate parlamentario sobre la píldora del día después gira alrededor de dos puntos principales:

a) Si ese fármaco puede tener efectos abortivos, y

b) Si en caso de darse la posibilidad abortiva que indica la letra a), cabe que el Estado, sin violar la Constitución y por la vía administrativa: 1. autorice el expendio de la píldora; 2. más complejo todavía, la reparta él mismo a través de sus organismos de salud o municipales, y 3. algo todavía de mayor complicación jurídica, haga el reparto de modo gratuito y secreto.

En todo esto, la Iglesia ha expresado una opinión razonada, y la ha difundido utilizando los medios a su alcance.

Por supuesto, se puede discrepar de ella.

Sin embargo, al plantear, respecto de la materia de la letra b), Nº 2, la infracción a la Carta Fundamental que implicaba ese reparto, la Iglesia ha tenido en definitiva mucho respaldo: el de la Corte Suprema, la vez que se pronunció derechamente sobre el punto; el del Tribunal Constitucional, y el de la Contraloría (regulando la correcta aplicación del fallo de Tribunal). Es decir, han ratificado la tesis católica todos los máximos controles de la legalidad y de la constitucionalidad que existen en Chile... y actuando éstos sin solicitud ni intervención de la Iglesia.

Los obispos no han obligado ni presionado a nadie. Desde luego, por la sencilla razón de que no tienen medio alguno de hacerlo. Sólo se han dirigido a la razón y la conciencia de todos, y especialmente (como era natural) de sus fieles. Ni siquiera han insinuado la posibilidad de excomunión expresa contra los católicos que desobedezcan su magisterio, a fin de no enturbiar el debate razonado y racional.

Sin embargo, la actitud clara, firme y prudente de la Iglesia Chilena no ha merecido al rector-columnista de El Mercurio una refutación de igual carácter, sino un estallido de ira absolutamente incomprensible. El 5 de junio, calificó aquella actitud de “osadía conservadora y clerical”. También, de pretensión de otorgar al punto de vista católico “fuerza coactiva mediante la ley”, “fuerza de ley”. Y de conferir a la autoridad “poder para guiar las decisiones de todos los ciudadanos”, sustituyendo y suplantando su autonomía —“en esos momentos cruciales de la vida humana”— por lo que resuelva “un puñado de tutores”, violando su “intimidad”, etc., etc.

Observará el lector que la tirada que he resumido carece de sentido común. Si el punto de vista de la Iglesia se tradujera en una ley (el supuesto que irrita al rector-columnista), los adversarios de la misma —él incluido, y actuando en la democracia con la cual se llenan la boca— podrían intentar invalidarla por inconstitucional. Y si no lo obtuviesen... pues, deberían acatar esa ley, por mala que les pareciera, tal como los católicos hemos debido acatar la ley de divorcio, aunque la encontremos inicua.

Por lo demás, la Iglesia no ha pedido ninguna ley. La ley la ha propuesto el Gobierno, en la misma línea del rector-columnista. Si el Congreso la aprobase distinta, ¿ese solo hecho la invalidaría?

El 12 de julio, nuestro comentarista vuelve a la carga... ahora contra la cabeza de la Conferencia Episcopal, por haber dicho que algunos “defendían a la Iglesia ante quienes nos arrinconaban (a los obispos) por defender los derechos humanos... (pero) hoy pretenden encerrarla en la sacristía de una fe privatizada”.

“Insólito”, dice el rector-columnista, y no sólo insólito sino “inaceptable”.

¿Por qué? Porque indicaría “la pretensión de que esos puntos de vista sean, sin más, tenidos por verdaderos”, de que se les reconozca “autoridad”. Ello, en vez de hacer la Iglesia “lo que ha venido haciendo hasta ahora: esparcir sus creencias y sus puntos de vista en la esfera de la cultura... medios de comunicación... sus innumerables colegios... seis universidades... y ...audiencias del Congreso”. No puede pretender que dichos puntos de vista “sean, sin más, tenidos por verdaderos”.

