Gabriel González Videla y los comunistas (I). El fallecimiento de la señora Miti Markmann, la viuda del Presidente Gabriel González, pone de actualidad la mortal lucha que éste libró con el Partido Comunista de Chile. Para analizarla, necesitamos liberarnos mentalmente de la imagen del «traidor» González Videla, fruto de la campaña denigratoria en su contra... el asesinato moral del enemigo , que los comunistas criollos y del mundo entero llevaron a una altura casi artística. Quizás sea residuo de esa campaña que, aun hoy día, ninguna feminista —ni siquiera las más altamente colocadas— haya recordado y agradecido que la señora Miti y su marido hicieran realidad el voto pleno de la mujer.
La publicación del libro de Carlos Huneeus «La Guerra Fría Chilena. Gabriel González Videla y la Ley Maldita» aporta material para decidir si ese Supremo Mandatario merece aprobación o reprobación por haber ilegalizado al Partido Comunista (Ley de Defensa de la Democracia, la «maldita», de 1948,vigente hasta 1958).
Decidir el punto exige prescindir de consideraciones sentimentales. Es cierto que por largos años González Videla había sido el mejor amigo del comunismo chileno, y viceversa, por lo cual su actitud posterior —destruirlo con despiadada fuerza, totalidad y rapidez— no pareció ni parece «elegante». Pero los hombres de gobierno no están para ser «elegantes», sino para servir los intereses nacionales. Luego, si él se convenció de que este servicio exigía la «Ley Maldita», y si se hallaba en lo cierto, su deber estricto e insoslayable era hacer lo que hizo, y ello merece aplauso y no crítica.
Huneeus ha hecho una investigación encomiable, y el libro resultante —escrito con serenidad y amenidad— proporciona muchos datos útiles, pero no enfoca ni resuelve el problema que he expuesto. Se concentra en cómo lo abordaronlos grupos políticos de inspiración católica que debieron enfrentarlo. Tema interesante, pero históricamente secundario. Lo principal es lo otro: ¿convenía o no A CHILE que hubiera Ley de Defensa de la Democracia? Las posiciones eran las que siguen:
1. González Videla la impulsó por dos consideraciones distintas:
1.1. La creencia de ser inminente la Tercera Guerra Mundial: los EE.UU. y Europa Occidental contra el Imperio Soviético. Se la transmitían insistentemente informantes que le inspiraban fe. Ese conflicto haría imposible, inviable que funcionara un gobierno chileno en el cual participara nuestro Partido Comunista.
1.2. La creencia de que ese partido conspiraba para derribarlo y asumir el poder en Chile.
2. Varios grupos refutaban a Gabriel González, especialmente por: 2.1. negar la supuesta conspiración, y 2.2. considerar que no cabía eliminar el comunismo utilizando la fuerza, sino mediante la superación de las injusticias sociales que lo alimentaban. Por ejemplo, los obispos de Chile habían dicho (enero de 1947): “La errada solución comunista no será vencida por medios negativos como la violencia y la coerción, sino superándola por una acción de verdadera redención proletaria en justicia social y caridad”.
Los políticos católicos se dividían ante estas refutaciones a González Videla. Y así:
-Los conservadores socialcristianos, afines a los falangistas (con los cuales después formarían la DC), v.gr. el doctor Cruz Coke y Horacio Walker, aceptaban la fuerza anti-PC, incluyendo privarlos “de los derechos políticos y de la admisión a los empleos y funciones públicas”. Pero supeditaban el aplicar esta fuerza a que existieran hechos concretos reprobables, cometidos por los comunistas. Y además a una reforma constitucional; no creían bastara al efecto una simple ley. No se pronunciaban sobre la «conspiración» ni creían, aparentemente, en ella.
-Los conservadores tradicionalistas iban más allá. No estimaban indispensable la reforma constitucional, y adherían a la idea de «conspiración» del Presidente. Decía uno de los líderes tradicionalistas, Sergio Fernández, que los comunistas “sobreponen al interés del país el interés de la Unión Soviética”. El PCCH era una “asociación ilícita”, dirigida a “instaurar en el país una dictadura o gobierno totalitario”, agregaba otro prominente jefe del sector, Héctor Rodríguez de la Sotta. El delito consistía en pertenecer a ella, sin necesidad de otros actos, específicos.
-Los falangistas no creían para nada en la «conspiración» ni en el anticomunismo formal. Este era lo único peor que el comunismo, dijo Frei Montalva. Pero fue Bernardo Leighton el más claro:
“El conocimiento personal y directo, durante largos años, de innumerables comunistas en las más variadas situaciones y oportunidades, me lleva a (la conclusión de que)... la inmensa mayoría de ellos no busca «preferentemente» el interés de Rusia, sino el de los trabajadores chilenos, partiendo de una concepción errada del ser humano. La experiencia soviética es (para ellos) uno de los elementos de juicio ... pero no es el «único», ni el «preferente», ni el «esencial». Estoy convencido que su «carácter esencial» no es cumplir una estrategia foránea y contraria a Chile”.
“Acepto que hay comunistas... guiados por este propósito, pero... su influencia, en el curso de los últimos diez o doce años, ha sido cada vez menor en la marcha general del Partido... La actitud del Partido Comunista frente a Rusia, en la época actual, es más de «sugestión» que de «sujeción»...”.
Consecuentemente, los falangistas no rechazaban de modo absoluto la posibilidad de aceptar la «mano tendida» que les ofrecían los comunistas de la posguerra, no obstante las advertencias que al respecto formulaban tanto el Papado como los obispos chilenos. Influía al efecto el filósofo francés Jacques Maritain, «padre espiritual» de la Falange, quien a su vez estaba condicionado por la cooperación católico/comunista en la resistencia antinazi.
