Rompiendo las reglas, por Juan Andrés Fontaine.

Rompiendo las reglas,
por Juan Andrés Fontaine.

A juzgar por las encuestas, la receta está surtiendo efecto. De acuerdo al último sondeo del Centro de Estudios Públicos, la Presidenta Bachelet y su ministro de Hacienda gozan de inéditos niveles de popularidad. Aunque todavía es mayoritaria la percepción que el país está estancado (así piensa 46% de la muestra), los que creen está progresando han aumentado desde la última medición. Aunque un 62% de los consultados no ve mejoría en la situación económica por los próximos 12 meses —esto es, que sigue la recesión—, atribuyen el problema principalmente a la crisis internacional y creen efectivas las medidas del gobierno. Desde luego, a siete meses de la elección presidencial, estas noticias han sonado como dulce música a los oídos de la desvencijada coalición de gobierno.


El gobierno ha encarado la recesión con una suculenta dosis de estímulos fiscales. Oficialmente, se anuncia que el gasto fiscal crecería durante el presente año un desmesurado 14,5% en términos reales, el déficit fiscal ascendería a 4.1% del PIB y la regla del superávit estructural, tan justamente celebrada por tirios y troyanos, sería abiertamente vulnerada. Definitivamente, como informó la Presidenta en Estados Unidos, el timonel de las finanzas públicas ha perdido su “hand of baby”. Pero, el cambio no le ha sentado bien al mercado.


Está fuera de discusión que era necesaria una dosis de política fiscal activa, destinada, por ejemplo, a ayudar a las familias de menos recursos y a paliar el desempleo. Pero, se equivoca quien crea que es el gasto público el que nos va a sacar de la recesión. La política fiscal siempre tarda en echarse andar y hacerse sentir, suele alimentar deficiencias y puede desatar una dinámica populista que luego cuesta mucho refrenar. Que otros países, cuyo sistema bancario está destrozado, deban recurrir a ese expediente, no es razón para hacerlo también aquí. El incremento del gasto público que está llevando a cabo el gobierno es a todas luces exagerado y su financiamiento está ya provocando contraproducentes efectos sobre los mercados financieros y cambiarios, aunque provenga de los ahorros tan previsoramente acumulados por nuestras austeridades durante los años de abundancia.


No cabe tomar a la ligera el anunciado incumplimiento por parte del gobierno de la regla fiscal vigente. De acuerdo a la Ley de Responsabilidad Fiscal, no sólo la elaboración del Presupuesto, sino que también su ejecución deben procurar el cumplimiento de una meta fiscal pública y conocida. Desde luego, es entendible que, a posteriori, puedan detectarse desviaciones en el logro de ese propósito, pero es inadmisible que ya a mediados de año, y luego de sucesivos anuncios de gastos públicos adicionales —el último dado a conocer tan sólo el 21 de mayo pasado—, nuestras autoridades caigan en la cuenta que ya no será posible atenerse a la meta comprometida. Nada hay en la definición oficial de la regla que autorice al gobierno a vulnerar su meta un año, aduciendo haberla cumplido en exceso en el período anterior. Hablemos claro: lisa y llanamente, estamos en presencia de un rompimiento de la meta fiscal comprometida.


Es cierto que la recesión amerita medidas excepcionales. El gobierno debió, primero, haber intentado acomodar dentro del presupuesto aprobado los nuevos desembolsos necesarios, aprovechando que la inesperada caída de la inflación le creaba un margen adicional de capacidad de compra. Adicionalmente, rebajar temporalmente la meta de superávit —como lo hizo en enero— o, derechamente, anunciar la suspensión de la aplicación de regla a raíz de la emergencia económica mundial. Debe destacarse que pese, a sus continuas modificaciones metodológicas y la falta de transparencia en sus cálculos, el mercado ha interpretado que la regla fiscal compromete efectivamente la conducción de la política fiscal y por eso la ha visto como una garantía de manejo responsable de las finanzas públicas. El anuncio oficial informando que la regla fiscal ya no es una limitante, que ahora podemos sobrepasar la meta porque antes la habríamos cumplido en exceso, deja la impresión de que se han soltado las amarras del gasto público.


El desenfreno fiscal no puede sino repercutir inconvenientemente sobre los intereses y el dólar, precios claves para la reactivación de la inversión, las exportaciones y el empleo. Por ahora, la expansión fiscal se está financiando con cargo a los fondos ahorrados en el exterior y ello exige una masiva venta de dólares por parte del Fisco. Más tarde posiblemente se recurra a solventar las necesidades fiscales con deuda.

Como era de esperar, las ventas de dólares por parte del Fisco han sido uno de los principales factores tras la caída del dólar de 100 pesos a lo largo del año o 16% en términos reales, respecto de la canasta representativa de divisas. El derrumbe del cambio ha sido particularmente pronunciado en los últimos días, tras conocerse el quiebre de la regla fiscal. El actual nivel del dólar amenaza la competitividad de vastos sectores de la agricultura y la industria, poniendo en jaque la viabilidad de la recuperación de la producción y el empleo.


Se ha planteado como alternativa que las ventas de dólares por parte del Fisco se efectúen directamente en el Banco Central, aislando al dólar de los perturbadores efectos de la política fiscal en marcha. Pero, es una mala idea. Ello exigiría al Banco Central neutralizar el efecto monetario de tales operaciones con la colocación de títulos de deuda, ya sea de corto o de largo plazo. Desde el punto de vista financiero, ello es exactamente equivalente a que sea el Fisco quien emita tal deuda. ¿Por qué, entonces, no adoptar esta última opción? Es recomendable que los fondos externos se utilicen sólo para cubrir las reducciones temporales en los ingresos públicos del cobre, que también son en dólares. En cambio, el déficit causado por los mayores gastos o menor recaudación en pesos, bien puede financiarse colocando bonos de la Tesorería en el mercado local. Es cierto que ello puede afectar los intereses, que requiere obtener autorización legal del Congreso e implica reconocer su costo en el Erario nacional. Pero, de eso se trata: que las decisiones fiscales se debatan con entera transparencia y pleno conocimiento de sus consecuencias.


No es rol del Banco Central acudir a facilitarle indirectamente al gobierno la aplicación de una política expansiva, contrarrestando sus efectos reales sobre los mercados. Ya es suficientemente perturbador el quiebre de la regla fiscal, no quebremos también el sano principio de separación de poderes sobre el que descansa la autonomía del Banco Central.

El oficio de columnista, por Leonidas Montes.

El oficio de columnista, por Leonidas Montes.

En nuestro país el oficio o, mejor dicho, la responsabilidad de ser columnista es difícil. Si algo tienen en común las columnas provocativas es que generan diversas reacciones, sobre todo e-mails con contenidos variopintos. El debate serio es muy positivo. Un bien público, diría un economista. Pero la responsabilidad de ser columnista no sólo es difícil.

