martes, 22 de julio de 2008

Dos comentarios excepcionales

Un vaso de agua en el rostro de todos
Cristina Bitar
Está más que claro que una parte de nuestro país no siente los beneficios del progreso. Es más, se siente condenada a una situación de postergación de la que no podrá escapar, porque no tiene acceso a las herramientas con las que se puede salir adelante.
La educación es la primera de estas herramientas y es, probablemente, la mayor fuente de desigualdad. Mientras el diez por ciento más rico de la población estudia en colegios bilingües, se rige por estándares internacionales e incluso rinde pruebas internacionales de acceso a las universidades de los países desarrollados, el treinta o cuarenta por ciento más pobre estudia en colegios públicos con resultados paupérrimos, y mira con decepción que prácticamente nadie es capaz de quebrar en esos colegios el círculo vicioso de la pobreza. Cunden así la droga, la frustración, la violencia y una apatía social preocupante.

La expresión política de este fenómeno es la falta de inscripción en los registros electorales por parte de los jóvenes; la expresión económica es, probablemente, el desempleo juvenil, y la expresión social, el crecimiento de una generación que no se siente parte de una sociedad a la que ve ajena y por la que muchos sienten una rabia contenida, que se expresa en protestas callejeras sin racionalidad alguna.

Este es el contexto en que la ministra de Educación recibe un jarro de agua en el rostro por parte de una joven adolescente que actúa de manera irracional y odiosa. En lo particular, no justifico de manera alguna el actuar de esta joven. Ella hizo mal y debe sentir, en proporción a su edad y a la gravedad de la falta cometida, la sanción social por lo que hizo.



Pero no podemos quedarnos sólo en la sanción, tenemos que ir un poco más allá y tomar conciencia de que estamos creando una generación en que existen estos niveles de rabia y resentimiento y de la cual no nos estamos haciendo cargo.

Es cierto que ningún modelo de sociedad es capaz de dar cuenta de la amplia gama de facetas del ser humano. Mientras los modelos socialistas generaron un sistema igualitario en que las necesidades básicas estaban satisfechas para prácticamente el ciento por ciento de la población, pero a costa de bienes tan valiosos como la libertad y el desarrollo, los modelos capitalistas, eficientes en la creación de riqueza y respetuosos de la iniciativa individual en todos los planos, no han sido capaces de superar los problemas de desigualdad. Aun en sociedades tan exitosas como la norteamericana, subsisten bolsones de pobreza, con su consiguiente efecto en niveles de violencia contenida y criminalidad.

Chile está en camino al desarrollo y tiene el desafío de buscar su propia respuesta a este dilema al que se han enfrentado todas las sociedades: libertad versus igualdad.

Es evidente que sin libertad económica no hay creación de riqueza y, por lo tanto, no hay desarrollo.

Pero no podemos dejar todo entregado sólo a la solución más eficiente para resolver los temas económicos, pues eso no soluciona el problema de tener una sociedad conciliada socialmente. Hay elementos sociales, familiares, de convivencia, de diálogo y de confianza en los otros que no abordamos ni discutimos y donde tenemos serias fallas como país.

Los líderes políticos, los candidatos presidenciales, los empresarios, los periodistas, los académicos, los líderes de opinión y toda la sociedad deberían sentir, en su propio rostro, este baño de agua fría que les recuerde la urgencia de dar respuestas eficientes y sin populismo a una parte del país que, en la brillante alegoría de Los Prisioneros escrita en la década de los 80, sólo se siente parte del “baile de los que sobran”.

El penoso papel jugado por el Colegio de Profesores, con una actitud vacilante frente a este hecho, es el mejor testimonio de que nuestra educación requiere cambios mayores.
Juan Pablo II nos dijo que los pobres no pueden esperar. Los jóvenes tampoco.

Información privilegiada
Alejandro Ferreiro

Es probable que Ud. se abstenga de comprar acciones si presume que en el mercado se realizan con frecuencia e impunidad transacciones con información privilegiada. Si muchos comparten su opinión, el mercado de capitales simplemente dejará de funcionar. Las empresas no contarán con la posibilidad de obtener recursos del público para desarrollar proyectos, afectando con ello el ciclo de ahorro e inversión en perjuicio del crecimiento y el empleo. Millones de chilenos afiliados a las AFP, entre otros, verán caer el valor de sus inversiones bursátiles si el mercado no se percibe justo y transparente. El viejo anhelo de hacer de Chile un centro financiero internacional quedará sepultado.
¿Exagero? En absoluto. Es eso lo que está en juego cuando prolifera sin sanción el uso indebido de información privilegiada. ¿O acaso Ud., potencial inversionista, está dispuesto a colocar sus ahorros en un mercado donde algunos lucran con asimetría de información en perjuicio suyo?