-Terminemos haciendo notar que todos los grupos católicos que hemos enumerado se declaraban adeptos a la doctrina social de la Iglesia, aunque la interpretaran (quizás) de modos diversos. No era este tema, pues, el que los hacía enfocar diversamente la proscripción del comunismo, sino la doble interrogante que planteaba González Videla: ¿Estaba ad portas la Tercera Guerra Mundial?
¿Conspiraba el comunismo chileno para instaurar aquí una dictadura totalitaria?
El primer temor se desvirtuó pronto. No, la nueva guerra universal no sería cosa de semanas ni de meses. Responder a la segunda pregunta no era ni es tan claro.
Es crucial hacerlo si se quiere juzgar a González Videla. Si éste y quienes con él materializaron la ilegalización del comunismo —radicales, liberales, conservadores tradicionalistas— tenían razón, si el PCCH realmente era o podía ser verosímilmente una amenaza dirigida a hacer de Chile un “socialismo real” bajo el poder soviético... entonces el Mandatario nos prestó un gran servicio, un servicio invaluable que merece la gratitud patria.Y quienes se le opusieron afortunadamente fracasaron, pues de haber tenido éxito, nos hubiesen causado un perjuicio quizás irreparable.
Ante tan maciza disyuntiva, los restantes aspectos de la cuestión —a menudo importantes en sí mismos— palidecen, pierden trascendencia. Descontamos, por supuesto, la sinceridad y buena intención de todos. Pero en política no compensa equivocarse.
¿Hubo o podía razonablemente temerse una conspiración comunista en Chile los años 1946 y siguientes? Allí está el nudo del problema, y lo demás es accesorio. Contestar esta pregunta exige otra columna.
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Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ha culminado tan ingrato episodio.
La Facultad fue tomada por sus alumnos el 29 de abril, aduciendo —se publicó entonces— supuestas impropiedades del Decano: inexactitudes de su currículo, plagio de un libro. Cuarenta y ocho horas antes, un grupo de profesores había hecho igual denuncia, pidiendo se investigara. Pero el presidente del Centro de Alumnos aclaró que el tema indicado —los cargos contra el Decano— no era el “central” de la toma. Esta buscaba un “proceso de reforma... profundo” de la Facultad, acusada de carencias en investigación, extensión, “proyecto de desarrollo institucional de largo plazo”, miembros del claustro, “espacios de deliberación reales”, etc. etc. (El Mercurio, 11 de mayo).
Intervino el rector de la universidad. Primero, nombrando una comisión de intelectuales, no contemplada por los estatutos, para que investigara el tema del presunto plagio, cuyo informe fue desfavorable al Decano. Segundo, acusando directamente a éste de dicha incorrección y aun delito. Tercero, encabezando un confuso y secreto forcejeo en que intervinieron el imputado, los profesores denunciantes, el Consejo Universitario y los alumnos en toma. Culminó el forcejeo con la renuncia del Decano y el nombramiento de un Vicedecano, que deben materializarse la semana que comienza, con las características que siguen:
-La renuncia del Decano habría tenido el «aliciente» de que, si no se presentaba, cabía lo destituyese el Consejo Universitario
-El nombre del Vicedecano —ya conocido, y que corresponde a un jurista de mucha reputación— habría sido consensuado entre el Rector, por una parte, y por la otra: 1) los profesores que denunciaron al Decano, y 2) los alumnos ocupantes de la Facultad (cuando menos, ambos grupos aprobaron pública y previamente dicho nombre). El claustro del organismo no intervino para nada.
-Adicionalmente, el Rector y los alumnos habrían consensuado de antemano que el vicedecano por nombrarse “regularizara la situación de los académicos invitados”, y promoviera la “instauración del consejo de escuela”, “la participación de los centros de investigación en los consejos de la Facultad”, “políticas de bienestar estudiantil”, etc. (El Mercurio, 30 de mayo).
Las conclusiones de todo lo anterior son desgraciadamente muy claras:
-Los alumnos de Derecho de la Universidad de Chile (o parte de ellos) se toman la Facultad para imponer una reforma determinada de sus estudios, orientación, profesorado, claustro, etc. Intervención, ésta, prohibida por la ley y los estatutos del plantel, y que además desprecia los mecanismos participativos que esos mismos estatutos establecen, aprobados en plebiscito (me parece recordar) por los estamentos universitarios
-Las acusaciones infamantes contra el Decano, verdaderas o falsas, son sólo parte de la táctica de los alumnos para obtener sus verdaderos objetivos. Logrados éstos, las imputaciones pasan al olvido.
-Dichas acusaciones se resuelven anticipadamente, prescindiendo de estatutos y reglamentos de la Universidad, y en general del «debido proceso» que ha reclamado para ellas el mismo presidente del Centro de Alumnos (El Mercurio, 30 de mayo). Y aplicando, en cambio, un sistema irregular de insinuaciones, presiones y cabildeos, hasta obtener la renuncia. Cooperan en diversos grados a la irregularidad el Rector, el Consejo Universitario, los profesores denunciantes (que jamás condenaron la toma, «colgándose» tácitamente de ella), y el mismo Decano... el último, es cierto, in extremis y abandonado por todos. El claustro de la Facultad nada ha dicho, tampoco, y probablemente nada dirá. Esto, en una institución DE DERECHO.
Se ha recordado que, el año 1997, una toma parecida impidió, en la misma Facultad, que pudiera ser elegido Decano un abogado de gran capacidad, pero que no era «políticamente correcto». Es probable que la fuerza indebida y abusiva de entonces haya sido precedente, ejemplo, de la actual... como ésta lo será de otras futuras.
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