Un nuevo Sí, un nuevo No,
por Gonzalo Rojas.
En un país tan propenso a los cotidianos grises, resulta curioso que hayamos tenido un 5 de octubre, y antes, un 11 de septiembre.
Encrucijadas, bifurcaciones.
No tiene nada de malo, porque binaria es la vida humana; y por eso mismo, la aventura de Chile seguirá planteándose así.
Poco antes de su muerte, Jaime Eyzaguirre veía venir, a mediados de los años 60, el todo o nada: “Ya se agolpa el instante de la definición o de la muerte”, escribía en “Hispanoamérica del dolor”. Y el momento llegó.
Pero ¿eso era todo? ¿Ya pasó? ¿Agotaron el 11 y el 5 la capacidad de definirnos o está presente aún el desafío? “La brega larga y dramática”, en palabras del mismo Eyzaguirre, ese “porvenir abierto”… ¿siguen ahí?
Sin duda. Pero los grises se esfuerzan por volver a ocultar hoy lo que todos sabemos que el país lleva dentro: una gran definición pendiente, un nuevo Sí o un nuevo No. Y esto sucede en plena campaña electoral, cuando las alternativas más centrales de la existencia humana podrían estar presentes, para que todo ciudadano diga Sí o diga No.
Cada uno en su estilo, dos chilenos pensantes se han encargado de recordarlo en estas mismas páginas.
Carlos Peña, molesto con toda razón de que la autonomía personal, cuestión fundamental, hubiese quedado fuera del debate televisado. Y Felipe Cubillos, quejándose de la grave ausencia de la libertad como tema central en el discurso y en los programas de los cuatro candidatos.
Autonomía personal, libertad. ¿Qué somos? ¿Qué nos mejora o empeora? ¿Vivimos sólo para el acá o también anhelamos el misterio?
Y éstas no son preguntas de escritorio, ni de libro, ni de pura conciencia, ni del ámbito de lo sagrado. Son el porvenir abierto del que hablaba Eyzaguirre y, por eso mismo, trascienden toda contienda electoral. Son las interrogantes que a veces logran salir a flote, ya que a borbotones luchan desde el interior por un lugar visible y reconocido.
Porque en muchos chilenos hay —partamos por el comienzo y así suscitaremos de inmediato la tesis contraria— un Sí a la vida desde la concepción a la muerte natural, un Sí al derecho de los padres como primeros educadores, un Sí a la dignidad del cuerpo, un Sí a la libre expresión pública de la propia fe, un Sí a la unidad de la familia, un Sí a la legítima propiedad, un Sí al trabajo que enaltece, un Sí a la naturaleza al servicio de la persona, un Sí a la honradez y a la palabra empeñada.
Algunas de sus afirmaciones vienen de atrás —son también un Sí a la tradición—, pero la formulación es nueva, porque ha debido nuclearse. Antes, contaminada con otros elementos (de sangre, de pesos, de influencia), se autodenominaba la Derecha. Pero eso hoy ya no corre.
Otro grupo de compatriotas le dice que No al embrión como ser humano, afirma que No existe la diferenciación en sólo dos sexos, cree que No debe haber signos de la tradición cristiana en el país, niega el derecho de defender proporcionadamente la propiedad amenazada, dice que No a la iniciativa privada en educación, No acepta la presencia humana en las profundidades de su ecología, niega la fidelidad en los compromisos, y cierra sus negativas rechazando que sus posturas sean erróneas por ser contrarias a las costumbres nacionales. Nada de tradiciones…
Ya no es la Izquierda de antes; esa es otra, presente todavía en carcamales de rojo, pero negada también por este nuevo No.
Y así estamos, frente a otra encrucijada, ante una nueva bifurcación.
Porque cuando pase todo esto de la primera y la segunda vuelta, seguirá pendiente, se nos vendrá encima, la vuelta final. Un nuevo Sí o un nuevo No.
“Se nos debe en justicia la luz por el dolor; y el dolor se hará estrella”, concluía Eyzaguirre.
