El Consejo de Rectores es sin duda el organismo chileno más estéril, y el más impermeable ante la crítica. Especie de «club», lo constituyen las universidades llamadas «tradicionales», eufemismo para distinguir a aquellas que —una minoría— reciben mucho, muchísimo dinero del fisco, a fondo perdido, sin obligación de gastarlo en ningún proyecto concreto, sin siquiera exigírseles rendir cuenta de cómo lo invierten. Salvo publicaciones informativas, el Consejo no hace nada útil por nuestra enseñanza superior. Al revés, carga con el pecado, seguramente mortal, de haber dejado que el Ministerio le impusiera la PSU. La PSU, test de conocimientos inútiles, barrera infranqueable que excluye a los muchachos pobres de la enseñanza superior. La PSU, excelente negocio de ciertas universidades del «club», que la elaboran, y/o la administran, y/o la «preparan» con onerosos preuniversitarios, manuales, etc. La PSU, nunca sometida a evaluación externa e independiente... excepto una, hace ya años, que el Consejo mantiene en riguroso secreto, incluso contra demanda judicial para que la revele. La PSU, tan ineficaz, que uno de los planteles del grupo —y no el menos importante— ha discurrido para aplicar quizás este mismo año UNA PRUEBA PARALELA, que significará —de hecho— que un egresado de media con menos puntos de PSU, pueda desplazar en el ingreso a otro de mayor puntaje...
Nada de lo anterior ha podido, durante tantos años, alterar la serenidad imperturbable del Consejo de Rectores, la paz romana del «club».
Mas, ahora, sus miembros están trabados en feroz lucha, divididos, desgarrándose con dientes y muelas...
¿Por qué causa?
Por plata, naturalmente. Una parte del «club», las universidades estatales, quieren sacarle al Estado más dinero, sumas cuantiosísimas (¡el 50% de sus presupuestos!), sin participar un peso de éstas a las restantes del Consejo, a las «tradicionales» particulares.
Es lo único que ha podido sacar de quicio, en tantos años, al impertérrito organismo. ¿No es para llorar a gritos?
SUHARTO Y SUKARNO. Tiene razón y no la tiene el lector que, en este mismo diario, rectifica mi columna de la semana pasada. El Presidente de Indonesia que aplastó la rebelión comunista de Java, el año 1948, no fue Tojhib SUHARTO (como señalé erróneamente) sino Ahmed SUKARNO. Pero aquella rebelión existió, y debió ser ahogada en sangre. Formó parte, pues, del conjunto de golpes e intentos de golpe de los comunismos locales, en todo el mundo, a que se refiere esa columna, desatados los años 1946/1949... precisamente los mismos que vieron la pugna entre Gabriel González Videla y el PC criollo.
«CONDORO» DEMOGRAFICO. En una columna anterior, me hice eco de las jubilosas fanfarrias del Registro Civil, festejando el «aumento de nacimientos» en Chile, el primer trimestre del 2009... 67.071, cifra récord, complementaria de la misma alza detectada anualmente desde 2005. Se estaría revirtiendo el descenso de la natalidad que amenazaba al país con despoblarse en cifras absolutas —cada año menos chilenos que el anterior— y que había llegado a su nadir en 2004.
El presunto aumento era modesto, y (caso de confirmarse para el resto del año) no alcanzaba a reponer la población total. Pero encendía una luz de esperanza.
Quizás, es cierto, los festejos oficiales por estas cifras fueran un tanto exagerados, y más todavía atribuirlas a las políticas de la Presidenta. Una carta de la vicepresidenta de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (El Mercurio, 2 de junio) era delirante al respecto. Y el sociólogo/columnista del mismo diario —siempre positivo tocante a las actuaciones oficiales— se preguntaba: “¿Dónde están los aplausos?” (para S.E.).
Desgraciadamente, las cifras esperanzadoras no eran verdaderas.
Las «inflaban» las inscripciones de los hijos de chilenos, pero nacidos en el extranjero, inscripciones que son posibles desde 2005 por una reforma constitucional, y que permitirán optar a nuestra nacionalidad sin el requisito de un año de residencia. Hasta 2008, suman 70 mil.
Descontadas, la cantidad anual de nacimientos continúa descendiendo.
No aplaudir, pues. Nada que celebrar.
