Rompiendo las reglas,
por Juan Andrés Fontaine.
por Juan Andrés Fontaine.
A juzgar por las encuestas, la receta está surtiendo efecto. De acuerdo al último sondeo del Centro de Estudios Públicos, la Presidenta Bachelet y su ministro de Hacienda gozan de inéditos niveles de popularidad. Aunque todavía es mayoritaria la percepción que el país está estancado (así piensa 46% de la muestra), los que creen está progresando han aumentado desde la última medición. Aunque un 62% de los consultados no ve mejoría en la situación económica por los próximos 12 meses —esto es, que sigue la recesión—, atribuyen el problema principalmente a la crisis internacional y creen efectivas las medidas del gobierno. Desde luego, a siete meses de la elección presidencial, estas noticias han sonado como dulce música a los oídos de la desvencijada coalición de gobierno.
El gobierno ha encarado la recesión con una suculenta dosis de estímulos fiscales. Oficialmente, se anuncia que el gasto fiscal crecería durante el presente año un desmesurado 14,5% en términos reales, el déficit fiscal ascendería a 4.1% del PIB y la regla del superávit estructural, tan justamente celebrada por tirios y troyanos, sería abiertamente vulnerada. Definitivamente, como informó la Presidenta en Estados Unidos, el timonel de las finanzas públicas ha perdido su “hand of baby”. Pero, el cambio no le ha sentado bien al mercado.
Está fuera de discusión que era necesaria una dosis de política fiscal activa, destinada, por ejemplo, a ayudar a las familias de menos recursos y a paliar el desempleo. Pero, se equivoca quien crea que es el gasto público el que nos va a sacar de la recesión. La política fiscal siempre tarda en echarse andar y hacerse sentir, suele alimentar deficiencias y puede desatar una dinámica populista que luego cuesta mucho refrenar. Que otros países, cuyo sistema bancario está destrozado, deban recurrir a ese expediente, no es razón para hacerlo también aquí. El incremento del gasto público que está llevando a cabo el gobierno es a todas luces exagerado y su financiamiento está ya provocando contraproducentes efectos sobre los mercados financieros y cambiarios, aunque provenga de los ahorros tan previsoramente acumulados por nuestras austeridades durante los años de abundancia.
No cabe tomar a la ligera el anunciado incumplimiento por parte del gobierno de la regla fiscal vigente. De acuerdo a la Ley de Responsabilidad Fiscal, no sólo la elaboración del Presupuesto, sino que también su ejecución deben procurar el cumplimiento de una meta fiscal pública y conocida. Desde luego, es entendible que, a posteriori, puedan detectarse desviaciones en el logro de ese propósito, pero es inadmisible que ya a mediados de año, y luego de sucesivos anuncios de gastos públicos adicionales —el último dado a conocer tan sólo el 21 de mayo pasado—, nuestras autoridades caigan en la cuenta que ya no será posible atenerse a la meta comprometida. Nada hay en la definición oficial de la regla que autorice al gobierno a vulnerar su meta un año, aduciendo haberla cumplido en exceso en el período anterior. Hablemos claro: lisa y llanamente, estamos en presencia de un rompimiento de la meta fiscal comprometida.
Es cierto que la recesión amerita medidas excepcionales. El gobierno debió, primero, haber intentado acomodar dentro del presupuesto aprobado los nuevos desembolsos necesarios, aprovechando que la inesperada caída de la inflación le creaba un margen adicional de capacidad de compra. Adicionalmente, rebajar temporalmente la meta de superávit —como lo hizo en enero— o, derechamente, anunciar la suspensión de la aplicación de regla a raíz de la emergencia económica mundial. Debe destacarse que pese, a sus continuas modificaciones metodológicas y la falta de transparencia en sus cálculos, el mercado ha interpretado que la regla fiscal compromete efectivamente la conducción de la política fiscal y por eso la ha visto como una garantía de manejo responsable de las finanzas públicas. El anuncio oficial informando que la regla fiscal ya no es una limitante, que ahora podemos sobrepasar la meta porque antes la habríamos cumplido en exceso, deja la impresión de que se han soltado las amarras del gasto público.
El desenfreno fiscal no puede sino repercutir inconvenientemente sobre los intereses y el dólar, precios claves para la reactivación de la inversión, las exportaciones y el empleo. Por ahora, la expansión fiscal se está financiando con cargo a los fondos ahorrados en el exterior y ello exige una masiva venta de dólares por parte del Fisco. Más tarde posiblemente se recurra a solventar las necesidades fiscales con deuda.
Como era de esperar, las ventas de dólares por parte del Fisco han sido uno de los principales factores tras la caída del dólar de 100 pesos a lo largo del año o 16% en términos reales, respecto de la canasta representativa de divisas. El derrumbe del cambio ha sido particularmente pronunciado en los últimos días, tras conocerse el quiebre de la regla fiscal. El actual nivel del dólar amenaza la competitividad de vastos sectores de la agricultura y la industria, poniendo en jaque la viabilidad de la recuperación de la producción y el empleo.
Se ha planteado como alternativa que las ventas de dólares por parte del Fisco se efectúen directamente en el Banco Central, aislando al dólar de los perturbadores efectos de la política fiscal en marcha. Pero, es una mala idea. Ello exigiría al Banco Central neutralizar el efecto monetario de tales operaciones con la colocación de títulos de deuda, ya sea de corto o de largo plazo. Desde el punto de vista financiero, ello es exactamente equivalente a que sea el Fisco quien emita tal deuda. ¿Por qué, entonces, no adoptar esta última opción? Es recomendable que los fondos externos se utilicen sólo para cubrir las reducciones temporales en los ingresos públicos del cobre, que también son en dólares. En cambio, el déficit causado por los mayores gastos o menor recaudación en pesos, bien puede financiarse colocando bonos de la Tesorería en el mercado local. Es cierto que ello puede afectar los intereses, que requiere obtener autorización legal del Congreso e implica reconocer su costo en el Erario nacional. Pero, de eso se trata: que las decisiones fiscales se debatan con entera transparencia y pleno conocimiento de sus consecuencias.
No es rol del Banco Central acudir a facilitarle indirectamente al gobierno la aplicación de una política expansiva, contrarrestando sus efectos reales sobre los mercados. Ya es suficientemente perturbador el quiebre de la regla fiscal, no quebremos también el sano principio de separación de poderes sobre el que descansa la autonomía del Banco Central.
