miércoles, 20 de mayo de 2009

El conflicto en Derecho, por Gonzalo Vial.



El conflicto en Derecho, por Gonzalo Vial.


Ajeno completamente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, no deja de sorprenderme, por su gravedad, el conflicto que paraliza a aquélla, entre el decano, de una parte, y de la otra el Centro de Alumnos y un grupo de profesores.

Estos y el Centro acusan al decano de:

-una gestión incompetente; y

-haber abultado su currículo incluyendo en él, como propias, actividades y publicaciones ajenas.El decano no reconoce ninguna de las indicadas imputaciones.


Ahora bien, ignoro totalmente la veracidad o falsedad de semejantes cargos, pero en cualquier caso encuentro muy peligrosa la forma como los hacen valer algunos de quienes los invocan. Si, utilizándola, prosperase la acusación contra el decano, cualquiera sea el fondo de ésta, se sentaría (me parece) un precedente muy dañino para toda la institucionalidad universitaria. Sobre todo por tratarse de la más antigua Universidad y Escuela de Derecho del país.


Efectivamente:

A) En cuanto a la gestión del decano como tal, entiendo que fue elegido regularmente, conforme al estatuto de la Universidad y reglamentos respectivos, y por un plazo determinado. Si ésa es la realidad, no corresponde sino esperar que el plazo venza, y corregir entonces la pretendida ineficiencia de manejo, votando para reemplazar al funcionario impugnado por otro.

Es posible que el estatuto y regulación de Universidad o Facultad contemplen procedimientos extraordinarios para alcanzar anticipadamente el mismo objetivo, en casos de gravedad y urgencia. Si así fuera, úsense esos procedimientos excepcionales.


B) Lo mismo cabe decir respecto de las acusaciones no ya de ineficiencia, sino de infringir la moral académica que, según dije arriba, se hacen también al decano. Hay procedimientos legales y además —de nuevo— debe haberlos en los estatutos y reglamentos, para encausar y castigar al culpable... si lo es.



A falta de dichos procedimientos, no parece irrazonable lo resuelto por el rector de la Universidad: encargar el esclarecimiento de los hechos a un ex ministro de la Corte Suprema, de reconocidas ecuanimidad y ponderación. Es absurdo suponerle falta de imparcialidad por el hecho de ser (se dice), «subordinado» del decano en cuanto miembro de la Facultad.


A ninguno de estos caminos normales se ha recurrido en la especie. Efectivamente:

  1. El Centro de Alumnos ha ocupado la Facultad e impide por la fuerza que funcione. Mezcla, contra el decano, las acusaciones académicas, y sus correlativas exigencias, y los cargos éticos. Pero queda claro que no depondrá la «toma», si la Facultad de Derecho no se ajusta a lo que los alumnos ocupantes quieren de ella.

Esta actitud es inaceptable. Pretende renovar el «cogobierno» estudiantil, pesadilla de nuestra enseñanza superior durante el período 1967/1973. Desconoce que la Universidad de Chile tiene un estatuto, que se dio en democracia y democráticamente, y que contempla la participación de los alumnos para regular el funcionamiento interno del plantel, pero sin imposiciones de fuerza, ajenas al espíritu universitario, y más todavía en una Facultad de Derecho. Es imperativo impedir que se repitan las locuras del «reformismo»... evitar que los grupos juveniles más audaces se arroguen una representación que nadie sabe si de verdad tienen, al utilizar la violencia y al proponer cambios académicos.


  1. Tampoco me parece acertado el camino elegido por parte, cuando menos, de los profesores que atacan al decano.


No han sido, creo, suficientemente claros en desvincular sus demandas de las que hacen los alumnos, ni de los procedimientos que éstos han utilizado. Incluso ha existido algún indicio, inquietante, de acción conjunta.



Esto aparte, los profesores piden la renuncia del decano, o que el rector lo destituya y le designe un subrogante.


Ninguna de estas alternativas es viable si no se realiza dentro del marco jurídico que regula a la Facultad.


Tampoco es razonable que se quiera empujar la renuncia o remoción del decano, sin el DEBIDO PROCESO que le dé la oportunidad de defenderse y justificarse.


Es dañino para TODA la convivencia universitaria del país que se cree un clima entre mediático y pasional, un clima de linchamiento —de castigo sin juicio—, en que la sola formulación de cargos arrastre la caída de la autoridad. Pasó no hace mucho tiempo con el rector de una universidad privada —y fue aun peor el pretexto, de índole política—, dejando un amargo regusto de cuadrillazo y silencios cómplices si no cobardes. Pero sería de trascendencia infinitamente mayor y más negativa que se repitiera en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.


