jueves, 30 de julio de 2009


Helicópteros rusos, por Guillermo Patillo- Tomás Duval (*)

Con sorpresa nos hemos enterado por la prensa de que el Gobierno está muy pronto a cerrar una compra de helicópteros en Rusia. Se trata del modelo MI-17V5, del que se pretenden adquirir cinco unidades. Es un helicóptero que puede transportar más de 30 pasajeros o 4.000 kilogramos de carga, y su alcance supera los 900 kilómetros. Según la poca información conocida, la adquisición sería para el Ministerio del Interior, aunque los operaría la FACh. Se ha dicho que se cancelarían con los fondos de la Ley Reservada del Cobre, que controla Defensa.
Muchas interrogantes surgen, pero nos centraremos en dos: la falta de transparencia que ha rodeado la operación y su posible fundamentación. Respecto de lo primero, es difícil encontrar hoy otro caso de uso de recursos públicos menos transparente: no se sabe por qué, para qué ni cuánto costará. El precio que la prensa ha dado a conocer (unos US$ 80 millones) estaría subiendo significativamente. Para explicar por qué se compran, se argumenta su uso en apoyo a la comunidad y, particularmente, en emergencias y catástrofes; puede ser una necesidad muy importante, pero entonces surge la pregunta que nos lleva al segundo tema: ¿dónde está el proyecto que identificó esta necesidad de Interior y que evaluó esta opción como la más eficiente? ¿Qué alternativas se compararon? ¿Qué ventajas tiene involucrarse con un nuevo proveedor, con una logística nueva y no usada en el país? En síntesis, dado que éste es un proyecto civil y que sería Interior el “dueño” de los helicópteros, ¿cuál es su rentabilidad social? O, si ésta no se pudo medir, ¿cuál es la razón costo-efectividad de esta opción y de sus alternativas?

Sería inaceptable que estos cálculos no existieran, por lo que asumiremos que existen y, dado eso, estimamos fundamental que se conozcan. Pero hay otro problema: si las naves son para Interior (pues sí se sabe que no es una iniciativa de la FACh, ni desarrollar estas capacidades está en sus planes actuales), no se pueden financiar con los recursos de la Ley del Cobre. Sería ilegal, por lo cual obviamente la autoridad no lo hará; entonces, ¿cómo se cancelarán si no están considerados en la Ley de Presupuestos?

Una de las cosas que diferencian a los países exitosos es la calidad de sus instituciones. Hasta ahora esta operación no refuerza la percepción de objetividad técnica y racionalidad social de la decisión.

(*) Comision de Defensa Instututo Libertad.


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