Y algunas preguntas:
¿Por qué el Registro Civil da datos demográficos que son competencia del Instituto Nacional de Estadísticas?
¿Por qué lo hace tan fragmentariamente... un trimestre aislado?
¿Por qué no advierte que esas cifras incluyen nacimientos ocurridos fuera de Chile, que no aumentan nuestra población ni marcan tendencia en ésta? ¿Podía el Servicio ignorar semejante circunstancia y sus efectos?
LA PILDORA, OTRA VEZ.
Es cansador —en este asunto— repetir argumentos obvios, ya dichos y reiterados hasta el cansancio. Pero es necesario hacerlo, para disipar la falsedad constante que rodea el tema, y que asimismo se publicita sin tregua.
Hay una duda razonable sobre si la píldora llamada «del día después» es o no abortiva. Algunos expertos dicen que sí, otros que no. Se trata de una duda tan real, que figura en la literatura de los mismos laboratorios que producen el fármaco.
El aborto, en Chile, es inconstitucional e ilegal.
El Tribunal Constitucional resolvió que el Estado no podía tener una política de salud que incluyera la difusión de un fármaco posiblemente abortivo.
La autoridad ejecutiva, en vez de cumplir de buena fe el fallo del TC, intentó «darle la vuelta», distribuyendo la píldora mediante convenios de las municipalidades con los Servicios de Salud.
Como éstos y aquéllas son órganos del Estado, el mecanismo era sólo un «resquicio» —y bastante transparente, por lo demás— y así lo establece el dictamen que acaba de emitir la Contraloría, y que ha hecho renacer la polémica.
Frente a lo cual, renacen los sofismas altisonantes que recibieron el fallo del TC:
1. Que usar o no la píldora del día después constituye una decisión que la mujer afectada debe adoptar según su propia conciencia.
La conciencia no puede invocarse para infringir la ley. Su conciencia individual no basta para legitimar que alguien no respete la luz roja del semáforo, ni robe, ni mate... ni aborte. La conciencia individual, en la polémica científica sobre la píldora del día después, no puede pronunciarse en ningún sentido. Y la sola POSIBILIDAD de que esa píldora provoque un aborto excluye utilizarla.
2. Que las mujeres ricas podrán usar el fármaco y las pobres no, lo cual sería injusto.
Para anular esta presunta injusticia, bastaría con prohibir totalmente el expendio de la píldora, retirándole el permiso reglamentario, mientras no exista consenso científico sobre ser ella inocua.
Y sería la decisión más lógica.
Y aunque no se haga así, carece de sentido común pensar y sostener que el hecho de que una persona adinerada cometa un acto inconstitucional e ilegal obligue a permitir (y menos a fomentar mediante la gratuidad) que ese mismo acto lo cometa una persona pobre.
3. Que el TC resolvió torcido por las concepciones religiosas de quienes concurrieron al fallo.
Pero éste no invoca ningún argumento de fe, sino razones legales y jurídicas. Es fácil, pero intolerablemente pretencioso y abusivo, imputar a un juez motivos ocultos para resolver lo que resuelve —actuar “a la sombra” de los “ultra”, como dice un columnista de El Mercurio (28 de junio)— y así prescindir de analizar y refutar sus argumentos.
«DECALOGO» DE EDUCACION.
Se anticipan los puntos que contendría el programa del candidato presidencial de la Concertación en esta área. A la espera de un texto definitivo, no puede dejar de sorprender la irrealidad de algunas supuestas propuestas de dicho programa. Por ejemplo:
Estatización de la educación en comunas chicas.
Vale decir, rurales. La idea de que una escuela rural, unidocente, situada en un lugar remoto, mejore porque la dirija el Estado, es en verdad peregrina.
Intervenir mil establecimientos de mal SIMCE.
¿Y quién los va a intervenir? ¿El Ministerio de Educación, que todavía no puede cuadrar sus cuentas del año 2004? ¿Las universidades que con el Ministerio realizaron el «programa de Liceos Prioritarios», una de las cuales, muy importante, en tres años consiguió que el SIMCE de los 11 establecimientos que atendía bajara de promedio 215,4 puntos a 215,1 puntos (El Mercurio, 14 de junio)?
Elevar la subvención normal en 25%.
Con ello, llegaría a más o menos el 60% de la SUBVENCION MINIMA NECESARIA PARA OBTENER UNA CALIDAD TAMBIEN MINIMA.