Es cierto: Todos los sancionados por la SVS el jueves pasado tienen derecho a defenderse en tribunales y probar allí la inocencia que alegan por la prensa. Es su derecho y deber. Es más, en este caso vuelve a hacerse evidente la necesidad de hacer más expedito el proceso de reclamación. La ley señala que ella debe conocerse por un juez de letras. La apelación subsiguiente y, en muchos casos, la presentación de recursos de casación a la Corte Suprema alargan la revisión judicial de las sanciones administrativas a un extremo que afecta tanto el derecho a defensa, como a la necesaria consolidación de las lecciones al mercado mediante sentencia definitiva. Una reclamación directa a la Corte de Apelaciones puede corregir este problema.

Inhibir y sancionar el uso indebido de información privilegiada es tan importante como difícil. La prueba del ilícito es muy compleja. La mayoría de las investigaciones, incluso aquellas cargadas de sospechas y presunciones, se cierran sin sanción, ante la falta de la prueba necesaria para acreditar el ilícito. Por ello, casi inevitablemente —salvo en casos de testimonios directos o confesiones— la prueba debe construirse en base a presunciones. Si ellas son múltiples, precisas, graves y concordantes podrán constituir prueba suficiente.

Será tarea de los tribunales confirmar o revocar los razonamientos lógicos que llevaron a la SVS a hilvanar los hechos acreditados para derivar de ellos la conclusión esencial del caso: las operaciones cuestionadas no pueden sino explicarse por el uso de información privilegiada. Probar mediante presunciones no equivale a invertir la carga de la prueba, ni revela debilidades en el actuar de la SVS. Es simplemente aplicar una de las pruebas que la ley admite y la única que suele estar disponible en casos como éstos.

Más allá del caso en cuestión, y dado que las dificultades probatorias harán siempre difícil la sanción de estos ilícitos, parece recomendable evaluar de qué modo podemos prevenirlos. Veamos algunas propuestas.

Un argumento de la defensa de los sancionados ha sido que ellos tomaron la decisión de invertir en base a rumores que ya habían sido publicados en la prensa. Ello nos conduce a un tema soslayado por nuestra legislación: el rol de los medios de prensa en la divulgación de la información financiera. Tanta incidencia puede tener en los mercados la información esencial acerca de una empresa, como los rumores que de ella difundan los medios de comunicación. Entre nosotros es frecuente lo que en otros mercados más rigurosos se prohíbe: la publicación en los medios de prensa escritos de “rumores” acerca de una eventual fusión u otra operación relevante sin citar la fuente. Estas informaciones, atribuidas a “fuentes del mercado”, suelen dar origen a movimientos en el precio de los títulos y, si hay mala fe, incluso a groseras manipulaciones por parte de aquellas anónimas fuentes. La libertad de prensa no puede esgrimirse como amparo de ese modo de informar.

Una segunda propuesta se refiere a las transacciones que realizan directores, gerentes y otras personas a quienes la ley les presume, por su función, acceso a información privilegiada. Hoy la ley exige informar las transacciones después de realizadas. En tal caso, le corresponde a la SVS verificar si ellas pudieron hacerse con uso indebido de tal información. Propongo que esas personas, los “insiders”, deban informar al mercado con 48 horas de anticipación su decisión de comprar o vender acciones de la compañía correspondiente. El mercado juzgará: si se presume que la calidad del gobierno corporativo y de los controles internos es el adecuado, la información anticipada de la transacción no tendrá efecto en el mercado. Por el contrario, si el mercado presume que hay algún tipo de información privilegiada motivando la transacción, podrá anticiparse, arbitrarla y evitar así la ganancia ilícita. Una medida como ésta es disuasiva, eficiente y, además, en los hechos, nos permitirá saber qué opina el mercado acerca de los motivos que tienen para transar los que por su función acceden a información de la que el resto carece.

Acount