Adiós al SIMCE 2008
Gonzalo Vial
Hoy la prensa nada dice del SIMCE 2008. Porque han pasado las más o menos dos o tres semanas, como máximo, que un tema importante puede retener el interés de los medios y de la opinión pública en nuestro país, ésta y aquéllos afligidos de crónico déficit atencional.
El ministerio del ramo lo sabe muy bien. Por eso, durante dichas dos o tres semanas, su táctica es siempre la misma: reconocer casi clandestinamente lo malo, cuando es indisimulable, y destacar lo bueno a toda orquesta. Desde que existe el SIMCE, lo bueno ha sido poco, casi nada, y lo malo mucho. Pero la diferencia en los énfasis respectivos permite disimular el desastre e ir tirando... hasta el próximo SIMCE.
Así ha sucedido respecto a la prueba de 2008. La catástrofe ha sido total en 2º medio, y en Matemáticas de 4º básico, y ha habido un leve avance, cinco o seis puntos, en Lenguaje y Comunicación del segundo nivel señalado. ¿Adivinan Uds. dónde han puesto el énfasis los comentarios ministeriales?
Simplemente para constancia (pues ya a nadie le importa nada... pasó la quincena del SIMCE), hagamos el contrapié de las fanfarrias del ministerio.
El nivel alcanzado en Lenguaje, 4º básico, es —promedio nacional— 260 puntos. ¿Qué significa esta cifra cabalística, en conocimientos efectivos? Usando las tradicionales notas de calificación, ¿260 puntos equivalen a un 3, un 4, un 5? Nadie lo sabe, porque el ministerio no lo explica. Se limita a alegrarse, pero... ¿de qué se alegra? Hemos subido, conforme, mas... ¿desde dónde y hasta dónde? ¿Del primer al segundo piso, o del cuarto subterráneo al tercero?
Tampoco conozco estudios privados que ayuden a resolver este enigma, salvo uno de Bárbara Eyzaguirre (Estudios Públicos, Nº 93), que se refiere al SIMCE 2002, 4º básico, pero respecto de Matemáticas. Supongamos que 2002 y 2008 sean comparables (debieran serlo), y que el mecanismo conceptual de asignación de puntos, en Matemáticas, no haya sido muy distinto (no se percibe por qué lo sería) al utilizado en Lenguaje y Comunicación. El estudio indicado afirma que, en Matemáticas de 4º básico, año 2002, 260 puntos equivalían a un nivel de conocimientos correspondiente a 2º básico.
¿Será lo mismo el 2008 en Lenguaje y Comunicación? ¿Estaremos celebrando que nuestros alumnos de 4º básico debieran estar en 2º básico?
Robustece la inquietud anterior el hecho de que la ministra nos diga que el 62% de los alumnos que terminan 1º básico NO SABE LEER (El Mercurio, 20 de abril). A lo más y mejor, pues, lo habrán aprendido en 2º. Llegados a 4º... ¿alcanzarán el nivel de lectura de este año, al terminarlo?
La ministra confía en “avanzar... significativa y masivamente” en aprendizaje lector, gracias a la subvención preferencial. Esta, observa, hace que por cada alumno «vulnerable» un establecimiento reciba hoy al mes $ 63.390.
He dicho innumerables veces, por años y años, algo que hoy casi nadie discute: a saber, que la subvención MINIMA para un niño CORRIENTE —no «vulnerable»— debe ser el doble de la actual, es decir, del orden de los $88 mil mensuales. El niño VULNERABLE, pues, no alcanza a recibir HOY, en total, la subvención mínima que debiera pagarse por un niño CORRIENTE. Con el pago actual, ni éste ni aquél —pues— van a ninguna parte. La buena intención y esfuerzo de la ministra están destinados al mismo fracaso de los últimos veinte años.
(De paso, digamos que la UDI comete igual error en su último Congreso: creer que el camino es doblar la subvención preferencial, y eso, sólo a algunos establecimientos. Si se hiciera, el niño VULNERABLE de esos establecimientos apenas se acercaría al nivel de subvención necesario para que un niño CORRIENTE reciba una enseñanza de calidad. Ni uno ni otro, de nuevo, la tendrían.)