Los mapuches y el neorracismo marxista,
por Víctor Farías. (*)
Una de las obras literarias más relevantes del fascismo nazi es la novela de Hans Grimm Un pueblo sin espacio. Ella realzaba los dos mitos centrales del Tercer Reich: la sangre y el suelo como los elementos fundamentales del así llamado pueblo. Con ello se pretendía reemplazar el concepto ilustrado de sociedad por el mito de una «comunidad de raza». La pretensión estaba unida visceralmente a la expansión violenta para obligar a los otros «pueblos» a aceptar la expansión. La aventura, que tenía pretensiones globales, terminó mal para todos y fueron 50 millones sus víctimas.
El marxismo totalitario que emergió de esa hecatombe no se fundó en mitos, sino en conceptos. Equivocados, pero racionales. Su colapso total dejó a los marxistas huérfanos de un sistema racional coherente y también de una base social. El proletariado no puede ya entusiasmarse con un sistema no viable y comenzó planetariamente a reconocer las ventajas de la economía de mercado. Los marxistas, que ven en la violencia el primer principio histórico, buscaron sus tropas en otro lugar.
Con oportunismo, no sólo descubrieron a los «indígenas» como la nueva tropa agitatoria: reemplazaron el concepto de «clase» por el de «etnia» y «pueblos originarios», de clara procedencia racista y nazi. Karl Marx había saludado en su época la conquista española de América porque gracias a ella los esclavos iban a transformarse en vasallos, la condición para devenir «proletarios».
El Siglo, órgano del Partido Comunista, proclamaba en su portada hace algunas semanas la lucha armada de los mapuches como “la lucha de un Pueblo-Nación”, esto es, la guerra de una «etnia» que sólo puede entenderse a partir del mito racial. Así hoy, particularmente en Europa y Latinoamérica, en maridaje con los ecologistas radicales, los neonazis y los indigenistas, los marxistas han vendido la esencia de su doctrina por bastante menos que 30 monedas. Buscan crear en la Araucanía una «zona liberada» como las de las FARC, la ETA, los zapatistas, para iniciar desde este «foco» una lucha que remezca el Estado.
Hace unos meses llegó la noticia de que en EE.UU. un conglomerado de varias «tribus» había logrado reunir un capital de US$1.500 millones y con él adquirieron una red hotelera. Nunca se les va a ocurrir incendiar California. Esos americanos nunca tuvieron «derechos especiales» por su «etnia». Sólo hicieron uso racional y diligente de los derechos que una sociedad libre debe garantizar por igual a todos sus ciudadanos.
(*)Víctor Farias es historiador, con altos estudios filosóficos, que ha estudiado en profundidad los documentos que la Alemania Comunista mantuvo silenciados durante su dictadura, autor de innumerables libros que desnudan en actuar de los “rojos” en nuestro país y el mundo, hoy ejerce la docencia en la Universidad Andrés Bello.
Angeles y diablitos,
por José Ramón Valente.
Hace exactamente cuatro años, en medio de la anterior campaña presidencial, se presagiaba que uno de los inconvenientes de un posible gobierno de Michelle Bachelet sería la dificultad que enfrentaría la Presidenta para administrar los conflictos que inevitablemente surgirían como consecuencia de una Concertación que no tenía una sola alma, sino dos claramente antagónicas.
Una de las corrientes al interior de la Concertación, que podríamos llamar los socialistas conservadores, ejercía presión para que el futuro gobierno de Bachelet retomara sin complejos el ideario socialista tradicional, el de las décadas de los ’50 y ’60 del siglo pasado. Esto es más Estado, más regulaciones, más intervención y dirigismo en las decisiones económicas del sector privado. Qué sectores hay que favorecer, cuáles hay que desincentivar, qué carreras deben estudiar los chilenos y para cuáles ya hay demasiados. Estos socialistas creen que la importancia de los equilibrios macroeconómicos (Ej.: inflación baja, gasto público controlado) es una invención de los economista neoliberales y que la principal labor del gobierno debe ser repartir la riqueza existente y no promover la creación de nueva riqueza.
