Un desproporcionado manejo diplomático desencadenó un ciudadano peruano que fotografió instalaciones navales vecinas al Hospital Almirante Neff, de Viña del Mar. El aparente fotógrafo fue detenido, y su expulsión del país escaló hasta ser representada al encargado de negocios del Perú por la más alta autoridad residente de la Cancillería chilena. Supuestamente, el curioso era un turista, pero trabajaba como asistente de chofer, y había indicaciones de que se trataba de un espía, dicen.
El incidente parecería una broma, pero es verdad y hay que asumirlo seriamente, para que su equivocado tratamiento diplomático no se repita.
Un mes atrás se involucró impropia y públicamente a la diplomacia en el reclamo por interferencias de un ex funcionario de los servicios secretos argentinos en comunicaciones de ministros y funcionarios de la Presidencia de Chile. Entonces, en esta misma columna recordamos que los espionajes extranjeros son corrientes y no hay que llevarlos a altos niveles de los gobiernos.
En la Guerra Fría, ningún presidente, canciller, general o almirante reclamó por esas intromisiones. Aquí, en cambio, hasta el Presidente Lagos y sus ministras de Defensa y de Relaciones Exteriores terminaron manejando el bochornoso espionaje de un cabo en el consulado argentino en Punta Arenas.
En éste, como en similares episodios, quedan mal todos los participantes. Desde luego, los recintos prohibidos de fotografiar podrían obtenerse mejor a través de Google desde cualquier cibercafé. Probablemente, no lo sabían los servicios secretos peruanos, que parecieran no haber renovado las prácticas de los instructores soviéticos que los asesoraron por décadas. También fallan las autoridades locales, que deberían reaccionar a los niveles apropiados y reservadamente. Sólo cabía expulsar al turista por infringir su visa y reclamar el hecho discretamente a Lima.
Más importante: ni a Chile ni a Perú conviene abrir una espiral de desencuentros, y tanto menos cuando litigan ante la Corte de La Haya en un proceso que tardará años. No hay que menospreciar las tensiones que provocan los problemas de soberanía, ni tampoco olvidar los daños a las relaciones que causó el Presidente Toledo con su persistencia en transformar en asuntos de Estado las aberraciones de un grafitero, los videos exhibidos por LAN, los contenciosos de Lucchetti y las denuncias sobre lavado de dinero de Aerocontinente.
La Cancillería debe actuar con extrema prudencia para atender las relaciones vecinales, con firmeza en lo esencial y sin sobredimensionar hechos menores. Hicimos famoso al general Donayre, y ahora al peoneta, distrayéndonos de lo importante.
El incidente parecería una broma, pero es verdad y hay que asumirlo seriamente, para que su equivocado tratamiento diplomático no se repita.
Un mes atrás se involucró impropia y públicamente a la diplomacia en el reclamo por interferencias de un ex funcionario de los servicios secretos argentinos en comunicaciones de ministros y funcionarios de la Presidencia de Chile. Entonces, en esta misma columna recordamos que los espionajes extranjeros son corrientes y no hay que llevarlos a altos niveles de los gobiernos.
En la Guerra Fría, ningún presidente, canciller, general o almirante reclamó por esas intromisiones. Aquí, en cambio, hasta el Presidente Lagos y sus ministras de Defensa y de Relaciones Exteriores terminaron manejando el bochornoso espionaje de un cabo en el consulado argentino en Punta Arenas.
En éste, como en similares episodios, quedan mal todos los participantes. Desde luego, los recintos prohibidos de fotografiar podrían obtenerse mejor a través de Google desde cualquier cibercafé. Probablemente, no lo sabían los servicios secretos peruanos, que parecieran no haber renovado las prácticas de los instructores soviéticos que los asesoraron por décadas. También fallan las autoridades locales, que deberían reaccionar a los niveles apropiados y reservadamente. Sólo cabía expulsar al turista por infringir su visa y reclamar el hecho discretamente a Lima.
Más importante: ni a Chile ni a Perú conviene abrir una espiral de desencuentros, y tanto menos cuando litigan ante la Corte de La Haya en un proceso que tardará años. No hay que menospreciar las tensiones que provocan los problemas de soberanía, ni tampoco olvidar los daños a las relaciones que causó el Presidente Toledo con su persistencia en transformar en asuntos de Estado las aberraciones de un grafitero, los videos exhibidos por LAN, los contenciosos de Lucchetti y las denuncias sobre lavado de dinero de Aerocontinente.
La Cancillería debe actuar con extrema prudencia para atender las relaciones vecinales, con firmeza en lo esencial y sin sobredimensionar hechos menores. Hicimos famoso al general Donayre, y ahora al peoneta, distrayéndonos de lo importante.
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