Del desalojo a la nueva teoría del despojoLeonidas Montes
Karl Popper, en La sociedad abierta y sus enemigos (1945), critica a Platón por concentrarse en la pregunta ¿quién debe gobernar? Para Popper, la pregunta relevante es ¿cómo gobernar? Y en su defensa de la democracia como la mejor forma de gobierno, destaca su gran ventaja: nos protege de los que pueden ocasionar daño. En otras palabras, la democracia nos permite deshacernos de los malos. Su punto es simple, pero muy relevante.
¿Fue el caso de Yasna Provoste un buen ejemplo de esta intuición popperiana?
El Congreso, nuestra instancia de representación democrática por excelencia, la destituyó de su cargo y le prohibió desempeñar funciones públicas por cinco años. Se le organizaron actos de desagravio. Planeó un retiro en un convento. Las cámaras la perseguían. Próceres de la Concertación realizaban airadas declaraciones. Y pese a que había olvidado su puntaje en la PAA, nos mantuvo al borde de ese abismo en que se confundía el mérito con la tontera.
Nuestra democracia funcionó. Hoy tenemos una ministra de Educación a la altura del cargo y de nuestra dañada tradición republicana.
Pero el hambre mediático es irresistible. Cuando la ministra Jiménez se esforzaba por hacer bien su pega, Provoste la criticaba públicamente. Y hace una semana nos volvió a sorprender: envió una demanda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile. En definitiva, Yasna Provoste habría sufrido un atentado contra sus derechos humanos. Con impecable rigor político, argumenta que “abruptamente” fue privada de una vida “dedicada al servicio público”. Como si muchos chilenos pudieran elegir su trabajo y ganarse la vida como ministros, considera su caso como “una grave violación a mi derecho a trabajar, a elegir mi trabajo, y ganarme la vida con mi trabajo”. Al parecer, lo más doloroso es que fue despojada de su “derecho a ser elegida en un cargo popular”.
Pero de la sorpresa algunos pasamos al asombro. La Concertación y el gobierno reaccionaron apoyándola. Para Ricardo Lagos, “está ejerciendo los derechos que ella tiene, porque creo que la forma en que actuó el Parlamento fue inadecuada”. O sea, nuestras instituciones democráticas funcionan, pero cuando nos conviene. El líder del PPD, Pepe Auth, fue más honesto: “En su lugar hubiera hecho lo mismo”. Y Soledad Alvear naturalmente solidarizó: “Comparto la decisión que tomó”.
Esta vez el vocero Vidal fue prudente: “Es el ejercicio, por parte de una chilena, de un derecho que está consagrado en tratados internacionales”. En cambio Viera-Gallo descolló. Para él, Provoste “sufrió un despojo injustificado de sus derechos políticos, y tiene todo el derecho a demandarlos”. Pareciera que el ministro no entendió que es una demanda contra el Estado de Chile, no contra el Congreso.
Provoste habría sido “despojada”. Como despojar es “privar a alguien de lo que goza y tiene”, esta nueva y original tesis del despojo de Viera-Gallo supera con creces la tesis del desalojo de Allamand. Ya no es el miedo al “desalojo”, a dejar el poder. Es el temor al “despojo”, a dejar de gozar lo que se tiene. Si el desalojo tenía un sentido político, el despojo tiene una connotación material.
Al apoyar esta demanda ante un tribunal internacional de derechos humanos, la Concertación cometió un grave error político. Ha sentado un precedente: los derechos humanos ya no son lo que eran. Hoy podrían interpretarse como el derecho a ejercer cargos públicos.
Y el gobierno ha sido irresponsable. El Estado es de todos los chilenos. Respetar el Estado de Derecho propio de nuestra democracia no sólo es un deber de ciudadanos, sino también de políticos y ministros. ¿Será el Consejo de Defensa del Estado el que nos defienda de esta tesis del despojo? Ojalá, para que así prevalezca la intuición de Popper.