También puede ser arriesgada. Por una columna acerca de una empresa pública de la que se sabía bastante poco terminé enfrentando ante la justicia una querella criminal por injurias. Tuve que defenderme y contratar a un abogado. Al menos la empresa sigue siendo de todos los chilenos. Y aunque poco se ha sabido de esta empresa, sólo recuerdo haber leído recientemente que el ex rector de la Universidad de Chile asumió su presidencia. Y como las coincidencias a veces no son casuales, un par de columnas donde mencioné a la Universidad de Chile han generado más reacciones de las que hubiera previsto.

Por atreverme a comparar un par de datos entre la Universidad Católica con la Universidad de Chile, destacando de paso algunos logros de las universidades privadas, recibí una seguidilla de e-mails cuyo contenido, poco académico por cierto, no sería apropiado reproducir. Mi error más grave fue decir que “dos de las universidades más competitivas en medicina, prácticamente sin apoyo de recursos fiscales, son privadas.

Quién lo hubiera imaginado diez años atrás”. Y para que esto no pareciera sólo un tema «cota mil», agregué: “no olvidemos que la Escuela de Derecho de la UDP jugó un rol clave en nuestra reforma procesal penal”. Ya que existe una campaña respecto al «nuevo trato», donde las universidades públicas lideradas por la Chile exigen más recursos del Estado, me preguntaba por qué la Chile tenía 3,5 veces más funcionarios no académicos que la Católica. Como el eslogan ahora es «más Estado», independiente de algunos resultados que están a la vista, mis palabras sonaron como una herejía. Y hablar de la «cota mil»... este loco sí que no cacha na’ del mundo en que vivimos.

Pese a todos los e-mails e insultos que recibí por comparar a la Chile y a la Católica, hace poco volví a cometer el mismo pecado. Eso sí, esta vez fui cuidadoso: no mencioné nada que tuviera que ver con las universidades privadas. No quería ser tratado nuevamente de inculto, ignorante o fascista. Simplemente planteé algunas inquietudes y ciertas preocupaciones, a mi juicio fundadas, respecto de la situación actual de la Chile y de las universidades públicas. Y nuevamente, en un pasaje donde lamentablemente cometí un error, me preguntaba por qué la Universidad de Chile tiene 6.832 funcionarios no académicos, un número elevadísimo si se compara con todo el sistema. Mencioné que se parecía a Codelco.

En reiteradas ocasiones he planteado que el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (el cartel CRUCH) es una institución obsoleta. Finalmente, la Católica junto a otras buenas universidades golpearon la mesa. Hay aires de cambio.

La Chile seguirá liderando el CRUCH. Y me temo que lo hará en compañía no muy buena. Quizás en todo esto hay una apuesta política: la oportunidad de concretar el «nuevo trato». Esto es, obtener mayores recursos del Estado. Un trato preferente, argumentarán algunos; exclusión disfrazada de equidad, dirán otros.

Nuestro sistema universitario es parecido al de Inglaterra, donde hay dos grandes universidades que lideran el sistema: Oxford y Cambridge. Y compiten. En nuestro país es parecido: la Chile y la Católica (pongo a la Chile primero, ya que son más susceptibles).

También compiten. La única diferencia es que en Inglaterra existe un rico debate respecto a Oxford y Cambridge. Recuerdo haber leído columnas develando realidades muy duras.

Entienden que el debate es un bien público. En Chile estamos lejos. Y si alguien se entromete, se especulan confabulaciones.

Sigo preguntándome qué diría don Andrés Bello de la actual situación de la Chile...

Dos comentarios para revisar....

MEO y cómo sobrevivir hasta diciembre

por Gonzalo Müller (*)

Paradójico es que el candidato alternativo Marco Enríquez-Ominami, a pesar de su exitoso 13% en la última encuesta CEP, deba ahora soportar todo tipo de llamados al orden y a deponer su postulación, desde los gentiles pedidos a que acoja los puentes tendidos desde la Concertación, hasta las soterradas pero constantes advertencias a todos los funcionarios públicos para que no colaboren con su candidatura. Como si se hubiera acabado el recreo, ¡todos a la fila!

La irrupción, la novedad y la simpatía deben dar paso a un camino, pero, ¿a cuál? Cuando uno escucha a MEO referirse a Frei y a la Concertación brota un discurso que clama renovación y cambio, se hace eco de todos los vicios y desgaste que sufre la coalición gobernante, sin desconocer su origen, y llama a construir algo nuevo, hacia el futuro. Sintoniza entonces con un descontento profundo del electorado con la política actual, y adquiere tonos de transversalidad.

Pero rápidamente asoma la culpa. Que nadie vaya a entender que si ataca a Frei, es para hacerle el juego a la derecha. Y aquí surge, súbito, un discurso de izquierda nostálgica, una mirada de la sociedad de ricos y pobres, en blanco y negro, que lo sitúa, paradójicamente, muy cerca de Camilo Escalona y el socialismo no renovado. Poco de futuro, mucho de las respuestas del pasado.
Marco Enríquez-Ominami debe concretar su oferta, superar la culpa y presentarse como lo que hoy es, un candidato que pretende ofrecer un camino alternativo a la Concertación y a la Alianza.

No es fácil diferenciarse. Más difícil aún es construir una identidad propia, que no se acerque inevitablemente hacia una u otra. Porque cuando critica la corrupción y las prebendas políticas en el gobierno, los electores lo asimilan a la Alianza, y si las emprende contra Piñera, lo ven cercano a Frei y a la Concertación. Es por esto que su mensaje requiere de claridad: qué significa votar por él.

Hasta ahora MEO ha vivido de las debilidades de sus adversarios, de su falta de novedad, de la fuerte necesidad de renovación, pero eso no es suficiente para sobrevivir a la vorágine de una carrera presidencial que empieza a acelerar. En septiembre, frente a una nueva encuesta CEP, la realidad política, el mismo statu quo que él pretende romper, le puede terminar pasando la cuenta y dejarlo al margen justo antes de iniciar la recta final a La Moneda.

(*) Gonzalo Müller es Director Ciencia Política y Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo.

Capacidad de gestión en La Moneda,

por Cristóbal Aninat (*)

Sebastián Piñera hace una interesante propuesta para mejorar la gestión de comunicaciones del gobierno y la coordinación de políticas sociales, al proponer eliminar la SEGEGOB como ministerio y radicar sus funciones en La Moneda, y la creación de una cartera de desarrollo social. Una idea novedosa que finalmente introduce el tema de la transformación de la estructura ministerial en la agenda de reforma del Estado. Sin embargo, insuficiente para generar la capacidad de gestión y coordinación que necesita urgentemente La Moneda.