Pero hay un absurdo peor. 1º y 2º básicos, según señala con razón la ministra, son los cursos claves para el aprendizaje lector. Si éste no tiene éxito cuando más en el segundo año referido, todo se retarda y complica hacia arriba. Pues bien, ESOS SON LOS CURSOS QUE RECIBEN MENOR SUBVENCION... NO YA $44.000, SINO TREINTA Y UN MIL PESOS —¡$31.000!— POR NIÑO AL MES.
La séptima u octava parte de lo que cobra un colegio pagado.
¿Qué sentido hallar a este despropósito?
Tengo el más profundo respeto y afecto personal por la ministra. Pero que no la sigan engañando. No hay ni habrá mínimos educacionales sin poner sobre la mesa el dinero estrictamente indispensable al efecto.
No basta con él, ciertamente. Pero sin él, todo lo demás es música celestial.
Lo que queda son placebos, drogas de la conciencia. La última conocida, y sin duda la más sedante, la proporciona el máximo experto educacional de la Concertación (El Mercurio, 24 de mayo). La educación chilena no puede ser tan “mala”, dice, porque tenemos “positivos índices” de “competitividad global... calidad institucional... entorno de negocios (!)... atracción para las inversiones en manufacturas (!!) y... capacidad para enfrentar la crisis que zarandea al mundo(!!!)”. ¿A qué preocuparse entonces del SIMCE, la prueba PISA y restantes trivialidades? Tanto más cuanto los alumnos municipales y particulares subvencionados, sin saber leer, de todos modos se hallan en etapa de “acercamiento” a la “revolución digital”... Excelente receta para dormir tranquilo. Pero no preguntarse, por favor, en qué ni a través de quiénes los establecimientos municipales y particulares subvencionados aportan a tantas bondades macroeconómicas.
P.D. A propósito de lo dicho aquí, la semana pasada, sobre la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, me refuta uno de los distinguidos profesores que acusa al decano (La Segunda, 20 de mayo). Señala que el «debido proceso» exigido por este columnista no correría. Pues las irregularidades que cometió el decano, explica, no son de carácter civil, penal o administrativo, sino una “pura cuestión de integridad académica”, de “hechos (in)compatibles con los estándares a que aspira una comunidad académica como la afectada”.
Perfectamente, pero la que antecede es la opinión y acusación de los profesores que formulan los cargos y (supongo) de los alumnos en paro. El decano y otros profesores las rechazan, y proclaman la inocencia del primero. Obviamente, este diferendo debe resolverlo alguien, en el nivel académico (ya que la carta que respondo excluye otros posibles). Y ese «alguien» será quien señalen los estatutos de la universidad y facultad, persona que —también parece obvio— tramitará y fallará un «proceso», una disputa entre partes. Proceso que tendrá que ser el «debido», es decir, dar garantías a todas las partes. Y la garantía mínima será que ninguna de ellas esté presionada desde fuera del proceso.
¿Presionada cómo? Por una toma de la facultad, o por resoluciones que anticipen un fallo todavía no dictado.
Los profesores denunciantes, cuya buena fe es para mí indiscutible (conociendo como conozco a algunos de ellos), pueden clarificar totalmente el curso del proceso académico que ellos mismos, entiendo, han solicitado, dejando claro lo que sigue:
1. Que exigen, para que se complete y falle dicho proceso, la devolución previa de la facultad por los alumnos, a las autoridades constituidas de ésta.
2. Que ese proceso se limitará a las fallas éticas que los denunciantes imputan al decano.
3. Que el debate académico sobre otras materias concernientes a la facultad esperará la renovación normal de sus autoridades.
Esto alejaría toda sospecha y posibilidad de fallo o «arreglo» bajo presión, de linchamiento moral de un acusado o, quizás lo peor, de cogobierno estudiantil, la negra maldición de los años 60. Oír y consultar a los alumnos es una cosa; acatar los úkases de sus «asambleas de toma», otra muy distinta y la más nociva imaginable, ayer, hoy y siempre
Gonzalo Vial
Hoy la prensa nada dice del SIMCE 2008. Porque han pasado las más o menos dos o tres semanas, como máximo, que un tema importante puede retener el interés de los medios y de la opinión pública en nuestro país, ésta y aquéllos afligidos de crónico déficit atencional.
