Cuestión de ética, por Rodrigo Hinzpeter.
La popularidad que exhibe la Presidenta Bachelet no debiera influir en la elección. Y la razón de aquello es que tal popularidad se enraíza en hechos ocurridos desde 2005 a la fecha, mientras que en los comicios de ahora la cuestión relevante a decidirse es quién puede hacerlo mejor como gobernante a partir de 2010 y hasta el año 2014.
Ahora bien, esa situación puede cambiar si el Gobierno pierde prestancia y comienza a usar (o abusar) de recursos públicos para conseguir que aquella popularidad incida en los resultados de esta presidencial. La respuesta correcta, entonces, a la pregunta de si influirá la popularidad de la Presidenta es: depende de la ética política con que ella misma y el Gobierno estén dispuestos a comportarse.
En esa línea, me parece claramente inapropiada la visita presidencial a la región de la cual es senador el candidato oficialista, acompañada ni más ni menos que por 10 de sus ministros, y donde derechamente se ha realizado campaña en terreno pidiendo apoyo para Frei. También parece inapropiada la envergadura de inversión publicitaria que el Gobierno ha comenzado a efectuar para destacar sus políticas sociales. Y en esto, las candidaturas desafiantes sólo deben resignarse ante la imposibilidad de cuestionar tal gasto publicitario sin el altísimo riesgo de aparecer ante la ciudadanía como opositores o críticos, no del despilfarro, sino de la política social misma.
En fin, han empezado a emerger los mismos síntomas que dieron pábulo para una lamentable intervención electoral en 2005... cuya denuncia —tal como se ha hecho ahora— también era catalogada de majadería, pero que posteriormente, por vía judicial, fue quedando incontrovertiblemente al descubierto.
Es que parece que varios miembros de la Concertación se han convencido de que, bajo el pretexto de que la Presidenta posee un obvio derecho a tener su preferencia política, se puede abandonar con descaro el principio de la imparcialidad que la democracia exige al gobernante.
Bastante que ver tiene esta discusión con la posibilidad de reelección de los presidentes, tema de actualidad a partir de lo acontecido en Honduras (que terminó con un reprochable golpe de Estado) y las reformas ya concretadas en otros países, particularmente Venezuela. Cuando en Chile se redujo el período presidencial de 6 a 4 años, se discutió sobre la posibilidad de que el incumbente postule a la reelección. Transversalmente se concluyó que era tal el poder comunicacional y material del Gobierno, que haría prácticamente quimérico intentar desafiarlo.
Por tal razón se excluyó la reelección. Pero desafortunadamente se omitió normar cabalmente para impedir el intervencionismo gubernamental, ya no seducido por mantener a la misma persona, pero igualmente motivado por mantener a la misma coalición.