El sistema presidencial chileno otorga amplios poderes al Jefe de Estado. Sin embargo, la estructura organizacional actual de la Presidencia y el gabinete no le entregan las herramientas necesarias para gobernar eficazmente.

A mediados del siglo XX, el Congreso de Estados Unidos crea la Oficina Ejecutiva del Presidente (OEP) —la que conocimos popularmente a través de la serie de televisión The West Wing— para otorgarle “el apoyo necesario para gobernar efectivamente”.

Así, la cúpula del gobierno norteamericano está dividida entre el gabinete, conformado por quince ministros a cargo de ministerios sectoriales, y la OEP, compuesta por consejos y oficinas a cargo de la definición de políticas públicas, coordinación de políticas y asesorar directamente al Mandatario.

En este marco no existen ministerios políticos. Se entiende que es el Presidente quien toma directamente las decisiones políticas y de políticas públicas. Por tanto, su jefe de gabinete es un asesor interno de la Presidencia con rango de ministro, y las divisiones que en Chile están radicadas en Segegob (comunicaciones) y Segpres (coordinación interministerial y relaciones políticas) también dependen directamente del gobernante.

Para el desarrollo y coordinación de políticas públicas, dentro de la OEP existen consejos interministeriales por sectores, que encabeza directamente el Presidente. En estos consejos participan los ministros y asesores relevantes, apoyados por una secretaría ejecutiva permanente. Así, el gobernante junto sus ministros definen las políticas públicas, las que luego son ejecutadas por los ministerios.

Los consejos y oficinas de la OEP están formados por personal permanente bajo la dirección de funcionarios de confianza del Presidente. Esto otorga estabilidad a las políticas, acumulación de conocimientos y memoria institucional, a la vez que flexibilidad para adecuarlas a los programas de cada gobierno.

De este modo, el diseño institucional de la cúpula del gobierno en Estados Unidos entrega un ejemplo interesante para fortalecer las capacidades del Presidente de Chile.

(*) Cristóbal Aninat, es investigador del Instituto de políticas públicas Expansiva-UDP, ingeniero Comercial de la Católica, consultor del Gobierno de Chile y el BID.

González Videla y los comunistas, por Gonzalo Vial.

González Videla y los comunistas,

por Gonzalo Vial.

La ilegalización del comunismo chileno por el Presidente González Videla, los años 1947/1948, culminada en la Ley de Defensa de Democracia —el tema que comenzamos a analizar en la columna anterior— ha cobrado nueva actualidad con la firma del pacto electoral entre el Partido Comunista y la Concertación, Democracia Cristiana incluída. El candidato presidencial de ambas —hemos visto en prensa y TV— estrechó cordialmente, por este motivo, la mano del jefe comunista.

Un diputado democratacristiano criticó el pacto, señalando que rompía una “tradición” de la DC.

Pero no hay tal. La verdadera ruptura DC/PC es relativamente nueva... data de 1986, de la internación gigantesca de armamentos que hicieron los comunistas en Carrizal Bajo. Antes, ambos partidos estuvieron muchas veces dispuestos a colaborar. Ello, del lado democratacristiano, no obstante la declaración papal calificando al comunismo de “intrínsecamente perverso” (Encíclica Humani Generis), y la posterior y severa advertencia de Roma contra la “política de mano tendida”, de los comunistas a los católicos, advertencia que los obispos chilenos reiteraron.

Pese a ello, Frei Montalva —vimos en la columna precedente— sostenía que lo único peor que ser comunista, era ser anticomunista. Y Bernardo Leighton afirmaba que no constituía “carácter esencial” del comunismo chileno, “cumplir una estrategia foránea y contraria a Chile” (ver columna anterior).

La frase de Frei detonó, en 1947, la pública censura a la Falange (futura DC) que emitió el Arzobispo de Santiago, monseñor José María Caro

Se sabe que la querella con monseñor Caro casi condujo a la disolución de la Falange, el mismo año.

Pero ésta no se disolvió, ni excluyó las relaciones amistosas con el PC, ni afectaría el rechazo falangista a la Ley de Defensa de la Democracia, ni su empujar el ’58 —exitosamente— para que el comunismo fuera relegalizado. Los vínculos entre ambos partidos sólo se “enfriaron” a partir de la campaña presidencial de 1964, cuando Frei devino un peligro para la candidatura de Allende, y finalmente la derrotó. Mientras la Falange/Democracia Cristiana fue relativamente inofensiva, las mieles y sonrisas recíprocas con el PC no faltaron. La lucha por el poder los separó.

El afecto resurgiría para la presidencial de 1970... pero unilateralmente. Tomic, en efecto, buscó que la UP, y por tanto el comunismo, apoyaran su postulación. Y fue éste el que cerró la puerta mediante una declaración brusca y hasta despreciativa de su secretario general (“Con Tomic, ni a misa”).

No hay ninguna “tradición” de anticomunismo, pues, en la DC, antes de 1986 y Carrizal Bajo.

El ’47, su criterio (como Falange) ante la Ley de Defensa de la Democracia difirió radicalmente del de González Videla.

—Según la Falange, los comunistas eran chilenos equivocados, pero que se movían exclusivamente en función de lo que consideraban los intereses nacionales, sin sujeción a conveniencias u órdenes extranjeras.

—Según el Presidente, constituían una asociación ilícita dirigida desde Moscú, y su objetivo, apoderarse de Chile para incorporarlo al Imperio Soviético.

¿Quién tenía razón?

Raúl Rettig (muy próximo, esos días, al Mandatario) me dijo una vez que él no creía hubiese habido conspiración comunista, pero González Videla sí, firmemente y con toda sinceridad.

Lo probable es que tuviera razón, y se equivocaran Rettig, Frei, Leighton y los obispos el mismo 1947 que no querían aplicar al comunismo la “violencia y la coerción”, sino “una acción de verdadera redención proletaria en justicia social y caridad” (columna anterior).

Digo “es probable”, porque la plena seguridad sólo la tendremos cuando se abran los archivos del Kremlin, hoy cerrados a piedra y lodo. Pero los indicios, de todas maneras, son abrumadores:

1) Desde que nuestro PC, los años 20, se incorporó a la Internacional Comunista (Komintern entonces, después Kominform), y hasta el amargo fin de los “socialismos reales” y de la U.R.S.S., no hubo en el mundo comunismo local más obediente a las órdenes emanadas de Moscú que el chileno. Aceptó e hizo suya, los años ’30, la condenación del fundador y líder Recabarren que hizo el Buró Sudamericano de la Internacional. Aceptó que durante años organizaran y dirigieran aquí el Frente Popular, a nombre del partido chileno y con falsas identidades, enviados extranjeros de la Komintern... empezando por el después “renegado” peruano, Eudocio Ravines, quien dictaba la ley a todos los “camaradas” nacionales. Aceptó luego la conducción inapelable del jefe de aquel buró, el ítalo/argentino Vittorio Codovila. Fue el PC de Chile pro Tito, de Yugoslavia, cuando le mandaron serlo, furibundo anti Tito cuando la orden cambió, y nuevamente pro Tito cuando éste y la U.R.S.S. se reconciliaron. Fue pro Mao o anti Mao frenético, también según las respectivas y sucesivas instrucciones respecto a China. Crítico del Fidel que mostraba visos de independencia ante Moscú, y alabancioso del Fidel que volvió al redil. Festejó las represiones armadas de la U.R.S.S. en Hungría, Polonia, Berlín Oriental y Checoslovaquia.