Nuevamente, afirmaciones infundadas. ¿Qué ha hecho la Iglesia sino lo que el columnista dice que puede hacer? ¿Cuándo, dónde y cómo se ha arrogado ser “autoridad” civil, o ha pretendido que la sociedad como conjunto acoja “sin más” sus principios?

¿O será que la conducta “políticamente correcta” de la Iglesia consistiría en no hacer olitas, no molestar a gobernantes y parlamentarios con campañas públicas para que se respete la Constitución, sino moverse en sordina, dejando una constancia “educada” de sus puntos de vista, pero sin que se entere nadie, sin llamar al pan pan y al vino vino, ni recurrir a la opinión? ¿Eso pidieron a la Iglesia, durante el régimen militar, los defensores de los derechos humano que no eran creyentes? ¿Les hubiera satisfecho, en ese entonces, una conducta parecida de parte de la Vicaría de la Solidaridad?

Es preciso entender que, para la Iglesia, el derecho a la vida del que está por nacer es tan inviolable y digno de defensa —aunque su atropello se realice en la “intimidad” de la madre— como el mismo derecho en el adulto víctima ilícita de la autoridad.

Pero no nos alarmemos tanto con el rector-columnista. Sus iras apocalípticas y acusaciones al vuelo suelen terminar en nada. Retrocede disimuladamente y se desdice. Lo malo es que lo hace mediante una carta posterior. Pero quizás no la lean todos los fieles de sus flamígeras columnas antecedentes.

Así ha ocurrido esta vez. La carta aparece en El Mercurio del 19 de julio. Y resulta que censura a los obispos, UNICAMENTE, “su pretensión de que ese punto de vista (el de la Iglesia) se reconozca como correcto o verdadero”. Olvídese el lector de los otros fuegos artificiales.

¡Qué cosa más rara! ¿Que podrían “pretender” los obispos? ¿Que lo que afirman no es correcto ni verdadero? ¿No “pretende” y asegura el rector-columnista ser correctas y verdaderas sus propias afirmaciones... no lo pretende igual CUALQUIERA que haga CUALQUIER afirmación?

Otra cosa es intentar IMPONER al país, sin autoridad legítima, esos puntos de vista. Pero nadie puede acusar a la Iglesia de haber hecho eso. No son “imposiciones” de ella las que han censurado la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y la Contraloría.

Concluyendo su carta, el rector-columnista supone que el debate sobre la píldora del día después está resuelto, en un sentido contrario al que la Iglesia sostiene. Supongo que se refiere al proyecto que aprobó la Cámara y que se halla pendiente ante el Senado. Y supongo que si el control de constitucionalidad de la ley en definitiva despachada, y/o de su aplicación administrativa, resulta negativo el rector-columnista lo aceptará (tal cual lo haremos los católicos, sin renunciar a nuestras convicciones, si resulta positivo). Y no querrá eludirlo o depreciarlo, como la vez anterior, alegando que los miembros del Tribunal Constitucional han sentenciado según sus “convicciones religiosas” y no conforme “a las reglas constitucionales”, siendo “buenos fieles” pero “malos jueces” (13 y 27 de abril). Hay que estar en las duras y en las maduras.

Un último enigma: ¿por qué la irracionalidad que exhiben estas columnas rectoriales? ¿Cuál es el motivo de un apasionamiento tan desbocado? Creo hallar la respuesta observando el título de una de ellas: «FRAILES en la República» (12 de julio). El autor no puede ignorar que «frailes» no son todos los sacerdotes, sino solamente los religiosos. Pero «fraile» era la forma despreciativa y odiosa que usaban nuestros «clerófobos» del cambio de siglo, del XIX al XX, para referirse a cualquier hombre de Iglesia. En su caso, sin embargo, la disculpa era que los católicos de entonces solían corresponderles con epítetos de parecido calibre. Pero ni católicos ni agnósticos del XXI persistimos en antiguallas tales. El «clerófobo» es una especie en extinción.

