Captura y decadencia del EstadoLeonidas Montes
En una columna reciente, Juan Antonio Guzmán argumentó que cuando llueve no todos se mojan. Es cierto. En medio de esta crisis, cuya profundidad aún no conocemos, el sector público es el mejor paraguas para enfrentar cualquier tormenta. El ciudadano común, mayoritariamente acogido al Código del Trabajo, no tiene certeza de lo que irá a pasar con su futuro laboral. A muchos chilenos va a lloverles sobre mojado. En cambio existe un grupo bien protegido. Los funcionarios públicos saben que no pueden ser removidos de sus cargos. El Estatuto Administrativo se los garantiza.
Hemos visto cómo a lo largo del país el sector público, que es el motor de nuestro aparato estatal, ejerce presión para lograr aumentar sus sueldos. Eso sí, a la hora de negociar, cuentan con esa gran certeza: pese a todo, mantendrán su pega. Y puntos más, puntos menos, las consecuencias del paro las pagan los ciudadanos. Es un buen ejemplo de captura del Estado.
Al margen de algunos profesores acogidos al Estatuto Docente, ¿conoce usted a algún trabajador que no sea evaluado por su empleador? El sector público es evaluado, rebatirá algún dirigente, pero me temo que de manera poco rigurosa. Existen bonos de desempeño, pero prácticamente la totalidad de los funcionarios evaluados lo obtiene. De hecho, el porcentaje de asignación del 5% por desempeño es obtenido por más del 90% de los funcionarios.
La queja del sector público sería que los sueldos son bajos. Pero veamos algunas cifras. Entre el año 1990 y el 2007 la economía creció 59,3%. En cambio, las remuneraciones del sector público crecieron en 94,7%. Y en algunos ministerios encontramos datos sorprendentes. En Salud y Educación, esto no parece casualidad, el ausentismo alcanza a 20,4 días. El promedio de ausentismo en el gobierno central es de 16,8 días. En el sector privado el ausentismo alcanzaría un promedio de 8,5 días al año.
El Gobierno ofreció un paquete escalonado que favorecería con 10% a los funcionarios que ganen menos de un millón. Aunque sólo el 7% de los chilenos gana más de un millón, esta propuesta tampoco les gustó a los líderes de la ANEF y la CUT. No olvidemos que el 75% de los chilenos gana menos de $380.000.
Chile tiene una tradición de la carrera pública, pero se ha perdido. Aunque muchos funcionarios hacen su pega con profesionalismo y entrega, hoy no resulta atractivo trabajar en el sector público. Lo mismo pasa con la tradición de nuestros profesores. Abnegados ejemplos de normalistas, entre los que Gabriela Mistral es sólo un notable caso, han sido fuente de inspiración para nuestra educación pública. Instituciones como la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP) todavía mantienen ese espíritu. Pero el ethos republicano, que otrora inspirara a este país, se ha desvanecido por los intereses de algunos grupos.
Los recientes disturbios reafirman el hecho de que no necesitamos más Estado, sino un mejor Estado. Resulta lamentable ver cómo los ciudadanos sufren por la irresponsabilidad de unos pocos. Tampoco se trata de tener más funcionarios inamovibles, sino de lograr eficiencia. El Estado debe servir a los ciudadanos. Esta es la obligación de los funcionarios públicos. Todas estas movilizaciones lo único que logran es desprestigiar aún más al sector público. Y con ello el Estado vuelve a encarnarse en ese monstruo bíblico: un despiadado Leviatán.
De todos los funcionarios públicos, que son unos 600 mil, aproximadamente el 10% de nuestra fuerza laboral, quizá sólo una pequeña proporción promueve el paro como herramienta de presión. ¿Ha visto usted a Carabineros de Chile en paro? ¿Ha visto usted a la Armada, la Aviación o al Ejército en paro? Afortunadamente nuestros uniformados mantienen esa dignidad republicana. La ciudadanía lo reconoce. Y lo valora
Una vez más TVNJuan Carlos Altamirano
El Gobierno acaba de presentar al Parlamento un nuevo proyecto de ley con vistas a profundizar el rol de servicio público de Televisión Nacional. Como todo proyecto, tiene tanto artículos positivos como negativos. Sin embargo, algunas medidas propuestas son vagas y poco efectivas.