La otra alma de la Concertación, que podríamos llamar progresista, no comparte las ideas económicas de los socialistas conservadores. El evidente fracaso de las políticas económicas socialistas aplicadas por los gobiernos del bloque soviético en la posguerra y hasta fines de los ‘80 y por los gobiernos populistas latinoamericanos, más o menos en el mismo período, convirtió a estos socialistas renovados en férreos defensores de los equilibrios macroeconómicos, los hizo suspicaces de los beneficios de las empresas públicas y los transformó en paladines de los mercados competitivos y abiertos al comercio internacional. De hecho, en materia económica los socialistas progresistas están más cerca de los planteamientos de la centroderecha que de los socialistas conservadores.
Los economistas progresistas se diferencian de los economistas liberales básicamente en que los primeros tienen mayor confianza en la capacidad del Estado para encontrar una vía más corta, un atajo, para disminuir las brechas de distribución del ingreso y las desigualdades, y están dispuestos a sacrificar en eficiencia y crecimiento económico para probar sus convicciones. Mientras que los economistas liberares creen que se puede obtener el mismo resultado asignando al Estado el importante rol de nivelar a los ciudadanos más vulnerables para que puedan participar de las oportunidades de progreso que les brinda una economía pujante, creadora de empleos y de alto crecimiento. Un verdadero matiz de diferencia comparado con el abismo que los separa de las creencias de los socialistas conservadores.
Michelle Bachelet fue finalmente electa Presidenta y las predicciones respecto de las pugnas al interior de su gobierno de las dos almas antagónicas de la Concertación se hicieron evidentes a corto andar. El ministro de Hacienda, perteneciente al grupo de los que hemos denominado progresistas, encontró mayor oposición a sus propuestas al interior de la coalición de gobierno, mayoritariamente conformada por socialistas conservadores (de diversos partidos), que entre los parlamentarios de oposición. Al punto que el símbolo más visible y concreto de la pugna entre las dos visiones del mundo y de la economía al interior del gobierno fueron las disputas entre el ministro Velasco y el entonces titular de la cartera de Trabajo, Osvaldo Andrade.
Desde mi punto de vista, Andrés Velasco se transformó en el “ángel bueno” que susurraba al oído de la Presidenta que debía ahorrar para los tiempos de vacas flacas y avanzar en reformas modernizadoras como la flexibilización del mercado del trabajo, mientras el ministro del Trabajo era el “diablito” que le recordaba que el mercado es cruel y que los empresarios son malos por naturaleza. Que la solución no pasaba por más flexibilidad del mercado del trabajo, sino que por leyes, regulaciones y fiscalizaciones que aumentaran por decreto los beneficios de los trabajadores.
Los primeros años de gobierno transcurrieron sin que la Presidenta inclinara claramente la balanza hacia alguno de sus ángeles. Pero luego vino la crisis internacional y las recetas del “angelito” Velasco le permitieron a Michelle Bachelet más que duplicar su popularidad entre los chilenos, debido a lo cual al “diablito” Andrade no le quedó mas alternativa que resignarse a abandonar el gobierno.
Insólitamente, la Concertación en vez de cerrar filas con los ganadores, ungió como candidato a suceder a Bachelet a Eduardo Frei, que tiene como plataforma electoral en materia económica postulados similares a los de los socialistas conservadores, o sea, los perdedores. El compromiso del candidato oficialista con dichos postulados es tan profundo que, cual ave fénix, el ex ministro Andrade aparece nuevamente hoy como uno de los principales asesores en materia laboral del comando de Frei y una reforma laboral inspirada en las creencias de Andrade es publicitada en las radios del país con bombos y platillos como uno de los proyectos estrella de un futuro gobierno del senador Frei.
