Sobre propuestas y viejos equilibrios de poder,
por Margarita María Errázuriz.
Desde hace ya un buen tiempo, la ciudadanía clama por ideas y rostros nuevos en la política. No sé si la buena voluntad para avanzar por ese camino está a la altura de nuestros deseos. Conspiramos contra éstos en la medida en que se aceptan, y hasta se celebran, la descalificación y el rechazo sin argumento a toda propuesta que modifique nuestro modus vivendi, que altere nuestros acomodos.
La mayoría de nosotros concuerda en que los puntos de estancamiento que impiden que lleguemos más lejos como país se concentran en problemas de gestión y en instituciones que no son adecuadas para la complejidad de los desafíos que hoy enfrentamos. Otro campo de dificultad se presenta —por razones más ideológicas que reales— cuando es necesario precisar el rol del Estado y de los privados, aunque la experiencia nos ha enseñado que las alianzas entre lo público y lo privado son necesarias para realmente progresar. Un país no puede desconocer que los actores motores de su desarrollo deben participar y ponerse de acuerdo en la toma de decisiones que les atañen.
Este período de elecciones, durante el cual se difunden las propuestas elaboradas por los distintos comandos en campaña, podría ser un momento único para reflexionar sobre ideas nuevas y sobre otras que hace tiempo rondan sin contar con la fuerza necesaria para imponerse.
Sin embargo, no aprovechamos esta oportunidad. Doy tres ejemplos. Es difícil entender que una propuesta para lograr una efectiva descentralización y elecciones directas de las autoridades regionales se deje en el olvido sin pena ni gloria. Para efectos prácticos, es como si nunca se hubiese planteado. También, cuesta aceptar que se rechace por principio, antes de empezar a conversar, una nueva forma de administrar los recursos destinados a la pobreza, teniendo presente los problemas de gestión y la urgencia por solucionar dicha condición, o que se critique la participación de privados en empresas públicas, por baja que ella sea, cuando es sabido que la alianza público-privada beneficiaría su gestión y transparencia.
Cada una de esas propuestas es un intento de responder a problemas reales. Se esperaría que en lugar de descalificarlas con argumentos livianos y que no vienen al caso, se abriera un espacio de discusión. Si a los candidatos a la Presidencia se les rechazan sus propuestas de inmediato y sin pensarlas con seriedad, difícil será solucionar fallas conocidas por todos y encontrar personas dispuestas a correr el riesgo de plantear nuevas ideas.
Pese a que urge hacer reformas institucionales acordes con un país que se dice moderno, al parecer valoramos poco iniciativas que nos apartan de los equilibrios sociopolíticos establecidos. No queda más que concluir que se quiere avanzar manteniendo soluciones viciadas. Es decepcionante, pero es la realidad.
No entiendo cómo las élites de nuestro país, si tienen realmente espíritu de servicio, pueden tener tanto temor a abrirse a otras opiniones o a otras realidades. No queda más que pensar que estas propuestas, ni siquiera tan novedosas, no son políticamente correctas porque pueden cambiar los actuales equilibrios políticos y los cargos a ellos asociados.
En un país ideal se abrirían espacios para discutir esas ideas en su mérito. En ese mismo país ideal, si éstas son buenas, el candidato triunfante estaría dispuesto a aplicarlas. Así como los candidatos hablan de llamar a las mejores personas a ocupar cargos en su gobierno, me gustaría que dijeran que apoyarán las mejores ideas que han planteado las distintas candidaturas. Detrás de ellas hay mucho trabajo y esfuerzo de los mejores profesionales en cada caso, conformando equipos que han destinado mucho tiempo en su elaboración. Parece inconcebible descalificarlas a priori.
No sé si seré demasiado inocente al atreverme a plantear esta posibilidad que sueño. Me rebelo a que se tilde de ingenuidad aquello que puede ser lo mejor para el país.
El Sernac financiero de Obama,
por Alejandro Ferreiro.
La semana pasada Obama mostró sus cartas en relación con su esperada propuesta para reformar la regulación del sistema financiero. En 88 páginas, la Casa Blanca propone “nuevos fundamentos” que permitan controlar “riesgos construidos sobre cerros de arena”.