Democracia o el respeto al Estado de Derecho, porKarin Ebensperger.

Democracia o el respeto al Estado de Derecho,
por Karin Ebensperger.

Las elecciones son condición necesaria, pero no suficiente, de la democracia. No basta elegir a los gobiernos. Es requisito que los distintos poderes del Estado puedan mantener su autonomía sin ser sometidos por el gobernante, y que los ciudadanos sean respetados en sus libertades y garantías. Sólo hay democracia donde se respetan siempre la Constitución y el Estado de Derecho.

Este es el tema central en la discusión sobre el reciente golpe en Honduras, y también para catalogar al Presidente venezolano, Hugo Chávez. Se puede tener legitimidad de origen -si se llega al poder por la vía legal-, pero convertirse en ilegítimo de ejercicio al no respetar la Constitución.

Eso es lo que está ocurriendo en algunos países latinoamericanos. De modo sutil a veces, como en el caso de los Kirchner, quienes fueron concentrando el poder en Argentina, o en forma abierta como en la Venezuela de Chávez, en muchas de nuestras repúblicas, aunque se vota, no se ejerce cabalmente el espíritu democrático.

Con la excepción de Cuba, en todos los países de la región los gobiernos han surgido de elecciones. Pero en demasiados casos las autoridades confunden el poder con un botín para sí mismos, y alteran las leyes para perpetuarse en él. Como resultado, hay instituciones débiles e inestabilidad.

En el caso de Honduras se dan algunos de estos vicios. Hubo un golpe militar, condenable e inaceptable. Pero su origen es muy atípico, porque se basa en el Parlamento y el Poder Judicial, que pidieron deponer al Presidente Zelaya, quien se había deslegitimado y pretendía mantenerse en el poder con ayuda del venezolano Chávez. Ni un solo diputado, ni siquiera de su partido, levantó la mano para defender al Mandatario.

A pesar de los abusos de poder de Zelaya, es inaceptable que se llamara al ejército para derrocarlo, en un acto de suma inmadurez política. Debió recurrirse a la propia institucionalidad hondureña para resolver. La solución ahora es convocar cuanto antes a elecciones y restaurar la normalidad institucional.

El caso de Honduras refleja la necesidad de reflexionar sobre el doble estándar con que se ha venido evaluando a los gobiernos en la región. Se condena rápido -y correctamente- un golpe, pero nada se dice respecto de los abusos que el Presidente depuesto estaba cometiendo. Tampoco puede aceptarse más el silencio frente a gobiernos como el venezolano, democrático en su origen, pero abusivo en su ejercicio.

En la Carta Democrática de 2001, los países del continente asumieron el compromiso de denunciar las violaciones del Estado de Derecho. América Latina requiere que todas las malas prácticas sean condenadas por igual, incluidos los arbitrios de gobernantes que usan la democracia para abusar impunemente de la sociedad que los eligió.

Ineficiencia del Estado chileno, por Gonzalo Vial.

Ineficiencia del Estado chileno,

por Gonzalo Vial.

La Presidenta, si mal no recuerdo, proclamaba como lema: «Más y mejor Estado».

Uno de los candidatos a sucederla, ex mandatario él mismo, le corrige ahora la plana, y señala simplemente: «Más Estado».

Es la eterna disputa. Unos creen que el Estado debe ser subsidiario, es decir: dedicarse únicamente a las funciones de bien social indispensables que los particulares no puedan o no quieran realizar. Y otros aspiran a que monopolice, o bien ejecute paralelamente a los privados, cuántas actividades parezcan de conveniencia, determinadas de un modo pragmático.

Pero esta discusión es prematura si hablamos de Chile. Pues nuestro Estado es tan ineficaz, tan inefectivo, en lo técnico y profesional, que hoy lo que corresponde —para evitar catástrofes— es encomendarle los menos quehaceres posibles... únicamente aquellos que los particulares NO PUEDAN emprender, v.gr., la fuerza armada, la policía, la justicia.