A la verdad, no le faltó al PC chileno ningún acto de obediencia a la Internacional... ni siquiera los más inimaginables. Justificó que fuera derribado por la U.R.S.S. el avión de pasajeros sudcoreano que ésta imaginó “espía”. ¡Y Volodia Teitelboim fulminó a los médicos judíos de la “conspiración de las batas blancas”, supuestamente dirigida a asesinar a Stalin... la última y más insensata muestra de paranoia del dictador! ¿Qué más pedir en cuanto sumisión?

2) Ahora bien, hoy es un hecho probado e indiscutido que la Internacional Comunista, en sus diversas formas, fue siempre un mero timbre de decisiones que adoptaba la sola U.R.S.S. y, dentro de ésta, el mandón de turno. El cual, los años que nos interesan, se llamaba José Stalin. El poder absoluto, de vida y muerte, que detentó Stalin hasta su propio fallecimiento, nadie tampoco discute hoy que se ejerció fundamentalmente para obtener y consolidar ese poder personal a cualquier precio... la tiranía de pesadilla, crecientemente sangrienta, de un hombre crecientemente trastornado.

3) Los mismos años de la Ley de Defensa de la Democracia chilena, terminó la “luna de miel” que había unido al Occidente y los EE.UU. con la U.R.S.S. durante la guerra contra el Eje (Alemania, Italia y Japón), 1939/1945. Empezó la Guerra Fría entre los ex amigos. Y en los países donde el comunismo se sentía poderoso como para intentar la captura del poder total, LO HIZO CASI SIMULTANEAMENTE, aunque obteniendo victorias y derrotas. Así:

—En Indochina (Vietnam) estalla la sublevación comunista contra Francia, cuyo desenlace, largo tiempo y muchas vicisitudes después, será el dominio completo del país por su PC (1946/1976).

—En Grecia, los comunistas desatan la guerra civil. El Presidente de los EE.UU., Harry S.Truman, formula su doctrina de «contención»: ayudarán a todo país amenazado de dominación por el comunismo. Fracasa la arremetida griega de éste, tras dos años de sangrientos combates (1947/1949).

—En Checoslovaquia, un golpe de Estado que apoya la U.R.S.S. instaura el régimen comunista (1948).

—En Indonesia, un intento comunista de tomar el poder mediante una revuelta masiva, es aplastado por el Presidente Suharto con una matanza también masiva que extermina al PKI , el PC local (1948).

—La U.R.S.S. bloquea el acceso terrestre a Berlín, para forzar abandonen la ciudad EE.UU. y los países de Occidente. Fracasa el bloqueo por el puente aéreo norteamericano (1948).

—Régimen comunista en Hungría (1949).

ES IMPOSIBLE SIQUIERA PENSAR QUE NINGUNO DE ESTOS ASALTOS AL PODER POR COMUNISTAS LOCALES —ASALTOS QUE DEVINIERON OTRAS TANTAS CRISIS MUNDIALES— HAYA PODIDO SER EMPRENDIDO POR LOS PC RESPECTIVOS, SIN ORDEN —NO YA PERMISO— DE LA INTERNACIONAL. VALE DECIR, DE JOSE STALIN.

La conclusión es casi de certeza. Entre 1946 y 1949, habiéndolo dispuesto así Stalin, hubo un movimiento de los comunismos nacionales para tomar el poder por las armas en todos los países donde la fuerza de aquéllos parecía darle alguna viabilidad al intento.

4) ¿Podíamos ser uno de esos países?

El PC es, hacia1946/1947, electoralmente, el tercer partido de Chile, de férrea y perfecta organización y disciplina, siguiendo el modelo soviético. En las últimas elecciones generales, ha alzado violentamente su volumen de votos, un porcentaje que no recuperará sino con la Unidad Popular. Decisivo para el triunfo presidencial de González Videla, recibe como recompensa tres ministerios, cinco intendencias (la de Santiago inclusive) y el 25% de las consejerías de instituciones públicas —nos dice Carlos Huneeus en su libro reciente («La guerra fría chilena»). Agrega que su poder sindical es “enorme”, controlando de manera férrea los sindicatos de las grandes actividades productivas del país: salitre, carbón, cobre. Puede paralizarlas revolucionariamente, y en efecto lo hará cuando venga el ataque presidencial.

Ese fue el problema de González Videla. ¿Tuvo el derecho y aún la obligación de prevenir lo que sucedería en Indochina, Checoslovaquia, Hungría, y lo que pudo suceder en Grecia, Berlín e Indonesia... todo aquellos mismos años 1946/1949? ¿Debió esperar que los comunistas “actuaran” para aplastarlos estilo Suharto, en un baño de sangre? ¿Debió respetar, sacrificando al país, la “elegancia” política, y no “traicionar” a sus viejos amigos del PC? ¿Combatir a José Stalin “con la justicia social y la caridad”?

Las respuestas a estas preguntas, parecen obvias.

Tres comentarios imperdibles.....

Sobre propuestas y viejos equilibrios de poder,

por Margarita María Errázuriz.

Desde hace ya un buen tiempo, la ciudadanía clama por ideas y rostros nuevos en la política. No sé si la buena voluntad para avanzar por ese camino está a la altura de nuestros deseos. Conspiramos contra éstos en la medida en que se aceptan, y hasta se celebran, la descalificación y el rechazo sin argumento a toda propuesta que modifique nuestro modus vivendi, que altere nuestros acomodos.

La mayoría de nosotros concuerda en que los puntos de estancamiento que impiden que lleguemos más lejos como país se concentran en problemas de gestión y en instituciones que no son adecuadas para la complejidad de los desafíos que hoy enfrentamos. Otro campo de dificultad se presenta —por razones más ideológicas que reales— cuando es necesario precisar el rol del Estado y de los privados, aunque la experiencia nos ha enseñado que las alianzas entre lo público y lo privado son necesarias para realmente progresar. Un país no puede desconocer que los actores motores de su desarrollo deben participar y ponerse de acuerdo en la toma de decisiones que les atañen.