Hoy muchos en la Concertación y en los medios se preguntan por qué Frei no logra captar la popularidad de la Presidenta Bachelet. Quizás la lectura de estas líneas los pueda orientar en la búsqueda de la respuesta. Lo cierto es que a la gente no hay que tomarla por tonta. Como dice el refrán popular, no se puede estar a la vez con Dios y con el Diablo. O como dice un amigo mío, una cosa es ser respetuoso de todas las ideas, y otra muy distinta es estar de acuerdo con todas ellas.
Una de las corrientes al interior de la Concertación, que podríamos llamar los socialistas conservadores, ejercía presión para que el futuro gobierno de Bachelet retomara sin complejos el ideario socialista tradicional, el de las décadas de los ’50 y ’60 del siglo pasado. Esto es más Estado, más regulaciones, más intervención y dirigismo en las decisiones económicas del sector privado. Qué sectores hay que favorecer, cuáles hay que desincentivar, qué carreras deben estudiar los chilenos y para cuáles ya hay demasiados. Estos socialistas creen que la importancia de los equilibrios macroeconómicos (Ej.: inflación baja, gasto público controlado) es una invención de los economista neoliberales y que la principal labor del gobierno debe ser repartir la riqueza existente y no promover la creación de nueva riqueza.
La otra alma de la Concertación, que podríamos llamar progresista, no comparte las ideas económicas de los socialistas conservadores. El evidente fracaso de las políticas económicas socialistas aplicadas por los gobiernos del bloque soviético en la posguerra y hasta fines de los ‘80 y por los gobiernos populistas latinoamericanos, más o menos en el mismo período, convirtió a estos socialistas renovados en férreos defensores de los equilibrios macroeconómicos, los hizo suspicaces de los beneficios de las empresas públicas y los transformó en paladines de los mercados competitivos y abiertos al comercio internacional. De hecho, en materia económica los socialistas progresistas están más cerca de los planteamientos de la centroderecha que de los socialistas conservadores.
Los economistas progresistas se diferencian de los economistas liberales básicamente en que los primeros tienen mayor confianza en la capacidad del Estado para encontrar una vía más corta, un atajo, para disminuir las brechas de distribución del ingreso y las desigualdades, y están dispuestos a sacrificar en eficiencia y crecimiento económico para probar sus convicciones. Mientras que los economistas liberares creen que se puede obtener el mismo resultado asignando al Estado el importante rol de nivelar a los ciudadanos más vulnerables para que puedan participar de las oportunidades de progreso que les brinda una economía pujante, creadora de empleos y de alto crecimiento. Un verdadero matiz de diferencia comparado con el abismo que los separa de las creencias de los socialistas conservadores.
Michelle Bachelet fue finalmente electa Presidenta y las predicciones respecto de las pugnas al interior de su gobierno de las dos almas antagónicas de la Concertación se hicieron evidentes a corto andar. El ministro de Hacienda, perteneciente al grupo de los que hemos denominado progresistas, encontró mayor oposición a sus propuestas al interior de la coalición de gobierno, mayoritariamente conformada por socialistas conservadores (de diversos partidos), que entre los parlamentarios de oposición. Al punto que el símbolo más visible y concreto de la pugna entre las dos visiones del mundo y de la economía al interior del gobierno fueron las disputas entre el ministro Velasco y el entonces titular de la cartera de Trabajo, Osvaldo Andrade.
Desde mi punto de vista, Andrés Velasco se transformó en el “ángel bueno” que susurraba al oído de la Presidenta que debía ahorrar para los tiempos de vacas flacas y avanzar en reformas modernizadoras como la flexibilización del mercado del trabajo, mientras el ministro del Trabajo era el “diablito” que le recordaba que el mercado es cruel y que los empresarios son malos por naturaleza. Que la solución no pasaba por más flexibilidad del mercado del trabajo, sino que por leyes, regulaciones y fiscalizaciones que aumentaran por decreto los beneficios de los trabajadores.