Pensemos, por ejemplo, en el Hospital de Talca. Hace años que se suceden en él, sin tregua, las embarradas más espantosas. Recién nacidos que mueren al contaminarse su alimentación con aguas servidas. Otro, emasculado por una supuesta y falsa «indeterminación sexual». Otros que el Hospital identifica erróneamente, de modo que los reciben madres equivocadas. El último caso, hace apenas semanas, una niñita muerta por la inyección de una droga que no correspondía.

Etc.,etc... Pero el Estado/Ministerio de Salud no ha podido arreglar el problema... el problema de UN hospital. ¡Ni siquiera aguijoneado por la utilidad política de hacerlo!

En seguida, el mismo candidato que anuncia «más Estado» asegura que, elegido Presidente, «intervendrá» los MIL establecimientos municipales de peor calidad.

Pero...¿quién lo va a hacer, quién los va a intervenir, en la práctica? ¿El Ministerio de Educación? ¿El mismo que todavía no puede cuadrar sus cuentas del año 2004, desorden impresentable por el cual salieron el SEREMI de Santiago y una ministra, pero que sigue sin esclarecerse? ¿El mismo ministerio que acaba de reconocer el fracaso de su proyecto «Liceos Prioritarios»? Se trataba de mejorar el SIMCE de 121 establecimientos que lo tenían por los suelos, en tres años y con el apoyo de 21 universidades. Sólo subieron 28, y ninguno más de 7 puntos. El resto DISMINUYO (El Mercurio,14 de junio). ¿Qué pasará cuando se «intervengan» mil escuelas y liceos?

Mas estos ejemplos son «peccata minuta» —como diría otro ex supremo mandatario, hoy a cargo de prevenir el calentamiento global— al lado del desastre sufrido apenas ayer, y todavía en curso, por los «grandes proyectos» de planificación estatal e interministerial. Proyectos que movían y mueven centenares de millones de dólares. Que afectaban y afectan a vastos sectores de la población. Y que estudiaron, planificaron y pusieron en marcha quienes —es de suponer— eran nuestros mejores cerebros funcionarios, con (además) todas las asesorías necesarias, y del mayor nivel imaginable aquí. A saber:

—ENAP. Se le comisionó para manejar, el año 2008, las compras de petróleo que requería el país, en el volátil mecado exterior de este producto. Perdió 1.000 millones de dólares.

—EFE (Ferrocarriles). Extenso y complejo plan para modernizar la empresa, su material rodante, líneas, estaciones, etc. y restablecer el tráfico de pasajeros al sur. Debacle catastrófica y total del proyecto entero. Pérdida, otros 1.000 millones de dólares.

—TRANSANTIAGO. El Estado eliminó a las «micros amarillas», que no le costaban un centavo, y las reemplazó por un sistema único para todo el Gran Santiago. Un sistema en que el Estado determina el número total de buses que circulan, su reparto entre los diversos recorridos, cuáles son ellos y cómo los manejan los concesionarios, el contrato con éstos y sus tarifas y demás condiciones, los paraderos, la regulación computarizada de los flujos de vehículos, las rutas exclusivas, etc.,etc. NADA resultó derecho, y el funcionamiento del Transantiago, un descalabro y colosal sufrimiento e indignidad para los usuarios, que persisten hoy (en menor escala, pero todavía inadmisible). Los déficit mensuales del sistema crecen. Está claro que necesitará un gigante subsidio permanente (las «micros amarillas» no tenían ninguno). Y la pérdida acumulada excede ya de la repetitiva cifra clave :1.000 millones de dólares.

Conclusión: el Estado de Chile, hoy —no en su aspecto jurídico, ni de concepto (¿debe ser subsidiario o no?), sino en su funcionamiento práctico, técnico, profesional— no está a la altura. Ni a la altura de nuevas, eventuales tareas, ni a la de aquéllas que actualmente cumple.