Este período de elecciones, durante el cual se difunden las propuestas elaboradas por los distintos comandos en campaña, podría ser un momento único para reflexionar sobre ideas nuevas y sobre otras que hace tiempo rondan sin contar con la fuerza necesaria para imponerse.

Sin embargo, no aprovechamos esta oportunidad. Doy tres ejemplos. Es difícil entender que una propuesta para lograr una efectiva descentralización y elecciones directas de las autoridades regionales se deje en el olvido sin pena ni gloria. Para efectos prácticos, es como si nunca se hubiese planteado. También, cuesta aceptar que se rechace por principio, antes de empezar a conversar, una nueva forma de administrar los recursos destinados a la pobreza, teniendo presente los problemas de gestión y la urgencia por solucionar dicha condición, o que se critique la participación de privados en empresas públicas, por baja que ella sea, cuando es sabido que la alianza público-privada beneficiaría su gestión y transparencia.

Cada una de esas propuestas es un intento de responder a problemas reales. Se esperaría que en lugar de descalificarlas con argumentos livianos y que no vienen al caso, se abriera un espacio de discusión. Si a los candidatos a la Presidencia se les rechazan sus propuestas de inmediato y sin pensarlas con seriedad, difícil será solucionar fallas conocidas por todos y encontrar personas dispuestas a correr el riesgo de plantear nuevas ideas.

Pese a que urge hacer reformas institucionales acordes con un país que se dice moderno, al parecer valoramos poco iniciativas que nos apartan de los equilibrios sociopolíticos establecidos. No queda más que concluir que se quiere avanzar manteniendo soluciones viciadas. Es decepcionante, pero es la realidad.

No entiendo cómo las élites de nuestro país, si tienen realmente espíritu de servicio, pueden tener tanto temor a abrirse a otras opiniones o a otras realidades. No queda más que pensar que estas propuestas, ni siquiera tan novedosas, no son políticamente correctas porque pueden cambiar los actuales equilibrios políticos y los cargos a ellos asociados.

En un país ideal se abrirían espacios para discutir esas ideas en su mérito. En ese mismo país ideal, si éstas son buenas, el candidato triunfante estaría dispuesto a aplicarlas. Así como los candidatos hablan de llamar a las mejores personas a ocupar cargos en su gobierno, me gustaría que dijeran que apoyarán las mejores ideas que han planteado las distintas candidaturas. Detrás de ellas hay mucho trabajo y esfuerzo de los mejores profesionales en cada caso, conformando equipos que han destinado mucho tiempo en su elaboración. Parece inconcebible descalificarlas a priori.

No sé si seré demasiado inocente al atreverme a plantear esta posibilidad que sueño. Me rebelo a que se tilde de ingenuidad aquello que puede ser lo mejor para el país.

El Sernac financiero de Obama,

por Alejandro Ferreiro.

La semana pasada Obama mostró sus cartas en relación con su esperada propuesta para reformar la regulación del sistema financiero. En 88 páginas, la Casa Blanca propone “nuevos fundamentos” que permitan controlar “riesgos construidos sobre cerros de arena”.

La propuesta ha dejado a algunos con gusto a poco. Al parecer, se optó deliberadamente por excluir ciertos temas necesarios, pero complejos, a cambio de concentrarse en lo urgente y esencial. Con todo, no tiene garantizado el plan de Obama un paso fácil por el Congreso. La mayoría demócrata no se ha traducido en una recepción entusiasta en el Senado, especialmente en lo relativo a la idea de expandir los poderes de supervisión de la Reserva Federal a todas las entidades financieras no bancarias cuyas fallas puedan generar riesgo sistémico. La racionalidad de la propuesta es clara: dado que la Fed termina pagando la cuenta de los rescates de quienes son “too big to fail”, es necesario darle atribuciones que permitan anticiparse al colapso. Pero algunos senadores creen que la Fed pudo hacer más en meses pasados, y que la crisis reveló más bien errores de juicio, desidia y miopía, que la falta de atribuciones legales para intervenir oportuna y suficientemente. Más poderes para la Fed, según los críticos, equivaldría a un premio para quien no lo merece.

Por otro lado, quienes esperaban la racionalización del verdadero mosaico de instituciones de regulación financiera en Estados Unidos, tendrán que seguir esperando. Se mantienen separados los reguladores de valores, derivados e hipotecas. En el caso de los seguros, peor aún, subsistirá el derecho de cada estado de regularlos separadamente. Al parecer, la lógica de la propuesta se basa en proponer un regulador central —la Reserva Federal— sólo para los grandes y con prescindencia de su función financiera específica. Para ellos habrá, además, a mayores requisitos de capital y solvencia.

Pero la iniciativa mejor recibida por políticos y opinión pública consiste en la creación de una agencia para proteger al consumidor de productos financieros. La nueva agencia, CPFA, sumará nuevas atribuciones a otras que sustrae de la Fed y de reguladores bancarios y buscará mejorar la claridad y equidad de las cláusulas contractuales en materias hipotecarias, de tarjetas de crédito y otras. Este verdadero Sernac financiero viene a completar el mapa regulatorio. Aquí ya no se trataría de evitar nuevas fallas en las instituciones, sino que de educar y proteger al consumidor. La crisis financiera arrojó demasiada evidencia de personas desinformadas acerca de aspectos esenciales de contratos no siempre claros ni exentos de cláusulas abusivas.

Así como la crisis financiera contagió al mundo, lo mismo ocurrirá en buena medida con las tendencias regulatorias que buscan prevenir su repetición. Aún no es claro cómo decantará el proceso de rediseño de la arquitectura regulatoria global. Pero algunas líneas parecen claras: la sofisticación desregulada de productos financieros dará paso a mayores controles. Así ocurrirá con las securitizaciones y derivados.

La propuesta de proteger al consumidor financiero mediante una agencia especial parece hacerse cargo del conflicto de interés que suele afectar a reguladores cuya misión esencial —y, en ocasiones, casi excluyente— consiste en velar por la solvencia de las instituciones. Para ellos, si un banco gana mucho dinero será bueno para su solvencia y la solidez del sistema. Poca consideración se presta a si tales ganancias resultan, en parte, de una competencia imperfecta, o de comisiones múltiples y complejas que rara vez conoce el cliente.