La propuesta ha dejado a algunos con gusto a poco. Al parecer, se optó deliberadamente por excluir ciertos temas necesarios, pero complejos, a cambio de concentrarse en lo urgente y esencial. Con todo, no tiene garantizado el plan de Obama un paso fácil por el Congreso. La mayoría demócrata no se ha traducido en una recepción entusiasta en el Senado, especialmente en lo relativo a la idea de expandir los poderes de supervisión de la Reserva Federal a todas las entidades financieras no bancarias cuyas fallas puedan generar riesgo sistémico. La racionalidad de la propuesta es clara: dado que la Fed termina pagando la cuenta de los rescates de quienes son “too big to fail”, es necesario darle atribuciones que permitan anticiparse al colapso. Pero algunos senadores creen que la Fed pudo hacer más en meses pasados, y que la crisis reveló más bien errores de juicio, desidia y miopía, que la falta de atribuciones legales para intervenir oportuna y suficientemente. Más poderes para la Fed, según los críticos, equivaldría a un premio para quien no lo merece.
Por otro lado, quienes esperaban la racionalización del verdadero mosaico de instituciones de regulación financiera en Estados Unidos, tendrán que seguir esperando. Se mantienen separados los reguladores de valores, derivados e hipotecas. En el caso de los seguros, peor aún, subsistirá el derecho de cada estado de regularlos separadamente. Al parecer, la lógica de la propuesta se basa en proponer un regulador central —la Reserva Federal— sólo para los grandes y con prescindencia de su función financiera específica. Para ellos habrá, además, a mayores requisitos de capital y solvencia.
Pero la iniciativa mejor recibida por políticos y opinión pública consiste en la creación de una agencia para proteger al consumidor de productos financieros. La nueva agencia, CPFA, sumará nuevas atribuciones a otras que sustrae de la Fed y de reguladores bancarios y buscará mejorar la claridad y equidad de las cláusulas contractuales en materias hipotecarias, de tarjetas de crédito y otras. Este verdadero Sernac financiero viene a completar el mapa regulatorio. Aquí ya no se trataría de evitar nuevas fallas en las instituciones, sino que de educar y proteger al consumidor. La crisis financiera arrojó demasiada evidencia de personas desinformadas acerca de aspectos esenciales de contratos no siempre claros ni exentos de cláusulas abusivas.
Así como la crisis financiera contagió al mundo, lo mismo ocurrirá en buena medida con las tendencias regulatorias que buscan prevenir su repetición. Aún no es claro cómo decantará el proceso de rediseño de la arquitectura regulatoria global. Pero algunas líneas parecen claras: la sofisticación desregulada de productos financieros dará paso a mayores controles. Así ocurrirá con las securitizaciones y derivados.
La propuesta de proteger al consumidor financiero mediante una agencia especial parece hacerse cargo del conflicto de interés que suele afectar a reguladores cuya misión esencial —y, en ocasiones, casi excluyente— consiste en velar por la solvencia de las instituciones. Para ellos, si un banco gana mucho dinero será bueno para su solvencia y la solidez del sistema. Poca consideración se presta a si tales ganancias resultan, en parte, de una competencia imperfecta, o de comisiones múltiples y complejas que rara vez conoce el cliente.
La regulación por solvencia es indiscutiblemente necesaria. Chile lo aprendió dolorosamente en la crisis del 82-83. Pero no es aceptable que el resguardo de la solvencia suponga la desprotección de los clientes. Es cierto, existe una especie de conflicto de interés casi estructural entre resguardar solvencia y propiciar competencia y, en menor grado, proteger al consumidor. La competencia que solemos predicar para toda la economía, aquella que supone el desplazamiento de los ineficientes a manos de los eficientes, puede —paradójicamente— resultar intolerablemente gravosa en el sector financiero. La quiebra de un banco, por ejemplo, arrastra los depósitos del público e interrumpe el flujo de crédito. Por ello, quizás inconscientemente, los reguladores son reacios a imponer mayores presiones al sector bancario, ya sea aquellas que impongan mayor rivalidad competitiva, como las que provienen de un mejor resguardo de los derechos de los consumidores. Entre nosotros, por ejemplo, no han sido pocas las tensiones y diferencias de opinión entre la Superintendencia de Bancos y el Sernac. Ellas revelan, en parte, este conflicto de objetivos.