Los primeros años de gobierno transcurrieron sin que la Presidenta inclinara claramente la balanza hacia alguno de sus ángeles. Pero luego vino la crisis internacional y las recetas del “angelito” Velasco le permitieron a Michelle Bachelet más que duplicar su popularidad entre los chilenos, debido a lo cual al “diablito” Andrade no le quedó mas alternativa que resignarse a abandonar el gobierno.
Insólitamente, la Concertación en vez de cerrar filas con los ganadores, ungió como candidato a suceder a Bachelet a Eduardo Frei, que tiene como plataforma electoral en materia económica postulados similares a los de los socialistas conservadores, o sea, los perdedores. El compromiso del candidato oficialista con dichos postulados es tan profundo que, cual ave fénix, el ex ministro Andrade aparece nuevamente hoy como uno de los principales asesores en materia laboral del comando de Frei y una reforma laboral inspirada en las creencias de Andrade es publicitada en las radios del país con bombos y platillos como uno de los proyectos estrella de un futuro gobierno del senador Frei.
Hoy muchos en la Concertación y en los medios se preguntan por qué Frei no logra captar la popularidad de la Presidenta Bachelet. Quizás la lectura de estas líneas los pueda orientar en la búsqueda de la respuesta. Lo cierto es que a la gente no hay que tomarla por tonta. Como dice el refrán popular, no se puede estar a la vez con Dios y con el Diablo. O como dice un amigo mío, una cosa es ser respetuoso de todas las ideas, y otra muy distinta es estar de acuerdo con todas ellas.
¿Qué esperar del Ministerio Público?,
por Rodrigo Delaveau. (*)
A medida que las sociedades se desarrollan, también lo hacen sus instituciones. Pero, en oportunidades, la especialización de sus funciones termina por desorientar a las personas: no es poco común que los ciudadanos pidan “arreglar las calles” a los parlamentarios, o “mejorar las leyes” a los alcaldes. De igual forma, ante delitos de gran impacto público, las personas no saben qué exigir a las policías, abogados y jueces. El Ministerio Público no escapa a esta realidad, sobre todo considerando su corta trayectoria institucional.
En términos sencillos, se trata de un organismo autónomo, cuyo objeto es dirigir en forma exclusiva la investigación de los delitos, de los eventuales responsables, y ejercer acciones penales cuando corresponda, pudiendo adoptar medidas para proteger a las víctimas. Para este efecto, debe impartir órdenes directas a las policías, pero si tales actos privan a las personas del ejercicio de sus derechos constitucionales, debe requerir siempre de autorización judicial previa. Este esquema asegura —de algún modo— la transparencia de la investigación y la independencia del juzgador, elementos ausentes en el antiguo sistema y un valor a resguardar.
Sin embargo, existen aún resabios del sistema inquisitivo en el que no se cumple con estos estándares. El primero se refiere a la institución de los ministros en visita —figura en extinción— donde un juez designado con posterioridad a la comisión del delito debe fallar sobre lo que ya investigó, con mayor riesgo de discrecionalidad. Otro caso similar, pero por razones muy distintas, es la institucionalidad del Fiscal Nacional Económico, ya que carece de la independencia política que debiera tener alguien dotado recientemente de facultades muy similares a las del Ministerio Público, pero sin los mecanismos de resguardo que sus potestades exigen. Finalmente, la justicia militar no cuenta con un órgano que lleve a cabo las investigaciones equivalente al Ministerio Público, siendo ésta una tarea pendiente de la institucionalidad chilena.
Así, todos los órganos encargados de investigar delitos deben equipararse al estándar fijado para el Ministerio Público, como corresponde en un Estado de Derecho moderno y democrático, de modo que gocen de la debida independencia. Esta también exige, de parte del propio Ministerio Público, avanzar en su relación con la comunidad. Por esa razón, no es extraño imaginar que en un futuro los fiscales regionales puedan ser electos en su zona respectiva, de modo que sea ésta la que escoja la manera en que se desarrolle el combate a la delincuencia en su localidad.
(*) Director del programa de Justicia del Instituto Libertad y Desarrollo.