La regulación por solvencia es indiscutiblemente necesaria. Chile lo aprendió dolorosamente en la crisis del 82-83. Pero no es aceptable que el resguardo de la solvencia suponga la desprotección de los clientes. Es cierto, existe una especie de conflicto de interés casi estructural entre resguardar solvencia y propiciar competencia y, en menor grado, proteger al consumidor. La competencia que solemos predicar para toda la economía, aquella que supone el desplazamiento de los ineficientes a manos de los eficientes, puede —paradójicamente— resultar intolerablemente gravosa en el sector financiero. La quiebra de un banco, por ejemplo, arrastra los depósitos del público e interrumpe el flujo de crédito. Por ello, quizás inconscientemente, los reguladores son reacios a imponer mayores presiones al sector bancario, ya sea aquellas que impongan mayor rivalidad competitiva, como las que provienen de un mejor resguardo de los derechos de los consumidores. Entre nosotros, por ejemplo, no han sido pocas las tensiones y diferencias de opinión entre la Superintendencia de Bancos y el Sernac. Ellas revelan, en parte, este conflicto de objetivos.

La propuesta de Obama se hace cargo del tema, y junto con regular para un mejor control de solvencia y liquidez de las instituciones cuyo colapso haría tambalear al sistema, decide crear una institución nueva y especializada en la protección de los consumidores de servicios financieros. El debate se abrió en Estados Unidos. No sería malo exponerlo abiertamente en Chile.

El globo rojo,

por John Biehl del Rio.

Según una encuesta reciente de Adimark, la Presidenta Bachelet alcanzó el 69% como nivel de aprobación a su labor de gobierno. Para cualquiera, éste es un porcentaje excelente. Otras encuestas indican que la Presidenta superaría ese nivel en opiniones positivas. La oposición política, que tiene como candidato a Sebastián Piñera, teme que esa popularidad se traspase a la Concertación de Partidos Políticos por la Democracia. El temor es justificado.

En las fotografías que estas encuestas dicen reflejar, lo más notable es que el candidato Piñera se ha estacionado alrededor del 35%. En esa primera vuelta, la suma de los pretendientes que proclaman lealtad concertacionista alcanza casi el 52%. Una calificación muy similar a la aprobación favorable que ha llegado a tener el gobierno como un todo, 53%.

Mientras estas cifras, que suben y bajan, divierten a muchos, el país camina por senderos en que los niveles de incertidumbre han aumentado significativamente. El sector económico se dirige, sin reservas, a buscar respiración asistida por parte del Estado.

Socializar las pérdidas será su objetivo de siempre. Chile está entre los países emergentes que más pueden sufrir por la crisis aun cuando hayamos acumulado grandes reservas que pueden servir para aliviar y retardar dolores temporalmente.

A los grandes empresarios les preocupa que los importantes ahorros del país puedan repartirse de otra manera a lo que ha sido tradicional en la historia económica de Chile.

Se ve mal el ejemplo que se está dando en Europa, Estados Unidos y otros países en el trato a las empresas “alegres”. Puede y debe darse en nuestro país una relación renovada entre el Estado y el sector privado, y entre el capital y el trabajo.

Cuando hace unos meses el entonces ministro de Trabajo Andrade planteó la necesidad de lo que habría sido una reforma estructural referida al seguro de cesantía, y su relación frente al reto de la flexibilización laboral, él y quienes lo apoyaron perdieron la partida.

Luego se realizó una mínima reforma al seguro de desempleo, que no tiene significado frente a la inestabilidad permanente de los trabajadores en tiempos de cambio y, menos aún, de crisis.

El propio Fondo Monetario pidió disculpas por no haber visto venir la tamaña crisis que vivimos. Es simplemente absurdo pretender que en Chile la negativa para iniciar un cambio de profunda justicia social se dio por una decisión visionaria surgida de algún aquelarre criollo. Más que nunca debemos lamentar la derrota político-económica de ese momento.

Se acentuó entonces una práctica de entregar bonos. Esta pasó a ser enormemente popular y a producir dividendos políticos fáciles. Tenía la ventaja de poder elegir con precisión a los sectores que se quería favorecer y gastar entre 300 y 400 millones de dólares en cada bono resultaba insignificante para un país dado a comportarse como nuevo rico.

Poco importó que esta forma de gobernar acentuara un paternalismo estatal incalificable.
Los pagos tenían su origen en la magnanimidad del gobernante y estaban lejos de establecerse como derechos adquiridos. Se podría afirmar que esta manera de asignar fondos públicos se acerca, peligrosamente, al aprovechamiento electoral. Esta arma diabólica, genialmente diseñada, es por todos aceptada. El único reparo de los opositores consistió en reclamar que los bonos fueran un poco mayores.

No hay nobleza en jugar de esta manera con las necesidades de la gente y menos aún dotes de estadista, cuando es previsible que se buscará en el mañana transformar estos bonos en derechos y ello significará huelgas y violencia callejera para mantener e incrementar en su valor cada uno de ellos.

Que el realineamiento electoral producido luego de la dictadura se transforme en otra victoria para la Concertación dependerá de que se pueda elevar sustancialmente el nivel de la política en los meses por venir. Pesada carga frente a rectificaciones que obligan a terminar con el patético comportamiento de los pocos que se arrogan el derecho a empequeñecer más y más la democracia, y a la necesidad de establecer prioridades donde se comprenda que techar el Estadio Nacional es una vanidad que atenta contra un techo para Chile.

Una amistad revolucionaria

David Gallager

Fidel Castro y Che Guevara se conocieron en México en 1955, en la casa de María Antonia González, una cubana casa- da con un boxeador mexicano. El singular encuentro es descrito en "Fidel y Che", un excelente libro recién publicado por el joven académico inglés Simon Reid-Henry.

Fidel, a los 29 años, ya había realizado nada menos que el asalto a la Moncada. En cambio el Che, dos años menor, no había hecho mucho más que viajar, leer y acumular fervor revolucionario. Era un rebelde sin causa. La carencia fue rápidamente compensada por Fidel: en pocas semanas, tenía al Che embobado con la idea de liberar Cuba.

Cuando llegan a La Habana en 1959, se da una di- visión de trabajo entre los dos. Fidel se dedica a embrujar a los cubanos con su oratoria. Muchos creen todavía que es un demócrata, y él mantiene viva esa ilusión dentro del laberinto de sus palabras. En cambio, el Che trabaja sigilosamente en una agenda maximalista para el gobierno. Se encarga de los fusilamientos. Y empieza a concebir al "hombre nuevo", el que trabajará impulsado por incentivos morales. Él dará el ejemplo, en la zafra. Según Reid-Henry, Haydée Santamaría dice que hay rumores de que se ha vuelto loco, de que quiere cortar toda la caña de Cuba solo. Según Cabrera Infante, Haydée, quien había fundado la Casa de las Américas, el corazón de la cultura revolucionaria, creía que Ortega y Gasset eran dos personas, como Marx y Engels.