Hallo emblemática la foto que publica la prensa del día 5 de Julio: la Suprema Mandataria en una ceremonia pública, con sus propias manos sujetando un gigantesco parlante, para evitar que le caiga encima y la aplaste. ¡La administración pública no consigue siquiera instalar un parlante sin que amenace la vida de la Jefa del Estado!

¿Cómo podemos haber llegado a esto?

Es un tema profundo. Me limito a indicar algunas causas plausibles:

1.Una EXPANSION EXCESIVA DEL ESTADO. Lo sugiere el fuerte aumento de los funcionarios de planta, bajo contrata o a honorario, los últimos años. También la creación o anticipo de que se fundarán innumerables organismos nuevos de carácter público. Sólo en Educación tenemos recientemente constituída la Comisión Nacional de Acreditación, y avisadas una Superintendencia, una Agencia de Calidad Básica y Media, y numerosas Corporaciones Públicas que remplazarán a las municipalidades.

2. El CUOTEO. El concertacionismo lo defiende como lógico y normal. Sin embargo, es mortífero para la eficiencia administrativa. Desde luego, al seleccionar el personal más idóneo para la administración, elimina de partida a la mitad del país... la mitad no concertacionista. Pero eso no es todo. Como el cuoteo significa asignar los cargos POR PARTIDO DE GOBIERNO, el seleccionado debe no sólo pertenecer a la Concertación sino, dentro de ésta, a la colectividad a la cual corresponda el puesto respectivo. Ello dificulta aún más encontrar la persona adecuada.

Por otra parte, los partidos de gobierno tienden a nombrar en «sus» puestos públicos no tanto a personas capacitadas para desempeñarlos, como a buenos «operadores» políticos que les conquisten votos (acordémonos de Chiledeportes).

La ecuación suele ser letal: funcionario designado por cuoteo=operador político del partido que «lo nombra»=persona incompetente para la específica tarea administrativa que debiera realizar, y que de modo casi invariable sacrificará a sus finalidades partidistas.

Las normas para llenar más objetivamente los cargos «de alta dirección pública», atenúan las malas consecuencias del cuoteo. Pero se aplican a muy pocos puestos, y además el gobierno de turno puede arrastrar interminablemente su aplicación, rechazando las ternas y manteniendo «interinos» que satisfagan el compromiso con los partidos.

3.LA CORRUPCION. Está muy asociada al cuoteo

Generalmente, en las platas ilícitas que se obtienen a través de la administración pública, se utiliza la excusa, verdadera o falsa... o ambas cosas a la vez, de ser esos dineros «para el partido». Y no sólo conducen a que el sobornante obtenga resoluciones contrarias al bien público, sino al desánimo del resto de los funcionarios, que sabe perfectamente lo que ha sucedido. Nadie trabaja bien en ese clima.

A mi criterio, fue muy negativo (en este respecto) el «perdonazo» que Gobierno y Oposición —durante el sexenio anterior— extendieron a los suplementos de sueldos secretos, pagados entonces y antes a ciertos altos burócratas. Eran cancelados mediante discretos sobres de billetes, con recursos provinientes de diversos orígenes irregulares, v.gr.fondos reservados. Se temió un «juicio a la ciudad», que minara las bases del régimen democrático. Pero el efecto desmoralizador de un «perdonazo» así (incluso tributario, creo) sería, de cualquier modo, tan fuerte como inevitable

4. Finalmente, y sólo como posibilidad, es preciso contemplar la de que algunas tareas emprendidas por el Estado —v.gr., el Transantiago o la modernización de EFE— hayan sido superiores a la capacidad y experiencia de nuestros técnicos, profesionales y empresas asesoras, dentro y fuera de la administración pública. En distintas palabras, que dichas tareas hayan exigido, para tener éxito, expertos internacionales, que no se contrataron. Sus pares chilenos siempre dirán, de antemano, que «aquí lo hacemos tan bien como cualquiera». Pero no es cierto... ¿por qué había de serlo?

Por supuesto, no pretendo haber agotado el tema. Sólo subrayar su importancia, y anotar que antes de «más Estado» debemos pensar en «mejor Estado».