FINAL DE VILLA MARIA. Es triste que este colegio de niñas pierda su carácter de religioso/católico, al retirarse definitivamente del establecimiento la congregación norteamericana que lo regentaba, las Hermanas Siervas del Inmaculado Corazón.


Quedará el Villa María en manos de una comunidad de padres y ex alumnos, «visitada» periódicamente por las monjas y esperanzada en mantener el espíritu de éstas.


El retiro se debe a una razón muy simple: la Congregación carece de vocaciones chilenas que le permitan sustentar un colegio aquí. Hubo algunas, “pero la mayoría se ha retirado. Hoy sólo tenemos una (monja), que es mitad nuestra, mitad de las carmelitas”, dice la actual hermana-directora.


Se manifiesta segura de que “nuestros apoderados, ex alumnos y niñas” mantendrán el colegio como es. “No tenemos duda de que Villa María continuará igual en los próximos setenta años” (El Mercurio, 4 de abril).


Ello, desgraciadamente, no es SEGURO en lo que se refiere al carácter católico del colegio. Seguridad tal deriva de que éste pertenezca a una congregación religiosa de dicha fe religiosa. Si la dueña del establecimiento es una comunidad de ex alumnas, padres, etc., será católico mientras lo sea la mayoría de los miembros de la sociedad o corporación propietaria. Y cuando no lo sea... pues, dejará ineluctablemente de ser católico.


Quizás serlo no revista importancia en el «modelo educacional de Villa María», como lo describe la hermana-directora: “Nuestras niñas reciben la mejor formación académica para que puedan ser autosuficientes. No estamos en contra del matrimonio, pero no es la idea de enseñarles a cocinar, lavar, tender camas, para ser una mujer que siempre diga: «sí, qué quieres de mí». Las formamos para ser líderes”. No se menciona la fe católica, ninguna fe, como parte del «modelo». 


Quizás por ello no ha habido vocaciones... ni habrá Villa María regentado por las Hermanas Siervas del Inmaculado Corazón.


Quienes, sin ser una congregación religiosa, mantenemos colegios católicos, sabemos la suma dificultad de generar en ellos vocaciones masculinas o femeninas. Toda congregación con colegios debe meditar si proporciona a sus alumnos la educación y formación católicas que puedan alimentar sus filas, de modo de no correr el destino de Villa María.


SUMA Y SIGUE. La triste saga de la justicia de familia continúa sin respiro, con nuevos y crueles episodios.


Recordaremos que al aprobarse la ley de divorcio, hace seis años, fue prevista una explosión de pleitos con este motivo... no sólo por la disolución del vínculo, sino por las consiguientes indemnizaciones, pensiones alimentarias, tuiciones, visitas, etc. Agravaría el incordio tribunalicio el inevitable descrédito del matrimonio legal, y el correlativo incrementarse de las «parejas» y sus hijos, con la esperable seguidilla de juicios de reconocimiento, alimentos, etc.

No importa”, dijeron aquel entonces los campeones de la «modernidad» matrimonial. “Tendremos una justicia de familia a la altura”.


Se le han hecho, desde su vigencia, hace casi cuatro años, muchos ajustes: aceleración y supresión de trámites, nuevos locales, más jueces, etc., etc., con inmenso gasto. Pero no ha habido caso: no funciona, es un pesadilla.


Ahora: nueva e impensada parálisis. Las «tuiciones» requieren exámenes sicológicos de los hijos disputados. Realiza estos exámenes el Servicio Médico Legal. Le faltan recursos y profesionales. Le sobra demanda. “No existe un colapso —dice su director—, sólo un retardo”. ¿Retardo hasta cuándo? HASTA EL AÑO 2011 (El Mercurio, 5 de abril).


¿Qué atraso podría llamarse «colapso», si éste no lo es?


Los juicios de familia que involucran peritajes sicológicos han quedado suspendidos.

Este problema, en verdad —el problema general de la «justicia de familia»— no se solucionará NUNCA, porque las leyes y el discurso «progresista» de hecho fomentan la anarquía en las uniones maritales y los nacimientos fuera de matrimonio. El hijo de este tipo —al revés del nacido de matrimonio— no se halla protegido por la presunción de paternidad y el consiguiente derecho a alimentos... tiene que ir, para solicitar el reconocimiento y la pensión, a la «justicia de familia». El año 1965, los hijos no provenientes de matrimonio representaban un 16% del total. Hoy son el 65%. ¿Nos extrañará el atochamiento de aquella justicia? Y la cosa recién comienza. A la fecha, existen 80.000 juicios de divorcio pendientes.

Acount