Leyendo a Reid-Henry, me acordé de Cervantes, porque Fidel y Che tienen algo de Sancho Panza y Don Quijote. Como ellos, salen a enmendar el mundo, a hacer el bien, pero a su pinta. Fidel, como Sancho, termina a cargo de una ínsula. El Che, encendido, como Don Quijote, por sus ávidas lecturas, quiere ir siempre más allá, en busca de otra aventura. Como Don Quijote, se siente descolocado cuando su compañero de aventuras se asienta como gobernante de ínsula.

Aislado en Kibamba, en el corazón del Congo, sin provisiones, sin esperanza y desautorizado por un discurso desafortunado en que Fidel le lee a toda Cuba una carta de despedida que él le había dejado, el Che me hace pensar en cuando Don Quijote, tras cenar con los Duques, se retira solo a su aposento. Está triste, porque teme que Sancho se quede como gobernador vitalicio. Con él, Don Quijote tenía un pacto epistemológico: le creía a Sancho cuando Sancho le creía a él. ¿Con quién ha de conspirar ahora para contener la realidad? Don Quijote se desviste, pero al descalzarse, se le corre una media. El accidente es una catástrofe, porque ya no le quedan otras. El desamparo que lo invade tiene que ser el que siente el Che en Kibamba.

En su afán de enmendar la vida de los demás, Don Quijote y San- cho siembran el caos y reciben innumerables golpizas. Nos reímos a carcajadas. En cambio, las quijotadas de Fidel y el Che no son cómicas, porque el costo que imponen es terrible. Fidel no recibe golpiza alguna. El Che, sí: es asesinado. Allí me acordé de una gran observación de Arturo Fontaine, en el número 100 de Estudios Públicos, el que fue dedicado al Quijote. Dice, para explicar el ideal del caballero andante, que "representa de una manera intensa y extremada la libertad humana ante el poder del instinto de sobrevivencia individual".

Uno de los primeros admiradores de Fidel y del Che fue Jean-Paul Sartre. Según Reid-Henry, él, en un viaje a Cuba en 1960, le dijo, embelesado, a Simone de Beauvoir, que "por primera vez en la vida estaban en presencia de la felicidad obtenida por la violencia". Desde su tumba, estará celebrando que Fidel, casi 50 años más tarde, logra todavía obligar a los cubanos a ser felices.

Un tema del pasado; otro del presente, por Gonzalo Vial.

Un tema del pasado; otro del presente,

por Gonzalo Vial.

Gabriel González Videla y los comunistas (I). El fallecimiento de la señora Miti Markmann, la viuda del Presidente Gabriel González, pone de actualidad la mortal lucha que éste libró con el Partido Comunista de Chile. Para analizarla, necesitamos liberarnos mentalmente de la imagen del «traidor» González Videla, fruto de la campaña denigratoria en su contra... el asesinato moral del enemigo , que los comunistas criollos y del mundo entero llevaron a una altura casi artística. Quizás sea residuo de esa campaña que, aun hoy día, ninguna feminista —ni siquiera las más altamente colocadas— haya recordado y agradecido que la señora Miti y su marido hicieran realidad el voto pleno de la mujer.

La publicación del libro de Carlos Huneeus «La Guerra Fría Chilena. Gabriel González Videla y la Ley Maldita» aporta material para decidir si ese Supremo Mandatario merece aprobación o reprobación por haber ilegalizado al Partido Comunista (Ley de Defensa de la Democracia, la «maldita», de 1948,vigente hasta 1958).

Decidir el punto exige prescindir de consideraciones sentimentales. Es cierto que por largos años González Videla había sido el mejor amigo del comunismo chileno, y viceversa, por lo cual su actitud posterior —destruirlo con despiadada fuerza, totalidad y rapidez— no pareció ni parece «elegante». Pero los hombres de gobierno no están para ser «elegantes», sino para servir los intereses nacionales. Luego, si él se convenció de que este servicio exigía la «Ley Maldita», y si se hallaba en lo cierto, su deber estricto e insoslayable era hacer lo que hizo, y ello merece aplauso y no crítica.

Huneeus ha hecho una investigación encomiable, y el libro resultante —escrito con serenidad y amenidad— proporciona muchos datos útiles, pero no enfoca ni resuelve el problema que he expuesto. Se concentra en cómo lo abordaronlos grupos políticos de inspiración católica que debieron enfrentarlo. Tema interesante, pero históricamente secundario. Lo principal es lo otro: ¿convenía o no A CHILE que hubiera Ley de Defensa de la Democracia? Las posiciones eran las que siguen:

1. González Videla la impulsó por dos consideraciones distintas:

1.1. La creencia de ser inminente la Tercera Guerra Mundial: los EE.UU. y Europa Occidental contra el Imperio Soviético. Se la transmitían insistentemente informantes que le inspiraban fe. Ese conflicto haría imposible, inviable que funcionara un gobierno chileno en el cual participara nuestro Partido Comunista.

1.2. La creencia de que ese partido conspiraba para derribarlo y asumir el poder en Chile.

2. Varios grupos refutaban a Gabriel González, especialmente por: 2.1. negar la supuesta conspiración, y 2.2. considerar que no cabía eliminar el comunismo utilizando la fuerza, sino mediante la superación de las injusticias sociales que lo alimentaban. Por ejemplo, los obispos de Chile habían dicho (enero de 1947): “La errada solución comunista no será vencida por medios negativos como la violencia y la coerción, sino superándola por una acción de verdadera redención proletaria en justicia social y caridad”.

Los políticos católicos se dividían ante estas refutaciones a González Videla. Y así:

-Los conservadores socialcristianos, afines a los falangistas (con los cuales después formarían la DC), v.gr. el doctor Cruz Coke y Horacio Walker, aceptaban la fuerza anti-PC, incluyendo privarlos “de los derechos políticos y de la admisión a los empleos y funciones públicas”. Pero supeditaban el aplicar esta fuerza a que existieran hechos concretos reprobables, cometidos por los comunistas. Y además a una reforma constitucional; no creían bastara al efecto una simple ley. No se pronunciaban sobre la «conspiración» ni creían, aparentemente, en ella.

-Los conservadores tradicionalistas iban más allá. No estimaban indispensable la reforma constitucional, y adherían a la idea de «conspiración» del Presidente. Decía uno de los líderes tradicionalistas, Sergio Fernández, que los comunistas “sobreponen al interés del país el interés de la Unión Soviética”. El PCCH era una “asociación ilícita”, dirigida a “instaurar en el país una dictadura o gobierno totalitario”, agregaba otro prominente jefe del sector, Héctor Rodríguez de la Sotta. El delito consistía en pertenecer a ella, sin necesidad de otros actos, específicos.