El ministerio del ramo lo sabe muy bien. Por eso, durante dichas dos o tres semanas, su táctica es siempre la misma: reconocer casi clandestinamente lo malo, cuando es indisimulable, y destacar lo bueno a toda orquesta. Desde que existe el SIMCE, lo bueno ha sido poco, casi nada, y lo malo mucho. Pero la diferencia en los énfasis respectivos permite disimular el desastre e ir tirando... hasta el próximo SIMCE.
Así ha sucedido respecto a la prueba de 2008. La catástrofe ha sido total en 2º medio, y en Matemáticas de 4º básico, y ha habido un leve avance, cinco o seis puntos, en Lenguaje y Comunicación del segundo nivel señalado. ¿Adivinan Uds. dónde han puesto el énfasis los comentarios ministeriales?
Simplemente para constancia (pues ya a nadie le importa nada... pasó la quincena del SIMCE), hagamos el contrapié de las fanfarrias del ministerio.
El nivel alcanzado en Lenguaje, 4º básico, es —promedio nacional— 260 puntos. ¿Qué significa esta cifra cabalística, en conocimientos efectivos? Usando las tradicionales notas de calificación, ¿260 puntos equivalen a un 3, un 4, un 5? Nadie lo sabe, porque el ministerio no lo explica. Se limita a alegrarse, pero... ¿de qué se alegra? Hemos subido, conforme, mas... ¿desde dónde y hasta dónde? ¿Del primer al segundo piso, o del cuarto subterráneo al tercero?
Tampoco conozco estudios privados que ayuden a resolver este enigma, salvo uno de Bárbara Eyzaguirre (Estudios Públicos, Nº 93), que se refiere al SIMCE 2002, 4º básico, pero respecto de Matemáticas. Supongamos que 2002 y 2008 sean comparables (debieran serlo), y que el mecanismo conceptual de asignación de puntos, en Matemáticas, no haya sido muy distinto (no se percibe por qué lo sería) al utilizado en Lenguaje y Comunicación. El estudio indicado afirma que, en Matemáticas de 4º básico, año 2002, 260 puntos equivalían a un nivel de conocimientos correspondiente a 2º básico.
¿Será lo mismo el 2008 en Lenguaje y Comunicación? ¿Estaremos celebrando que nuestros alumnos de 4º básico debieran estar en 2º básico?
Robustece la inquietud anterior el hecho de que la ministra nos diga que el 62% de los alumnos que terminan 1º básico NO SABE LEER (El Mercurio, 20 de abril). A lo más y mejor, pues, lo habrán aprendido en 2º. Llegados a 4º... ¿alcanzarán el nivel de lectura de este año, al terminarlo?
La ministra confía en “avanzar... significativa y masivamente” en aprendizaje lector, gracias a la subvención preferencial. Esta, observa, hace que por cada alumno «vulnerable» un establecimiento reciba hoy al mes $ 63.390.
He dicho innumerables veces, por años y años, algo que hoy casi nadie discute: a saber, que la subvención MINIMA para un niño CORRIENTE —no «vulnerable»— debe ser el doble de la actual, es decir, del orden de los $88 mil mensuales. El niño VULNERABLE, pues, no alcanza a recibir HOY, en total, la subvención mínima que debiera pagarse por un niño CORRIENTE. Con el pago actual, ni éste ni aquél —pues— van a ninguna parte. La buena intención y esfuerzo de la ministra están destinados al mismo fracaso de los últimos veinte años.
(De paso, digamos que la UDI comete igual error en su último Congreso: creer que el camino es doblar la subvención preferencial, y eso, sólo a algunos establecimientos. Si se hiciera, el niño VULNERABLE de esos establecimientos apenas se acercaría al nivel de subvención necesario para que un niño CORRIENTE reciba una enseñanza de calidad. Ni uno ni otro, de nuevo, la tendrían.)