¿Intervención o autorregulación?Juan Carlos Altamirano
Con el colapso del sistema financiero el tema de las regulaciones vuelve al tapete. Como suele ocurrir con la historia, ahora el péndulo parece dirigirse al lado contrario: a la intervención estatal. George Soros, el gurú de las altas finanzas, afirma que “los gobiernos tienen que reconocer que los mercados no se corrigen por sí solos”. Vale decir, que falló la autorregulación. Más allá de la tragedia que esto implica (la cuenta del despilfarro la tendremos que pagar todos), es posible sacar alguna lección para la economía real. Pienso en el tema de las regulaciones en el mercado de la televisión.
En esta industria, cuando se pierde la capacidad de autorregularse —buscando rating y éxito fácil—, se impone la ley del garrote, ejercida por el Consejo Nacional de Televisión. No obstante, el CNTV prefiere amonestar antes que sancionar. Nuestro sistema televisivo se basa más bien en la autorregulación. Sin embargo, no siempre es así.
El gobierno ha anunciado que dentro de las próximas semanas se enviará al Parlamento una nueva ley para “mejorar” el funcionamiento de TVN. Es cierto que la introducción de la era digital plantea nuevos desafíos y dilemas al marco legal que la regula desde 1992. No obstante, también podemos constatar que detrás de esta nueva ley la clase política está empecinada en pasarle la cuenta. Ha habido un descontento creciente y transversal con su desempeño como canal público.
Esta molestia tiene su fundamento. Algunos ejecutivos de TVN a veces olvidan la misión que debe cumplir como canal público del Estado. Quizá la crítica más relevante es que perdió su centro de gravedad: que su programación es uniforme, no tiene diversidad de contenidos y formatos; que ha sido incapaz de diferenciarse de la competencia privada; que no tiene identidad propia que le permita liderar la industria. Incluso, el secretario general de la Presidencia sostuvo en la inauguración del último seminario internacional convocado por el CNTV que, de no corregirse el modelo, él sería el primero en estar dispuesto a su privatización: ¿Cuál es el objeto de mantener un canal de propiedad del Estado si no es capaz de representar la diversidad de gustos y demandas que el pluralismo del país exige? Es la pregunta que surge cada vez que TVN pierde su rumbo.
El modelo actual de TVN está basado en tres pilares. Primero, se le exige ser un canal pluralista, de servicio público, que represente la diversidad social y cultural; que tenga audiencias masivas y llegue a todos los chilenos. En segundo lugar, debe ser una empresa pública, independiente del gobierno y los poderes “fácticos”. Tercero, para garantizar esta autonomía, el gobierno está inhabilitado para subsidiar su gestión. Debe autofinanciarse, ser una empresa competitiva dentro del mercado, con todos los derechos y deberes de una empresa privada.
Para que esta estructura no se derrumbe, hay que equilibrar muy bien estos tres pilares, los cuales implican intereses diferentes, que a veces se contraponen. En este punto, la autorregulación es fundamental; especialmente, si no existe un accountability público, que supervise la gestión del gobierno corporativo de TVN.
Aun más, conjugar estos tres principios no es tarea fácil, sobre todo cuando existe una competencia desatada. A modo de ejemplo: el desafío de tener costos bajos sin afectar la calidad requiere de una política de autorregulación especialmente sensitiva. Si por el contrario, se postergan la misión pública, la calidad y la diversidad de los contenidos, para mostrar una gestión económica exitosa a fin de año, el equilibrio se rompe. Cuando esto ocurre, suele abrirse el camino para que el bisturí sea remplazado por el hacha. Posiblemente estamos ad portas de ello.
El directorio de TVN no deja de tener una cuota alta de responsabilidad, pues precisamente su función es exigir accountability a la administración, con el objeto de velar por el cumplimiento de la misión y la línea editorial.
La autorregulación debe ser considerada como un bien de gran valor, que además está en cuestión. Por consiguiente, se le debe cuidar con ahínco; los actores de los diversos mercados deben actuar sin arrogancia, con mucha responsabilidad social y conciencia. De otro modo, se deja la puerta abierta para que la intervención y los excesos de regulación sean necesarios y justificables. Cosa nada positiva, a lo menos dentro de la televisión. Así de simple es la lección que podemos sacar de la crisis actual.