La propuesta de Obama se hace cargo del tema, y junto con regular para un mejor control de solvencia y liquidez de las instituciones cuyo colapso haría tambalear al sistema, decide crear una institución nueva y especializada en la protección de los consumidores de servicios financieros. El debate se abrió en Estados Unidos. No sería malo exponerlo abiertamente en Chile.
El globo rojo,
por John Biehl del Rio.
Según una encuesta reciente de Adimark, la Presidenta Bachelet alcanzó el 69% como nivel de aprobación a su labor de gobierno. Para cualquiera, éste es un porcentaje excelente. Otras encuestas indican que la Presidenta superaría ese nivel en opiniones positivas. La oposición política, que tiene como candidato a Sebastián Piñera, teme que esa popularidad se traspase a la Concertación de Partidos Políticos por la Democracia. El temor es justificado.
En las fotografías que estas encuestas dicen reflejar, lo más notable es que el candidato Piñera se ha estacionado alrededor del 35%. En esa primera vuelta, la suma de los pretendientes que proclaman lealtad concertacionista alcanza casi el 52%. Una calificación muy similar a la aprobación favorable que ha llegado a tener el gobierno como un todo, 53%.
Mientras estas cifras, que suben y bajan, divierten a muchos, el país camina por senderos en que los niveles de incertidumbre han aumentado significativamente. El sector económico se dirige, sin reservas, a buscar respiración asistida por parte del Estado.
Socializar las pérdidas será su objetivo de siempre. Chile está entre los países emergentes que más pueden sufrir por la crisis aun cuando hayamos acumulado grandes reservas que pueden servir para aliviar y retardar dolores temporalmente.
A los grandes empresarios les preocupa que los importantes ahorros del país puedan repartirse de otra manera a lo que ha sido tradicional en la historia económica de Chile.
Se ve mal el ejemplo que se está dando en Europa, Estados Unidos y otros países en el trato a las empresas “alegres”. Puede y debe darse en nuestro país una relación renovada entre el Estado y el sector privado, y entre el capital y el trabajo.
Cuando hace unos meses el entonces ministro de Trabajo Andrade planteó la necesidad de lo que habría sido una reforma estructural referida al seguro de cesantía, y su relación frente al reto de la flexibilización laboral, él y quienes lo apoyaron perdieron la partida.
Luego se realizó una mínima reforma al seguro de desempleo, que no tiene significado frente a la inestabilidad permanente de los trabajadores en tiempos de cambio y, menos aún, de crisis.
El propio Fondo Monetario pidió disculpas por no haber visto venir la tamaña crisis que vivimos. Es simplemente absurdo pretender que en Chile la negativa para iniciar un cambio de profunda justicia social se dio por una decisión visionaria surgida de algún aquelarre criollo. Más que nunca debemos lamentar la derrota político-económica de ese momento.
Se acentuó entonces una práctica de entregar bonos. Esta pasó a ser enormemente popular y a producir dividendos políticos fáciles. Tenía la ventaja de poder elegir con precisión a los sectores que se quería favorecer y gastar entre 300 y 400 millones de dólares en cada bono resultaba insignificante para un país dado a comportarse como nuevo rico.
Poco importó que esta forma de gobernar acentuara un paternalismo estatal incalificable.
Los pagos tenían su origen en la magnanimidad del gobernante y estaban lejos de establecerse como derechos adquiridos. Se podría afirmar que esta manera de asignar fondos públicos se acerca, peligrosamente, al aprovechamiento electoral. Esta arma diabólica, genialmente diseñada, es por todos aceptada. El único reparo de los opositores consistió en reclamar que los bonos fueran un poco mayores.
No hay nobleza en jugar de esta manera con las necesidades de la gente y menos aún dotes de estadista, cuando es previsible que se buscará en el mañana transformar estos bonos en derechos y ello significará huelgas y violencia callejera para mantener e incrementar en su valor cada uno de ellos.
Que el realineamiento electoral producido luego de la dictadura se transforme en otra victoria para la Concertación dependerá de que se pueda elevar sustancialmente el nivel de la política en los meses por venir. Pesada carga frente a rectificaciones que obligan a terminar con el patético comportamiento de los pocos que se arrogan el derecho a empequeñecer más y más la democracia, y a la necesidad de establecer prioridades donde se comprenda que techar el Estadio Nacional es una vanidad que atenta contra un techo para Chile.