Pero hay un absurdo peor. 1º y 2º básicos, según señala con razón la ministra, son los cursos claves para el aprendizaje lector. Si éste no tiene éxito cuando más en el segundo año referido, todo se retarda y complica hacia arriba. Pues bien, ESOS SON LOS CURSOS QUE RECIBEN MENOR SUBVENCION... NO YA $44.000, SINO TREINTA Y UN MIL PESOS —¡$31.000!— POR NIÑO AL MES.
La séptima u octava parte de lo que cobra un colegio pagado.
¿Qué sentido hallar a este despropósito?
Tengo el más profundo respeto y afecto personal por la ministra. Pero que no la sigan engañando. No hay ni habrá mínimos educacionales sin poner sobre la mesa el dinero estrictamente indispensable al efecto.
No basta con él, ciertamente. Pero sin él, todo lo demás es música celestial.
Lo que queda son placebos, drogas de la conciencia. La última conocida, y sin duda la más sedante, la proporciona el máximo experto educacional de la Concertación (El Mercurio, 24 de mayo). La educación chilena no puede ser tan “mala”, dice, porque tenemos “positivos índices” de “competitividad global... calidad institucional... entorno de negocios (!)... atracción para las inversiones en manufacturas (!!) y... capacidad para enfrentar la crisis que zarandea al mundo(!!!)”. ¿A qué preocuparse entonces del SIMCE, la prueba PISA y restantes trivialidades? Tanto más cuanto los alumnos municipales y particulares subvencionados, sin saber leer, de todos modos se hallan en etapa de “acercamiento” a la “revolución digital”... Excelente receta para dormir tranquilo. Pero no preguntarse, por favor, en qué ni a través de quiénes los establecimientos municipales y particulares subvencionados aportan a tantas bondades macroeconómicas.
P.D. A propósito de lo dicho aquí, la semana pasada, sobre la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, me refuta uno de los distinguidos profesores que acusa al decano (La Segunda, 20 de mayo). Señala que el «debido proceso» exigido por este columnista no correría. Pues las irregularidades que cometió el decano, explica, no son de carácter civil, penal o administrativo, sino una “pura cuestión de integridad académica”, de “hechos (in)compatibles con los estándares a que aspira una comunidad académica como la afectada”.
Perfectamente, pero la que antecede es la opinión y acusación de los profesores que formulan los cargos y (supongo) de los alumnos en paro. El decano y otros profesores las rechazan, y proclaman la inocencia del primero. Obviamente, este diferendo debe resolverlo alguien, en el nivel académico (ya que la carta que respondo excluye otros posibles). Y ese «alguien» será quien señalen los estatutos de la universidad y facultad, persona que —también parece obvio— tramitará y fallará un «proceso», una disputa entre partes. Proceso que tendrá que ser el «debido», es decir, dar garantías a todas las partes. Y la garantía mínima será que ninguna de ellas esté presionada desde fuera del proceso.
¿Presionada cómo? Por una toma de la facultad, o por resoluciones que anticipen un fallo todavía no dictado.
Los profesores denunciantes, cuya buena fe es para mí indiscutible (conociendo como conozco a algunos de ellos), pueden clarificar totalmente el curso del proceso académico que ellos mismos, entiendo, han solicitado, dejando claro lo que sigue:
1. Que exigen, para que se complete y falle dicho proceso, la devolución previa de la facultad por los alumnos, a las autoridades constituidas de ésta.
2. Que ese proceso se limitará a las fallas éticas que los denunciantes imputan al decano.
3. Que el debate académico sobre otras materias concernientes a la facultad esperará la renovación normal de sus autoridades.
Esto alejaría toda sospecha y posibilidad de fallo o «arreglo» bajo presión, de linchamiento moral de un acusado o, quizás lo peor, de cogobierno estudiantil, la negra maldición de los años 60. Oír y consultar a los alumnos es una cosa; acatar los úkases de sus «asambleas de toma», otra muy distinta y la más nociva imaginable, ayer, hoy y siempre