-Los falangistas no creían para nada en la «conspiración» ni en el anticomunismo formal. Este era lo único peor que el comunismo, dijo Frei Montalva. Pero fue Bernardo Leighton el más claro:

“El conocimiento personal y directo, durante largos años, de innumerables comunistas en las más variadas situaciones y oportunidades, me lleva a (la conclusión de que)... la inmensa mayoría de ellos no busca «preferentemente» el interés de Rusia, sino el de los trabajadores chilenos, partiendo de una concepción errada del ser humano. La experiencia soviética es (para ellos) uno de los elementos de juicio ... pero no es el «único», ni el «preferente», ni el «esencial». Estoy convencido que su «carácter esencial» no es cumplir una estrategia foránea y contraria a Chile”.

“Acepto que hay comunistas... guiados por este propósito, pero... su influencia, en el curso de los últimos diez o doce años, ha sido cada vez menor en la marcha general del Partido... La actitud del Partido Comunista frente a Rusia, en la época actual, es más de «sugestión» que de «sujeción»...”.

Consecuentemente, los falangistas no rechazaban de modo absoluto la posibilidad de aceptar la «mano tendida» que les ofrecían los comunistas de la posguerra, no obstante las advertencias que al respecto formulaban tanto el Papado como los obispos chilenos. Influía al efecto el filósofo francés Jacques Maritain, «padre espiritual» de la Falange, quien a su vez estaba condicionado por la cooperación católico/comunista en la resistencia antinazi.

-Terminemos haciendo notar que todos los grupos católicos que hemos enumerado se declaraban adeptos a la doctrina social de la Iglesia, aunque la interpretaran (quizás) de modos diversos. No era este tema, pues, el que los hacía enfocar diversamente la proscripción del comunismo, sino la doble interrogante que planteaba González Videla: ¿Estaba ad portas la Tercera Guerra Mundial?

¿Conspiraba el comunismo chileno para instaurar aquí una dictadura totalitaria?

El primer temor se desvirtuó pronto. No, la nueva guerra universal no sería cosa de semanas ni de meses. Responder a la segunda pregunta no era ni es tan claro.

Es crucial hacerlo si se quiere juzgar a González Videla. Si éste y quienes con él materializaron la ilegalización del comunismo —radicales, liberales, conservadores tradicionalistas— tenían razón, si el PCCH realmente era o podía ser verosímilmente una amenaza dirigida a hacer de Chile un “socialismo real” bajo el poder soviético... entonces el Mandatario nos prestó un gran servicio, un servicio invaluable que merece la gratitud patria.Y quienes se le opusieron afortunadamente fracasaron, pues de haber tenido éxito, nos hubiesen causado un perjuicio quizás irreparable.

Ante tan maciza disyuntiva, los restantes aspectos de la cuestión —a menudo importantes en sí mismos— palidecen, pierden trascendencia. Descontamos, por supuesto, la sinceridad y buena intención de todos. Pero en política no compensa equivocarse.

¿Hubo o podía razonablemente temerse una conspiración comunista en Chile los años 1946 y siguientes? Allí está el nudo del problema, y lo demás es accesorio. Contestar esta pregunta exige otra columna.

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Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ha culminado tan ingrato episodio.

La Facultad fue tomada por sus alumnos el 29 de abril, aduciendo —se publicó entonces— supuestas impropiedades del Decano: inexactitudes de su currículo, plagio de un libro. Cuarenta y ocho horas antes, un grupo de profesores había hecho igual denuncia, pidiendo se investigara. Pero el presidente del Centro de Alumnos aclaró que el tema indicado —los cargos contra el Decano— no era el “central” de la toma. Esta buscaba un “proceso de reforma... profundo” de la Facultad, acusada de carencias en investigación, extensión, “proyecto de desarrollo institucional de largo plazo”, miembros del claustro, “espacios de deliberación reales”, etc. etc. (El Mercurio, 11 de mayo).

Intervino el rector de la universidad. Primero, nombrando una comisión de intelectuales, no contemplada por los estatutos, para que investigara el tema del presunto plagio, cuyo informe fue desfavorable al Decano. Segundo, acusando directamente a éste de dicha incorrección y aun delito. Tercero, encabezando un confuso y secreto forcejeo en que intervinieron el imputado, los profesores denunciantes, el Consejo Universitario y los alumnos en toma. Culminó el forcejeo con la renuncia del Decano y el nombramiento de un Vicedecano, que deben materializarse la semana que comienza, con las características que siguen:

-La renuncia del Decano habría tenido el «aliciente» de que, si no se presentaba, cabía lo destituyese el Consejo Universitario

-El nombre del Vicedecano —ya conocido, y que corresponde a un jurista de mucha reputación— habría sido consensuado entre el Rector, por una parte, y por la otra: 1) los profesores que denunciaron al Decano, y 2) los alumnos ocupantes de la Facultad (cuando menos, ambos grupos aprobaron pública y previamente dicho nombre). El claustro del organismo no intervino para nada.

-Adicionalmente, el Rector y los alumnos habrían consensuado de antemano que el vicedecano por nombrarse “regularizara la situación de los académicos invitados”, y promoviera la “instauración del consejo de escuela”, “la participación de los centros de investigación en los consejos de la Facultad”, “políticas de bienestar estudiantil”, etc. (El Mercurio, 30 de mayo).

Las conclusiones de todo lo anterior son desgraciadamente muy claras:

-Los alumnos de Derecho de la Universidad de Chile (o parte de ellos) se toman la Facultad para imponer una reforma determinada de sus estudios, orientación, profesorado, claustro, etc. Intervención, ésta, prohibida por la ley y los estatutos del plantel, y que además desprecia los mecanismos participativos que esos mismos estatutos establecen, aprobados en plebiscito (me parece recordar) por los estamentos universitarios

-Las acusaciones infamantes contra el Decano, verdaderas o falsas, son sólo parte de la táctica de los alumnos para obtener sus verdaderos objetivos. Logrados éstos, las imputaciones pasan al olvido.

-Dichas acusaciones se resuelven anticipadamente, prescindiendo de estatutos y reglamentos de la Universidad, y en general del «debido proceso» que ha reclamado para ellas el mismo presidente del Centro de Alumnos (El Mercurio, 30 de mayo). Y aplicando, en cambio, un sistema irregular de insinuaciones, presiones y cabildeos, hasta obtener la renuncia. Cooperan en diversos grados a la irregularidad el Rector, el Consejo Universitario, los profesores denunciantes (que jamás condenaron la toma, «colgándose» tácitamente de ella), y el mismo Decano... el último, es cierto, in extremis y abandonado por todos. El claustro de la Facultad nada ha dicho, tampoco, y probablemente nada dirá. Esto, en una institución DE DERECHO.

Se ha recordado que, el año 1997, una toma parecida impidió, en la misma Facultad, que pudiera ser elegido Decano un abogado de gran capacidad, pero que no era «políticamente correcto». Es probable que la fuerza indebida y abusiva de entonces haya sido precedente, ejemplo, de la actual... como ésta lo será de otras futuras.