Parten planteando ampliar el giro de la empresa. Esta indicación es necesaria para que TVN pueda aprovechar los beneficios de la televisión digital y competir en igualdad de condiciones. Lo curioso es que las medidas concretas presentadas al respecto ya han sido abordadas. Me refiero a la participación de TVN en la producción cinematográfica, discográfica y el uso de Internet. Incluso, sin ley alguna, a través de VTR, está creando un canal de noticias.
Luego se proponen varias medidas tendientes a fortalecer la función del Consejo Directivo. La más controvertida es aumentar de seis a ocho el número de directores; no hay ninguna indicación que impida pensar que ello terminará aumentando el cuoteo político. Lo que necesita TVN son consejeros más especializados y relacionados con la industria mediática. Jamás se debiera nombrar a personas que no han demostrado previamente interés por la televisión, o que carecen de conocimiento sobre el tema. Sí son positivas las indicaciones que hacen más rigurosos los requisitos para ser designado director, sobre todo en lo referente a las incompatibilidades y conflictos de intereses. Posteriormente, se plantean las nuevas funciones y atribuciones del directorio. Lo positivo es que deberán elaborar e implementar un sistema de evaluación para medir el desempeño y cumplimiento de la misión de TVN. Esto incluye las pautas para evaluar la gestión del director ejecutivo, más allá de los resultados de rating y económicos, cosa muy necesaria. Otro punto rescatable es que se dispone la comparecencia del directorio al Senado para dar cuenta pública de su gestión.
Sin embargo, en relación con los otros artículos, gran parte de ellos ya han sido puestos en práctica. Por ejemplo, que “el directorio deberá aprobar la programación”. Esto lo viene haciendo desde mucho tiempo atrás. No hay ninguna decisión relevante de programación o financiera sin pasar por su aprobación. Con esto quiero decir que, si bien es bueno crear un sistema de accountability para mejorar la calidad de TVN, sería negativo que el directorio tuviera una mayor intervención de la que ya tiene en la gestión del canal.
Otra medida innecesaria es exigir que el 60% de los contenidos sea de producción nacional. Hoy se supera ampliamente dicho porcentaje; el problema no es la cantidad, sino la calidad.
Quizás el punto más polémico sea autorizar a TVN a recibir fondos públicos. Si bien me parece correcto el subsidio para asegurar la existencia de programas de alta calidad, también debe ser aplicable a los otros canales. Por ejemplo, a empresas de cable, como ARTV y 13C, de la Universidad Católica.
En definitiva, no creo que este proyecto logre profundizar la función de servicio público que debe desempeñar TVN, por mucho que se insista retóricamente en ello. La existencia actual de un público telespectador segmentado, con gustos e intereses distintos, hace muy difícil que, como canal generalista y dedicado a la masividad, logre satisfacer las demandas de cada nicho. Si deseamos una televisión pública que cumpla efectivamente un rol educativo y de desarrollo cultural, es necesario crear una señal nueva, que tenga específicamente dicha misión.
Esto no significa terminar con el modelo actual, pues TVN lo hace bien como canal de entretención que representa la cultura popular y masiva. Y así lo indican las encuestas, a pesar de la disminución progresiva en el número de horas dedicadas a programas culturales (evidente cuando se comparan las cifras con años anteriores, según las estadísticas del CNTV).
Si el Gobierno está realmente interesado en promover la diversidad y el desarrollo cultural y regional, lo más adecuado sería que introdujeran pronto el modelo europeo de televisión digital. Y en segundo término, que entreguen subsidios concursables a los nuevos operadores que tengan como misión el desarrollo del “bien común”. Para ampliar el pluralismo y la diversidad de contenidos, lo más efectivo y conveniente es una mayor descentralización en los medios de comunicación. Así de simple.
